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Una manifestante en contra de la aprobación de la Ley Pro Vida frente a la sede del Congreso. Marzo 2022. Simone Dalmasso

Guatemala no tiene una política pública para garantizar derechos sexuales y reproductivos

De enero a agosto de 2022 hubo 46,629 nacimientos registrados de madres entre los 10 a 19 años de edad. Niñas y adolescentes a cargo de igual número de bebés. La cifra dobla la capacidad máxima del Estadio Doroteo Guamuch Flores
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Guatemala no tiene una política pública para garantizar derechos sexuales y reproductivos

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Gráficos: Melani Coyoy
Infografía: Suandi Estrada
Historia completa Temas clave

Las políticas públicas son parte del trabajo del Estado para la garantía de los derechos de las personas.Es a través de las políticas públicas que los gobiernos responden a las necesidades de la población.
En Guatemala, a pesar de los acuerdos y convenios firmados internacionalmente, la ausencia estatal para garantizar los derechos sexuales y reproductivos es tan evidente, que ni siquiera se cuenta con una política pública al respecto.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), la salud sexual y reproductiva no solo busca el bienestar de todo lo relacionado con el sistema reproductivo, desde lo físico, mental y social. También reconoce la importancia del disfrute de una vida sexual satisfactoria sin riesgos, además de la libertad de decisión sobre la procreación, el momento de hacerlo y la frecuencia. Los derechos sexuales y reproductivos se consideran como derechos humanos pues se relacionan con otros derechos, como el derecho a la vida, a la salud y a la educación.

Guatemala no cuenta con una política pública específica para garantizar derechos sexuales y reproductivos. Al consultar con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) ambas entidades confirmaron que no existe una política pública específica para el tema. Aunque hay programas que hacen referencia a alguno de estos derechos en ministerios como el Mspas y el Ministerio de Educación (Mineduc), no parten de una acción de país definida como  política pública.

Para Ana Silvia Monzón, socióloga y secretaria técnica de la Mesa nacional por la educación integral en sexualidad (Meneis), existe una desventaja en el enfoque de recursos al existir varios programas inconexos, en lugar de una política pública definida.

Además, la fiscalización ciudadana resulta más compleja. La socióloga también hace referencia a la falta de información para la población en general y cómo esto hace que el ciclo de la desinformación continúe.  «A veces hasta se hace difícil tener una comprensión amplia de lo que implican los derechos sexuales y reproductivos por eso mismo, porque todo está disperso», afirma.

Otros países de la región, con un contexto similar a Guatemala, sí tienen políticas públicas en la materia. En El Salvador esta fue publicada el 15 de agosto del 2012 y en Honduras el 17 de agosto de 2016.

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En Guatemala ha existido resistencia gubernamental al tema, a pesar de que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y como tales, son inalienables, irrenunciables e intransferibles, además de universales.

En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, de El Cairo 1994, por ejemplo, el Gobierno de Guatemala, liderado en aquel entonces por Ramiro de León Carpio, presentó una declaración por escrito donde hacía reserva expresa de varios capítulos de la conferencia, entre ellos el capítulo VII que hace referencia a los derechos reproductivos y salud reproductiva. O como en la Conferencia de Beijing de 1995, donde el gobierno recalcó su soberanía para aplicar las recomendaciones.

En 2015, la ONU estableció los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Estos buscan crear planes de acción globales para el desarrollo de las personas y la prosperidad,  sin descuidar acciones para proteger al planeta. Cuenta con 17 objetivos que se dividen en 169 metas, la propia ONU la califica como una agenda ambiciosa. Guatemala se unió a los países que buscan seguirla y sus objetivos fueron tomados en cuenta para la creación del Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032.

El K’atun 2032 es un plan a largo plazo que busca establecer políticas, planes, proyectos e iniciativas nacionales con los que la población pueda desarrollarse. De acuerdo al propio documento, este busca la transformación cultural gradual de la población y así lograr los cambios estructurales que considera necesarios para el desarrollo del país en general.

El plan se desarrolló durante el gobierno de Otto Pérez Molina, comenzando con la integración de la Comisión de Formulación y Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo: «K’atun, nuestra Guatemala 2032» en 2013, bajo el acuerdo número 02-2013. Esta comisión en conjunto con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) y Segeplan desarrollaron este plan.

 

Las metas planteadas sobre salud sexual y reproductiva están contempladas en el sexto eje, «Bienestar para la gente». Se señala como prioridad la universalización de la salud sexual y reproductiva de la población en edad fértil, haciendo énfasis en la educación sexual para adolescentes y jóvenes.

Además establece tres metas principales:

  • Garantizar a todos y todas las guatemaltecas el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva, atendiendo su ciclo de vida, en condiciones de igualdad, sin discriminación por razones de sexo, género, etnia y/o edad.
  • Alcanzar, en 2025, una tasa global de fecundidad de dos hijos por mujer, para contribuir al mejoramiento de su salud y de la de su familia.
  • Erradicar el embarazo en adolescentes menores de 16 años y disminuir la tasa de embarazos en adolescentes de 17 a 19 años.

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Aunque el ministerio responsable es el MSPAS la coordinación de los lineamientos de estas metas está repartida con otras entidades públicas como el Mineduc, la Comisión Presidencial cotra la Discriminación y el Racismo (Codisra) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

El K’atun también contempla asegurar servicios de salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural, sexual, etaria y de género. Es decir que esta se encuentre disponible para todas las personas, sin discriminación, en idiomas mayas y que además sea comprensible a través de información representativa.

Es un plan a largo plazo, una política nacional de desarrollo, con un espacio dentro del presupuesto anual del Estado pues fue creado para impulsar el desarrollo económico y social. Y es una política nacional porque define prioridades para la creación de políticas públicas. Sin embargo, el K’atun 2032 depende del seguimiento que le dé cada gobierno. Desde que se escribió, pasaron tres períodos presidenciales  y cada gobierno elige sus prioridades a través de políticas generales.

Karin Slowing, investigadora social, opina que este ha sido un instrumento de referencia de largo plazo para los gobiernos siguientes. Además de que a partir de su creación es un documento mencionado en la mayor parte de planes creados por Segeplan, sin embargo, a su criterio, en la práctica existe poca implementación además de ser planes poco realistas y poco operativos.

«En la práctica poco importa, ¿por qué? Porque cada ministerio hace lo que quiere. Los instrumentos de política institucional, programas, etcétera; solo están formalmente en la parte introductoria, narrativa, donde le citan el racimo de leyes, ahí lo encuentra al K’atun. Pero en la parte operacional no hay realmente conexión y además no hay alineación entre recursos y lo que ahí dice. Es puro discurso», afirma Slowing.

También asegura que el tema de la pandemia afectó al cumplimiento de objetivos pues fue una crisis que nadie pudo prever: «La pandemia como hecho real, concreto, sí modificó bastante las acciones en por lo menos algunos ministerios en los últimos años, eso es un hecho innegable», concluye.

En la política general del gobierno de Alejandro Giammattei, el tema se menciona una sola vez, dentro de las acciones estratégicas en materia de salud de los objetivos sectoriales, en el apartado de desarrollo social. En ese documento se menciona la salud reproductiva dentro de una lista de programas, donde también se menciona la educación de maternidad y paternidad responsable y la planificación familiar. No hay mención a métodos anticonceptivos, salud o educación integral en sexualidad (EIS).

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Ana Silvia Monzón explica: «se logró cierta apertura para implementar una estrategia de EIS en el tiempo de la UNE, pero esta apertura pronto se fue cerrando y en este último gobierno pues prácticamente no hay voluntad para hacerlo. Más bien sí se formuló la política de protección de la vida e institucionalización de la familia cuyo ente rector es precisamente el Ministerio de Educación y que es, hasta cierto punto, contraria a los planteamientos de la EIS porque vuelve a eximir de responsabilidad al Estado y coloca la responsabilidad de la educación sexual en los padres y madres de familia».

La Política Pública para la Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia 2021-2032, fue aprobada en julio de 2021 a través del acuerdo gubernativo 149-2021. El comité técnico temporal estuvo integrado por el MSPAS, el Ministerio de Agricultura, el de Desarrollo Social y el Mineduc, este último actúa como ente rector.

De acuerdo con este documento su objetivo es garantizar el bienestar y protección de la vida y la institucionalidad de la familia en todas las etapas de vida del ser humano, desde la etapa prenatal hasta la adultez mayor. Se divide en cuatro ejes, cada uno referido a una etapa de vida (prenatal y primera infancia; niñez y adolescencia; juventud y adultez y adultez mayor).

También se hace referencia a la manera en la que esta política pública se relaciona con otras aprobadas anteriormente como la Política Nacional de Juventud y la de Desarrollo Integral de la Infancia. Hace mención al K’atun 2032 explicando en qué consiste y sus objetivos, hace lo mismo con la Agenda para el desarrollo 2030.

Pero no hay una sola mención a los derechos sexuales y reproductivos y al mencionar la EIS, lo hace diciendo que debe ser adecuada a la edad, respetuosa de la moral de la familia, con autorización de los padres y con constante comunicación con ellos pues les considera primeros y principales educadores. No se contempla como prioridad el derecho a la EIS de niñez y adolescencia, como parte de sus derechos humanos, lo que Monzón considera «necesario para la educación integral de cada niño y niña».

En el diagnóstico situacional se asegura que se debe apostar por una educación sexual que tenga a los padres de familia como los primeros educadores y que además permita mejores condiciones de vida para la familia a través del atraso del inicio de la actividad sexual, promoviendo y educando en la abstinencia sexual. Esto para reducir los índices de madres y padres menores a los 18 años.

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Este planteamiento se contrapone con los derechos sexuales y reproductivos, que promueven el acceso a información clara, científica, objetiva y accesible sobre el cuerpo y la salud sexual y reproductiva y la toma de decisiones a partir del conocimiento y no a partir de coacciones sociales o externas, entre otros.

Joseline Velásquez, defensora de  derechos sexuales y reproductivos, piensa que una de las razones por las que el país no cuenta con una política pública en derechos sexuales y reproductivos es que: «se sigue identificando la sexualidad como tabú. Todavía existen creencias religiosas que limitan que los servidores públicos, especialmente quienes garantizan los servicios de información, salud e insumos se ven limitados por las cosas que creen, ahí hay una resistencia», comenta.

Otras iniciativas, ninguna política específica

Juan Pablo Hernández, vicepresidente de la organización Visibles, opina que: «Es un tema muy delicado y muy simbólico. No existe una política pública, lo que significa que el gobierno simplemente no tiene interés en manejar esta situación o estos temas. Esto habla muchísimo de la forma en la que ven los gobernantes actuales y las instituciones  públicas, los derechos sexuales tanto de las personas de la diversidad sexual como de las mujeres».

Existen otras iniciativas estatales que se refieren a alguno de los derechos sexuales y reproductivos, como la Ley de Desarrollo Social, aprobada en 2001, que cubre algunos aspectos, como la ejecución de un programa de salud reproductiva cuyo objetivo es reducir la mortalidad materna e infantil a través del acceso a los servicios de salud reproductiva de hombres y mujeres, así como educarles en el tema.  O la Política de desarrollo social y población, formulada hace 20 años, y que definía la salud sexual y reproductiva, además de mencionar el programa de educación en población y desarrollo que debía introducir a la currícula la temática de educación en desarrollo con énfasis en varios temas, entre ellos la salud sexual y reproductiva.

En la Política Nacional de Comadronas de los cuatro pueblos de Guatemala: Maya, Garífuna, Xinka y Mestizo, se menciona la poca valoración que hay de las comadronas como proveedoras de información sobre salud sexual y reproductiva, y se hace énfasis en la prevención de embarazos adolescentes, mientras que en la Política Pública Respecto de la Prevención a las Infecciones de Transmisión Sexual ITS, y a la respuesta a la epidemia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), se habla de salud sexual y reproductiva como una acción estratégica para la prevención y para la consejería del tema a las mujeres que viven con VIH y Sida.

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Dentro de la Política Institucional para la Igualdad de Género y Marco Estratégico de Implementación 2014-2023 solo se menciona dentro del marco contextual del tema, pero no hay incisos dedicados a la salud sexual y reproductiva.

En la política nacional de promoción y desarrollo integral de las mujeres 2008-2023 se mencionan los derechos sexuales y reproductivos en un inciso dentro del eje de equidad en el desarrollo de la salud integral con pertinencia cultural que consiste en difundir y socializar en los idiomas nacionales la aplicación de la ley de acceso universal y equitativo de los servicios de planificación familiar y su integración en el programa de salud sexual y reproductiva.

Al pasar al programa de salud sexual y reproductiva, este se centra en la etapa reproductiva del hombre y la mujer. Dentro de este programa se creó la Guía de planificación familiar en donde se concentran varios de los documentos antes mencionados. También se enfatiza en la necesidad de que los adolescentes tengan acceso a una educación integral en sexualidad de una manera apropiada.

En la Ley de acceso universal y equitativo de servicios de planificación familiar y su integración en el programa nacional de salud reproductiva, se asegura  la planificación familiar como una serie de servicios que van desde encontrar información del tema hasta la entrega de métodos de planificación familiar (anticonceptivos). De acuerdo a esta ley, el acceso a estos métodos dentro del país debería ser universal y se enfoca específicamente a las poblaciones rurales. Además de que debería existir variedad de métodos tradicionales y modernos para asegurar el acceso funcional.

No se habla de sexualidad, se habla de reproducción

En la mayor parte de las políticas públicas de Guatemala que abordan temas relacionados, se prioriza el tema reproductivo antes que el sexual. Para Ana Silvia Monzón una de las razones es que no existe una comprensión de que la sexualidad es una dimensión de la salud humana. Otro motivo, dice,  es una postura conservadora de los funcionarios públicos que privilegian posturas personales y religiosas sobre los derechos de la población.

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Para la diputada Sonia Gutiérrez existe una doble moral en el país. «Por un lado salen gritando, hablando de su rechazo al aborto y entre otros temas. Pero cuando se trata de hablar de implementar políticas públicas de prevención para precisamente esos temas y velar por la educación sexual y reproductiva, eso es algo en contra de ellos. Somos una sociedad que en este momento está dominada por esa política tradicional, conservadora que sí le está vedando oportunidades a la niñez y a las mujeres», comenta.

Ana Silvia Monzón concuerda y expresa: «tampoco son cuestiones que un funcionario o funcionaria desconozcan, pero tiende a privilegiarse una postura personal, una postura religiosa sobre estos derechos que se han ido ganando. Entonces se elimina esta parte de la sexualidad y solo se quedan con la parte de la reproducción porque no la pueden obviar».

En 2013 se llevó a cabo en Montevideo, la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe o Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Guatemala también presentó una declaración escrita en esa ocasión para reiterar reservas, nuevamente relacionadas con el respeto a la vida desde su concepción, el derecho y respeto de los padres de familia de escoger la educación que reciban sus hijas e hijos, además de la protección a la familia según una interpretación conservadora (basada en pareja hombre y mujer).

Mira que te miro es un monitoreo social dedicado a darle seguimiento a los compromisos en salud y derechos sexuales y reproductivos adquiridos en esa conferencia. Según el sitio, Guatemala está dentro de los últimos cinco puestos de cumplimiento con un 59 % (el monitoreo evalúa la base legal, política y programática).

Tanto en 2017 como en 2022 el país ha presentado un 68 % en contenido curricular en EIS. Sin embargo, se sigue recomendando que el Mineduc diseñe un programa nacional obligatorio y asignar un presupuesto al mismo. Monzón explica que la EIS es la base para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. De esa manera existe una preparación para el ejercicio y la exigencia de sus derechos.

Y aún cuando los programas de gobierno dicen centrarse en evitar embarazos en adolescentes, estos siguen ocurriendo en una gran cantidad. De acuerdo al Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), desde enero a agosto del 2022 hubo 46,629 nacimientos registrados de madres entre los 10 a 19 años de edad. 46,629 niñas y adolescentes a cargo de igual número de bebés. La cifra dobla la capacidad máxima del Estadio Doroteo Guamuch Flores.

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Para Sonia Gutiérrez, esto cobra un costo en la población: «nos está costando porque miramos en índices el incremento de violencia, de embarazos contra niñas. Niñas de 10 años, 11 años, 12 años. Es doloroso cuando uno mira las estadísticas que hay en el país. Niñas que tienen mucho futuro, que tienen un proyecto de vida, que tienen mucho que darle a la sociedad y terminan castigándolas con un embarazo forzado. Porque a esa edad eso es producto de una violación», dice la legisladora.

Para Velásquez, una política pública que garantice derechos sexuales y reproductivos también asegura que se piense en el presupuesto para echarla a andar. «Si bien contamos con leyes que pueden, en alguna medida, garantizar la salud sexual y reproductiva, no siempre esas leyes tienen asignado un presupuesto. El que las políticas públicas se creen, asegura que van a ser mucho más cercanas a su aplicación, que van a contar directamente con acciones hacia los ministerios, secretarías o entidades responsables, con presupuesto y recursos. Y que van a contar con metas o  indicadores para saber si se está cumpliendo o no», opina.

Juan Pablo Hernández también habla sobre las consecuencias de que no exista una política pública en salud sexual y reproductiva: «Se ven mermados los derechos humanos y los derechos humanos son universales, para todas las personas. Al no existir una política pública, existen o se permiten situaciones que van contra la libertad, contra la seguridad de las personas, contra la educación, contra la libertad de autoidentificación».

 

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