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Una anciana se protege de la lluvia con una lona electoral del partido UNE, durante un mitin de la candidata a la presidencia, Sandra Torres, en Guatemala, en octubre 2015. Simone Dalmasso

Comités Cívicos: el dilema entre obtener recursos y ser independiente

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Comités Cívicos: el dilema entre obtener recursos y ser independiente

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Los alcaldes electos por comités cívicos buscan ser independientes y obtener más recursos para su municipio, algo que suele implicar un dilema: o conservan su ADN político o siguen las líneas de un partido que los apoyaría desde el Congreso. Durante la pandemia la falta de un gran padrino fue más evidente.

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Los alcaldes electos por comités cívicos casi siempre ven a estas organizaciones como la antítesis de los partidos políticos, espacios en donde pueden reivindicar los ideales y las aspiraciones de sus comunidades. Más pronto que tarde, se dan cuenta de que el juego que tanto rechazan sí existe, y si perdura es por la ferocidad de los poderes tradicionales que los reducen y dejan a los comités sin nada.

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Las cuotas de poder no se regalan y las lealtades son condicionadas. Desprotegidos como están, el éxito de sus administraciones depende en buena medida de su capacidad de negociación, y de tratar al desarrollo comunitario como una moneda de cambio.

Eso lo sabe muy bien Marvin Enrique Zepeda, alcalde de El Progreso, Jutiapa, por más de una década. Antes de su llegada, este municipio pasaba inadvertido por los grandes partidos políticos en año electoral, representa pocos votos. Sin embargo, el municipio dio un vuelco y, desde algún tiempo, está en la mira de quienes buscan acumular simpatizantes a su favor.

Zepeda inició en la vida política con el desaparecido partido la GANA en 2007, pero ganó las elecciones gracias al Comité Cívico Progresano en 2011. Se podría decir que tuvo suerte, ganó la alcaldía la primera vez que se postuló de manera independiente.

Entre 2003 y 2019 (cuatro votaciones) solamente el 18% de los candidatos provenientes de los comités lograron ganar las elecciones, según datos de los informes electorales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

Ya en la silla municipal, el alcalde de El Progreso dice que tardó en darse cuenta de que su comuna estaba percibiendo poco menos de 4 millones anuales del situado constitucional IVA-Paz. Mientras que otros municipios cercanos al casco urbano, como Chinautla, recibían 60 millones anuales. Este aporte es la doceava parte de lo recaudado por el impuesto del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y que se reparte entre las 340 municipalidades del país de forma proporcional a la cantidad de habitantes avecindados en el municipio, los ingresos propios de la comuna, y al número de aldeas y caseríos existentes. Las municipalidades también reciben recursos de parte de los Consejos de Desarrollo, pero son destinados exclusivamente para la ejecución de obras.

«Acá en Jutiapa no es común que los diputados estén interesados en dar obras, es muy poco. Yo soy de un comité. Incluso los demás alcaldes que estaban en línea con el Gobierno casi nunca les han traído desarrollo o algo extra», refiere.

Hacer lobby en el Congreso es una práctica aceptada y ampliamente difundida entre los alcaldes que no tienen un brazo político, y buscan ser apadrinados o consolidar alianzas para obtener recursos y obras, ya sea por figuras del Gobierno central como el Presidente, los ministros o viceministros, incluso por diputados distritales y/o de instituciones como Instituto de Fomento Municipal (Infom) o el extinto Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz). El alcalde Zepeda asegura que la mayoría de los fondos que utilizó para transformar a El Progreso provienieron de su comuna.

Admite que en su primera gestión recibió ayuda del diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Jaime Martinez Loaiza, pero se negó a especificar el tipo de ayuda. Amistades en el Legislativo salieron a su rescate cuando en el segundo mandato «una persona que no simpatizaba conmigo o con el pueblo, me dejaba a cero en la repartición de las obras del Consejo de Desarrollo». Los diputados que lo auxiliaron, de quienes no quiso revelar nombres, consiguieron liberar los fondos que le correspondía a su muni.

El municipio, con más de 30 mil habitantes, tiene nueve aldeas y cuatro caseríos a lo largo de sus 54 kilómetros. Ahora es reconocido por sus avances en infraestructura. El alcalde lo atribuye al buen manejo del situado constitucional que fue elevado en 2.5 millones de quetzales, y a los 11 millones de quetzales anuales que perciben de ingresos propios por el cobro del IUSI y servicios públicos. También influyó que se realizara un reajuste en el cálculo, según confirmó Edwin Escobar, expresidente de ANAM quien agrega que previo a su gestión no había un cálculo real, y que algunos alcaldes se aprovecharon de la distribución política.

Zepeda dice que su carta de elección para volver a ser electo es la situación del municipio, y que aprendió que en la política local «hay que sacar colmillo».

Durante la campaña política del 2007, era investigado por supuestamente estar vinculado con una organización del narco que operaba en el municipio vecino de Jalpatagua, responsable de la muerte de diputados salvadoreños. El caso nunca prosperó.

A lo largo de los años Zepeda ha recibido ofrecimientos de partidos para dirigir una que otra organización política, pero asegura que las rechazó. Admite que no tiene problema en dar su aprobación y voto a partidos como Prosperidad Ciudadana, para incidir en los vecinos de su municipio y en municipios vecinos, pero prefiere no dejar su comité porque cree que no lo reconocerían sin el símbolo.

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Menos ingresos y más gastos en pandemia

En Sumpango, Sacatepéquez, Carlos Cubur Sulá fue electo en 2019 para su primer período en la silla municipal, llegó en su segundo intento con el comité cívico «Somos Sumpango», el primero en ser creado en ese municipio.

La pandemia causada por el COVID19 truncó sus planes de gobierno. «Sí tenemos un problema a nivel nacional por la pandemia, todos los ministerios se quedaron pausados y vemos que el porcentaje de ejecucion es sumamente bajo. No hemos podido conseguir proyectos o apoyos en los diferentes ministerios», indica, aunque al contrario del caso anterior «no hemos tenido ningún inconveniente por ser un comité civico y que no nos hayan escuchado». 

Durante la emergencia, algunos vecinos sí han recibido ayuda por medio del programa Bono Familia, pero la comuna no ha recibido presupuesto para proyectos de reactivación económica.

La muni de Sumpango y la de El Progreso redujeron sus ingresos privativos, específicamente, en el pago del IUSI, agua, y en el situado IVA-PAZ. Antes de la pandemia recibía 1.6 millones de quetzales (135 mil quetzales cada mes), desde mayo pasado el aporte bajó a 125 mil quetzales, estima Cubur.

Dejando de lado la emergencia por la pandemia, Cubur argumenta que la distribución del situado constitucional no corresponde con las características de su municipio, reciben el mismo monto que Santa Catarina Barahona, la comuna más pequeña de Sacatepéquez que tiene 5 mil habitantes frente a los 50 mil de Sumpango.

«Nosotros tenemos que hacernos cargo de poner en practica lo que el Ejecutivo dicta. El cierre, la ley seca, el toque de queda. De nuestros ingresos sale la fumigación, la entrega de gel, y alcohol. Eso vino a ponernos en aprietos, como municipalidad hemos invertido en temas de COVID, un millón de quetzales, cosa que no teníamos presupuestada», indica.

Sacatepéquez ocupa el cuarto lugar con más casos por contagio y la misma posición como el departamento con más muertes después de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla, según datos del Ministerio de Salud tomado el 5 de octubre.  Sumpango, por su parte, es el sexto municipio de Sacatepéquez con más muertes registradas. El alcalde cuenta que cada entierro involucraba a 12 personas, y eso implica costear trajes especiales.

Previo a la pandemia, el plan de acción de Cubur era la instalación de drenajes y la pavimentación de calles en el área rural del municipio. Con fondos de los consejos de desarrollo planeaba instalar tuberías para llevar agua potable a una comunidad. Tras el fin del Estado de Calamidad, el alcalde quiere retomar estos planes. No parece preocupado por tener que hacer lobby o tener que buscar alianzas y contactos con el Gobierno Central, confía en la capacidad de gestión de su comité.

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Apoyo a cambio de afiliación

El nombre de Pedro Raymundo Cobo es reconocido en el ámbito político. Es uno de los dos caciques que ha gobernado Santa María Nebaj durante cuatro períodos no consecutivos. Su inicio en la política fue gracias al Comité Cívico Todos Nebajenses (Coton). En 1996 ganó la alcaldía.

Su primer período coincidió con la Firma y los Acuerdos de Paz. En este primero gobierno municipal, el exalcalde de Nebaj recuerda que obtuvo beneficios del Gobierno Central, especificamente de Fonapaz y de los Consejos de Desarrollo en la reconstrucción de infraestructura dañada durante el conflicto armado interno. Instalaron sedes del Ministerio Público, un juzgado de paz y otro de primera instancia, cuenta.

En su segundo período, de 2000 a 2004, también logrado con Coton, fue complicado conseguir proyectos y obras porque los diputados departamentales de Quiché «me hicieron a un lado» por no ser del partido oficial. Tampoco tuvo apoyo de parte del Consejo de Desarrollo y señala que todo fue a causa de la «manipulación» de los legisladores. Fue a mediados de su gestión, en 2002, que logró apoyo de la Presidencia para construir la carretera que conecta a Nebaj con Cotzal y Chajul, para la creación de un área de salud en terreno Ixil y la instalación de una oficina que se ocupara del conflicto agrario.

La alternativa en los años que lo hicieron de lado fue buscar otros aliados. «Me cerraron las puertas. No peleé, sino que busqué la amistad y logré apoyo con las organizaciones internacionales, la Unión Europea y Estados Unidos», dice.

Posteriormente, Raymundo Cobo cambió de vehículo electoral. Para las elecciones de 2011 abandonó al comité, según explicó por problemas durante el proceso de inscripción y se unió a la coalición de los partidos políticos UNE-GANA. Desde entonces no volvió a los comités cívicos.

Según dijo a Plaza Pública, el vehículo no marcó una diferencia para conseguir más apoyo para su municipio, en ambas formas enfrentó oposición. Entre 2011 y 2015 asegura que tuvo problemas con los diputados que nuevamente lo rechazaron. Le ofrecían su ayuda si éste se cambiaba de partido. «Como no quise, me castigaron».

El uso de los comités cívicos se ha mantenido en el tiempo sin mayores alteraciones, pero empieza a cobrar relevancia en los cascos urbanos como una medida de rechazo a los partidos políticos, diseminando el poder.

Según datos recopilados de las memorias electorales de las últimas cinco elecciones, de 2003 a 2019, 560 comités cívicos se han inscrito para participar en los comicios. Siendo las municipalidades del suroriente las que más candidatos postulan bajo esta figura.

De los 560 comités inscritos, sólo 101 han logrado ser electos y de estos. En cinco elecciones, solo 28 comités han lograron colocar alcaldes en las sillas municipales en más de una ocasión.

La figura del comité adquiere cada vez más aceptación en las grandes ciudades, donde antes dominaban los partidos políticos. La ciudad de Guatemala es una de ellas, motivada por el hartazgo social y el rechazo a las agrupaciones tradicionales que no logran una incidencia, opina Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana (AC), organización miembro del Mirador Electoral.  

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Un sistema que les impide permanecer

Los aspirantes ven en el comité una oportunidad para llegar al poder local, pero el camino para lograrlo y mantenerse está plagado de inconvenientes y tropiezos.

El Tribunal Supremo ELectoral (TSE) les exige entre 100 y 1 mil 500 afiliados, es decir, entre 0.4% y 6.5% de los requeridos a los partidos políticos. Y son relativamente fáciles de financiar porque su presupuesto es reducido.

Sin embargo, son organizaciones políticas temporales, lo que no permite que mantengan una organización en el tiempo. El techo del financiamiento es variable en cada jurisdicción. En las elecciones pasadas, al menos 43 municipios tuvieron un techo menor a 5 mil quetzales.  Siempre son los últimos en ser convocados a registrarse ante el TSE, por lo que corren el riesgo de no ser inscritos.

Adicionalmente, desde su fundación los comités son vulnerables a ser manipulados por intereses particulares que buscan más influencia y, a la vez, ser menos fiscalizados, señala el integrante del Mirador Electoral.

El uso de los comités también ha evolucionado para adaptarse a las necesidades actuales de los políticos, de esa cuenta el politólogo Renzo Rosal, identifica tres tipos. «El primero, el que todavía tiene ese ADN de ser fuente alterna de poder, de mayor poder democrático, más progresista. El segundo, el que es satélite de un partido político y sólo existe por un padrino y no tiene margen de autonomía. El tercero, los que representan intereses ilícitos».

En 2016, el Congreso modificó la Ley Electoral y de Partidos Políticos y endureció los límites para el financiamiento electoral. Esto hizo que los actores empezaran a interesarse en los comités como alternativa al poder. Socialmente, son llamativos porque responden al hartazgo y rechazo que tiene la gente respecto al actual sistema de partidos, mencionan los analistas.

Edwin Escobar, expresidente de Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y aspirante a la presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana en 2019, reconoce la fragilidad de los comités frente a los partidos. Pues estos últimos «pueden ejercer influencia para evitar que alguien participe. (Quién lo haga) tiene que ser un candidato ya consolidado, fuerte, con estructura local para que el comité se mantenga en el tiempo», explica. «Si no se pegan al Gobierno no les dan nada», añade.

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La moneda de cambio

Ser electo jefe edil es apenas el inicio. Los políticos locales que quieren tener algo para ofrecer a su comunidad deben negociar una cuota de poder para conseguir recursos. Pero no es el alcalde quien decide su propio valor sino sus padrinos, quienes, en mayoría, reclaman el domino electoral. 

Estos padrinos hacen una especie de análisis de riesgo con los alcaldes que se les acercan. No es una fórmula matemática, necesariamente. Primero, necesitan saber si han sido reelectos más de una vez y si la intención de voto de sus comunidades es fuerte. Aspectos como un mayor recaudo de impuestos y un buen bolsón para proyectos desde los consejos de desarrollo son atractivos también, señala Cux.

Hacerse llamativo para un padrino implica no solo perder cierta autonomía local sino renunciar a los principios fundadores del comité cívico. Cosa que no todos los alcaldes están dispuestos a aceptar.

Rigoberto Quemé Chay, alcalde de Quetzaltenango de 1996 a 2004, y su concejo municipal se acercaron a Fritz García-Gallont, en ese entonces ministro de Comunicaciones, para pedirle que reparara la carretera que atravesaba el municipio.

«Nos dijo que no. Que lo que debería hacer era ponerme la camiseta amarilla -del PAN- y así me ahorraba problemas. Nos dimos la vuelta y nos salimos. Nunca nos dieron un apoyo», recuerda. «No hicimos alianza con ningún partido. Pensábamos que era mejor perder desde nuestro propio espacio, desde nuestras capacidades y no ganar con el apoyo de corrientes tradicionales que lo que menos piensan es en el bien común», asegura.

Otros alcaldes, como Esduin Javier mejor conocido como «Tres Kiebres», de Ipala, quien ha ganado en varias ocasiones por el Comité Cívico Movimiento Ipalteco Libre y Pensamiento Activo (Milpa), prefieren buscar aliados o patrocinadores fuera de la ley, pero no todos los consiguen. En algún momento este se acaba, dice Escobar. Javier fue señalado por la extinta CICIG de tener vinculos con el narcotráfico, también lo señalan de ser el heredero del narco Juancho de León.

La alternativa para los alcaldes que generan pocos ingresos propios en sus municipalidades, es buscar el respaldo de una mancomunidad o asociación departamental. En algunos casos, los políticos se han ayudado de la cooperación internacional, como hicieron Raymundo Cobo en Santa María Nebaj y Quemé en Quetzaltenango.

Para finales de los 90, Quetzaltenango recibía 19 millones de quetzales anuales en recursos propios y Quemé no tenía capital político. Su participación en las mesas que crearon los Acuerdos de Paz hizo que los técnicos de la Cooperación Internacional se le acercaran. Con fondos de 14 cooperaciones puso en marcha proyectos de abastecimiento de agua y la construcción de la red drenajes, parques regionales y, creó escuelas-talleres.

También creó el «Reglamento de Contribución por Mejoras», que consistía en que cada obra de infraestructura pública debía ser pagada por vecinos y municipalidad. Le llamó el aporte bipartito y le permitió robustecer los ingresos locales, comenta.

Pero no todos los alcaldes pueden darse el lujo de permanecer alejados del abrigo del Gobierno Central.

Escobar dice que 95% de los municipios del país dependen de los recursos que se les transfiere con el IVA-Paz y situado constitucional. «Sin esos recursos no logran funcionar». Son unos 6 mil millones de quetzales repartidos entre los 340 municipios. Solo un 5% de los alcaldes no dependen del situado porque tienen más recursos propios por la recaudación de impuestos y el cobro de servicios públicos. Entre ellas está la Ciudad Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, Chinautla y Escuintla.

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Dispersión del poder

A pesar de las complicaciones y retos que un comité conlleva, Cux y Escobar creen que su utilización perdurará y podría aumentar levemente en los próximos años como parte de la dinámica de dispersión del poder. También porque nunca, como ahora, la procedencia de los fondos y la legalidad de los partidos había sido tan cuestionada por los votantes.

El verdadero poder de los comités sólo será desatado si son fortalecidos, reformando la Ley Electoral, asegura el integrante de Mirador. El efecto inmediato sería una menor apuesta hacia los partidos políticos.

La expectativa podría cumplirse pronto cuando los nuevos magistrados del TSE presenten ante el Congreso la nueva propuesta para actualizar la Ley Electoral y de Partidos Políticos de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME).

Durante las discusiones propusieron que los comités sean departamentales para poder tener representación en el Congreso, y que puedan postular candidatos a las diputaciones. Otros sugirieron que sean permanentes a nivel municipal o regionales. Esta idea no es nueva. Se puso sobre la mesa en 2016, pero el Legislativo la pasó por alto.

La idea de estas propuestas era generar una participación más variada, y aunque siempre ha tenido buena recepción la propuesta, los partidos políticos quieren evitar que eso suceda, dice Cux, quien integró las mesas del CAME.

El miedo de los partidos, continúa, proviene de las consecuencias de perder estructura partidaria y tener que compartir no sólo a los votantes, sino el dinero que entra a las organizaciones por cada voto conseguido. El CAME también contempló ampliar el techo del financiamiento de los comités cívicos, pero esta propuesta no fue incluida en el resumen de las propuestas.

 

Este reportaje fue realizado con el apoyo de Seattle Foundation.

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