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Así fue como Consuelo Porras y Rafael Curruchiche desbarataron la antigua Feci

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Así fue como Consuelo Porras y Rafael Curruchiche desbarataron la antigua Feci

Historia completa Temas clave
  • Desde que Rafael Curruchiche asumió como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en esta oficina ha habido renuncias, traslados, capturas y exilios.
  • Exfiscales entrevistados por Plaza Pública revelan cómo se vivió desde adentro la salida de Juan Francisco Sandoval y cómo empezaron a perder los casos que investigaron por años.
  • Curruchiche reconoce que llegó a la Feci a «reestructurarla».

En el último año de la gestión de Consuelo Porras como Fiscal General y jefa del Ministerio Público poco queda de aquella Feci que abanderó la lucha anticorrupción. De la oficina que durante 15 años investigó los casos más escandalosos de Guatemala, renunciaron fiscales, otros huyeron al exilio, otro grupo fue trasladado y otros tres fueron capturados. La unidad incluso está siendo remodelada físicamente y el fiscal a cargo asegura que realiza una reestructuración.

En el último año de la gestión de Consuelo Porras como Fiscal General y jefa del Ministerio Público poco queda de aquella Feci que abanderó la lucha anticorrupción. De la oficina que durante 15 años investigó los casos más escandalosos de Guatemala, renunciaron fiscales, otros huyeron al exilio, otro grupo fue trasladado y otros tres fueron capturados. La unidad incluso está siendo remodelada físicamente y el fiscal a cargo asegura que realiza una reestructuración.

A las 15:28 horas del 23 de julio de 2021 el Ministerio Público difundió el comunicado de prensa anunciado que la fiscal general Consuelo Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). La noticia acaparó todos los titulares. Horas más tarde el exfiscal dio su última conferencia de prensa en Guatemala. La atención se centró en su rápido exilio y en las posibles ilegalidades que Porras cometió al despedirlo sin seguir el proceso establecido. Era el golpe más fuerte de la Fiscal General Consuelo Porras contra la unidad que trabajó de la mano con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Lejos de la luz pública estaba el equipo de trabajo de Sandoval. Alrededor de 50 personas que integraban la Feci quedaron a merced de las decisiones de Porras. Sentían miedo, inseguridad, inestabilidad. ¿Qué pasaría con ellos, con su trabajo, con sus casos, con las investigaciones que apenas empezaban? Nadie se atrevía a hablar de lo que pasaba adentro. Algunos fiscales, celosos de sus expedientes, se atrincheraron en silencio.

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Desde la expulsión de Sandoval, siete fiscales renunciaron y uno de ellos se fue al exilio; otros siete fueron trasladados a otras áreas del Ministerio Público; otros tres fueron capturados y pasaron más de tres semanas en la cárcel y uno más salió de Guatemala, también exiliado, porque la misma Feci pidió una orden de captura en su contra. También llegaron 11 personas nuevas, entre ellas Pedro Otto Hernández González, quien es identificado como un hombre cercano a la fiscal Consuelo Porras y se reincorporó Cinthia Monterroso, fiscal que fue denunciada en tres ocasiones, dos de ellas por Juan Francisco Sandoval por supuestamente pedir información de personas que no eran parte de las investigaciones, y una más por la jueza Erika Aifán.

La distancia entre Juan Francisco Sandoval y Rafael Curruchiche, el nuevo jefe de la Feci, va más allá de su método de trabajo. Hay un antes y un después. Personal a lo interno relata cómo empezaron a perder los casos que investigaron por años para entregarlos a abogados sin experiencia y con cuestionamientos sobre su imparcialidad.

Incluso hay cambios en las instalaciones que se leen como una señal de que ya no queda nada de la Feci que trabajó de la mano con la Cicig. La oficina principal de esta fiscalía está siendo remodelada, se eliminó el área donde trabajaba Sandoval para levantar paredes que dividen el espacio en pequeñas oficinas grises y azules.

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Desde que Sandoval fue destituido, el Ministerio Publicó perdió la confianza del gobierno de los Estados Unidos, que pausó la entrega de fondos a la institución, e incluyó a Porras y su Secretario General, Ángel Pineda, en la Lista Engel de actores democráticos «que obstruyen la lucha contra la corrupción».

Este reportaje describe en cuatro capítulos lo que ocurre en la Feci bajo el mando de la Fiscal Consuelo Porras, quien busca su reelección en el cargo, y cómo lo ha efectuado el fiscal Rafael Curruchiche.

Capítulo 1: Últimos días de la antigua Feci

Un día después de que Juan Francisco Sandoval fuera despedido, el 24 de julio de 2021, a la Feci llegó la nueva jefa: Carla Valenzuela, una fiscal de carrera que traía como antecedente una buena relación con la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, el país que fue el mayor financista de la Cicig. Su llegada generó expectativa entre las y los investigadores.  

«La salida de Juan Francisco Sandoval fue un shock para toda la fiscalía, sabíamos que el único fin era tomar el control y destruir todo lo que se había logrado. Cuando nombraron a Carla Valenzuela teníamos nuestras dudas, pero al final ella nos mostró su apoyo», relata un exfiscal que habló con Plaza Pública desde el anonimato por temor a represalias.

Once días después de ser nombrada, el 3 de agosto de 2021, Valenzuela fue removida del cargo por Consuelo Porras cuando se negó a entregarle a Cinthia Monterroso algunos de los casos más delicados dentro de la Feci, la fiscal fue denunciada en dos ocasiones por Juan Francisco Sandoval, .

En su lugar Porras nombró al fiscal Rafael Curruchiche, quien dirigió la Fiscalía de Delitos Electorales desde que su antiguo jefe, el fiscal Óscar Schaad, abandonó el país por amenazas de muerte.

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La llegada de Curruchiche levantó aún más la preocupación entre el grupo de  investigadores por dos antecedentes: el primero, en 2019 fue denunciado en dos ocasiones por la jueza Erika Aifán, quien lo señaló de negligencia en el caso por financiamiento electoral no registrado del partido político FCN-Nación, específicamente en la campaña del expresidente Jimmy Morales. En esa oportunidad Curruchiche pidió un criterio de oportunidad (una salida rápida) para los empresarios Rodrigo Arenas y Andrés Botrán, mientras que la Cicig buscaba que enfrentaran juicio.

Fue en este caso que Curruchiche fue cuestionado por no pedir orden de captura contra el expresidente Jimmy Morales cuando dejó el cargo, pese a que en su unidad había dos investigaciones que involucraban al exmandatario. En ese momento el fiscal dijo que «era humanamente imposible solicitar la aprehensión».

Y el segundo, en marzo de 2021 cuando Curruchiche pidió que fueran ligados a proceso Juan Francisco Solórzano Foppa, ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Aníbal Argüello, exanalista de la Cicig. A ambos los señaló de tres delitos y el juez Israel Zelada desestimó dos de ellos.

Días después de haber asumido como jefe de la Feci, en el programa de radio ConCriterio, Curruchiche anunció sus planes: «necesitaba reestructurar» la oficina. Esa reorganización significó quitarle los expedientes a los fiscales que trabajaron con Juan Francisco Sandoval.

«En menos de un mes hubo tres jefes de sección y con la llegada de Curruchiche comenzamos a darnos cuenta de que lo que se pretendía era acceder a la información de los casos que llevábamos. Hubo presiones, nos pidieron entregar casos y nos dimos cuenta que lo que hicieron fue no continuar con las investigaciones, dejarlas de lado», explica un exfiscal que habló con la condición de no revelar su nombre por temor a ser capturado.

Entre los expedientes más codiciados estaban: Comisiones Paralelas 2020, el que involucra a decenas de operadores políticos, magistrados y diputados, y a Gustavo Alejos, en una red que manipuló el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones; el caso Odebretch y Construcción y Corrupción, que reveló la existencia de una red de sobornos de empresarios al Ministerio de Comunicaciones, entonces dirigido por Alejandro Sinibaldi.

Capítulo 2: La transformación a manos de Curruchiche

La Feci nació con el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), firmado en diciembre de 2006 por el Secretario General de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala y durante 12 años funcionó como una unidad dentro del MP que trabajaba en conjunto con el ente internacional. En 2019, la fiscal Consuelo Porras la convirtió en una fiscalía de sección, lo que aseguró que continuará funcionando aunque la Cicig terminara su mandato en el país. Uno de los principales cambios fue que a partir de ese acuerdo, sería Consuelo Porras quien decidiría qué casos llegarían hasta esta unidad.

El trabajo de esta Fiscalía está dividido en diez secciones llamadas Agencias Fiscales y una más encargada de los casos de extinción de dominio. Allí laboran más de 50 personas.

Con su llegada, como piezas de ajedrez, Curruchiche inició una serie de traslados de personal dentro de la misma Feci, hasta dejar agencias totalmente desarticuladas.

La primera fue la Agencia 8, entonces dirigida por el fiscal Carlos Vídez Navas, a quien la Fiscal Consuelo le ofreció un ascenso a jefe de la Fiscalía de Ejecución. El Ministerio Público le entregó a Cinthia Monterroso, la fiscal denunciada en dos ocasiones por Juan Francisco Sandoval, los casos de Vídez.

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En ese paquete de investigaciones estaba Construcción y Corrupción Fase 1 y 2, y el hallazgo de Q122 millones en efectivo en un inmueble de Antigua Guatemala, que estarían vinculados a José Luis Benito, ex ministro de Comunicaciones. De ese mismo caso se desprende la declaración de una persona identificada como “Testigo A”, quien en su testimonio vincula al presidente Alejandro Giammattei en la supuesta negociación de Q20 millones para su campaña electoral de 2019.

Pero no solo eso. En esta oficina también estaba el testimonio de un guardaespaldas que declaró haber visto a un grupo de ciudadanos rusos cuando, supuestamente, entregó en la casa de Giammattei una alfombra envuelta como un regalo y que habría tenido dinero adentro.

Además, en esta unidad también estaba el caso Comisiones Paralelas 2020, sobre la manipulación en el proceso para elección de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Meses después de haber sido trasladado de la Feci, el entonces fiscal Carlos Vídez, dijo en un comunicado que las autoridades del Ministerio Público «lejos de apoyar al equipo de trabajo, utilizaron la complejidad de la investigación como un arma en contra de los fiscales». Vídez renunció el 20 de febrero y salió de Guatemala rumbo al exilio.

Otro investigador que habló con Plaza Pública bajo el anonimato porque teme por su integridad física, dijo que más allá de continuar investigando, con los cambios «lo que se pretendía era extraer la información».

«Teníamos preparado continuar persiguiendo a más sindicados, pero todo eso quedó de lado. Nos quitaron los casos, no para darnos apoyo legal o su punto de vista, sino que creemos que era para informarle a la Fiscal General sobre a quién se estaba investigando», relató.

En entrevistas realizadas por Plaza Pública se confirma que en la Feci no solo estaban los casos que salieron a la luz durante la era MP-Cicig. También había al menos ocho investigaciones nuevas por posibles grandes hechos de corrupción en la administración del expresidente Jimmy Morales y el presidente Alejandro Giamamttei. Las y los fiscales que renunciaron entregaron sus expedientes sin saber cuál será el destino que tendrá la información que recabaron por meses e incluso años.

«Como exfiscal me preocupa que se destruyan los casos que investigamos en tantos años. El temor es que no sabemos en las manos de quién están los expedientes. Creemos que lo que van a hacer es que los casos lleguen a juicio con la menor investigación posible, para justificar absoluciones en sentencia», relató.

El caso La Línea es uno de los que despierta esa preocupación. Un fiscal de la Feci renunció mientras el juicio se está desarrollando en el Tribunal de Mayor Riesgo B, a cargo de la jueza Jeannette Valdés.

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Plaza Pública preguntó a Curruchiche por qué no ha sacado a la luz pública casos nuevos de corrupción. En una entrevista dijo que no hay investigaciones nuevas en camino, que desde que él llegó al puesto ha recibido alrededor de siete denuncias más sin especificar de qué tratan.

La salida de fiscales de la Feci tienen un impacto directo en los casos. Un investigador relató que con Juan Francisco Sandoval, cuando había una plaza vacante él promovía al personal. Sin embargo, con Curruchiche la tendencia ha sido contratar a personal externo que no tiene experiencia manejando casos complejos de corrupción. En total, en esta nueva gestión han llegado 11 personas a esta oficina.

«La persona nueva no va a conocer detalles del expediente, cosas fundamentales para demostrar que se cometió un delito», explicó un extrabajador de esta unidad. «Puede llegar un fiscal con toda la buena intención», enfatiza, «pero no hará un buen trabajo, especialmente si no hubo una transición».

Y eso ha pasado con esta Fiscalía. Los cambios se han hecho de forma abrupta, sin que haya tiempo para el traspaso de conocimientos.

Capítulo 3: La persecución

Con la llegada de Curruchiche y el temor que se vivía dentro de la Feci, fiscales y auxiliares empezaron a renunciar. Según información del Departamento de Comunicación del Ministerio Público, hasta febrero siete investigadores dejaron la institución, otro grupo fue capturado.

El 10 de febrero fue capturada Leily Santizo, ex mandataria de la Cicig; unos días después fue detenida Eva Siomara Sosa, ex fiscal de la Feci, sindicadas en el mismo caso. Ambas pasaron más de tres semanas en la cárcel por un caso que inició la Feci de Curruchiche. A las audiencias llegaba Ricardo Méndez Ruíz, presidente de la organización de ultra derecha Fundación contra el Terrorismo, acompañado de Otto Pedro Hernández, fiscal de la Feci identificado como una persona cercana a Consuelo Porras.

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El 16 de febrero de 2022 fueron detenidas Paola Mishelle Escobar, Willy Roberto Racanac López, entonces trabajadores de la Feci, y Aliss Morán Mejía, ex auxiliar fiscal. En el mismo caso el MP pidió la captura de Rudy Herrera, también ex integrante de esta fiscalía. Según un comunicado de prensa, los tres habrían presionado a un abogado para que declarara en el caso Comisiones Paralelas 2020. Casi un mes después, el juez a cargo declaró falta de mérito porque «no había suficientes evidencias».

Este fue el inicio de la persecución contra quienes investigaron los casos de corrupción de la era Feci-Cicig.

«Sentíamos miedo de que nos pudieran perjudicar. Sentíamos temor a que se buscara cualquier oportunidad para perseguirnos», dijo un fiscal que renunció.

La Fundación contra el Terrorismo empezó a llegar más a la Feci. Según fuentes consultadas, los personeros de esta organización han sido vistos en esta sede del MP en más de una ocasión desde que Curruchiche asumió el cargo. El fiscal por su parte asegura que solo los ha recibido una vez, y que fue para ponerse «de acuerdo» en el caso contra Leily Santizo y Eva Siomara Sosa.

Ver a sus colegas capturados aumentaba la incertidumbre en el personal que trabajó junto a Juan Francisco Sandoval.

«Los últimos días en Feci, y lo digo con el sentir de todos los que trabajamos allí, ya nadie quería presentar casos, todos estaban temerosos, personas que ya tenían años o meses de trabajar en una investigación y tal vez ya tenían posibilidades de operativizar los casos, ya no podían hacerlo. Todos decían cómo vamos a presentar esto si no sabemos si nos lo van a autorizar, y segundo, cómo saber qué casos sacar y qué casos no, porque primero no sabemos si son amigos de la Fiscal, o si podría resultar en un caso en contra de uno», contó un ex investigador.

Esta fiscalía se convirtió en un lugar donde quienes descubrieron estructuras criminales dentro del Estado pasaron de trabajar en un ambiente seguro y confidencial a un espacio donde sentían miedo, abandono e incertidumbre.

Primero, el gobierno de Jimmy Morales logró sacar del país a la Cicig, pero quedó la Feci y Juan Francisco Sandoval. Luego sacaron a Sandoval y se quedaron solos.

«Yo pensaba, bueno, todavía tenemos el apoyo de la comunidad internacional y de la población, nunca pensé estar en esta situación. Pero ahora ya no hay nada, no hay manifestaciones, ya nadie sale a la calle», relató un entrevistado.

Capítulo 4: El futuro con el fiscal Curruchiche

Rafael Curruchiche asegura que tiene 19 años trabajando en el Ministerio Público y que ha pasado por las Fiscalías de Crimen Organizado y de Delitos Electorales. Fue en esta última en que su trabajo como fiscal empezó a ser cuestionado. En una columna de opinión la antropóloga Irma Alicia Velásquez Nimatuj incluso lo llamó «esclavo de la nobleza», al referirse a la élite empresarial que se habría beneficiado por su forma de trabajo.

Pese a eso, dentro de la Feci a Curruchiche se le reconoce ser alguien respetuoso, que no le pedía a los fiscales hacer algo ilegal. Tampoco era visto como un jefe que contribuyera en las investigaciones con conocimiento técnico.

«No es una persona que resuelva dudas, no es alguien que uno pueda ver como un líder, uno veía que en los últimos meses pasaba más tiempo en las agencias donde están los casos Odebrecht y Construcción y Corrupción», relató un exfiscal.

Además es cuestionado por supuestamente no tener habilidades técnicas para comprender las grandes estructuras criminales que la Feci investigó junto al equipo de más de 60 personas de la Cicig.

En una entrevista con Plaza Pública, Curruchiche explicó que su objetivo es «llevar a la Feci al plano de la legalidad y recuperar su credibilidad». También reconoce que está revisando todos los casos y que está recibiendo a personas que le llevan quejas sobre las acciones que tomó esta oficina bajo el mando de Juan Francisco Sandoval.

Los fiscales entrevistados para este reportaje no ven posible que en Guatemala se revelen nuevos casos de corrupción de alto nivel.

La antigua Feci ya no existe, sus instalaciones están siendo remodeladas y el equipo está siendo sustituído. Los expedientes con los detalles de las estructuras que en los últimos años saquearon las instituciones públicas están en total poder de la Fiscal Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y de Rafael Curruchiche, denunciado por una jueza que salió al exilio luego de denunciar presiones para apartarse de los casos contra los tres organismos del Estado.

«Ya tomaron el control», dijo un fiscal que al renunciar huyó de Guatemala.


 

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