Así construyó Giammattei su ejército de alcaldes para las elecciones 2023

El celular del alcalde de Chiantla, Elvis Tello, no dejó de sonar durante el segundo semestre de 2022. La mayoría de llamadas, dice, eran de partidos que le pedían cambiar de bandera y unirse a ellos en las elecciones de este año. Al final fichó por Vamos, el partido del presidente Alejandro Giammattei. Le convenció la diputada Sofía Hernández, acusada por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, de usar esa relación para intimidar a oponentes políticos, de solicitar sobornos y de abusar del poder del órgano legislativo para vengarse de enemigos personales. En 2021, su hermano Henry fue asesinado a balazos en un pueblo huehueteco tras haber confesado ante un juzgado nexos con el clan de narcotraficantes Los Huistas.

Ella misma se había unido a Vamos poco antes, a mediados de 2022. Diputada por Huehuetenango, el departamento en que está Chiantla, Hernández ha vestido los colores de cuatro partidos en doce años de carrera política: llegó al Congreso en 2011 por el Patriota (PP), pero luego pasó por Libertad Democrática Renovada (Líder) y Unión del Cambio Nacional (UCN).

En octubre pasado, durante un almuerzo en un restaurante en Chiantla, la parlamentaria logró que Tello abandonara la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el partido con el que ganó la alcaldía en 2011 y 2019, para sumarse al de Giammattei, el presidente con mayor nivel de rechazo entre los guatemaltecos en los últimos doce años, según una encuesta de Prensa Libre.

A cambio, según confiesa Tello, la diputada le prometió lo que todo alcalde quiere en un año electoral: los favores del Ejecutivo en forma de obras públicas e inversión en programas de subsidio para potenciales votantes. «Ella dijo que nos iban a acompañar en los procesos de gestión de los proyectos», dice el alcalde, que gobierna una localidad de 95 mil habitantes. «Y en las diferentes necesidades que tenemos como gobernantes en los municipios».

Durante el último año y medio se han repetido por todo el territorio nacional decenas de reuniones y acuerdos como el de Tello y Hernández. El de Chiantla es solo uno de los 144 alcaldes en el cargo a los que el partido oficial fichó en los últimos meses para intentar conservar poder en un país de 340 municipios. Al final 169 alcaldes en el cargo, el 57% de quienes buscan la reelección en toda Guatemala, lo harán por Vamos, a pesar de que hace cuatro años el partido solo ganó 29 alcaldías.

No es porque a Giammattei le quite el sueño el reparto del poder local. Sabe —y su maniobra lo demuestra— que en Guatemala la lealtad partidaria de los alcaldes es voluble. Su verdadera aspiración es que los votos por esos alcaldes se conviertan en votos por la bandera de Vamos en otras tres ramas de la elección general del 25 de junio: la de diputados distritales, que aporta 128 escaños al Congreso; la de congresistas por lista nacional, que aporta 32; y la votación presidencial, aunque las encuestas dicen que su candidato, el diputado Manuel Conde, tiene remotas posibilidades de sucederle.

El presidente, aún así, hace cálculos optimistas. Fuentes de Vamos aseguran que el partido estima que cada jefe edil, en promedio, puede aportar 5,000 votos a su fórmula presidencial, lo que colocaría matemáticamente a Conde en la segunda ronda electoral.

Apoyo gubernamental a Vamos

Aunque el fichaje de alcaldes es una práctica habitual en la política guatemalteca, la maniobra de Vamos en esta elección es especialmente agresiva.

Entre sus nuevos candidatos figuran los alcaldes de siete de las 22 cabeceras departamentales del país. Cuatro de ellos —Víctor Jordán, de Salamá, Baja Verapaz; Carlos Simaj, de Chimaltenango, Chimaltenango; Jorge Orellana, de Guastatoya, El Progreso; y Rafael Sandoval, de Jalapa, Jalapa— abandonaron la UNE de Sandra Torres. Otros dos provienen del partido Valor de Zury Ríos: Leonel Chacón, de Cobán, Alta Verapaz; y Luis Rosales, de Jutiapa, Jutiapa. En Sololá, el alcalde Carlos Humberto Guarquez cambió el partido izquierdista URNG-Maíz por el ultraconservador Vamos.

El listado incluye a los gobernantes de siete de los 17 municipios del departamento de Guatemala, el distrito electoral que más diputados aporta al Legislativo. Solo uno de ellos, José Rocael Chamalé, alcalde de San José del Golfo, ganó en 2019 con Vamos y repite este año con el partido.

Vamos también reclutó a Francisco Mejía, alcalde de El Jícaro, El Progreso, y actual presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM). El funcionario busca su cuarto período y lo hace con su cuarto partido. Ya militó en el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Líder y Prosperidad Ciudadana.

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«La estrategia de reclutar alcaldes es de siempre», dice Miguel Ovalle, expresidente de ANAM y actual jefe edil de Salcajá, en Quetzaltenango. «Los funcionarios municipales quieren apoyo para hacer una buena gestión y ese apoyo lo van a encontrar con el partido de turno».

«La diferencia», remarca, «es que hoy el plan tiene una estrategia más fuerte».

Hasta una decena de fuentes entrevistadas para este reportaje confirman que la estrategia del partido Vamos se ha servido del poder del gobierno de Giammattei a través de al menos tres mecanismos. El principal es la agilización de proyectos financiados por el Ejecutivo —casi todos de obra pública— en municipios escogidos.

El segundo es la asignación de nuevos fondos —millones de quetzales extra— para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), responsables de la inversión estatal en cada departamento. Entre 2021 y 2023, el presupuesto nacional en este rubro creció más de un 30% hasta alcanzar los 4,373 millones de quetzales (US$558 millones).

Por último, un drástico aumento de presupuesto para el Programa del Adulto Mayor (PAM) que se ejecuta en cada municipio. Después de varios incrementos previos, en mayo de este año —apenas un mes antes de las elecciones— la alianza oficialista en el Congreso inyectó al programa Q340 millones (US$43 millones).

«Hay una intención clara de Vamos de sumar votos y ganar la presidencia con este plan», interpreta Ovalle.

¿Tráfico de influencias?

En invierno, los vehículos apenas pueden transitar por los once kilómetros de terracería que unen el poblado El Triunfo con la aldea Xajaxac. El camino conecta ocho caseríos habitados por unas 20 mil personas con el resto de Sololá. El alcalde sololateco, Carlos Humberto Guarquez, dice que los pobladores exigen la pavimentación de esa ruta desde hace 25 años.

En diciembre del año pasado, Guarquez viajó a la ciudad de Guatemala, a unos 140 kilómetros de su localidad, para pedir personalmente al ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, la construcción de la carretera. «Me dijo que lo evaluarían y que lo daría a conocer en la Presidencia para ver si la obra se lograba ejecutar el siguiente año [2023]», cuenta el alcalde.

Seis meses después de la cita, parece que el proyecto está avanzando. La Dirección General de Caminos hizo público en mayo, en medio de la campaña electoral, que ya recibió ofertas de las constructoras interesadas.
«Hasta ahora este sueño de las comunidades se concretó», celebra Guarquez, aunque aún no hay fecha para la asignación del contrato o el inicio de la obra.

El gobernante afirma que el logro no es solo suyo. Fue Allan Rodríguez, diputado sololateco de Vamos, quien le puso en contacto con el ministro y le ayudó a gestionar la reunión. «Yo le pedí al diputado que me facilitara la comunicación con los ministerios para lograr proyectos en las comunidades», reconoce el alcalde. «Aprovechando que están en el gobierno, se podría».

Antes de eso, según su relato, él y varios líderes comunitarios se reunieron al menos tres veces entre octubre y noviembre con el congresista en salones comunales de Sololá, para definir si Guarquez, quien por esos días rompió sus lazos con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz), buscaría la reelección este año con el partido oficial. El alcalde admite que antes de concretar el cambio de partido introdujo en la conversación la necesidad de construir la carretera.

No importó que URNG-Maíz, con la que Guarquez ganó la municipalidad en 2019, sea heredera de los grupos guerrilleros de izquierda que entre 1960 y 1996 lucharon contra el Ejército en el conflicto armado interno, y que Giammattei y Vamos representen a una derecha militarista y extremadamente conservadora en lo moral. «Fue idea mía y de los comunitarios acudir al diputado», menciona Guarquez. «Tuve reuniones con otros partidos, pero hubo acuerdos con él».

Tampoco importó que Rodríguez, quien este año también busca su reelección en el Congreso, fuera sancionado en diciembre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo acusa de «utilizar su autoridad como presidente de ese organismo [entre enero de 2020 y enero de 2022] para adjudicar subvenciones a la construcción a cambio de sobornos». El pacto, puntualiza el alcalde, se selló de palabra, sin contrato o documento alguno.

Tello, el alcalde de Chiantla, también cuenta que Sofía Hernández le ayudó a gestionar una cita con el presidente Giammattei para acelerar la construcción de una carretera de cuatro kilómetros en su municipio.

El jefe edil recuerda que tuvo la reunión con el presidente en enero de 2023, tres meses después del almuerzo con Hernández y su fichaje por Vamos. Giammattei, detalla Tello, le dijo que «iban a acomodar el presupuesto» para hacer posible la obra. Cinco meses después, las autoridades de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) están trabajando en el trazado de la ruta.

El artículo 449 bis del Código Penal tipifica como delito de tráfico de influencias que una persona «abusando de su derecho de petición (...) o actuando como intermediaria, influya en un funcionario o empleado público prevaliéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal, para obtener un beneficio, contrato, convenio, resolución o dictamen», y aclara que la ilegalidad se comete «haya o no detrimento de los intereses del Estado o de un tercero». La pena va de los dos a los seis años de cárcel.

Se intentó contactar a los parlamentarios Rodríguez y Hernández para entrevistarlos sobre sus gestiones en nombre de los alcaldes de Sololá y Chiantla, pero no se recibió respuesta al cierre del reportaje.

«No es malo que un presidente se reúna con alcaldes para hablar sobre obras», opina el politólogo Hugo Novales. «Sin embargo, estas acciones sí revelan que Giammattei da prioridad a su relación con ellos. Por lo que acuerdan, veo que no funcionan los frenos para reducir la arbitrariedad en las asignaciones presupuestarias a proyectos. Dependen de la voluntad del presidente», subraya.

Aparentemente, Giammattei da tanta prioridad a las necesidades de ciertos alcaldes que es capaz de liberar su agenda para reunirse con alguno en más de 15 ocasiones. Al menos eso asegura Herminio Castillo, el jefe de la comuna de Colomba Costa Cuca, un municipio de 57 mil habitantes en Quetzaltenango. Tras ganar las dos elecciones anteriores desde las filas de Líder y la UNE, respectivamente, este año Castillo buscará la reelección con Vamos.

«Tomé una decisión acertada porque considero que el presidente Giammattei es municipalista», comenta el alcalde. «Yo, si mucho, vi dos veces al anterior [Jimmy Morales]. Al actual lo veo cinco o seis veces al año, es decir, ya me he reunido con él más de 15 veces. No está trabajando solo conmigo, incluso lo hace con quienes no van con la agrupación oficial», asevera.

Tello refuerza la opinión de su homólogo quetzalteco. «Agrado quiere agrado», dice. «Tengo que ser bastante leal y honesto, pues también estamos buscando que la población sea beneficiada con las acciones del gobierno. Ellos [los funcionarios de Vamos] han colaborado dándole viabilidad rápida a las gestiones».

El alcalde, como otras fuentes de este reportaje, usa la palabra lealtad para describir la relación temporal con Vamos en estos comicios. «La lealtad, entendida como serle fiel a alguien, no existe en la política de casi ningún país y Guatemala no es la excepción», matiza Novales. «Está subordinada a la capacidad de la otra persona de ofrecer o cumplir un trato».

El propio Giammattei, en los 20 años de carrera política que necesitó para llegar a la presidencia, ha pasado por seis organizaciones: la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), la Unión Nacionalista (UN), la Gran Alianza Nacional (GANA), el Centro de Acción Social (CASA) y Fuerza. Él mismo fundó Vamos en 2017.

Obras y subsidios en año electoral

Vamos movió piezas para ganarse la lealtad de alcaldes mucho antes de la campaña electoral. En cada uno de sus cuatro años de administración, Giammattei inyectó más dinero a los presupuestos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). En 2023 el incremento respecto del último presupuesto anual de los Codedes con el gobierno anterior alcanza el 63%.

Estas entidades, dirigidas por los gobernadores departamentales —nombrados a su vez por el presidente—, se encargan de solicitar desembolsos al Ministerio de Finanzas (Minfin) para que las municipalidades puedan invertir en la ampliación de escuelas o mejoras del sistema de agua potable, entre otros proyectos.

En 2022, año preelectoral, Giammattei impulsó para estas obras un aumento presupuestario del 16% respecto del año previo. En años preelectorales anteriores, 2018 y 2014, ese presupuesto creció un 8% y disminuyó un 4%, respectivamente.

Este año, el de las votaciones, el presupuesto de los Codedes volvió a subir y superó los Q4 mil millones (US$510 millones).

«[Esta asignación de recursos extraordinarios] no garantiza ganar la alcaldía, pero da base para tener un mejor resultado», expone Carlos Barreda, exministro de Finanzas y diputado de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), un partido formado por disidentes de la UNE.

Ovalle, el expresidente de la ANAM, amplía: «Con este tipo de proyectos, muchos alcaldes tienen la esperanza de ganar la reelección porque la gente puede ver más y mejores obras concretas, y pueden pensar que se está trabajando».

No siempre hay más fondos cada vez que hay comicios: en 2015, por ejemplo, cuando el Partido Patriota terminaba su período, los Codedes sufrieron un recorte presupuestario del 1.18%.

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Varios alcaldes aceptan que la inversión pública es decisiva en las negociaciones partidarias. «Todos los partidos, incluyendo los que van hasta arriba [en las encuestas], te ofrecen y te dicen que vamos a hacer esto y lo otro. Lo que nosotros queremos es que haya inversión ya», explica Guarquez, el de Sololá.

Otros confirman que las obras de los Codedes les ayudan a posicionar su imagen. Mauricio Méndez, alcalde de San Pedro La Laguna, quien también migró de URNG-Maíz a Vamos, es uno de ellos. «No me preocupa ir con el desgaste del partido. Al final, en un municipio lo que cuenta es la imagen y la reputación [del candidato]», dice. Argumenta que fichó por el partido oficial porque «era la organización que estaba disponible».

Santiago Molina, alcalde de La Democracia, en Huehuetenango, coincide con él. «El símbolo del partido es un pase, puesto que ganar la contienda se logra por la trayectoria de vida y trabajo con la población», asevera. Tras ganar su primer período con Fuerza, antiguo partido de Giammattei, buscará la reelección con Vamos.

En abril de 2023, la aplanadora oficialista en el Congreso puso en marcha otro de los motores del plan de Vamos para que su poder sobreviva al gobierno de Alejandro Giammattei. En plena campaña, aprobó agregar casi Q340 millones (US$43.4 millones) al presupuesto del Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor (PAM), que cada mes entrega un bono de Q500 a personas mayores de 65 años que carecen de ingresos o pensión.

El Ejecutivo sostiene que el PAM pretende sacar de la pobreza a la población adulta, pero el incremento levantó sospechas en la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT), un consorcio de siete organizaciones civiles que monitorean el desarrollo de los comicios de 2023. «La forma acelerada y sin discusión en que fue aprobado genera preocupaciones legítimas sobre el riesgo de que el PAM y los recursos financieros asignados se malversen con fines clientelistas para obtener beneficios políticos en la actual campaña», alertaron en su informe de mayo.

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Durante 2022, en buena parte de su gira para entregar certificaciones a los beneficiarios del programa, Giammattei se hizo acompañar en el escenario por Manuel Conde, quien en aquella época se perfilaba como candidato de Vamos a la presidencia. En ese entonces, Conde solo era diputado del PAN y justificaba su presencia en los eventos como una «labor de fiscalización».

El candidato, quien aún es secretario general del PAN, el partido que lo llevó al Congreso, es uno de los políticos más experimentados de Guatemala. En 32 años de carrera, ha pasado por cuatro agrupaciones y esta es su tercera carrera presidencial.

Entre abril y mayo de 2023, Giammattei ha continuado sus giras para promocionar el Programa del Adulto Mayor, ya sin Conde pero rodeado por los alcaldes que buscan la reelección con Vamos. El 2 de junio, cuatro de esos jefes ediles en Chimaltenango acompañaron al mandatario en un evento público del PAM, pese a que el artículo 223 de la ley electoral prohíbe a los funcionarios, durante el período de campaña, «informar, dar a conocer [...] y participar de cualquier forma en publicidad o propaganda de las actividades, gestión u obras realizadas». El PAM, oficialmente, está bajo la tutela del Ministerio de Trabajo y no de las municipalidades.

En la última década, la base de beneficiarios del programa creció en más de 55 mil personas. El 75% de ese incremento sucedió durante el gobierno de Vamos.

«Durante tres períodos no se había logrado. Eso me da a entender que el gobierno está haciendo cosas importantes», comenta Guarquez, el alcalde de Sololá. «Lo que pedimos es que se amplíe la cobertura».

La reinvención de una vieja estrategia

«Aprovechar la posición de gobierno no es nada nuevo. Se ha repetido en todas las administraciones, en unas con más fuerza que otras», resalta la politóloga Geidy de Mata, exdirectora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Las cifras lo validan. La incorporación masiva de alcaldes de otros partidos a la planilla electoral de la formación en el gobierno se ha repetido en ocasiones anteriores, aunque esta vez alcanza dimensiones inéditas. Nadie supera los 144 alcaldes que reclutó para este año Vamos, que ha visto migrar a otra organización política a dos de los 29 que obtuvo en 2019 y a otros dos renunciar a la reelección.

En 2011, la UNE del expresidente Álvaro Colom presentó a la reelección a 153 jefes ediles, 49 más que los 104 que obtuvo cuatro años antes. En 2019, con Jimmy Morales en el poder, FCN-Nación buscó la reelección en 32 alcaldías, aunque en 2015 solo había logrado una. El Partido Patriota, de hecho, inscribió en 2015 solo 113, menos que los 126 que ganó en 2011, el año que Otto Pérez Molina consiguió la presidencia.

La historia también apunta a que el fichaje de alcaldes no se traduce necesariamente en mejores resultados en las elecciones legislativa o presidencial.

Novales esboza dos razones. «La primera es que, en Guatemala, el sentido de un partido muere cuando se logra la presidencia. Las agrupaciones suelen formarlas grupos reducidos de personas para beneficiar a alguien en concreto. Después de eso, no hay mucho interés en continuar», explica.

La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) bautizó a las organizaciones que cumplen con esas características como «partidos franquicia». Según un estudio que ese tanque de pensamiento publicó en 2013, la mayoría de las agrupaciones políticas en Guatemala funcionan así. En 2019, después de controlar cuatro años el Ejecutivo, FCN-Nación quedó octavo en la competencia presidencial, obtuvo ocho curules en el Congreso y ganó 19 alcaldías. Cuatro años antes, el ahora extinto Partido Patriota cayó al séptimo puesto en la carrera por la presidencia y obtuvo 18 diputados después de haber logrado 57 en 2011.

Una excepción a las organizaciones franquicia, rescata Novales, podría ser la UNE, que luego del gobierno de Colom pasó al control de Sandra Torres, líder hoy de la bancada más amplia del Congreso y quien este año compite por tercera vez por la presidencia. Desde su salida del poder en 2012, su partido ha obtenido siempre al menos 30 parlamentarios y 60 jefes ediles en cada proceso electoral. En los comicios de este año, inscribió a 332 candidatos a alcalde.

¿Por qué entonces hace Vamos una apuesta de resultado incierto? Novales comenta: «En una campaña de tierra [de tradicionales visitas a territorios, mítines y caminatas] puede ser muy cara la movilización. Es más fácil para los partidos grandes promocionarse a través de liderazgos ya identificados».

Edwin Escobar, excandidato presidencial en 2019 por el partido Prosperidad Ciudadana y protagonista de uno de los grandes escándalos políticos de la presente campaña, ofrece su propio análisis y compara la estrategia gubernamental con un juego de lotería en el que Giammattei, dice, trata de manipular el resultado.

«El éxito del Giammattei es que [en los últimos cuatro años] devolvió el poder a la presidencia», opina Escobar. «De manera nefasta, logró consolidar no solo el Congreso, sino los demás poderes del Estado». Ese, apunta, es el primer nivel de la maniobra: el macro, el abuso del poder del Ejecutivo y su autoridad encubierta sobre otras instituciones.

Actuar como un gobierno municipalista es, señala, el segundo componente de su estrategia: «El 95% de los municipios depende del situado constitucional, la asignación presupuestaria que les otorga el gobierno, lo cual los amarra a este», afirma.

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El tercer nivel del plan es promover lo que él llama «el cartón vacío», al impulsar en secreto o legitimar la eliminación de candidatos para facilitar la victoria de figuras afines. «Ha sido parte del sistema eliminar candidatos que tienen posibilidades hace varias elecciones, a nivel presidencial, municipal y de diputaciones», dice Escobar. Si en 2019 polémicas decisiones judiciales o de la autoridad electoral impidieron las candidaturas presidenciales de la ex fiscal general Thelma Aldana y de la exdiputada Zury Ríos, dos de las favoritas, este año hasta tres presidenciables han sido excluidos de la contienda en medio de la polémica: Thelma Cabrera, Roberto Arzú y recientemente Carlos Pineda, quien encabezaba la mayoría de encuestas.

Pero quizá la más llamativa es lo que Escobar llama «la jugada del cartón lleno», dirigida a lograr una mayoría de hasta 80 escaños en el Congreso con una suma de diputados oficialistas, de partidos aliados y de otras formaciones a las que él denomina «satélite». «Muchos candidatos presidenciales solo son usados para [a través de sus partidos] meter diputados al Congreso», denuncia el político.

En una reciente conversación filtrada por la youtuber cubana Bárbara Hernández, se escucha a Escobar narrar la forma en la que el presidente Giammattei y Miguel Martínez, su principal operador político y exdirector del Centro de Gobierno, supuestamente actuaron con ayuda de una magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para forzar al partido Prosperidad Ciudadana a incluir a personas de Vamos en las primeras posiciones de su planilla al Congreso.

«Los candidatos a diputados que no van en las primeras casillas de Vamos los metieron en los primeros lugares de otros partidos», se le escucha decir. «Ellos están entrando a la elección con un montón de diputados electos en diferentes partidos usando [personas afines] que les den votos a la diputación. El Congreso con esa alianza va a mandar, no el [nuevo] presidente».

La denuncia agrava las sospechas de falta de independencia que observadores nacionales e internacionales tienen sobre el actual TSE a solo unos días de las votaciones. En una conversación telefónica para este reportaje, Escobar no quiso confirmar la autenticidad de la grabación, pero aseguró que las denuncias que se hacen en ella son ciertas.

Martínez ha descalificado públicamente el audio. No se sabe de ninguna intención del Ministerio Público (MP), abiertamente aliado del presidente Giammattei, por investigar las alegaciones.

El futuro de Giammattei

En una respuesta por escrito para este reportaje, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia niega haber utilizado sus políticas o el poder del Ejecutivo para beneficiar al partido Vamos. «El presidente [...] ha desarrollado [...] un gobierno con enfoque municipalista, impulsando y fortaleciendo el apoyo a los gobiernos locales [...] sin distinción partidista, bajo la premisa de que que únicamente 340 municipios fuertes hacen un Estado fuerte», dice el mensaje.

Para que la estrategia completa rinda frutos, en todo caso, los alcaldes que compiten por Vamos deben lograr de sus bases el llamado «voto en línea», es decir, su apoyo al partido también en las elecciones de diputados y presidencial. En muchos de los mítines y caminatas para promover a Conde, se reproduce una canción que literalmente repite la frase «¡Vota en línea, vota en línea!».

Víctor Valenzuela, el secretario general de Vamos, lo ratifica: «Estamos convencidos de que la gente va a ser leal y nos va a apoyar. Si viviéramos pensando que nos van a traicionar, no estaríamos haciendo esto».

Esa confianza es, según Novales, el segundo error del oficialismo. «La gente vota por personas que conoce y muchas veces de manera cruzada", asegura. "Los ciudadanos no son esclavos de los alcaldes».

En 2015, ASIES analizó los resultados electorales de ese año en cada mesa del país y evidenció un mayoritario voto cruzado entre los aspirantes a la alcaldía de los tres partidos con mejores resultados y el presidenciable de FCN-Nación, Jimmy Morales, quien resultó ganador.

La mayoría de los antecedentes parecen desfavorecer a Conde, quien ya fracasó en sus dos intentos previos de ocupar la silla presidencial. En 2003 y 2007 reunió menos del 1% de los votos, y a pesar de sumar tres décadas de trayectoria política, siete de cada diez guatemaltecos no lo conocen, de acuerdo con un estudio de Prensa Libre.

Según la politóloga Geidy de Mata, eso podría explicar por qué el candidato de Vamos tiene solo el 5% por ciento de la intención de voto según la última encuesta de Prensa Libre. Sandra Torres, de la UNE; Edmond Mulet, de Cabal; y Zury Ríos, de la coalición Valor-Unionista le superaban en mayo con el 19.5%, el 10.1% y el 9.2% de las preferencias, respectivamente.

Los alcaldes no parecen interesados en salvar al presidenciable de Giammattei. Tello, el jefe edil de Chiantla, admite que tanto él como la mayoría de sus homólogos ingresan a un partido dependiendo solo de cuánto les sirve para mantenerse en el poder. «Como políticos ya no encontramos agrupaciones que tengan una ideología clara y escuelas de formación de líderes», lamenta. «La mayor parte de alcaldes y diputados utilizamos los partidos como vehículos para poder lograr el objetivo: gobernar».

Ovalle, el exdirigente de la ANAM, coincide: «Los alcaldes siempre van con el mejor postor». Él, al igual que Novales y De Mata, cree que este 25 de junio Vamos repetirá el fracaso de los anteriores partidos de gobierno que quisieron preservar su poder.

La verdadera meta de la agrupación oficial, opinan los tres, debería ser el Congreso. «Quien vota para alcalde, quizás sea más fácil que vote para diputado, pero no necesariamente para presidente. Porque el alcalde representa al diputado. En las actividades y mítines están de cachetito y la población los conoce», considera Ovalle.

«El legislador debería tener comunicación con la comunidad porque es el mediador con el Ejecutivo», remarca De Mata. «Este es un país centralizado y al presidente se le ve lejos. El voto para él es cuesta arriba».

A juicio de Novales, si Giammattei busca desde esa distancia prolongar su poder a través de los posibles alcaldes y diputados que logre Vamos en las elecciones, es para protegerse de posibles causas judiciales en su contra. «Los políticos guatemaltecos se juegan la vida o la muerte en cada votación, pues se decide quién puede ir preso o no en los siguientes cuatro años», explica.. «Al final de cuentas, se trata de estar libre de persecución».

Giammattei acumuló en sus cuatro años de mandato una larga lista de señalamientos de posible corrupción, que incluyen la acusación de haber financiado su campaña electoral de 2019 con sobornos de constructoras, o aceptar coimas para otorgar la concesión de un puerto en Izabal a empresarios rusos. Hasta el momento, no solo no ha prosperado ninguna investigación en su contra en el MP, sino que la fiscal general, Consuelo Porras, fue acusada por múltiples observadores locales y por Estados Unidos de amenazar, despedir o perseguir judicialmente a los fiscales que intentaron documentar esos presuntos delitos del presidente.

Escrito por Carlos Raúl Kestler, Ana Lucía González e Isaías Morales. Edición de José Luis Sanz.

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Este reportaje se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Elecciones.