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Andreas Lehnhoff, exministro de Ambiente y actual director regional de la Fundación Mundial para la Vida Salvaje (WWF)

Andreas Lehnhoff: «Estamos viviendo en una época en que el Cambio Climático y la escasez del agua definen nuestro futuro»

"...de la superficie irrigada en este país, el 86% es riego empresarial. ... del volumen total de agua de riego, el 70% se va en tres cultivos de exportación".
"La misma municipalidad con su Fideicomiso del Agua le compra a individuos que lo bombean bajo el esquema de agua en bloque".
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Andreas Lehnhoff: «Estamos viviendo en una época en que el Cambio Climático y la escasez del agua definen nuestro futuro»

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Históricamente el modelo económico en Guatemala ha manejado al sistema político, dice el ex ministro de Ambiente Andreas Lehnhoff. Su rango de influencia ha sido amplio. Ha bloqueado el acceso de poblaciones vulnerables a los recursos naturales, específicamente, el agua, con una lógica comercial. Pese a la vieja tradición donde el dinero manda, el ambientalista ve con optimismo el futuro próximo de país por la buena disposición de las personas y el sector social, de cara al Cambio Climático.

Redes-lateral

Andreas Lehnhoff es director regional de la Fundación Mundial para la Vida Salvaje (WWF, por sus siglas en inglés) fue ministro de Ambiente durante los cuatro meses del Gobierno de Alejandro Maldonado, en 2016. Estuvo al frente del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), cuando se creó.

¿Cuál es la relación entre el modelo económico y político y cómo afecta en la desigualdad del acceso al agua?

El sistema económico en Guatemala beneficia a los que tienen dinero. El sistema económico vigente ha dominado al sistema político para asegurar que trabaje para los intereses económicos. Esto se refleja en el acceso a los recursos naturales. El Estado no está al servicio de la población en general, sino al de intereses especiales, muchos de ellos, económicos importantes. Se refleja en el Ejecutivo, en las municipalidades, etc. ¿Cómo se refleja esta desigualdad en el acceso al agua? Guatemala tiene suficiente para todos. Sin embargo, lo que se utiliza será una cuarta parte de la disponibilidad total. Esta varía durante el año, geográficamente también. Esas inequidades requieren que el Estado invierta en el manejo, en la captación, en la distribución del agua para garantizar para que todos tengan suficiente.

De hecho, cuando uno mira las cifras, para uso domiciliar es un porcentaje pequeño, ronda el 5 % del agua utilizada. Mientras que los grandes usos son industriales y agropecuarios. El agro siempre ha sido uno de los grandes usuarios del agua. El Estado no ha cumplido su función de asegurar que la población tenga suficiente agua, tampoco se han hecho las obras de infraestructura. No se está tomando el manejo muy en serio. Las inversiones públicas se enfocan en la extracción del agua sin considerar los flujos ecológicos, que son los que la naturaleza necesita para mantenerse sana y productiva; y no tanto en el manejo. Mucho menos en la conservación de las fuentes de agua, particularmente frente al Cambio Climático.

¿Cuál y cómo es la demanda actual?

El uso del agua en el país crece más rápido que la población. La demanda aumenta, pese a una deforestación creciente que reduce los flujos, pese al Cambio Climático, que cambia los patrones de precipitación y la forma en que llueve. El país es tremendamente inequitativo en términos del uso del agua, y creo que una de las áreas donde eso se hace evidente es en el riego. El Diagnóstico Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura, del 2012, refiere que el acceso al agua para regar incrementa la productividad y la rentabilidad de los cultivos, particularmente para los pequeños productores de hortalizas. Con el riego pueden incrementar sus ingresos de 200% a 300%. El Estado no ha invertido en esto.

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La situación con el riego es que solo los que tienen dinero invierten. El resultado neto es que, de la superficie irrigada en este país, el 86% es riego empresarial. Eso también refleja que, del volumen total de agua de riego, el 70% se va en tres cultivos de exportación. La caña de azúcar que se lleva el 40%, el banano y la palma africana (el 30%). El otro 30% se va en todos los demás usos. Eso explica las inversiones tan grandes privadas y los intereses tan grandes que hay de mantener el statu quo. Para mi esos son indicadores muy fuertes de la inequidad. Donde al Estado le corresponde, en primer lugar, promover el manejo integral del agua de cuencas, el uso y la disposición.

Otro ámbito en que se ve la inequidad es en el acceso domiciliar al agua potable en las ciudades. En las áreas que tienen más dinero e influencia el agua casi no se va. Se va en las áreas populares, en las colonias marginales. Donde a veces la gente tiene una o dos horas de acceso al agua al día. Lo terrible del asunto es que los más pobres pagan muy caro por ello. Si no tienen el agua, una de las opciones es comprar un garrafón de agua embotellada. Cuando se hace el cálculo, un garrafón cuesta como dos dólares. Si eso lo llevamos aun metro cúbico, que es básicamente una paja de agua, esos son cien dólares. Bastante más caro que comprar un barril de petróleo, que ahora cuesta 72 dólares. Entonces, no solo no tienen agua, sino que la tienen que pagar mucho más cara. La otra forma es que se provean por pipas y luego hay otros costos escondidos. La incidencia de las enfermedades gastrointestinales es tremenda. Hay un estudio que se hizo en el 2006, en Segeplan, que estimó que el costo para el Estado en enfermedades gastrointestinales es de 800,000   quetzales anuales. Eso sin el costo social, el familiar, el humano. Es una cosa tremenda. Esto en las áreas rurales implica hervir el agua, lo que significa ir a cortar leña. La carga está en las espaldas de las mujeres.

Un tercer  ámbito de inequidad es en las represas y la generación eléctrica. Los grandes caudales de agua que se utilizan para generar energía y hay como 45 hidroeléctricas en el país. La energía se transmite a las áreas urbanas. Eso es una inequidad rural-urbana. Nuevamente la falla del Estado. Como las empresas que la generan no pueden distribuirla, al Estado le corresponde la electrificación rural para compensar. Como eso no está ocurriendo está generando mucha conflictividad. Otro tema es las fuentes de agua de las hidroeléctricas en las áreas rurales, frecuentemente se administra el flujo de acuerdo a su conveniencia. Acumulan el agua y luego la sueltan en las horas pico, pero esa no es la hora que los agricultores necesitan el agua, cuenca abajo. El Estado falla en regular estos flujos  , no solo ecológicos, sino sociales para los productores locales.

¿El Estado falla o está diseñado para fallar? ¿Por qué falla?

No creo que el Estado esté diseñado para fallar. Me parece que es principalmente asunto de voluntad política y de una necesaria ley de cabildeo que permitiría regular y transparentar el “lobby” y evitar el tráfico de influencias.

De cara al Cambio Climático y según las proyecciones del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el borde de Centroamérica tiene la tendencia de ir secándose. Habrá menos agua. Con mayor razón, debemos administrar y proteger las fuentes y establecer un sistema de reservas de agua. No significa solo acumulación sino mantener los volúmenes de agua de los sistemas naturales. Para eso se necesita saber cuánta agua hay, de dónde viene y cómo manejarla bien. A partir de esto, se pueden tomar decisiones socialmente aceptables. Primero para la gente, luego para la economía.

¿Existe un mapeo?

Tenemos una propuesta. La hemos trabajado con instituciones del Estado como el Conap, el Inab –Instituto Nacional de Bosques- y con el Ministerio de Ambiente. La WWF ha trabajado en esto en los últimos cinco años. Ha sido recibido con relativamente buenos ojos, pero de ahí a que se ponga en práctica todavía falta mucho. Probablemente en el marco de la nueva legislación del agua. Independientemente de si existe una ley, es una medida que hay que tomar. Estamos viviendo en una época en que dos factores definen nuestro futuro. El cambio climático y la escasez del agua. Exacerba la escasez. La escasez se da por el mayor consumo y también por la contaminación. Gran cantidad de los cuerpos están contaminados.

Y cada vez perforamos más para conseguir agua.

Eso se da en parte por la disminución de los caudales, y en parte por la contaminación, el uso de las áreas superficiales que antes estaba disponible ya no es ideal. En los sesenta en la ciudad de Guatemala, los pozos mecánicos estaban a 400 pies de profundidad. El último pozo que se hizo hace unos diez años, estaba a unos 2000 pies de profundidad. O sea, el nivel freático va bajando tremendamente. Son aguas que no están recargando. Se sabe, se ve. La municipalidad lo ha visto desde hace años, pero no toma medidas. Ni de recarga hídrica ni regulatorias. Por la falta de legislación de agua también. Cada edificio que se construye tiene su propio pozo. Nuevamente, los que tienen los medios económicos tienen el acceso del agua. Estos edificios hacen sus pozos, no pagan un canon sobre el agua. Es como meter una pajilla más al vaso para tomarlo más rápidamente. La política está haciéndose de la vista gorda. A nivel municipal y a nivel del Estado. Regreso a que el Estado está capturado por intereses especiales. No les interesa a las administraciones. La misma municipalidad con su Fideicomiso del Agua le compra a individuos que lo bombean bajo el esquema de agua en bloque . En vez de hacer inversión pública, les compran a los privados el agua. El Estado no está velando por los más vulnerables, por los más desprotegidos. Tiene una lógica más comercial. A pesar de que la Constitución define que el agua es un recurso público se trata como un bien de acceso libre y sin costo.

La desigualdad también se refleja a los espacios marginales y en zonas de riesgo.

Muchas de las poblaciones marginales y más vulnerables viven en áreas de mayor riesgo. Eso significa, en la ciudad de Guatemala, en los barrancos, donde están sujetos a deslizamientos, como El Cambray. O vive en áreas sujetas a inundaciones o deforestadas. Muchas veces se instalan ahí, es un fenómeno general conforme crece la población y conforme menos oportunidades hay para ellos. El Estado no ha previsto la migración hacia las ciudades, no hay suficientes fuentes de trabajo. Brotan las áreas espontáneamente.

No hay una planeación de casi nada.

Ahí no hay un ordenamiento territorial. Hay dos instancias de ordenamiento. Uno es el Conap, el instrumento más efectivo, y el otro los planes de ordenamiento que surgen en los municipios y empiezan a funcionar.

¿La escasez del agua podría disparar conflictos?

Absolutamente. En otros países como los de Oriente Medio, la escasez alrededor del agua ha sido el disparador de conflictos. Cuando se logra manejar, se evitan. Está el caso del Río Indo entre India y Paquistán, donde existe una Comisión del Manejo del Riego que se comparten entre ambos países. Esta comisión ha continuado trabajando aun durante épocas de guerra porque es demasiado importante para ser interrumpida. Eso significa gobernanza seria. No aspiro a esto para Guatemala, pero por lo menos necesitamos manejar la escasez.

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Las comisiones de cuenca del río Tennessee en EEUU se han vuelto un mecanismo para resolver los problemas locales del agua. La administración del agua no puede ser centralizada en un burócrata, sino que debe ser descentralizado con comisiones locales. Centralmente se ponen las reglas generales, los principios.

En Cochabamba, Bolivia, la escasez y la comercialización del agua por parte de transnacionales generó conflictos y fue denominada como "la guerra del agua". ¿Estamos cercanos a este panorama en Guatemala?

Yo esperaría que no, pero la velocidad a la que van avanzando los efectos del Cambio Climático requiere que tomemos las medidas preventivas lo más pronto posible. Y ya hay múltiples casos en Guatemala en que hay instancias de gobernanza de cuencas que provienen de abajo para arriba. Es por la pura necesidad de los usuarios del agua en diferentes zonas del país, pero está lejos de ser un fenómeno generalizado.

¿Han mejorado las prácticas sociales en este modelo económico?

En la misma agroindustria que es la mayor consumidora de agua, hay una creciente conciencia sobre la disminución de los caudales y sobre la creciente conflictividad. En estos casos, lograron establecer algunos acuerdos en la cuenca del río Ocosito, en Quetzaltenango, por ejemplo. Los usuarios se pusieron en un chat, algo tan sencillo, los de abajo mandaban a decir que no les estaba llegando agua y pedían que se abriera la compuerta. Era una forma de ponerse de acuerdo alrededor de un recurso escaso, pero se requiere algo más institucionalizado. La buena voluntad es clave, pero también debe haber reglas muy claras de cara a la creciente escasez.

¿Hay algún intento reciente por retomar la ley de aguas?

El ministro designado para el próximo gobierno (Mario Rojas) lo mencionó en una entrevista en radio. El gobierno actual quiere dejar una política, no va a dejar la ley, pero entiendo que todavía está muy verde. No corresponde a los lineamientos de Segeplan. De los partidos de la oposición, del único que he oído que lo puso como prioridad es Semilla. En varios de los planes de Gobierno la ley de aguas fue un tema recurrente.

¿Qué debe contener?

La Universidad del Valle con su Observatorio Económico Sostenible encuestó a 1200 guatemaltecos. En muchos ámbitos de la ley hay un gran acuerdo, más o menos alrededor un 80% de los puntos. El desacuerdo está en el 20% de los temas. Se requiere un proceso político que junte los intereses. Los políticos son los equilibradores entre los diferentes intereses. Todos tenemos que ceder algo. Lo que hace falta para llegar a un acuerdo es la capacidad de manejar ese proceso político. Ha habido múltiples intentos, múltiples encuestas, consultas, de todo, pero no ha habido alguien que tome todas las piezas y las lleve a través de todos los obstáculos e instancias. Eso sí requiere gastar capital político y realmente, muchos de los gobernantes y diputados no han querido gastarlo o representan intereses especiales.

¿Hay algo positivo en todo esto?

Hay buena disposición de muchos sectores para atender este tema. En Guatemala, la gente percibe el cambio climático como una cuestión que está ocurriendo ahora, no como algo que pasará. Los agricultores   están notando las plagas, las enfermedades, en el suministro de agua, en muchas manifestaciones, en la vulnerabilidad de los eventos climáticos extremos, en las inundaciones en la costa sur o los huracanes. La disposición de la sociedad y la demanda para que las instancias políticas lo resuelvan es muy grande. Segundo, el gobierno tiene baja credibilidad para asumir el liderazgo, en cuyo caso es importante apoyarse en aquellos que sí lo tienen: la academia, la sociedad civil, la cooperación internacional, o algunas instancias del estado que sí tienen credibilidad, como Inab o Conap. También hay un sector más visionario en el sector privado que ve las cosas a un largo plazo, que tiene intenciones de desarrollo positivo. Es un tema que me preocupa mucho porque siento que esta todo sujeto con alfileres, pero es casi el único camino que tenemos.

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