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La jueza del caso La Línea, Irma Jeannette Valdés, antes de empezar la audiencia del miércoles 16 de febrero

Juicio La Línea, entre pruebas que van más allá de escuchas telefónicas y fiscales que huyen de la Feci

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Juicio La Línea, entre pruebas que van más allá de escuchas telefónicas y fiscales que huyen de la Feci

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En el Tribunal de Mayor Riesgo B se está desarrollando el juicio del caso La Línea, el cual llega a esta etapa con Rafael Curruchiche como jefe de la Feci y con renuncia de fiscales y salidas al exilio.

En el Tribunal de Mayor Riesgo B se está desarrollando el juicio del caso La Línea, el cual llega a esta etapa con Rafael Curruchiche como jefe de la Feci y con renuncia de fiscales y salidas al exilio.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) se está quedando sin fiscales. El lunes 21 de febrero cuatro investigadores presentaron su renuncia al Ministerio Público, entre ellos un fiscal del caso La Línea.

Esto ocurre en un contexto de capturas de colegas y excompañeros de fiscalía, entre ellos Eva Siomara Sosa, Willy Roberto Racanac López, Paola Mishelle Escobar Quiñónez y Aliss Noemí Morán Mejía, quienes están en prisión provisional a la espera de su audiencia de primera declaración. El martes 23 de febrero fue detenida Lilian Virginia Laparra Rivas, quien fue jefe de la sede de la Feci de Quetzaltenango.

Las acciones contra las y los investigadores también en medio del juicio contra 30 personas señaladas de integrar la red de defraudación aduanera La Línea, que inició el pasado 17 de enero en el Tribunal de Mayor Riesgo B, con la jueza Jeannette Valdés como presidenta.

Una fiscal y un agente fiscal tienen a su cargo presentar una compleja investigación que incluye alrededor de 3,000 escuchas telefónicas, 1,516 Declaraciones Únicas Aduaneras (DUAS), que según la investigación fueron alteradas por la red, y otros 322 medios de prueba. En la parte acusatoria hay además un abogado de la SAT y uno más de la Procuraduría General de la Nación.

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Con un fiscal menos y con la crisis a lo interno de la Feci la capacidad del Ministerio Público de sostener el caso se debilita.

«La justicia de Guatemala fue luz para América Latina y hoy vive una situación que puede reperctutir en el desempeño de los fiscales en las audiencias, y puede afectar el ánimo de los peritos y testigos que intervienen en el proceso e influir en los jueces. Esperaría que no afecte el resultado del proceso, pero últimamente solo hemos tenido noticias que favorecen la impunidad», dijo Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la Feci, que está exiliado en Estados Unidos debido a que el Ministerio Público de Consuelo Porras pidió dos órdenes de captura en su contra.

Aníbal Argüello, un abogado y exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), es uno de los peritos principales que tendría que declarar en el juicio La Línea. En mayo de 2021 fue capturado por una investigación a cargo de Rafael Curruchiche, que lo señaló de supuestamente integrar una estructura criminal que pretendía formar un partido político. El caso se cayó en los Tribunales, donde el juez Israel Celada consideró que no se cometió ese ilícito.

El analista dijo que su detención pretendía minar su participación en el juicio La Línea.

Seis años y diez meses han pasado desde que se reveló el caso La Línea, una investigación por corrupción que llevó al expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti a la cárcel.

Desde ese tiempo el poder político y judicial en Guatemala ha cambiado. Ya no existe la Cicig, el Ministerio Público es dirigido por la fiscal Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por obstruir investigaciones de corrupción, y la Feci es dirigida por Rafael Curruchiche, denunciado por la jueza Erika Aifán por beneficiar a empresarios señalados de financiamiento electoral anómalo.

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Lo que no ha cambiado son las pruebas en contra del ex binomio presidencial.

Este reportaje detalla cuáles son las evidencias contra Pérez Molina y Baldetti que serán discutidas en el juicio y cómo, sin interceptar sus comunicaciones telefónicas, la Feci y Cicig de 2014, descubrieron que ambos habrían estado en lo más alto del poder de las aduanas.

Las pruebas

No se sabe cuándo y cómo se originó La Línea. La investigación descubrió su existencia a partir del 8 de mayo de 2014 y la desmanteló 11 meses después, el 16 de abril de 2015. Esta red habría operado en las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla.

Este caso plantea que en estas oficinas fronterizas existían personas particulares que negociaban con importadores de mercadería el permiso para ingresar sus contenedores al país sin pasar por los controles normales y evadir impuestos, a cambio del pago de una cuota ilegal llamada «cola». Los precios estaban establecidos en un tarifario hecho por la red.

La teoría es que La Línea estaba integrada por al menos 47 personas divididas en dos grupos: uno por trabajadores y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y otro por personas particulares. Ambas ramas estaban dirigidas por Juan Carlos Monzón Rojas, quien en ese momento era Secretario Privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. De acuerdo con la Feci, quien llevaba el control de los ingresos de los sobornos y se encargaba de hacer las cuentas para dividir el dinero era Estuardo Salvador González, allegado de Pérez Molina.

¿Por qué el interés por la aduanas? Según la investigación, tener el control de estas instituciones le permitía dos beneficios al gobierno:

  1. Políticamente, el tema era utilizado para mostrar a la población un compromiso con subir la recaudación.
  2. Recibir un porcentaje de lo cobrado en sobornos por ingreso anómalo de mercaderías.

«Si subía la recaudación en las aduanas, la ganancia ilícita de los miembros de La Línea también», dice uno de los peritajes que serán presentados como prueba durante el juicio.

«Hablan del 1, del dueño de la finca, pero nunca dicen mi nombre», «solo hay una escucha telefónica donde se escucha mi voz», dijo Pérez Molina al Tribunal para desvirtuar las pruebas en su contra.

Sin embargo, aunque solo hay una intervención telefónica donde él habla, la investigación de la antigua Feci y Cicig, recreó sin intervenir sus comunicaciones, cómo operaba la Línea y qué papel jugaron él y la ex vicepresidenta Baldetti.  

Entre los elementos que arrojan detalles de su participación hay escuchas telefónicas a otros integrantes de la red, documentos encontrados en allanamientos, la declaración de Estuardo Salvador González, alias Eco, e información extraída de dispositivos electrónicos incautados en los operativos.

En la investigación la Feci descubrió que la organización respondía a líderes superiores a quienes se referían como «el 1 y la 2» y «los dueños de la finca».

Un peritaje realizado en 2015 Cicig y que será presentado en el juicio detalla cómo se relacionan estos sobrenombres al ex binomio presidencial.

Un ejemplo lo dio Salvador González, quien se convirtió en colaborador eficaz del Ministerio Público y declaró que para llevar el control de la recaudación aduanera y del pago de las «colas» existía un tipo de reporte que era presentado directamente a Otto Pérez Molina.

«Yo lo que hice fue que comencé a llevar el control y lejos de poner Presidente y Vicepresidente en mi computador hice un control que dijera 1 y 2, 1 refiriéndome al señor Presidente y 2 refiriéndome a Vicepresidente», dijo González.

Este es uno de los indicios de la superioridad jerárquica de Pérez Molina. Tener su aval implicaba «una garantía de impunidad y libertad de acción ilegal» para los miembros de la organización, dice el peritaje.

Otro ejemplo de ese liderazgo ilícito lo dio Osama Azziz Aranki, un ciudadano de Jordania, quien según la investigación era el jefe operativo del grupo externo de La Línea y aunque en papel no era funcionario público ni asesor de la SAT, hay escuchas telefónicas donde se le oye presionando por subir la recaudación en las aduanas.

En una declaración de Salvador González, quien luego de su captura se convirtió en colaborador eficaz del caso y declaró contra Pérez Molina y Baldetti, se conoció que en agosto de 2014 la estructura empezó a sospechar que Aranki no reportaba lo que le correspondía, por lo que empezaron planes para sustituirlo. La decisión de cambiarlo la tomaron Juan Carlos Monzón y González.

En el caso se descubrió que cuando Aranki se enteró de que había una estrategia para quitarlo de su puesto quiso «vengarse» y amenazó con ir a hablar a «la Presidencia» y dejar en mal al resto de operarios de la red.

Más adelante, Salvador González dijo a los fiscales que estuvo en una reunión con Pérez Molina, Aranki y otras personas. Allí el ciudadano jordano le dijo a Pérez Molina sobre sus planes de subir la recaudación. El expresidente niega que se haya reunido con Aranki.

«Entonces el presidente sostuvo reuniones en las que trató temas respecto a la operación de las aduanas con personas que no eran funcionarios de SAT ni tenían ningún contacto o asesoría o algún equivalente», señala un peritaje elaborado por la Cicig.

También hay una escucha telefónica del 11 de marzo de 2015 hecha al número de Salvador González, donde una mujer sin identificar le dice si de “Protocolo de la Presidencia” lo van a traer para “llevarlo con él”.

El 27 de marzo de 2015 el MP interceptó una llamada de Salvador González con Roxana Baldetti. El número de teléfono estaba guardado en el celular de González como «#2» y tenía asignado el correo electrónico irbe03@gmail.com, que coincide con las iniciales de la ex vicepresidenta.

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Los archivos encontrados en la computadora de Eco los delatan todavía más. Allí los fiscales detectaron documentos de Excel con acrónimos que hacían referencia a los miembros de la estructura y donde estaba asignado el porcentaje de ganancias para cada uno, así como el valor en quetzales.

Durante el juicio, Pérez Molina cuestionó estas referencias hacia él y las minimizó. El 2 de febrero habló confiado frente al Tribunal. Con la voz alzada dijo que «de 100,000 escuchas telefónicas el Ministerio Público tiene una sola donde se escucha su voz», que en «5,000 correos electrónicos nunca aparece su nombre» y que el caso La Línea fue construído para impulsar la carrera política de la ex Fiscal General Thelma Aldana y para renovar el mandato de la Cicig.

También cuestionó que el Ministerio Público no presentó un caso basado en las «colas», sino en la defraudación aduanera, es decir, no hay un estimado de cuánto se pagó en sobornos.

Los otros sindicados

Según declaraciones de Estuardo Salvador González, el expresidente Otto Pérez Molina se reunión al menos en cinco oportunidades con diferentes miembros de la estructura: con Carlos Muñóz, como encargado de aduanas; con Claudia Méndez, para hablar sobre una intervención militar y recaudación de impuestos, y otra con Osama Aranki.

Otros de los personajes clave para entender la influencia del binomio presidencial es Francisco Javier Ortíz Arriaga, quien también fungía como jefe externo de la organización, y Claudia Méndez, ex Intendente de Aduanas.

Méndez fue nombrada por Roxana Baldetti, que como vicepresidenta fungía como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Combate al Contrabando (Conacon).

Salvador González declaró que Javier Ortíz fue presentado como una persona con «experiencia suficiente» para ser gestor de La Línea y lograr un aumento en la redaudación y en la colecta de sobornos. Ortíz fue señalado de ser miembro de la red de defraudación aduanera Moreno, que operó en la década de 1970.

Según la investigación, Claudia Méndez alertó a los integrantes de La Línea que la Cicig estaba investigando y otros miembros de la organización dijeron en llamadas telefónicas que «el Presidente» envíaba a Ortíz para calmar la situación. Esta persona fue designada como Jefe Operativo de la Estructura Externa de la red.

Existen interceptaciones telefónicas en la que Ortíz utiliza los apelativos números «el número uno y la número dos».

Se estima que el juicio durará entre cuatro y seis meses y que se presentarán alrededor de 3 mil escuchas telefónicas. Esto ocurre mientras los antiguos fiscales de la Feci renuncian o huyen al exilio previendo una persecución por haber investigado grandes casos de corrupción.

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