Chillaní, San Pedro Sacatepéquez, de aldea olvidada a islote de aguas amarillas
Chillaní, San Pedro Sacatepéquez, de aldea olvidada a islote de aguas amarillas
- Prevenir el COVID19 lavando las manos con agua y jabón es casi imposible en áreas urbanas y rurales del país.
- El 41.1% de los hogares guatemaltecos carece de tubería interna.
- Algunas munipalidades, como las de Barberena, Jutiapa, Ciudad de Guatemala, o El Tejar, ya han empezado a hacer compras para atender la crisis sanitaria.
- La aldea Chillaní está en San Pedro Sacatepéquez, el municipio donde murió el segundo infectado de COVID19, toma una caminata de dos horas llegar a Ciudad Quetzal.
- El agua en la aldea es de mala calidad (a veces sale amarilla) y llega con irregularidad, durante la noche. Tres veces a la semana, cuando tienen suerte.
- Los habitantes tienen que comprar agua en garrafón. Una familia común puede gastar Q30 semanales.
- Instalaron drenajes hace un año, pero no están generalizados.
- Guatemala contabiliza 50 contagiados de COVID19 .
En la aldea Chillaní, de San Pedro Sacatepéquez, el olvido del Estado ha sido norma por décadas. El agua es escasa y de mala calidad, cumplir con la sugerencia de lavarse las manos para prevenir el COVID19 es imposible para Felipa López y su familia. Desde hace tres semanas, el asunto se ha puesto peor: la cuarentena decretada por el gobierno ha convertido la comunidad en una isla incomunicada.
Es jueves, las tres de la mañana en la aldea. A 22.5 kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, Felipa López despierta para verificar que aún queda una hora para que la municipalidad detenga el suministro de agua. El flujo es escaso, desde las 8 de la noche del día anterior sólo pudo llenar la pila y un tonel. Dos días antes tampoco fluyó mucho líquido, pero aún guarda algunas cubetas porque “no se sabe si va a caer otra vez”.
Desde el 6 de marzo, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha administrado el país bajo Estado de Calamidad. El objetivo de esta medida de excepción es prevenir y prepararse para la emergencia sanitaria que podría desatarse por el brote de COVID19, que ha infectado oficialmente a más de un millón cien mil personas y ha matado a más de 62,000 hasta el 4 de abril. En Guatemala 57 personas se han contagiado hasta la fecha. Doce se han recuperado, según el gobierno, dos han muerto, y 37 permanecen enfermas.
Tras decretar el Estado de Calamidad, el presidente Giammattei dispuso otras acciones para frenar el contagio en Guatemala. La recomendación más reiterada sigue siendo la de lavarse las manos con agua y jabón e incrementar la higiene en casa.
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Desde su rincón de Chillaní, Felipa se pregunta cómo atenderá estas sugerencias si a su vivienda llega el agua solamente tres veces a la semana, cuando el servicio es, como dicen, regular.
Agua clorada, agua amarilla
Felipa López tiene 36 años. Junto a su esposo, de 37, cría a cinco hijos. El mayor tiene 18 años y estudia bachillerato en Medicina, le sigue el de 15, que cursa Mecánica. El mediano, de 12, está en sexto grado y la de nueve estudia cuarto primaria. El último aún no ingresa al sistema escolar, tiene cinco años. Los dos mayores asisten a colegios privados que cobran entre Q225 y Q100 respectivamente, la inversión la reparten entre sus padres y ellos, cuando trabajan fabricando llaveros con su tío.
El trabajo doméstico es el oficio que le tocó desempeñar a Felipa López. Nunca cursó estudios. De hecho, aprendió a leer y a escribir con deficiencias cuando sus hijos comenzaron ese mismo proceso en los primeros años de escolaridad. Ahora trabaja regularmente en dos viviendas, en la zona 15 y en la 2 de la capital.
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Su esposo tampoco estudió.
Se desempeña de lo que salga. Así puede hacer trabajos de albañilería como de plomería. Entre ambos logran conectar unos Q4,000 al mes, que no son estables y deben bastar para los siete miembros de la familia: comida, transporte, útiles, servicios y otros.
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Felipa López no ha salido de casa desde el 16 de marzo, salvo dos veces al mercado o al banco. Para llegar a Ciudad Quetzal, donde hace esas diligencias, se tarda dos horas caminando por un camino de terracería y adoquín. En bus el tiempo no es tan diferente, se tarda media hora menos. Pero ahora debe encontrar el apoyo de algún vecino que la lleve en su vehículo. “Si sacan picops o busitos los detienen, no hay buses ni nada”, se lamenta angustiada.
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Un día antes de que comenzara el aislamiento de Felipa, el ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que el segundo infectado oficial fallecía por coronavirus y se convertía en la primera víctima mortal de la pandemia en Guatemala. Era un anciano de 85 años que residía en San Pedro Sacatepéquez, el municipio de 51,000 habitantes en el que vive Felipa López. El hombre viajó a España y ahí, se supone, se contagió. Murió en un sanatorio privado del municipio.
Cuando Felipa López se enteró de la muerte del anciano indicó que no e preocupaba tanto. Al fin y al cabo la aldea está alejada del centro urbano del municipio. Lo único que ella y su familia pueden hacer es mantener el aislamiento y seguir los consejos de higiene. Pero, aunque el presidente Giammattei expresara durante una conferencia de prensa que “el que quiere se cura del virus”, esto no basta para millones de hogares guatemaltecos, incluido el de Felipa López.
“En algunas partes de la aldea hay drenajes, pero en otras no”, cuenta. Fue hasta hace un año y medio, aproximadamente, cuando instalaron ese servicio. Y hasta hace seis meses ya existe un baño en su casa. En ese sanitario hay un inodoro y una ducha. La pila sirve para lavar platos, ropa y manos.
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El servicio de agua fluctúa, se supone que debería llegar los lunes, miércoles y viernes; pero ni la periodicidad ni la calidad ni la cantidad es regular. Por ejemplo, el agua del lunes pasado no abundó.
“Nosotros tenemos que cuidar el agua, no podemos desperdiciarla. Cuando cae bastante llenamos todo lo que se puede y la cuidamos porque hay días que no cae. Se supone que en la semana nos tocan tres días, pero hay veces en las que solo recibimos uno”, explica.
La capacidad de almacenaje de la familia de Felipa López es de un tinaco, una pila y unas 20 cubetas que cubren con tapaderas para protegerse de insectos u otros contaminantes. El miércoles tampoco fluyó mucha, por lo que han tenido que racionar aún más.
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Abrir los chorros nunca es agradable en la casa de Felipa López. Cuenta que a veces el líquido contiene mucho cloro por los procesos de purificación de la municipalidad. El olor es lo que delata los malos tratamientos. Otras veces el aspecto del agua refleja que no ha habido tratamiento alguno.
—A veces sale amarilla, amarilla.
—¿Y qué hacen con ella?
—Con esa lavamos los trastes porque no nos queda de otra.
Otra de las recomendaciones de los expertos y que también la expresó el presidente Giammattei es hidratarse con frecuencia. ¿Cómo beber agua de esta calidad?
No pueden. Cada tres o cuatro días la familia de Felipa López compra un garrafón de agua purificada. Gastan Q30 semanales, Q120 al mes. Cuando no compran los garrafones, hierven el agua.
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Como a la casa de Felipa López solo llega de ocho de la noche a cuatro de la mañana del día siguiente (cuando llega), tirar de la cadena del inodoro para que se desagüen los desechos es imposible durante el día. Cada vez que alguien utiliza el sanitario, tienen que usar agua de un tonel que almacenan en el baño.
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El jabón para manos no es un artículo en la lista de compras de Felipa López. El baño no cuenta con lavamanos, se lavan en la pila, con jabón para ropa.
La escasez de agua no es un problema nuevo, pero sí es uno que se agrava y severamente. Antes de que se declarara Estado de Calamidad por el Covid-19, la Municipalidad de Guatemala se enfrentaba a duras críticas y señalamientos por la ineficiencia de una administración que ha permanecido estática para resolver los daños estructurales de una ciudad colapsada.
Adquisiciones de emergencia
A pesar de todo, Felipa López no ha obtenido apoyo alguno de su municipalidad.
Amparadas en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones, distintas entidades han realizado compras para atender la crisis sanitaria por el Covid19. Algunas destacan por su relación con el servicio de prestación de agua desde varias municipalidades.
Por ejemplo, la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala adjudicó Q900,000 a Elvin Andrés Rodríguez López para llevar agua en cisterna.
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El Tejar pretende ampliar el sistema de agua potable en la aldea San Miguel Morazán. Invertirá Q684,000. En la colonia Monterrey planea lo mismo por Q682,500. Se lo encargaron a Ramón Aníbal Hernández Osorio.
Jutiapa le compró a Elsa Johana López Juárez 65 clorinadores para purificar el agua. Costaron Q90,050. Barberena, en Santa Rosa, arrendó camiones para transportar agua potable para las comunidades del municipio por Q349,000 a la empresa Inversiones Río de Plata, S.A.
Nada de esto sucede aún en la aldea de Felipa López. ¿Qué sabe ella del Covid19? No responde de inmediato: duda, piensa un poco y contesta que conoce los síntomas principales y el número al cual debe llamar, y añade: “…que nos encerraron por todo esto que está pasando. No sé por qué hay personas que hicieron esa tontería de comer esos animales”.
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Si Felipa López necesitara acudir al puesto de salud más cercano tendrá que caminar media hora, pero ese puesto no abre todos los días, por lo que tendría que viajar a Ciudad Quetzal o al Hospital Roosevelt. Eso podría lograrlo si consigue un vehículo para llegar. Y si ella o algún miembro de su familia reconoce síntomas de COVID19 en ellos no podrá llamar al 1517 porque ninguno de los cinco teléfonos que hay en la casa tienen saldo. Todo se encuentra en Ciudad Quetzal, la comida, los bancos, las recargas telefónicas, el centro de salud. Y si consigue comprar una recarga, así como el agua, la cobertura también es escasa en su vivienda.
Chillaní ya era una isla dentro de San Pedro Sacatepéquez. Pero las restricciones gubernamentales han bloqueado aún más la aldea. Desde hace tres semanas, Felipa López vive en un territorio en el que apenas se puede salir, no existe presencia eficaz del Estado y donde la incertidumbre se ha convertido en cotidianidad.
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Es sábado, ocho de la noche. Felipa escucha el agua caer por la tubería. Las preguntas se repiten en su mente. ¿Será suficiente? ¿Cuánto se podrá llenar? ¿Qué día llegará otra vez? Si es que llega.
La carencia como norma
La realidad de la Ciudad de Guatemala, con vecinos organizándose para comprar pipas de agua, denunciar escasez constante o cobros sin sentido, no es ajena de otros territorios. Gobiernos han pasado por las primeras planas de los diarios más por sus escándalos de corrupción que por una estrategia a largo plazo para mitigar este conflicto.
Los últimos datos que se registran en todo el país gracias al Censo de Población y Vivienda realizado en 2018 dibujan un país indigno ya que solo el 58.9% de los hogares tiene una red de tubería interna. En San Pedro Sacatepéquez, el municipio donde reside Felipa, no registra una descripción tan distinta. En esa región, el 67.4% de los hogares tiene ese tipo de tubería. Durante la realización del censo, Felipa no era parte de ese porcentaje, pues fue hasta el año pasado que su vivienda ya tiene este servicio.
Elisa Colom, abogada especializada en derecho del agua, recoge siete puntos importantes de lo que debería ser una ley integral de agua que recorra todos los aspectos necesarios para crear un escenario ideal que permita el abastecimiento de líquido en todo el país. Ese escenario que Felipa anhela para ella y su familia, pues dice que las autoridades solo buscan hacer obras para obtener los votos de la gente.
El primer punto de Colom es la correcta distribución para otorgar el derecho fundamental de acceso al agua. Por otro lado, aconseja establecer entidades jurídicas para lograr la efectiva conservación, protección, recuperación y rehabilitación de las fuentes naturales de agua.
La valoración económica se plantea como un gran tema porque replantearía quién puede pagar más y quién menos. Este punto es esencial para Felipa, ¿debe pagar lo mismo por un servicio que no es eficiente? Colom responde que no. “Los exportadores de azúcar o banano, por ejemplo, deberían ser evaluados para saber cuánto deberían aportar para mantener el equilibrio y que la gente pague en proporción al beneficio que recibe”, apunta.
Como un cuarto punto, Colom explica que la administración cotidiana del agua debería estar a cargo de los gobiernos locales o regionales como se hace ahora, pero plantea la creación de una gran entidad que se enfoque en obras de interés público a nivel nacional que se encargue de estrategias a largo plazo. El siguiente punto se enlaza con el anterior, pues la abogada destaca que debe existir una obligación del Estado para gestionar el agua a largo plazo ajustándose a los cambios climáticos.
Como el agua es un recurso natural, es común que haya conflictos sociales para su obtención, como sucedió la última semana con las denuncias de varias colonias de la capital que aseguran que han pasado un mes sin agua. Colom recomienda que se establezcan disposiciones para mediar esos conflictos y que no se judicialicen, como se hace ahora.
Desde una perspectiva técnica, Ricardo de León, investigador de la sección de Gestión Ambiental del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, detalla que una de las estrategias que se practican en varios países es la recarga artificial de acuíferos, “que consiste en aprovechar las aguas residuales tratadas y las crecidas de los ríos para inyectarlo en la tierra por medio de zanjas (en el primer caso) o pozos (en el segundo) para que esa agua llegue al acuífero y pueda ser usada durante la estación seca”, explica. “Se podría también usar el agua pluvial para hacer la recarga artificial, siempre que se construya un drenaje dedicado para el agua de lluvia”, adhiere.
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