La crisis tiene, indudablemente, un origen de tipo tecnológico que se deriva del modelo imperante de crecimiento económico, cuyos rasgos esenciales son de agotamiento, degradación y contaminación en la dimensión ambiental —que impide la capacidad natural de auto recuperación— y desigualitario en la dimensión social. Las causas de la crisis ambiental son, en todo caso, esencialmente humanas o antrópicas.
Los procesos económicos en el país se han propuesto, invariablemente desde hace décadas, dominar y controlar la naturaleza. Aún, hasta hoy, se le aborda bajo la óptica “minera” e incluso como obstáculo. Abundan ejemplos de los insaciables deseos por someter, desde esta óptica, todos los espacios naturales posibles: los de mayor actualidad; el Parque Nacional Laguna del Tigre en Peten —con fines petroleros— y las playas del Océano Pacífico guatemalteco —con fines mineros—. Estos “eventos” de trascendental significado para el establecimiento de nuevas pautas en la relación “economía, política y ambiente” se suman a los añejos y crecientes problemas de contaminación del aire; contaminación de los bienes hídricos; producción masiva y sin control de aguas residuales y desechos; degradación de zonas marino-costeras —con especial énfasis en la destrucción de manglares y sobrepesca—; el empobrecimiento, contaminación y erosión de suelos agrícolas y forestales; la sostenida pérdida de bosques, incluso dentro de “áreas naturales protegidas”; la merma de poblaciones naturales y la extinción definitiva de especies vegetales y animales; así como los problemas planetarios de reciente interés mediático; tales como el efecto de invernadero y el consecuente cambio climático; la contaminación acústica, química y electromagnética; así como las “catástrofes ambientales”, cuyo origen y desarrollo tienen que ver, mas bien, con las actividades humanas ya descritas.
Frente a la incapacidad demostrada del poder público para contrarrestar estas prácticas y revertir la gravedad de los consecuentes problemas ambientales y peor aún, frente al contubernio de éste con los intereses económicos que engendran las continúas agresiones ambientales, lo que se conoce públicamente como “ambientalismo” es lo único que resta velocidad a estas prácticas y problemas ambientales.
Una definición, bastante genérica, del ambientalismo la ofrece la Enciclopedia Británica. Plantea que se trata de “un movimiento político y ético que busca mejorar y proteger la calidad del ambiente natural a través de cambios de la actividad humana; a través de la adopción de una organización política, económica y social que se piensa es necesaria para, o al menos conducente hacia, el trato benigno del ambiente por parte del ser humano; y a través de una reevaluación de la relación de la humanidad con la naturaleza. De diversas formas, el ambientalismo propone que todos los seres vivos además del ser humano, y que el ambiente natural en general, merecen ser considerados cuando se razona sobre la moral de la política, de la economía y de las políticas sociales”.
En Guatemala, bajo esta bandera, se incluyen diversos actores, enfoques de trabajo y hasta interpretaciones del término. Sin ser exhaustivo y sin pretender hacer una categorización, creo importante mencionar que algunos de los actores se dedican a actividades eminentemente territoriales, principalmente administrando áreas protegidas; otros se convierten en ejecutores de proyectos “ambientales” en sitios y temas específicos; otros son parte de una burocracia nacional o internacional que va de puesto en puesto; otros se convierten, desde su oficinas privadas, en asesores de funcionarios de turno, combinando esta actividad con la ejecución de consultorías técnicas; otros desarrollan un activismo constante, sostenido en buena medida, por su continua presencia en los medios de comunicación en casos “de impacto”; otros se caracterizan por la denuncia o propuesta utilizando mas sistemáticamente los medios de comunicación escritos; otros promueven pensamiento ambientalista en procesos de educación informal. Creo que casi todos buscan, genuinamente, incidir a favor del ambiente.
La cuestión medular y que debe ser parte de la necesaria autocrítica del ambientalismo es revisar si se ha desvirtuado el propósito profundo del mismo. En primer lugar, el ambientalismo requiere asumir la realidad con una visión integral, holística, sistémica —al menos procurando un balance de las dimensiones natural, social, económica e institucional—. En segundo lugar y quizá con mayor relevancia, está el hecho de que el ambientalismo profundo es radical respecto de que el modelo de crecimiento económico vigente no puede —y no quiere, sobretodo— afrontar la crisis ambiental actual con eficacia y constancia. El ambientalismo representa una “visión total” acerca del mundo. Una visión que exige un nuevo orden en la economía y las dinámicas sociales en función de límites que plantean los sistemas naturales, aquellos que posibilitan la vida. Ello exige una revolución de pensamiento y acciones, conducida o facilitada, por líderes políticos inteligentes, instruidos y visionarios que no tenemos en el actual sistema de instituciones políticas. Si los tuviéramos, el ambientalismo no sería tan necesario.
Finalmente, es necesario indicar que muchos analistas presentes en los medios de comunicación son acérrimos defensores de una visión economicista, la cual se reduce solo a un pequeño segmento de la realidad, a aquello que resulta útil, valorable y productible. Estos analistas, alineados con la defensa del sistema establecido —de estricto crecimiento económico, sin considerar sus limitaciones respecto al desarrollo incluyente— han llegado, ridículamente, al extremo de preguntar “¿qué hacen los ambientalistas?” cuando afloran problemas ambientales de notable sensibilidad social, por ejemplo, la reciente crisis de la “cianobacteria” en el Lago de Atitlán. Sus aproximaciones ocasionales a estos asuntos -—obedeciendo a su deseo de defender el statu quo y de paso a descalificar a los ambientalistas— no les permite —aunque en realidad no les interesa— entender, por un lado, que los ambientalistas no tienen “responsabilidades ejecutivas obligadas” frente a estos asuntos, y por otro, que estos asuntos han sido constantemente denunciados, no como causa, sino más bien como efecto, del irresponsable crecimiento económico bajo su forma actual. La denuncia, la crítica y la propuesta son obligaciones fundamentales del ambientalismo.
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