El costo de una ley tiene distintas aristas. El costo monetario que conlleva todos los gastos administrativos y técnicos que implica emitir una ley. Estos incluyen las asesorías técnicas, las mesas de discusión, el tiempo invertido por parte de los asesores y diputados durante el trabajo previo a presentar una iniciativa, luego todo el proceso de aprobación y discusión (las lecturas, el dictamen, las comisiones, etc.) y por último, pero no por eso menos importante, el costo que tiene el que la ley se cumpla (las nuevas instituciones que cree, las nuevas obligaciones a los funcionarios o a los ciudadanos, etc.).
También está el costo político que tiene lograr el consenso de las bancadas para la aprobación de la ley. El juego democrático tiene un costo. La negociación implica ceder algo a cambio de otra cosa. Muchas veces este factor se olvida, pero es de los más importantes, ya que llevar a término un proyecto legislativo implica necesariamente dejar otro engavetado, o bien ceder en una posición en algún otro tema.
Por último, el costo de una ley también se puede analizar por los beneficios y la efectividad de la misma. Éste es un análisis post legislativo que muy pocas veces o casi nunca se hace en el país. Para determinar en qué proyectos legislativos o de reforma institucional enfocar los recursos políticos y monetarios sería importante, por lo menos, considerar esos tres puntos.
Cada actor político (sector privado organizado y desorganizado, oenegés, sociedad civil, partidos políticos, iglesias, etc.) tiene su propia agenda y, a partir de la misma, podemos leer sus intereses y su capacidad tanto monetaria como política para avanzar en sus intereses.
Pareciera que a la mayoría de actores les interesa el tema corrupción. Al menos, la prensa, el sector privado, las oenegés y la llamada sociedad civil están hartas de la corrupción. Pero poco parecieran invertir en ese tema.
Si la corrupción es uno de los temas más importantes para el país, es hora de que exijamos una ley que reforme la declaración jurada patrimonial. Ésa es una de las recomendaciones que nos han hecho organismos como la OEA, en donde existe una ley modelo. Transparencia Internacional (Acción Ciudadana) ha hecho estudios respecto a este tema también. Pero pareciera que no queremos entender o simplemente no hay beneficios para ninguno de los actores políticos que los motive a cambiar esta situación.
Las declaraciones juradas patrimoniales son la columna de vertebral de un sistema de rendición de cuentas y transparencia. Mediante estos documentos, los funcionarios públicos deben hacer de conocimiento público los ingresos que tienen antes de entrar al poder, lo cual permite contrastar sus declaraciones de bienes durante y después de haber ejercido funciones públicas. Estas declaraciones no son sólo personales, son familiares. Éstas constituyen un acto de buena fe de parte de los funcionarios, pero también son el inicio de cualquier investigación de corrupción en su contra.
Si en Guatemala no replanteamos el financiamiento de partidos políticos y la forma ilimitada y abusiva en que compramos beneficios no podemos pretender un futuro mejor.
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