La equidad, la justicia, la solidaridad y el respeto, son los elementos transversales de estas tareas.
Las personas legitiman la democracia con el voto, pero también con el pago de impuestos. Y los Estados legitiman la política fiscal cuando sus políticas públicas permiten un grado de bienestar social, en el que la mayoría de los ciudadanos perciben que las cosas van avanzando, hacia ese país que ambicionan.
Si tengo los ojos abiertos, no me siento muy cómodo con lo que hemos construido por medio de lo nuestro, lo público. Y usted, ¿cómo se siente? Parte del problema es que vivimos en un Estado que todavía no ha legitimado su política fiscal. Le propongo entonces cuatro medidas para hacerlo. Dígame si usted está de acuerdo.
1) Nacionalizar el Estado. Algunos hablan sobre la necesidad de nacionalizar empresas privadas, otros todavía dicen que se debe privatizar las empresas públicas. Sin embargo, yo pienso que lo que tenemos que hacer es nacionalizar el Estado, y le digo así a la necesidad de que las políticas públicas obedezcan a intereses sociales y no a intereses particulares.
Por ejemplo, en Guatemala, muchas veces, el Estado compra medicinas para quedar bien con el vendedor y no para prevenir o curar enfermedades; se construyen carreteras para quedar bien con algún finquero o algún financista de campaña y no para concretar un plan de desarrollo. En muchas ocasiones me he topado con empleados del ministerio de Economía que a viva voz dicen estar en contra del pago de impuestos. Quien les paga el salario, no es al que le cuidan los intereses…
Necesitamos financiar instituciones públicas con metas y objetivos bien claros, en función del desarrollo de todos. En la medida en que sepamos a qué se dedican sabremos con certeza si conviene que existan.
2) Universalizar las políticas sociales. Para lograr la cohesión social (concepto tan vilipendiado como prostituido), todas las personas deben caber, por lo menos, en un sistema de salud efectivo; en un sistema de educación pertinente y con calidad para educar ciudadanos, y en una seguridad social que garantice una vida con dignidad.
La histórica debilidad del Estado guatemalteco, aunada a la reducción de lo público en los años noventa, ha traído consigo una práctica común de “sálvese quien pueda” y ha convertido muchos derechos en privilegios. Los Estados han dejado para quien pueda pagarlo, entre tantas cosas, la educación inicial, la educación secundaria y terciaria y la salud, con consecuencias graves para la sociedad en su conjunto.
Imaginémonos si esta misma idea, de dejar que accionen las fuerzas del mercado, se empleara en el tránsito de una ciudad. Caricaturicemos un poco. El Estado no puede financiar semáforos, ni aceras, ni pasarelas así es que decide que la vía la lleva el que tenga el vehículo más caro. Si usted va en un Ferrari, tiene la vía expedita y todos deben parar; si va en un Toyota, tiene que detenerse en todas las esquinas para ver si viene alguien con un vehículo más caro. Va a llegar a su destino, pero un poquito más tarde que el conductor del Ferrari. Pero, si usted va a pie, le toca esperar hasta que no pase un solo carro, una sola moto o una sola bicicleta. ¿Suena descabellado, verdad? Pues precisamente eso estamos haciendo con la educación y la salud.
Más allá de la educación primaria, el resto del sistema educativo se basa en esta regulación. Si usted tiene dinero, entonces siga avanzando. Si usted va a pie, entonces le toca esperar. Lo que quiere decir que, paso a paso, estamos aumentando la desigualdad, perpetuando la pobreza y debilitando la construcción de la democracia.
Pero, el hecho de que los Estados están logrando coberturas cercanas al 100 por ciento en la educación primaria, también nos permite comprender que donde ponemos los recursos, tendremos los resultados. En Guatemala, por el ejemplo, cerca del 65% del presupuesto del Ministerio de Educación se destina al nivel primario. Cubrimos casi a todos, pero solo alcanza para pagar maestros, una refacción de a quetzal, y muy poco para mejorar la calidad.
La próxima semana cerramos esto platicando sobre la necesidad de ejercitar los músculos atrofiados de la cosa pública y sobre la importancia de que el Estado informe, dialogue y escuche a la sociedad.
Más de este autor