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De cómo la agroindustria evita los impuestos municipales
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De cómo la agroindustria evita los impuestos municipales

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Tiempo aproximado de lectura: 29 mins

Grandes empresas agroindustriales como los ingenios Pantaleón, La Unión y Magdalena o la palmera Hame, evitan pagar el IUSI declarando sus tierras a precios muy inferiores al valor real, o simplemente no pagándolo. El caos en el catastro y la debilidad de las municipalidades hacen que este tributo, que debería destinarse a satisfacer las necesidades de la población, sea apenas un ingreso marginal en las arcas de las comunas.

En febrero de 2016, habitantes de La Nueva Concepción se enfrentaron con la empresa de palma africana Hame y con varios ingenios azucareros como Pantaleón, Madre Tierra y Magdalena. La razón de la disputa fue el desvío del río Madre Vieja hacia las fincas agroindustriales, que dejó sin agua a varias comunidades. En esa ocasión, el alcalde recién electo Ottoniel Lima Recinos, apoyó a los campesinos y los ayudó a abrir las represas levantadas por las empresas.

Pero además del desvío del río, el jefe edil debería tener otra razón para estar a disgusto con las empresas agroindustriales: el impago del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).

Al tomar posesión Ottoniel Lima, en enero de 2016, sus empleados municipales se dieron a la tarea de identificar las propiedades que le debían dinero a la alcaldía. Pronto encontraron un grupo de fincas que no habían pagado el IUSI desde 2009. Eran las fincas cañeras Louisiana, Cuntán, Las Perlas y Puyumate, que juntas, tienen una extensión de 2,390 manzanas (37 caballerías).

Para exigir el pago de la deuda, los empleados se acercaron primero a las fincas. Fue en vano: ningún trabajador pudo decirles quiénes eran los dueños, ni cómo contactarlos. Se acercaron, entonces, a una oficina de expertos contables de la capital, que, pensaban, aún administraba las fincas. Tampoco allí consiguieron ninguna información. 

Lo que no hicieron los empleados municipales porque esto suponía un nuevo viaje a la capital, fue buscar información sobre estas fincas en el Registro de la Propiedad. Esto les hubiera permitido saber que estas fincas están ahora en manos de los ingenios Pantaleón, La Unión y Magdalena.

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Las tierras de la Costa Sur generan una parte importante de la riqueza del país. En el ranking de los principales productos de exportación de Guatemala, el azúcar, el banano y el aceite de palma que se producen masivamente en estas planicies fértiles, ocupan, respectivamente, el segundo, tercer y quinto lugar. La enorme productividad de estas tierras ha sido clave para que surjan verdaderos emporios transnacionales como Pantaleón y Magdalena.

Sin embargo, las municipalidades de la Costa Sur tienen enormes dificultades para cobrar el IUSI a estas empresas. Este tributo, que corresponde al 9 por millar del valor de la propiedad, en un pago anual (para las propiedades de Q70mil en adelante), debía ser uno de los motores del desarrollo local, y permitir a las municipalidades atender las necesidades de la población que el Estado central no atiende: acceso al agua potable y saneamiento, mantenimiento de caminos vecinales, entre otros.

Se observan dos formas que indican que no se está pagando lo que estipula la ley. La primera, la más sencilla, consiste en aprovechar la escasa capacidad recaudadora de las comunas y la falta de un catastro claro para no pagar. La segunda consiste en infravalorar las fincas y así pagar una fracción de lo que les corresponde según la ley del IUSI.

Las fincas Louisiana, Cuntán, Las Perlas y Puyumate son un caso de estudio.  Las cuatro fueron compradas en 2005 por la empresa Patulul S.A., cuyo representante legal era, hasta 2011, Salvador Biguria Molina, gerente de comercialización del grupo Pantaleón. Entre 2005 y 2009, Patulul S.A. pagó el IUSI, pero sobre valores de la tierra infravalorados.

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Por ejemplo, según datos de la municipalidad de La Nueva Concepción, la finca Cuntán pagaba anualmente Q4,500 de impuesto ya que estaba valorada en Q500 mil. Sin embargo, en 2002, esta misma finca de 226 manzanas (3.5 caballerías) estaba arrendada al difunto ingenio Bonne Terre, por Q470 mil anuales. Es decir, la finca Cuntán valía, según sus dueños, apenas más que un año de renta. 

En 2009, Patulul S.A. vendió todas sus tierras. La Unión, uno de los doce ingenios azucareros activos en Guatemala, compró 792 manzanas (12.1 caballerías) de las fincas Las Perlas, Puyumate y Louisiana.

La Compañía Agrícola Buganvilia, parte del grupo Magdalena, adquirió otras 322 manzanas (5 caballerías aproximadamente).

Las 1,276 manzanas (19.5 caballerías) sobrantes fueron vendidas al ingenio Pantaleón, a través de las empresas El Transvaal S.A. y El Bálsamo S.A. La mayor parte de las tierras de Pantaleón están repartidas en una nube de sociedades anónimas (Cristalinas, El Transvaal, El Bálsamo, El Agüero, El Quinel, Moremi), que el ingenio califica de “arrendadoras”. Estas empresas fueron fundadas por el propio ingenio, quien posee la mayoría de las acciones (DOCUMENTO).  

Desde que adquirieron las tierras de Patulul S.A., los tres ingenios dejaron de pagar el IUSI. 

Se cuestionó a los tres ingenios por esta falta de pago. El primero en contestar fue La Unión. Fernando Letona, director de recursos humanos del ingenio, indicó que, tras la llamada de Plaza Pública, “nos pusimos a trabajar, fuimos al Registro de la Propiedad, y, efectivamente, vimos que estaba pendiente el pago correspondiente”. Agregó que el adeudo fue cancelado en su totalidad a la municipalidad de La Nueva Concepción el miércoles 5 de octubre. “Lo que pasó es que las fincas estaban administradas por varios ingenios, y no se reparó en que no se había pagado por un buen tiempo. No teníamos bien mapeadas nuestras propiedades. Nos sorprendió, y de inmediato quisimos resolver el incidente, ya que, para nosotros, el pago del IUSI no es negociable”.

La municipalidad de La Nueva Concepción confirmó este pago: La Unión pagó Q317 mil por los siete años de adeudo.

El ingenio Magdalena, a través de su vocero Jorge Moreno, admitió que el pago por las 322 manzanas (4.9 caballerías) no se había realizado, pero aseguró que la culpa no era de la empresa, sino de un problema de orden catastral. En efecto, la finca pertenece físicamente al municipio de La Nueva Concepción, pero en el Registro de la Propiedad se indica que es parte del municipio de Escuintla, mientras que en la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (Dicabi), consta que está en el municipio de Tiquisate. “No es una cuestión de no querer pagar, sino de que no se puede”, afirmó Jorge Moreno. “No se puede cuando hay discrepancias. Hemos empezado las gestiones para que quede registrada donde corresponde, que es en La Nueva Concepción”.

Sin embargo, el ingenio La Unión, que enfrenta el mismo problema, sí hizo el pago a la municipalidad. De la misma forma, cuando Patulul S.A. aún era dueña de la finca, pagaba el tributo a La Nueva Concepción, a pesar de las discrepancias catastrales.

Ricardo Guillén, gerente general de Pantaleón, explicó que a veces hay discrepancias entre los nombres usuales de las fincas que manejan las municipalidades, y la manera en que están inscritas en el Registro de la Propiedad, el cual las ordena con un número de finca, de folio y de libro. Pero unos días después, el ingenio Pantaleón admitió que no se habían hecho los pagos, y que ya estaban en conversaciones con la municipalidad de La Nueva Concepción para solventar la situación.

Las mejores tierras al precio más bajo

Con lo que más pierden las municipalidades es con los avalúos de la tierra. Los propietarios son los que declaran el valor de sus tierras, y a partir de éste se calcula el 0.9% anual del IUSI. Las municipalidades tienen la facultad de realizar un avalúo propio, pero muy pocas lo hacen. Con lo cual, los bienes inmuebles quedan registrados con valores muy inferiores al que tienen en el mercado. En el caso de la agroindustria en la Costa Sur, la infravaloración de las fincas toma un carácter surrealista.

Los funcionarios entrevistados en las municipalidades de Tiquisate y La Nueva Concepción, indicaron que, en estos municipios, el precio de una manzana de terreno se sitúa entre Q80 mil y Q100 mil. Los anuncios de bienes raíces muestran valores similares o superiores a este rango. Algunas fincas cañeras pueden incluso ofertarse en Q210 mil por manzana.

Los precios de venta de las fincas Cuntán, Las Perlas, Louisiana y Puyumate, quedaron anotados en el Registro. Según los documentos, Salvador Biguria vendió a los ingenios tierras agrícolas entre las más productivas del país, a precio de remate. Las 322 manzanas de la finca del ingenio Magdalena fueron compradas por Q85 mil quetzales. Esto equivale a Q264 por manzana.

Las 226 manzanas de la finca Cuntán que Pantaleón adquirió, le fueron vendidas en Q81,500. O sea, Q361 por manzana. Por su parte, La Unión adquirió 600 manzanas de la finca Puyumate por Q158 mil. Es decir, Q263 por manzana.

Esta reducción de los precios declarados por las tierras cañeras, permitió un cuantioso ahorro en términos de IVA para las empresas compradoras. Además de asegurarse el pago de un IUSI muy ligero, en el caso de que tributaran. Si estas cuatro fincas que no han pagado el impuesto a las propiedades desde 2009, o lo acaban de cancelar, lo pagaran tomando como referencia Q80 mil por manzana, La Nueva Concepción podría llegar a recibir al año Q1.7 millones. Pero si se toma como referencia el precio en que están registradas, la municipalidad recibiría Q14,700.

Salvador Biguria tuvo dificultades para explicar los precios de venta que registró cuando la empresa que representa vendió sus tierras. Primero afirmó que, antes de la venta, los ingenios ya habían invertido en los cultivos. “Las tierras valen por lo que tienen encima, no por la tierra. La inversión que se hace para levantar las cosechas es el valor principal de las tierras. Si no tuvieran cultivos, esas tierras valdrían una fracción de lo que valen”, expresó.  

Se le rebatió que, sea cual sea el cultivo, las tierras de la zona se compran y venden a valores situados alrededor de Q100 mil por manzana. Indicó entonces que esta compra-venta se había hecho siete años atrás y que los precios podrían haber variado. Luego, preguntó al reportero si el valor del registro de la casa en donde vive es cercano al valor de mercado, indicando que “es el mismo caso en todo el país”.

Por fin, Salvador Biguria negó que estos valores declarados sean una forma de defraudación tributaria. “El valor de las tierras es el que es, y si las munis lo aceptan y aceptan los pagos, es que reconocen que las estamos justipreciando”.

Este mismo argumento fue esgrimido por Jorge Moreno, del ingenio Magdalena. “Yo no veo que sea una defraudación. Todo está registrado legalmente, la municipalidad tiene un formulario en lo que se da por aceptado”.

Para Ricardo Guillén, gerente general de Pantaleón, el problema es más complejo. “Es un tema que hemos querido empujar para que se regularice esto que genera ruido. Tiene que ser una cuestión integral, para que un ente independiente diga cuál debiera ser el valor, cuál debiera ser la tasa. Algo más integral, no solo decir ‘súbanle el precio a la tierra, y entonces hay que pagar mucho más’. Hay que colegiarlo mejor. Lo hemos platicado con varios alcaldes y han estado de acuerdo”, explica.

—¿Pero esto implicaría revaluar las propiedades?

—Esa podría ser una de las opciones. Y ver si la tasa que tenemos es competitiva o si no lo es. Si es muy alta, si es muy baja. La idea sería llegar al Congreso para ver si la tasa impositiva tiene el valor adecuado o no.

El ingenio La Unión, en el pago del IUSI que acaba de realizar a la municipalidad de La Nueva Concepción, reevaluó el precio de sus fincas con respecto a lo que tenían registrado. El tributo se calculó tomando un precio de la manzana de entre Q3,300 y Q5,200.

Los cañeros mencionados no son los únicos en reducir al mínimo el valor de sus propiedades y así evitar evitar pagar una suma mayor de impuestos. Según las municipalidades, los empresarios de la palma africana lo hacen también. Un ejemplo: la finca Loreto. De dimensiones modestas, 40 hectáreas (58 manzanas, 0.89 caballerías), Loreto constituye una migaja del imperio de Hugo Alberto Molina Espinoza, el magnate de la palma africana. Hame, su grupo empresarial,  explota unas 4 mil hectáreas (89 caballerías) de palma aceitera en los municipios de La Nueva Concepción y Tiquisate. La finca Loreto está valuada, según el Registro de la Propiedad, en Q45 mil, con lo cual, cada manzana  vale, según las escrituras, Q776. A diferencia de las fincas cañeras mencionadas, esta propiedad sí paga el IUSI a la municipalidad de La Nueva Concepción: Q270 al año. La finca Loreto debería tributar, tomando los Q80 mil por manzana de referencia, Q40 mil cada año. Esto, sin contar el valor de las palmas, que, según la ley debería aumentar el precio de la propiedad, y sin contar el valor de los eventuales caminos y construcciones.

[Rodrigo Baires]

El grupo Hame, a través de su relacionista público Felipe Aguilar, indicó que paga el IUSI en todas las municipalidades en donde tienen propiedades. Sin embargo, la empresa se negó a discutir sobre el valor declarado de las propiedades, y los montos que paga de IUSI.

El grupo Hame ya ha estado bajo investigación. El 20 de julio 2016, la Agropecuaria Bellamar Tiquisate que pertenece al grupo Hame fue intervenida por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por evasión fiscal. La acción concluyó una semana después, cuando esta empresa bananera pagó los Q370 millones que debía a las arcas nacionales.

Esto se suma a los privilegios fiscales que goza la palma africana. Repsa y Palmas del Horizonte, empresas palmeras del grupo Hame, están adscritas a la “Ley de Maquilas” (decreto 29-89), y, por lo tanto, han estado libres del Impuesto Sobre la Renta (ISR) desde su fundación. La reforma a la ley de maquilas votada este año, mantendrá este privilegio sólo a las empresas textiles y los call centers, con lo que las empresas de Hame perderán este beneficio en cuanto pasen 10 años desde que se adscribieron a esa ley.  

Prenderle fuego a la muni

Para Julio Héctor Estrada Domínguez, Ministro de Finanzas, el problema del IUSI no es un problema propio de la agroindustria. “El lugar en donde las propiedades están más dramáticamente infravaloradas es en la Ciudad de Guatemala. Hay casas en La Reforma o la Zona 14 valuadas en Q200 mil, y que no han sido reevaluadas en 40 años”, indica el funcionario.

“Es un problema generalizado, y las municipalidades tienen grandes dificultades para hacer reavalúos, como lo muestra el ejemplo de la de Guatemala. Si una muni toma la iniciativa de hacer reavalúos, la atacan brutalmente. La Corte de Constitucionalidad ha botado todos los intentos de reavalúos obligatorios, argumentando que son expropiatorios, que la propiedad es sagrada. Si nadie les obliga, la gente no va a reevaluar el precio de su propiedad”, explica Estrada. La resistencia de la gente es terrible, y puede pasar que, si una muni decide cobrar el impuesto, le prendan fuego, y linchen al alcalde” agrega.

Pero a esta debilidad se agrega otra, según el Ministro de Finanzas: la propia tasa del impuesto. “El 9 por millar es una de las tasas más altas de la región”, indica. Según el informe Propuesta para optimizar la recaudación y el uso de los recursos del IUSI, de Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Nicaragua y República Dominicana tienen una tasa de 1%, es decir, ligeramente superior a la de Guatemala. Honduras y Costa Rica manejan tasas más bajas: 0.35% y 0.25% respectivamente. Sin embargo, Costa Rica logra recaudarlo mucho mejor. 5% de sus ingresos tributarios provienen del impuesto a los bienes inmuebles, mientras que en Guatemala este porcentaje es de 0.03%. Por su parte, El Salvador no tiene equivalente del IUSI

 Estrada piensa que la tasa del IUSI debería ser más baja, y debe ser progresiva: entre más valor tenga una propiedad, mayor debe ser la tasa. “Es necesario que haya una norma nueva, y hacer reevaluaciones para todos por igual, y que éstas no se boten en la CC.”

Y sin embargo, el  impuesto sobre inmuebles debería, para el Ministro, ser un impuesto mucho más significativo en las finanzas municipales. “El IUSI crea una conexión directa entre el contribuyente y una municipalidad. El contribuyente puede exigir más de los alcaldes, porque no puede ser que uno pague IUSI cada trimestre, y que las calles están en mal estado, y no haya buenos servicios.”

¿Para qué me voy a pelear?

Los municipios de Tiquisate y La Nueva Concepción están separados tan solo por el río Madre Vieja. Pero un vistazo a una foto satelital revela una profunda diferencia.

La Nueva Concepción, a la derecha, está cubierta por parcelas pequeñas, cuyo origen está en la repartición de tierras a campesinos planificada en el gobierno de Jacobo Arbenz, y ejecutada en el Carlos Castillo Armas. Estas parcelas siguen en manos de miles de agricultores que siembran variedad de frutas y verduras. La agroindustria también tiene su lugar en el municipio, como lo muestra la larga franja verde oscura de palma africana, llamada por los habitantes la “faja de Hame”, que une a los ríos Coyolate y Madre Vieja. Pero lo preponderante son las pequeñas propiedades.

A la izquierda, Tiquisate está cubierta por cultivos agroindustriales: palma africana, caña de azúcar y banano. El banano conoce un auge extraordinario desde hace algunos años, con la inversión masiva de tres multinacionales: Chiquita, Dole y Del Monte. “Ellos hicieron Tiquisate. Ahora han vuelto a sus tierras”, explica César Cordón, concejal primero de la municipalidad de Tiquisate, en referencia a la United Fruit Company que dominó la región gran parte del siglo XX.

Según Cordón, cada día salen de Tiquisate 300 contenedores de banano con destino a los Estados Unidos, y cada año se inauguran nuevas empacadoras de banano. Chiquita, Dole y Del Monte generan, según César Cordón, alrededor de 25 mil empleos, muchos de los cuales son ocupados por trabajadores temporales venidos del altiplano.

La diferencia en la tenencia de la tierra explica en parte los roces políticos que ambas municipalidades tuvieron este año por el secuestro del río Madre Vieja. Mientras Ottoniel Lima Recinos, alcalde de La Nueva Concepción, se puso del lado de los campesinos que liberaron el río, Héctor Portillo Coronado, alcalde de Tiquisate, apoyó a la agroindustria.

Portillo solo tiene palabras elogiosas para el magnate de la palma africana: “Sin Hugo Molina, Tiquisate sería un fracaso. Él es como un papá para todos nosotros porque él da mucho empleo. Y si toda esta gente no tuviera empleo ¿qué podríamos hacer?”.

“¿Sabe lo bueno que tiene Hugo Molina?”, pregunta el alcalde. “Es que cuando un trabajador le es fiel, él lo tiene hasta que se muere. Hugo Molina lo mantiene de por vida. Hugo Molina no está conforme si la gente gana de Q100 para abajo. Para él, tiene que ganar de Q100 para arriba”, contesta Portillo, hablando de jornales. El Grupo Hame emplea alrededor de 7 mil personas en Tiquisate y La Nueva Concepción, afirma la propia empresa.

La opinión de Portillo sobre los cañeros no es tan buena. Está enfadado con ellos. Él les pidió apoyo para la reparación de una carretera y el reacondicionamiento del salón municipal, y no se lo dieron. Una ingratitud que no entiende, visto el apoyo político que les dio en las mesas de discusión sobre las aguas del Madre Vieja.

Pero a pesar de sus diferencias, las municipalidades de La Nueva Concepción y Tiquisate tienen en común las dificultades para recaudar los tributos de la agroindustria. “Las munis tienen acceso a una recaudación que va de la clase media para abajo. Cuando llegamos a la macro industria, los volúmenes de recaudación son relativamente inferiores”, explica Rolando Cifontes, coordinador de asuntos administrativos de la municipalidad de La Nueva Concepción.

“El gran productor tributa lo que quiere tributar”, agrega Cifontes. “Si la tributación fuera apegada a la ley, siento que habría más desarrollo”. Los mismos lamentos se escuchan en Tiquisate. “Pagan lo que ellos quieren pagar. Esa es la verdad”, confiesa César Cordón, Concejal Primero de Tiquisate.

En ambas municipalidades son conscientes de que tienen derecho a realizar avalúos propios para recibir un IUSI más ajustado a la realidad del mercado inmobiliario. Pero ni Tiquisate ni La Nueva Concepción han emprendido esta tarea. Políticamente esta sería una acción arriesgada.

“Los cacicazgos aquí siempre han existido”, admite César Cordón. “Si usted llega, y empieza a hablar de avalúos, a traer valuadores, le aseguro que al otro día empiezan a decir que ya no hay camiones, que ya no hay esto, lo otro… Dependemos de la industria. Si usted piensa en un pueblo que depende de la agroindustria, ese pueblo es Tiquisate”.

Por eso, en Tiquisate, en vez de imponer avalúos, prefieren irse por la vía de la negociación: hablar con las empresas y ver de qué forma podrían contribuir más con las finanzas municipales. Como dice Héctor Portillo, su alcalde: “Yo aquí, el poder lo tengo yo…. Pero, ¿para qué me voy a pelear?”

Para Carlos González Arévalo, investigador de ASIES, la baja recaudación del impuesto municipal se explica por “las aspiraciones políticas de los alcaldes. Como siempre están buscando una reelección, tratan de no molestar al vecindario. Exigirle a la gente que pague crea anticuerpos.”

Sin embargo, un cobro del IUSI conforme al valor real de las propiedades, sacaría de apuros financieros a todas las municipalidades de la Costa Sur. Tomemos como ejemplo Tiquisate, municipio de más de 60 mil habitantes. Según César Cordón, el 80% de sus 338 kilómetros cuadrados se destinan a los grandes cultivos para la exportación. Es decir, la agroindustria explota alrededor de 38,610 manzanas (592 caballerías) de tierra. Si aceptamos que el valor de mercado de una manzana está en Q 80 mil, la municipalidad debería obtener de la agroindustria, sin tomar en cuenta el valor de las construcciones, mejoras y cultivos perennes, unos Q28 millones. El año pasado, la municipalidad de Tiquisate recaudó apenas Q2 millones de IUSI, de los cuales, según César Cordón, Q1.2 millones provenían de la agroindustria. Puede decirse entonces que las empresas palmeras, cañeras y bananeras dejaron de pagar un mínimo de Q27 millones a las arcas de Tiquisate. Esto es más que su presupuesto total, que, en 2015, fue de Q24 millones, la mayor parte proveniente de los aportes del Estado a los gobiernos locales.

A falta de tributos, las empresas conceden donaciones. Durante el conflicto del Madre Vieja, la municipalidad de La Nueva Concepción recibió varias: donación del ingenio Magdalena por Q22,242, donación del ingenio La Unión, a través de Fundazúcar, por Q25,761, donación del ingenio Madre Tierra por Q2,698.

Fernando Letona, del ingenio La Unión, menciona, entre los proyectos financiados por su empresa, las bordas sobre el río Coyolate, a la altura de Santa Odilia, que deberían evitar que esta comunidad se inunde en invierno.

Salvador Biguria, indica que Pantaleón busca trabajar con los alcaldes de los 58 municipios de la Costa Sur. “Se han presentado más de 118 proyectos técnicos para agua y saneamiento”, indica. Además, dice, los ingenios, a través de la Escuela de Gobierno, buscan ampliar las capacidades de las administraciones municipales. “Somos los más interesados en fortalecer los gobiernos locales, las munis, y en el desarrollo de la zona”, afirma.

La difunta reforma de Jimmy Morales

En agosto pasado, el presidente Jimmy Morales presentó al Congreso una reforma fiscal que inmediatamente levantó una ola de indignación ciudadana y empresarial. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás. Una de las medidas de esta malograda reforma, elaborada por el Ministerio de Finanzas, tenía que ver con el IUSI.

La propuesta facultaba a la Superintendencia de Administración Tributaria recaudar el IUSI en las municipalidades que así lo desearan, lo cual liberaría a estas últimas de esta tarea, a través de un convenio entre las dos partes.

Según Juan Blas García, jefe de la Dirección de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, la idea era aprovechar el mayor poder coercitivo de la SAT para mejorar los ingresos de las municipalidades. Sin embargo, según Blas, la reforma no contemplaba “una modificación de los avalúos, ni mucho menos de las tasas”.

Los convenios entre las  municipalidades y la SAT hubieran permitido al ente recaudador inhabilitar los números fiscales de las empresas y personas con adeudos. También hubiera facilitado el pago del tributo, puesto que hubiera podido realizarse en línea, sin necesidad de desplazarse a las oficinas municipales como sucede actualmente.

Otra iniciativa que podría cambiar la situación viene de la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles. Esta dependencia del Ministerio de Finanzas está preparando una metodología para establecer lo que llaman “zonas homogéneas de valor”, es decir, zonas a las cuales se les puede adjudicar un mismo precio por hectárea o metro cuadrado. Una vez en pie, Dicabi se propone asesorar a las municipalidades que lo deseen, para dividir los municipios en sectores de igual valor. “Esto es una herramienta técnica que ayudará a las comunas a justipreciar los bienes inmuebles”, comenta Luis Rojas Samayoa, director del Dicabi.

Queda por ver cuál es la nueva propuesta fiscal de Jimmy Morales, y si esta modificación a la ley del IUSI sigue su camino. Entre tanto, la dinámica de los poderes locales y cacicazgos, las escasas capacidades recaudadoras de las municipalidades y las ambiciones políticas de los alcaldes y la poca cultura tributaria de la ciudadanía seguirán negando a los gobiernos locales una fuente de recursos importante. 

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