Aprobarlas sin la anuencia del CACIF, representaba una importante medición del margen de autonomía relativa del Gobierno para negociar la participación de otros grupos de interés en los grandes negocios y el control sobre recursos naturales que están sobre la mesa. La apuesta de que los alcaldes podrían constituirse en el contrapeso necesario frente a la oligarquía nacional, era audaz pero muy frágil, pues al no estar constituidos estos como un actor político en el tablero de juego, su disposición hay que comprarla, como se compra la de los diputados.
Pero algo tan impredecible como un terremoto, terminó de dar al traste con tan fino tejido y proveyó la excusa elegante al Presidente para dejar en un impasse las reformas, y evitar así una confrontación directa con el CACIF. El voluntarismo caritativo post-desastre anual distrae, relaja las tensiones y evita que la "autoridad" sea humillada como el caporal del Estado-finca que, por más que lo intente, nunca logra tomar el control del negocio; sus históricos dueños nunca lo permiten.
Y es que, la verdadera "agenda del cambio" es muy simple: proveer las condiciones para la consolidación del patrón histórico de explotación concentrada de los recursos renovables, clave para la producción agroindustrial y energética, el agua y la tierra; y asegurar la ampliación de su incursión, en contubernio internacional, en la actividad extractiva no renovable, la cual parece ser la última veta de acumulación que queda en las fronteras nacionales.
El significado económico de esos enormes negocios, no lo puedo ni imaginar. Pero seguramente excede con creces las erogaciones por corrupción a partir del presupuesto público (estimado entre 9 y 15 mil millones de quetzales anuales), a tal punto que esta se sigue tolerando, toda vez los políticos sirvan a los intereses más profundos de la élite. Al parecer, el pastel es todavía lo suficientemente grande como para que estas cepas mutantes convivan entre sí, sin tener que fagocitarse mutuamente.
A pesar de ello, o más bien por ello, es loable la intención de las organizaciones campesinas de hacer cumplir lo ofrecido por el Partido Patriota, de aprobar la ley de desarrollo rural. No es gratuita la feroz resistencia que hará el CACIF; aunque se quiera negar, la base principal de acumulación en Guatemala sigue siendo la posesión de la tierra y de los recursos naturales, sea para siembra, para extracción del subsuelo o generación eléctrica.
Pero, ¿tendrá el Gobierno todavía fuerza para intentar, con la aprobación de esta ley, retar el poder económico tradicional? Pienso que no, que tanto globito de humo lanzado a lo largo del año lo debilitó innecesariamente, cuando debió más bien, acumular fuerza para dar una embestida de la envergadura que significaría modificar, aunque sea en papel, las relaciones en el campo.
En este escenario, la propuesta de Líder, de incorporar un programa millonario en el MAGA como alternativa, está llamada a jugar ese mismo papel que tienen los desastres "naturales". Que se apruebe, le conviene al partido de gobierno más que a nadie: gana tiempo intentando quedar bien con dios y con el diablo, además de responsabilizar al otro de la no aprobación de la ley frente a las organizaciones campesinas, y sin confrontarse más con la élite. Y, sabiendo de antemano lo mal que saben hacer funcionar el Estado cuando conviene, las probabilidades que ese programa se eche a andar en el 2013 o inclusive en 2014, son casi nulas. Es decir, una vez más, cambiaría algo (aprobar la ley o este programa) para que todo siga igual y felices los de siempre.
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