8M: el día que las mujeres exigieron sus derechos y el oficialismo se los quitó | Plaza Pública

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Un volante con una dura condena a la ley para la protección de la vida y la familia recién aprobada por el congreso es pegado a una persiana durante la manifestación del 08 de marzo. Cristina Chiquín

8M: el día que las mujeres exigieron sus derechos y el oficialismo se los quitó

Uno de los artículos más controversiales es el que establece que en caso de abortos espontáneos, la mujer será investigada
«Esta es una ley que promueve el odio contra las mujeres y la diversidad sexual»
Marilyn, de 8 años, acompaña a su madre y a su tía, María Felipa, a conmemorar el 08 de marzo. Salieron temprano desde su casa en el colindante municipio de Chinautla. Cristina Chiquín
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8M: el día que las mujeres exigieron sus derechos y el oficialismo se los quitó

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Cientos de mujeres salieron a las calles de Guatemala para exigir el cese de la violencia y que se respeten sus derechos. El mismo día, el bloque oficialista del Congreso aprobó una ley que, entre otras cosas, manda a investigar a las mujeres que sufren un aborto espontáneo y prohíbe la educación sexual.

«Sobre mi cuerpo decido yo», se leía en una manta que sostenían mujeres jóvenes que cruzaban la Sexta Avenida de la zona 1, un área concurrida de la Ciudad de Guatemala. Era el Día Internacional de la Mujer, y cientos se organizaron para protestar en dos marchas en la ciudad y en plantones y caminatas en los departamentos.

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Las mujeres caminaban, gritaban y cantaban para exigir el cese de todos los tipos de violencia, justicia para los miles de femicidios, que se detenga la persecución de fiscales que investigaron la corrupción y el acoso a juezas independientes. Dentro de decenas de consignas estaba el rechazo a la iniciativa 5272, Ley para la Protección de la Vida y la Familia.

Mientras las mujeres protestaban y levantaban sus carteles, a dos cuadras de la Sexta Avenida, Shirley Rivera, presidenta del Congreso, preparaba a los diputados aliados para aprobar la iniciativa 5272.

A las 20:30 horas, 101 diputados votaron a favor de modificar el Código Penal para aumentar las penas de cárcel para todos los tipos de aborto y ordenar que las mujeres que sufren un aborto espontáneo sean investigadas.

El aborto procurado será sancionado con prisión de cinco a diez años; los médicos que lo realicen con consentimiento de la mujer serán envíados a prisión de seis a 12 años; si lo hacen sin la autorización de la madre la pena aumentará a 15 años; si se hiciera con violencia llegará hasta los 25 años de prisión y si en este caso la madre muere, el o la doctora a cargo será envíado hasta 50 años tras las rejas.

La ley 5272 también establece que un aborto no será punible cuando un médico gineco-obstetra lo practique con el diagnóstico de otros dos médicos de la misma rama. La diputada Lucrecia Hernández Mack dijo que este artículo provocará más muertes porque la mayoría de los centros de salud de Guatemala solo cuentan con un especialista y si la vida de una mujer corre riesgo durante un parto, su vida se pondrá en más peligro mientras se espera por la opinión de otros dos médicos.

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Las y los diputados oficialistas incluso establecieron penas de cárcel por la tentativa de aborto: la mujer que lo intente será sancionada con penas de dos a cuatro años de prisión. Además, si alguna persona u organización «promueve o facilite medios para la realización del aborto», puede ser condenado a diez años tras las rejas y deberá pagar una multa de Q50,000.

Uno de los artículos más controversiales es el que establece que en caso de abortos espontáneos, la mujer será investigada.

La noche del martes, cuando el Congreso finalizó la aprobación de esta ley, un grupo de mujeres que todavía se encontraban en la Plaza Central conmemorando el Día Internacional de la Mujer se movilizaron a la sede del Legislativo para protestar. Decenas de agentes de la Policía Nacional Civil se desplazaron para impedir que se acercaran al edificio y para abrir paso a las y los diputados.

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El otro golpe

El 8 de marzo llenó las calles de Guatemala de mujeres de diferentes contextos. Ese día salieron a manifestar sindicatos de trabajadoras domésticas, mujeres indígenas, mujeres de la tercera edad, jóvenes y también colectivos de mujeres trans. Este último grupo se posicionó en contra de la aprobación de la ley 5272, que afecta directamente a los colectivos de la diversidad sexual.

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En el primer capítulo de esta define que una «familia nuclear» es una agrupación formada por padre, madre e hijos, dejando de lado las familias no tradicionales. También establece en el tercer capítulo que ninguna persona o entidad pública o privada podrá «interferir, limitar o restringir el ejercicio del derecho a la educación de los padres», incluída la educación sexual.

La nueva ley incluso prohíbe a cualquier entidad educativa o privada «promover en la niñez y adolescencia políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad».

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Los funcionarios públicos que representen a Guatemala en foros fuera del país deberán enmarcar sus ponencias alrededor de este contenido, según señala la nueva norma.

El diputado Walter Félix, quien votó en contra de esta iniciativa, dijo que fue presionado para hacer lo contrario. «No te opongás, esta es una ley antihuecos», aseguró Félix que otro congresista le reclamó.

Por su parte,  el diputado Román Castellano aseguró: «esta es una ley que promueve el odio contra las mujeres y la diversidad sexual».

En redes sociales se despertó indignación y se organizaron las primeras acciones para oponerse: este miércoles 9 de marzo organizaciones como Otrans, Mujeres Transformando el Mundo y la Asociación de Mujeres Nuestra voz realizarán una protesta en la Plaza Central. El jueves y viernes habrá un plantón frente a la Corte de Constitucionalidad.

Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad.

Según el procedimiento esta ley cobrará vigencia si el presidente Alejandro Giammattei decide sancionarla.

Esta iniciativa no es nueva. Fue presentada en 2018 y permaneció engavetada. El lunes 7 de marzo fue puesta en la agenda por Shirley Rivera, presidenta del Congreso, una diputada ultraconservadora que felicitó a las y los diputados «por ser valientes y aprobarla». Sin embargo, la ley no viene sola. La misma llegó al hemiciclo cuando el oficialismo busca aprobar una ampliación presupuestaria de 3,100 millones de quetzales para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

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Las otras consignas en la marcha

Previo a que el Congreso cambiara el tono del 8 de marzo, en las manifestaciones y conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer hubo nuevas consigas: la liberación de las fiscales capturadas y que se detenga la persecución contra la jueza Erika Aifán.

Las consignas pedían libertad para las exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Eva Siomara Sosa, Paola Mishelle Escobar, Virginia Laparra y Aliss Nohemí Morán Mejía, y Leily Santizo, ex abogada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quienes guardan prisión por denuncias presentadas por la Fundación contra el Terrorismo.

También se recordó a las víctimas del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y se pidió justicia por este caso que ha pasado cinco años en la impunidad: el 8 de marzo de 2017, 41 niñas murieron calcinadas y 15 más sobrevivieron con graves quemaduras. Once ex funcionarios públicos están procesados y se espera que el juicio inicie el próximo 29 de marzo.

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