Esta —de 17 objetivos y 169 metas— integra el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, «poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible», y ocho metas vinculadas con la lucha contra el hambre y todas las formas de malnutrición mejorando producción y productividad agrícolas e ingresos de pequeños productores, así como poniendo especial atención a la preservación de la diversidad genética de las semillas, al aumento de las inversiones en sistemas agrícolas y a la adopción de medidas para el buen funcionamiento de mercados agropecuarios y de productos básicos alimentarios mundiales.
La meta de reducir a la mitad el bajo peso por edad entre 1990 y 2015 se cumplió en Guatemala: a diferencia de este tipo de desnutrición, la crónica o retardo en el crecimiento se ha modificado lentamente desde la primera medición en la década de 1960, cuando se identificó que casi 6 de cada 10 niños menores de cinco años, sus madres y sus padres eran desnutridos crónicos, con una tendencia a la disminución de medio punto porcentual anual, muy por debajo del ritmo de mejoramiento de programas exitosos que generan una reducción de hasta tres puntos porcentuales al año. En otro orden, el sobrepeso y la obesidad en mujeres en edad fértil ha aumentado en 25 % entre 1995 y 2008. Esto condiciona la coexistencia en un mismo hogar de niños desnutridos y de sus madres con sobrepeso y obesidad, lo cual afecta a una de cada cinco familias en el país.
El estado de nutrición de los seres humanos predice y delimita las posibilidades que estos tienen para conseguir niveles óptimos de desarrollo humano. Afecta directamente el potencial de crecimiento y desarrollo integral que tienen los grupos sociales, expresado como estado de salud, capacidad para aprender, personalidad y conducta social, productividad física e intelectual y capacidad de generación de ingresos como adulto. Es, en efecto, una carga que debe evitarse a toda costa si como nación queremos construir, de una vez por todas, una mejor calidad de vida y mayores niveles de bienestar que permitan el logro de un país incluyente —la Guatemala posible—.
Se preguntan unos y otros por qué Guatemala es el país con más desnutrición crónica en América Latina y el Caribe. Los estudios abundan, los diagnósticos son contundentes y los factores socioeconómicos que explican esta situación de desnutrición a nivel nacional y en las áreas geográficas menores se conocen: se confirma una y otra vez la importancia de la posesión de activos productivos como tierra y recursos de capital en el campo y se reafirma el impacto del desarrollo territorial desigual y de los grupos sociales históricamente excluidos económica y políticamente. Y es así como los datos indican que la baja talla por edad afecta a los más pobres, a los residentes rurales, a los grupos indígenas y a los niños cuyas madres tienen menores niveles de educación y han tenido un mayor número de hijos e hijas.
Cobra importancia, pues, el empoderamiento de la mujer, incluyendo su óptima nutrición antes y durante el embarazo como determinante directo del estado nutricional de sus hijos, además del mejoramiento de su baja escolaridad y de su poca formación técnica, que condicionan la informalidad de sus actividades laborales y, por qué no decirlo, hasta la inequidad en el acceso a oportunidades, que limita las posibilidades de la mujer de mejorar su posición dentro de la familia, la comunidad y el país. La desigualdad de género y el patrón reproductivo de la niña, la adolescente y la mujer guatemalteca condenan a permanecer al margen de los frutos del desarrollo nacional a muchas «generaciones de mujeres que pasaron del vientre de sus madres a ser abuelas sin saber que podían ser niñas»[1].
Para construir la Guatemala que queremos hay que consolidar los logros evidentes en materia de institucionalidad pública multisectorial, para lo cual hay que garantizar que los instrumentos de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinasan), blindaje de la primera, consigan sinergias con las políticas globales de desarrollo y de protección social, así como con las estrategias de reducción de la pobreza, para lograr avanzar en la universalización del acceso a servicios sociales e intervenciones en salud y educación con prioridad a mujeres, mujeres indígenas y mujeres residentes de las áreas rurales.
Deben renovarse compromisos al más alto nivel que garanticen el cumplimiento del marco político y jurídico de la política y la ley, compromisos que se expresen en una eficiente articulación de inversiones y en la continuidad, a escala nacional, de las intervenciones que funcionan. En el entendido de que la nutrición y la seguridad alimentaria son responsabilidades de todas las fuerzas y sectores de la sociedad en su conjunto, debe hacerse un esfuerzo serio y sostenido de articulación de iniciativas de los sectores público y privado en aras de la construcción de una nueva realidad nutricional para los años por venir.
[1] Escobar Sarti, C. La Guatemala sin niñas. Prensa Libre, 26 de septiembre de 2015. Disponible aquí.
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