Se trata de una propuesta anómala, desacostumbrada en un gobernante centroamericano, al menos por su finalidad de alinear con ella a seis de los siete gobernantes del Istmo –Belice suele estar siempre ladeado por Guatemala– y conseguir que sea tema de discusión en la agenda de la próxima cumbre americana de Cartagena de Indias.
La reacción de los Estados Unidos no se hizo esperar. Tajantemente negó la Secretaria de Seguridad, Janet Napolitano, la conveniencia y oportunidad de tal propuesta. Sería como una patente de corso para el crimen organizado –vino a decir– y como una Caja de Pandora que, al abrirse, esparciría una especie de peste cuyo efecto epidémico asaltaría la salud de multitud de personas jóvenes e incluso adultas en el hemisferio occidental.
No es la primera vez que esta propuesta se presenta a nivel presidencial. En una cumbre de 2010 la entonces recién electa Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ya expresó que no era buena política emplear nuestros escasos recursos en combatir el narcotráfico, tanto más que no recibimos los centroamericanos una ayuda de los Estados Unidos suficiente para que el combate tenga perspectivas de éxito. Por otro lado, el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha expresado su convicción de que se debe discutir en Cartagena la propuesta guatemalteca y cualquier forma de afrontar las consecuencias más violentas del narconegocio.
Sorprendido, Estados Unidos toma en serio la propuesta
Estados Unidos ha tomado en serio la polvareda levantada por la propuesta de Otto Pérez Molina. No solo ha enviado a Centroamérica a Janet Napolitano, sino también al Subsecretario de Estado Adjunto para la lucha antinarcóticos, William Brownfiel. Además, en la cumbre de presidentes celebrada en Honduras con ocasión de la visita del Vicepresidente norteamericano Joseph Biden el 7 de marzo, este reconoció que comprendía la frustración de los centroamericanos frente a la gran cantidad de víctimas en una lucha contra el narcotráfico aparentemente sin resultados. El Vicepresidente aceptó que se abra el debate, aunque cree que la posición de su país es la mejor y por eso piensa que su país debe defenderla.
La estrategia militar no triunfó contra la guerrilla. ¿Y contra el narconegocio?
¿Qué llevó a Otto Pérez Molina a plantear el debate sobre los mejores métodos de afrontar el narcotráfico y el correspondiente consumo de drogas? En principio, creo que la respuesta toca a la estrategia militar como medio de combatir ese negocio multinacional e incluso globalizado. El presidente-general retirado combatió en una guerra contra un enemigo ilegal y –para él y sus colegas– ilegítimo, que usaba la clandestinidad para imponerse en su lucha social revolucionaria contra el estigma de ilegalidad que acompañaba al uso de las armas, declarado monopolio del Estado.
El general y sus colegas vencieron en esa guerra militarmente, pero no pudieron aniquilar a su enemigo. A pesar de que su enemigo guerrillero abrazaba claramente la filosofía y la ideología marxista, el Estado guatemalteco y el Ejército nacional que lo lideraba en la práctica y lo representaba, no tuvo más remedio que ir a la mesa de negociaciones porque la opinión pública internacional estimaba más peligroso el carácter terrorista y genocida de los medios usados por ese Ejército y ese Estado contra los derechos humanos. Y porque la tendencia del mundo occidental a regímenes democráticos, al menos formalmente, no estaba ya amenazada por el polo opuesto encarnado en la Unión Soviética.
Esta experiencia personal e institucional llevó a un desilusionado “ganamos la guerra pero perdimos la paz”. Naturalmente aquí se exageraba la victoria porque no habían logrado aniquilar al enemigo militarmente sino solo arrinconarlo relativamente. Y porque habían perdido la legitimidad de la guerra a manos de su horrenda violación de los derechos humanitarios en la guerra y de los derechos humanos de la población civil así como de la supresión de la libertad de pensamiento, de opinión y de afiliación política. Y perdieron la paz porque no pudieron repetir en el acuerdo de reconciliación nacional y su correspondiente ley, una decisión política de olvido de los crímenes de lesa humanidad (genocidio, desaparición forzosa, tortura, etc.), y por eso tuvieron que permitir que la espada de Damocles, es decir la espada de la justicia y contra la impunidad pendiera sobre sus cabezas. Lo está demostrando la condena de los militares autores de la masacre de las Dos Erres en Petén, la condena de los militares autores de la masacre de Plan de Sánchez en Rabinal (Baja Verapaz), y la prisión y enjuiciamiento de varios generales pertenecientes a la cumbre de la cadena de mando durante la guerra, especialmente del mismo general Efraín Ríos Montt.
La guerra ya no es contra la guerrilla sino contra una multinacional global del delito
Es posible pensar que el presidente-general retirado Otto Pérez Molina no quiere embarcar a la Policía Nacional Civil y al Ejército de Guatemala, a la Aviación y a la pequeña Marina, en una guerra con innumerables víctimas, sin posibilidades de triunfo, contra una fuerza económico-militar clandestina como es el Imperio global del Narconegocio. Se suele denominar al capitalismo en su etapa de acumulación primitiva como “capitalismo salvaje”. Y se lo suele estigmatizar social-eclesialmente en forma doctrinal (Doctrina Social de la Iglesia y, en particular Juan Pablo II en su carta encíclica en el año del centenario –1991– de la primera carta encíclica social Rerum novarum). Pero el obispo Pedro Casaldáliga lo dijo lapidariamente: “Todo capitalismo es salvaje”. Esa es su ley. Lo ha probado hasta la saciedad la primera gran crisis del capitalismo globalizado, con los millones de expulsados del trabajo y de sus casas alrededor del mundo por los productos financieros (Derivativos y otros) sin regulación estatal ninguna. Por eso lucha todos los días y en todas partes por rebajar y aun suprimir impuestos a los más ricos. Y lo prueba aún mejor cada día el capitalismo absolutamente sin regulación ni ley alguna y sin compasión del Narconegocio global armado. Confrontarlo con una estrategia militar es una locura. México lo está probando. Otto Pérez Molina lo sabe. De ese conocimiento puede haber brotado su propuesta de debatir la despenalización e incluso la legalización de la droga.
La frustración por Irak y Afganistán en la raíz de la comprensión de Biden por la frustración centroamericana contra las drogas
El reconocimiento que el Vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo en su reciente encuentro con los presidentes del Istmo centroamericano en Honduras, refleja claramente otra posible justificación para discutir la despenalización y aun la legalización del Narconegocio. Él dijo comprender la frustración de los centroamericanos frente a la gran cantidad de víctimas en una lucha contra el narcotráfico aparentemente sin resultados. Y tiene razones para comprender. Esas razones se llaman Irak y Afganistán, donde la seguridad de los Estados Unidos se intentó y aún se intenta mantener con una inversión militar gigantesca que desangra hoy a la juventud estadounidense enrolada en esas guerras y a los países donde esas guerras se combaten mucho más sin que logren desactivar el islamismo radical, fundamentalista o talibán. Hace 40 años terminó la guerra en Vietnam, donde los Estados Unidos perdieron más de 58 mil vidas propias y perdieron también la misma guerra, no sin que los vietnamitas arrojaran pérdidas humanas de entre 3.8 y 5.7 millones de personas, además de los daños medioambientales sufridos.
¿Una propuesta provocativa para una mayor ayuda económica y financiera?
Otto Pérez Molina, de nuevo por su carácter y experiencia militar, sabe que los relativamente pequeños países centroamericanos (Centroamérica, en su totalidad, tiene alrededor de 40 millones de habitantes, es decir menos de una séptima parte de la población de los Estados Unidos y una tercera parte de la población de México) son impotentes policial y militarmente frente al Narconegocio y sus infiltraciones en la institucionalidad pública y privada. Impotentes para extinguir o disminuir la amenaza pero potentes a la hora de acumular víctimas. Pueda ser que el presidente-general retirado esté comunicando a los Estados Unidos con esta propuesta que se necesita un involucramiento mucho mayor en ayuda económica y financiera tanto suya directa como de los Organismos Multilaterales para desarrollar proyectos de extinción de la desnutrición crónica y de creación de empleo en la infraestructura del país, de remodelación de la agricultura y del comercio, y de crecimiento industrial y turístico. Sería esta ayuda la única que incentivaría a la población centroamericana y en especial guatemalteca para no emigrar a los Estados Unidos a través de México y fortalecer así a grupos armados del Narconegocio como los Zetas.
Puede que Otto Pérez Molina sepa también que entre algunos de los grupos narconegociantes existe también una ventana abierta a la posibilidad de acabar con sus luchas armadas entre sí mismos que podrían acabar siendo suicidas a largo plazo. Y puede que sepa que lo que dejarían de acumular en términos de capital estimulado por los precios astronómicos de las drogas cuando su comercio es clandestino, por ilegal y penalizado, lo ganarían en seguridad y tranquilidad de vida y en los horizontes abiertos de gozar de sus ganancias en paz.
Socios para el desarrollo: Estados Unidos y El Salvador
¿Por qué el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, junto con los presidentes de Honduras, Porfirio Lovo, y el de Nicaragua, Daniel Ortega, torpedearon con su inasistencia la cumbre de Antigua organizada para el sábado 24 de marzo por el presidente de Guatemala? ¿Por qué hicieron imposible así por el momento la elaboración de una agenda común para la Cumbre de Las Américas? Las fuentes que he consultado coinciden en indicar que El Presidente de El Salvador tiene un compromiso fuerte de alianza con los Estados Unidos (Socio para el Desarrollo) que no le permite adoptar posturas políticas directamente enfrentadas con las expresadas por el Gobierno de aquel país. No hay que olvidar que el presidente Funes fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Obama bastante pronto después de haber iniciado su mandato. Por su parte el presidente Obama eligió El Salvador como sede de su visita a Centroamérica y al presidente Funes como principal anfitrión de la cumbre de presidentes que se tuvo en San Salvador. Asimismo, a El Salvador le está siendo prorrogado año tras año sin mayor problema el estatuto de trabajo temporal por 18 meses (TPS) para salvadoreños que entraron indocumentados a los Estados Unidos antes del 13 de febrero de 2001. Por supuesto el presidente Funes niega que su ausencia de Antigua haya sido motivada por plegarse a la estrategia antidrogas del gigante del Norte, y afirma que solo se debe a que el presidente guatemalteco alteró la agenda acordada. Esa agenda habría sido debatir sobre las alternativas de la estrategia para neutralizar el narcotráfico, y no llegar a la elaboración de una propuesta centroamericana para la cumbre de abril en Cartagena de Indias.
No es improbable que el presidente Funes maneje la estrategia alternativa que funcionó en Colombia. El cerco y el destrozo y aniquilamiento del cartel de Medellín a cambio de un cierto pacto con el cartel de Cali. Mataron a Pablo Escobar pero pactaron con los Rodríguez Orejuela dejarlos actuar en territorios restringidos y con compromiso de actitudes menos brutales de parte del cartel. Al final de cuentas, durante el Gobierno del Presidente Samper, el mismo que había sido acusado de recibir dinero del cartel de Cali para su campaña, también descabezaron al cartel de Cali extraditando a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela a los Estados Unidos, si bien bajo acuerdos de reducción de pena.
No tengo suficiente información para tratar de hacerme cargo de las ausencias de Lovo y Ortega.
¿Y la falta de voluntad política de los Estados Unidos para combatir la droga en su país?
La pregunta mil millonaria es por qué el Gobierno de los Estados Unidos no invierte mayor fuerza policial y/o militar en los mismos Estados Unidos para dominar el Narconegocio, del cual su población es cliente con mucho el principal. La complejidad del gobierno federal y estatal en los Estados Unidos y de los delitos o crímenes que pueden ser perseguidos federalmente, es decir interestatalmente, y los que solo pueden ser perseguidos por las policías estatales o municipales, Sin embargo la DEA o Drug Enforcement Administration (Administración para hacer cumplir la legislación sobre las drogas) comparte con el FBI la persecución interna federal de los narconegocios, y es la única agencia del Gobierno de los Estados Unidos para perseguir a los narconegociantes en el exterior. Se habla mucho de que no pocos de sus más de 5 mil agentes especiales –la otra mitad de sus empleados son burócratas o administrativos– son curruptos. Se habla de que pactaron con Manuel Antonio Noriega en Panamá hasta que a los intereses de los Estados Unidos le resultó negativo el pacto, y entonces lo abandonaron y facilitaron datos cruciales para el bombardeo y la invasión del país canalero en diciembre de 1989. Obviamente es un asunto de máxima dificultad la obtención de pruebas de esta corrupción, si la hubiera. No se puede negar sin embargo que no sería improbable, dado el potencial de soborno que se esconde tras las enormes ganancias de los capitales delincuenciales de las drogas.
Algunos expertos me sugieren con todo que la principal razón de la débil lucha del Gobierno de los Estados Unidos contra el Imperio de las drogas en su propio país es que el consumo de un importante segmento de su población es un hábito cultural demasiado intensamente arraigado como para poder ser erradicado o al menos fuertemente disminuido. Frente a la fuerza de arraigo de este hábito, no parece muy importante el presupuesto anual de la DEA que ascendería a $2,415 millones, es decir menos de la mitad del presupuesto anual del Estado Guatemalteco. Como la producción tanto de heroína (base amapola) como de cocaína (base hoja de coca) se encuentra muy lejos de Estados Unidos, en el triángulo de oro (Laos, Cambodia, Mianmar) y en Afganistán, o al menos lejos (Bolivia, Perú, Ecuador y sobre todo Colombia), y aparentemente en los Estados Unidos solo se puede producir la menos dañina de las drogas, la marihuana, es fácil proyectar al exterior la responsabilidad y aun la culpabilidad de los daños que a la salud de los ciudadanos estadounidenses, y especialmente de los jóvenes, produce el consumo de las drogas. Y es fácil justificar la exigencia del mayor combate proyectada a los países productores o de tránsito (Centroamérica entre ellos), mientras al Gobierno de los Estados Unidos le quedan los triunfos publicitados de los juicios a narconegociantes extraditados o algunos éxitos de la DEA en el exterior, desdibujados por el escándalo de las armas de guerra vendidas a ciertos narcotraficantes al sur de la frontera con México como señuelo para rastrearlas hasta sus guaridas… sin resultados. Por lo demás, el Gobierno de México ha protestado no pocas veces frente al de los Estados Unidos por la mínima vigilancia ejercida sobre los negocios de armerías en los estados suroccidentales (Californias, Arizona, Nuevo México y Texas), fronterizos con aquel país. No se pueden admitir los derechos reconocidos en la segunda y en la novena enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos como impedimentos para la debida vigilancia de los negocios armeros. La novena enmienda destaca que la Constitución no puede despojar a los ciudadanos de derechos adquiridos con anterioridad a su elaboración y aprobación, por ejemplo el derecho de tener y portar armas para la defensa propia. Y la segunda enmienda dice así “siendo una milicia bien preparada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del Pueblo a tener y portar armas no será vulnerado”. Evidentemente, ninguna de esas dos enmiendas autoriza la venta de armas a sujetos de quienes se sospeche que las van a usar en el exterior de los Estados Unidos para defender o imponer los narconegocios. Y para asegurar el narcotráfico a los mismos Estados Unidos.
La necesaria institucionalidad en el Estado y en la Sociedad Civil
Queda aún por tratar un lado de la cuestión en extremo importante. Según expertos que ocuparon en su momento cargos gubernamentales relacionados con la seguridad o la justicia en algunos países centroamericanos, cuando se plantea la despenalización o incluso la legalización de las drogas hay que preguntarse –supuesto que la medida se tomara a lo largo y ancho de toda una región multinacional, como el corredor entre Bolivia y los Estados Unidos y Canadá, por ejemplo– si existe en los Estados que adopten alguna de esas dos medidas la suficiente institucionalidad para que la medida no se vuelva contraproducente para la seguridad y la salud de la gente.
Legalizar o despenalizar las drogas: los conceptos
Entendámonos primero sobre los conceptos que manejamos.
Legalizar las drogas significa que la producción, la posesión, el consumo, el almacenamiento, el comercio de mayoreo y menudeo y el tráfico transfronterizo –su importación y exportación– se vuelvan absolutamente legales, aplicando el Estado impuestos internos y tarifas, alcabalas o aranceles a la importación y exportación. O que algunas de estas operaciones, como por ejemplo la posesión y el consumo en casas de habitación o en domicilios propios, se vuelvan legales, por ejemplo, sin perjuicio de que se mantenga la ilegalidad de la producción y de las operaciones comerciales alrededor de las drogas.
Despenalizar las drogas significa que, manteniendo su ilegalidad, absoluta o parcial, la responsabilidad en que se incurriría al realizar las operaciones ilegales y, por tanto, prohibidas, se trasladara del campo penal correspondiente al delito al campo administrativo correspondiente a la falta (expropiación, incautación o multas, por ejemplo), o también a otras medidas que el derecho puede construir, por ejemplo responsabilidades civiles como algún tipo de servicio social, limitaciones impuestas a la exportación e importación, límites a la comercialización, condiciones especiales para la distribución como por ejemplo prohibición de venta a menores de 18 años –tal como se hace con el alcohol en muchos países-, obligaciones para los consumidores, etc.
Institucionalidad del Estado frente al crimen organizado
El problema fundamental para adentrarse en estos cambios es, como hemos subrayado, el de la institucionalidad del Estado. Y la razón principal es que al tratar con las drogas el Estado está tratando con el crimen organizado. El narconegocio y los narconegociantes son, en sus cúpulas y en sus empleados, no una rama normal de empresarios capitalistas, sino empresas multinacionales de las muchas en las que el crimen organizado se especializa globalmente sin reconocer regulaciones ni leyes y utilizando las armas para su gestión. No pocos narconegociantes mantienen alianzas con traficantes de armas, de personas, de órganos –es decir de niños o jóvenes a los que extirparán determinados órganos, asesinándolos o no–, con cadenas ilegales de adopción, con traficantes de desechos nucleares u otros desechos altamente perjudiciales para el medio ambiente, con traficantes de piedras preciosas, etc., etc.
Para enfrentar la despenalización de las drogas o su legalización y seguir siendo capaces de perseguir otros tráficos letales prohibidos, es preciso haber constituido ministerios fiscales básicamente preparados y honestos, tribunales de justicia de calidad y honestidad habitualmente blindados contra el soborno, cuerpos policiales públicos reformados, compañías privadas de seguridad no contaminadas por el crimen en su empresarialidad, partidos políticos básicamente honestos, poderes del Estado en general libres de corrupción y con un servicio civil desarrollado, y –en el caso, que debe ser excepcional, en que se usen para la seguridad ciudadana– ejércitos reformados y leales a la Constitución especialmente en su respeto a los derechos humanos.
La utopía de una institucionalidad cabal y la corrupción siempre acechante
No estamos pretendiendo obviamente que la institucionalidad del Estado esté a cubierto de toda sospecha. En todas las instituciones se da la corrupción. Y que la sociedad civil funcione con una vigilancia y participación ciudadana de absoluta honestidad y valentía. Eso, evidentemente, sería utópico en el peor de los sentidos. Y la defensa de la creación de una institucionalidad estatal, es decir política, y social utópica antes de proceder a usar estrategias menos coercitivas y sobre todo menos militares para afrontar la realidad del narconegocio global y de los narconegociantes, puede convertirse en una utopía que paralice toda acción creativamente novedosa.
¿Qué drogas son más peligrosas y cuáles son legales?
Hace más de un año publiqué un artículo sobre Guatemala en un año electoral, 2011, donde me hice cargo de un artículo de la mejor revista médica inglesa, The Lancet, donde se había dado a conocer una investigación sobre las consecuencias dañinas para la salud de las drogas. En una escala de peligrosidad para la salud privada y pública de 1 a 100, el alcohol ocupaba el primer lugar con un 72/100, la heroína el segundo con 55/100, el crack el tercero con un 54/100, la metanfetamina en cristal el cuarto con un 33/100, la cocaína el quinto con un 27%, y -sorpresivamente- el tabaco alcanzaba únicamente un 26/100. El cannabis, de donde se derivan la marihuana y el hachís, venía más abajo en la escala de peligrosidad con un 20/100. Otras drogas muy usadas hoy como el éxtasis (9/100) o ayer como el LSD (7%), venían muy atrás en su capacidad dañina. Uno de los médicos directores de la investigación, David Nutt, asesor del Gobierno británico en asuntos de drogodependencia, se vio forzado a renunciar a su puesto de asesor.
La peligrosidad en Centroamérica
Si este estudio se hiciera en Centroamérica, piensan algunos expertos que solo el alcohol –y ahí el “guaro” o aguardiente sobre todo–, el crack y la marihuana tendrían una presencia suficientemente grande, a causa de la baja capacidad adquisitiva de la mayoría de la población.
De todas maneras es importante atender a estos resultados científicos, aun cuando no se puedan trasladar sin más hasta nosotros. La sabiduría popular, antes que la investigación, sabe perfectamente que pocas drogas trastornan tanto la seguridad pública y la vida doméstica como lo hace el alcohol, con efectos transversales en todas las clases sociales y en todos los ambientes urbanos y rurales, y el alcohol es legal y su comercialización y consumo, excepto para menores de edad, carece de límites políticos y sociales.
Procesos novedosos en Centroamérica: Un debate prudente para una vida más decente
Es pues, absolutamente prudente, que planteemos el debate sobre las estrategias más humanas y menos dañinas al afrontar las drogas. En Centroamérica están sucediendo cosas nuevas muy importantes en estos comienzos del año 2012. Que un presidente de un país plantee desde Guatemala el debate sobre la despenalización de las drogas es algo novedoso e importante. Si este presidente es además militar, aunque retirado, uno puede pensar que pueda tener razones para querer superar estrategias militares para combatir a la “guerrilla” transnacional de las drogas. Podría ser que solo quiera hegemonizar a Centroamérica y aspirar a un liderazgo regional que le muestre como cumplidor de su promesa de hacer vivir una nueva era a su país en este 2012, final de un katún maya. Podría ser que, habiéndose sentido traicionado como militar en los noventa por el Gobierno de los Estados Unidos de entonces (Clinton) y obligado a una paz que le robaba el triunfo militar, estuviera hoy reaccionando con el nacionalismo propio de los militares. Todo eso podría ser. Y con todo, no dejarían de estarse pronunciando en Centroamérica “palabras mayores”, apoyadas por otros dos presidentes, Laura Chinchilla de Costa Rica y Ricardo Martinelli de Panamá. Otra cosa es la capacidad de seguimiento del Estado y de la Sociedad Civil con sus acciones.
También en El Salvador están pasando cosas nuevas, con la súbita disminución de los asesinatos en las últimas dos semanas y media del mes de marzo, la humanización de las condiciones de prisión para los cabecillas de las maras 13 y 18, y la tregua de asesinatos entre ellas que el obispo castrense Monseñor Fabio Colindres y el exdiputado del FMLN interpretan como proceso de conversión de los líderes mareros.
Pueda ser que, como diría Boaventura de Sousa Santos, se esté empezando a practicar en Centroamérica “un conocimiento prudente para una vida decente”. Se trata de una “posibilidad histórica”, pero Ignacio Ellacuría diría que para que se realice es preciso “apropiarla”. Será imposible si no lo hacemos a escala regional, al menos latinoamericana.
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