El estado actual de los bosques de Guatemala

  Según la FAO (2020)^[1] el área total de bosques en el mundo es de 4,060 millones de hectáreas (ha), que corresponde al 31 % de la superficie total de la tierra. Esta área es equivalente a 0.52 ha por persona, a pesar de que los bosques no están distribuidos de manera uniforme y equitativa en cada uno de los países. De esa cuenta, las zonas tropicales poseen la mayor proporción de los bosques del mundo (45 %), el resto está localizado en las regiones boreales, templadas y subtropicales. Más de la mitad (54 %) de los bosques del mundo está situada en solo cinco países: la Federación Rusa, Brasil, Canadá, los Estados Unidos de América y China.

  Estado

La cobertura forestal de Guatemala para el año 2016 se estimó en 3,574,244 ha (INAB, CONAP, MAGA, MARN, UVG & URL, 2019), correspondientes al 33.0% del territorio nacional; según el Mapa Forestal por Tipo y Subtipo de Bosque al año 2010, estos se encontraban constituidos por un 2.76% de bosques de coníferas, un 25.52% de bosques de latifoliadas, un 4.84% de bosques mixtos y un 0.23% de mangle (INAB & CONAP, 2015). La Evaluación Mundial de Recursos Forestales (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2015),  indica que el 37.7% de está conformado de bosques primarios^[2].

La pérdida de cobertura de bosque representa un 60 % de la existencia de cobertura en el año 1950, por otra parte, la degradación y pérdida de los ecosistemas naturales se da por la extracción selectiva de madera (troncos y leña) en los remanentes boscosos.

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El estudio sobre la cobertura forestal de Guatemala y dinámica de la cobertura forestal al 2010-2016 reporta que el 33.0 % del territorio del país^[3] contaba con cobertura boscosa, esto representa una disponibilidad de recurso forestal per cápita de 0.22 ha/habitante^[4] . La deforestación anual bruta representó 122,985 hectáreas/año^[5] durante dicho periodo, con una tasa anual de 3.3 %^[6], aunque el cambio neto reportado fue de 18,350 hectáreas anuales (INAB et al., 2019^[7]), dicho valor no refleja adecuadamente el impacto socioambiental que representa la «deforestación bruta», puesto que esta tiene lugar en los territorios donde se concentran los últimos remanentes de bosques densos que albergan poblaciones silvestres cuya viabilidad tiende a reducirse, así como los servicios ambientales que estos bosques generan; lo cual contrasta con la «deforestación neta» que ocurre en lugares donde los servicios ambientales son mucho menores.

Presiones

Las causas de la deforestación continúan siendo las mismas que se reflejaron en estudios anteriores sobre este tema. La principal es la presión ejercida por la economía que promueve el cambio de uso del suelo de bosques a actividades como la ganadería extensiva, la expansión de monocultivos (como la palma africana y caña de azúcar), la extracción minera, la urbanización, la narco ganadería (especialmente en Petén) y los incendios forestales derivados de estas actividades o inducidos intencionalmente. En ambos casos, estas acciones se ven potenciadas por las altas temperaturas derivadas del cambio climático y la variabilidad del clima.

El Mapa de Frentes y Focos de Deforestación ^[8] demuestra que los frentes han crecido en número y espacio territorial. En estos territorios es donde la deforestación es masiva, de gran escala, perceptible y tiene su origen en la sustitución de bosques por ganadería extensiva; agricultura de pequeña, mediana y gran escala –esta última vinculada a monocultivos extensivos como la palma africana–; incendios forestales, narcoactividad (como ya se ha mencionado) y las respectivas combinaciones entre estas.

El Mapa de Frentes y Focos de Deforestación^[9] reporta 14 frentes y 182 focos de deforestación. Para el caso de los frentes, están distribuidos en Petén, Sololá, Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla, Santa Rosa, El Progreso y Jalapa. Solo en estos se explica el 29 % de la deforestación bruta nacional durante el período 2010-2016.

Estos frentes están vinculados a actividades de poder económico relacionadas con la posesión de tierras y, específicamente en la región norte, están asociados con el narcotráfico. Prueba de ello es que el frente de mayor magnitud se ubica en el Parque Nacional Laguna del Tigre en Petén, y corresponde al 8 % de la deforestación bruta a nivel nacional.

El diagnóstico sobre la ilegalidad en el aprovechamiento y comercialización de productos forestales realizado por el Instituto Nacional de Bosques (INAB), Consejo Nacional de Estándares Forestales para Guatemala (Conesforgua), Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) -URL Universidad Rafael Landívar (2015), basado en focos y frentes de deforestación revela:

• Las microcuencas con densidad poblacional de 50 a 100 habitantes/km² presentan mayor problema de deforestación.  Esto refleja la estructura de la tenencia de la tierra.
• Para determinar la incidencia de carreteras y caminos sobre el efecto de la deforestación en los frentes y focos^[10] se procedió a marcar una zona buffer de 0.5 kilómetros de los caminos y de un kilómetro para carreteras.  Esto permitió observar que un total de 180,186 hectáreas podrían tener una correlación directa con las carreteras y caminos.
• Un factor determinante fue la presencia de la totalidad de aserraderos y establecimientos no identificados localizados dentro de un frente o foco de deforestación. Del total de establecimientos, un 14 % estaba dentro de un foco o frente, y un 66 % de estos, no estaba inscrito en el Registro Nacional Forestal del Instituto Nacional de Bosques (operan en la ilegalidad).
• Para el control de las talas ilícitas, se da el contexto siguiente:  uno relacionado con la economía y los espacios para la expansión de los cultivos a gran escala, como la caña de azúcar y la palma africana. El otro, con lo institucional, derivado de las precarias capacidades político-institucionales del país.
• En la imagen uno, se puede observar cómo ha variado la deforestación en los últimos 30 años. Se observa claramente cómo se ha venido presentando este fenómeno principalmente en la región norte de Guatemala, más específicamente en el Petén.
• Durante el período 2010-2016 se contabilizaron 182 focos de deforestación, distribuidos de manera dispersa en todo el país, con mayor incidencia en las regiones central, occidental y oriental. Estos focos son responsables de la fragmentación de bosques y explican el 22 % de la deforestación bruta a nivel nacional.
• A lo anterior se suma la degradación cualitativa de los bosques para la obtención de leña destinada a la cocción de alimentos, calentamiento de agua y del hogar (INAB et al., 2015). En Guatemala la fuente de energía más utilizada es la leña, el 64 % de la estructura de la oferta energética. El consumo de leña es de 1 m³ por habitante en las zonas peri-urbanas y de 2.7 per cápita en las áreas rurales. En cuanto a la recolección, las mujeres y el grupo familiar son quienes más participan. Al año 2010 se reportó un déficit de oferta y demanda de leña para energía de un aproximado de cinco millones de toneladas de materia seca^[11]. Esto implica que un 25 % de estos productos entra al mercado sin ningún tipo de control (ausencia total de institucionalidad).
• La utilización y consumo de los bosques se sitúa en medio de una tensión estructural que aborda la discrepancia entre la conservación y el uso del bosque. Esta discrepancia se manifiesta en las tensiones entre la dimensión transable y la condición de bien público del bosque, así como en la necesidad de conservar versus la necesidad de uso por parte de una población socioeconómicamente suprimida. Esta población ve en los recursos del bosque una forma de sobrevivir ante la falta de otros ingresos para cubrir sus necesidades básicas insatisfechas.
• A lo largo de la cadena de la madera^[12], los motores de la deforestación de los bosques son los propietarios de los aserraderos que operan entre la legalidad y la ilegalidad según las fuerzas del mercado, así como también, las empresas privadas promotoras de monocultivos a gran escala, que irrumpen en los bosques para expandir sus áreas de producción.
• La expansión de los monocultivos conlleva a veces al acaparamiento de tierras a gran escala que deriva en el desplazamiento interno de las comunidades ante la inexistencia de un plan de ordenamiento territorial. La concentración de tierra es pues, una fuerza impulsora, que no solo priva de este activo a campesinos, sino que los induce a la ocupación y habilitación de nuevas áreas agrícolas (posiblemente dentro de áreas protegidas) y de la necesidad de producción de alimentos, por lo que las pequeñas comunidades se ven en la obligación de avanzar hacia lo que se conoce como la frontera agrícola en áreas que posiblemente están con restricciones de protección legal.

Respuestas

La ejecución de las políticas vigentes en materia de gestión de recursos naturales continúa bajo un escenario de escasez de recursos financieros, por lo que las inversiones para la conservación de los bosques y su protección resultan insuficientes para detener las fuerzas impulsoras y las presiones que determinan su deterioro. Esta insuficiencia de recursos y de capacidades se explican por la prevalencia de un orden político-económico en el que la gestión ambiental se continúa marginando.

• El promedio de las asignaciones en el presupuesto de ingresos y egresos de la nación para el periodo 2015-2017 de las siguientes instituciones fue: MARN (promedio anual de Q114.3 millones), Conap (promedio anual de Q103.5 millones), INAB (promedio anual de Q117.1 millones), programas de incentivos del INAB (promedio anual de Q349.8 millones).

• La conformación de bloques foresto-industriales por medio de los programas de incentivos forestales tuvo un avance insuficiente, (en la agenda del fomento vía incentivos forestales), que permitiera una clara vinculación entre las áreas de producción de materia prima y la industria de la madera, procurando entre otros aspectos, reducir la presión sobre bosques naturales y limitar la ilegalidad en el flujo de la madera proveniente de esos bosques.

• Respuestas del sector justicia. Como resultado de las acciones de incidencia realizadas por el Foro de Justicia Ambiental, el 10 de julio del 2015 se creó el primer juzgado ambiental en Petén, seguido por los de Izabal, Alta y Baja Verapaz en el 2018; Zacapa y Guatemala en el 2020. Lo anterior se ve apuntalado con el reforzamiento de las fiscalías de delitos contra el ambiente del Ministerio Público de Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Zacapa y Escuintla (estas dos últimas, recientemente creadas)^[13]. Gracias a estos esfuerzos, los casos relacionados con violaciones a la legislación ambiental pueden investigarse de manera más certera y existe más sensibilidad en los juzgados especializados para abordar los procesos que se judicializan con relación a los delitos por infracciones a la legislación forestal.

Instrumentos:

• Concesiones forestales dentro de la Reserva de Biosfera Maya: nueve concesiones comunitarias de recursos naturales y dos industriales manejan 476,000 ha certificadas bajo el estándar del Forest Stewardship Council

• Aprovechamiento forestal^[14]: 1,855,593 millones de metros cúbicos /año de aprovechamientos registrados en INAB dentro del periodo 2006-2022.

• Programas de incentivos forestales (INAB): las estadísticas según tipo de programa y modalidad de ejecución se presentan en la tabla tres y tabla cuatro.

La utilización y el uso de los recursos deriva en tensiones dentro de la sociedad, siendo estas:

• Desencuentro entre los marcos legales gubernamentales de manejo y administración forestal y los esquemas comunitarios ancestrales de tenencia, conservación y manejo de bosques.  Por lo tanto, es necesario el desarrollo de una política de Estado que asuma el papel de promotor de buenas prácticas forestales de pequeña y mediana escala, y generar políticas públicas diferenciadas desde una perspectiva de territorio y sujeto; además de promover una visión integral e incluyente.

• El uso productivo del bosque se percibe como dañino por parte de la sociedad debido a la debilidad de la cultura forestal en Guatemala.

Impactos

Impactos positivos

Naturales:

• La recuperación de la cobertura boscosa vía plantaciones forestales y conservación de los remanentes bosques naturales mediante el manejo y protección de estos.
• Los servicios ambientales que proveen los bosques tales como la conservación de la biodiversidad, la fijación de carbono, la regulación del ciclo hidrológico, la aportación de oxígeno, la visión del paisaje, la protección contra la erosión y la mitigación a los efectos del cambio climático a nivel local.

Económicos:

• Aportación del sector forestal al Producto Interno Bruto, que representó el 2.57 % según el Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas (SCAE) medido el año 2006.
• El INAB reporta que para el periodo 1998-2016, se otorgaron 4.9 millardos a 739,461 beneficiarios de los programas de incentivos  .

Sociales:

• Se invirtieron alrededor de Q4.9 millardos en los programas de incentivos forestales (Pinfor, Pinpep y Probosques^[15]), estimándose que estos impulsaron cerca de 77 millones de jornales, (Sifgua). Estas cifras, sin embargo, no especifican si hubo empleos directos o permanentes. Una estimación grosso modo nos indica que se ha generado un equivalente a 12,906 empleos^[16] por año durante el periodo 1998-2022.

Institucionales:

• El mecanismo de las concesiones forestales y los programas de incentivos forestales también han tenido un impacto positivo al fomentar y propiciar la «asociatividad» entre comunidades y organizaciones forestales, como Acofop, la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala, la Asociación de Forestería Comunitaria Ut’z Ché, la Federación de Cooperativas de Las Verapaces (Fedecovera), la Asociación de los Cuchumatanes (Asocuch), la Asociación Sotzil y la Red Nacional de Beneficiarios del Pinpep, que han incidido en mejorar la gobernanza de los bosques.

Impactos negativos

• La credibilidad en el quehacer de las instituciones responsables del tema, entiéndase, MARN, INAB y Conap que observan cómo se depredan los recursos en una total inactividad e inoperancia (asociado a una falta de recursos económicos, financieros y humanos) para contener la deforestación a nivel nacional, a pesar de contar con instrumentos que favorecen a la actividad forestal sostenible.
• Impactos negativos naturales
• La pérdida de la cobertura boscosa crea una incredulidad en la institucionalidad forestal por el continuo detrimento del recurso.
• El cambio climático de origen antropogénico y las consecuentes distorsiones climáticas amenazan la permanencia de ecosistemas forestales y de las especies endémicas asociadas. Se prevé que, bajo los actuales escenarios, las condiciones bioclimáticas del país cambiarán en el 50 % del territorio nacional para el 2050 y en el 90 % en el 2080. Así mismo, se prevén cambios importantes en la productividad primaria neta de los ecosistemas forestales. Para bosques basales, premontanos y montanos bajos se espera una fuerte disminución en su productividad, debido a su sensibilidad a incrementos de temperatura. Los bosques montanos no basales, por otro lado, incrementarán su productividad, mientras que los bosques montanos arriba de los 1,800 metros sobre el nivel del mar presentarán una severa disminución.
• El impacto negativo de la disponibilidad de recurso forestal per cápita equivalente a 0.22 ha de bosque al año 2016 como ya se ha mencionado. Lo cual está muy por debajo de la disponibilidad per cápita mundial que es de 0.52 ha de bosque por habitante como ya se ha mencionado.

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La propuesta desde lo académico

• Es necesario desmantelar las condiciones o «fuerzas impulsoras» que inducen a la deforestación. Estas tienen su origen en las precarias capacidades político-institucionales del país (con sus ribetes de incapacidad, indiferencia y corrupción), pero, sobre todo (y antes que la precariedad institucional señalada), en el modelo de búsqueda de bienestar basado en el productivismo y el crecimiento económico. Este modelo se justifica en un dudoso interés por las masas desempleadas, carente de sensibilidad y acción en materia ambiental.
• En cuanto a las discrepancias entre la conservación y el uso del bosque se recomiendan cursos de acción que conduzcan a fortalecer la política pública con capacidades humanas y financieras para regular el mercado y proteger bienes y servicios públicos ambientales de carácter vital.
• Generar un esquema de impuestos a las actividades económicas dominantes que usan y contaminan el ambiente. Esto con la finalidad de crear un fondo de restauración ambiental/forestal. Promover un esquema alternativo de desarrollo que incluya a la población marginada, rural y urbana, mediante políticas públicas que aborden la pobreza y la degradación ambiental como productos de un régimen socioeconómico excluyente.

En la encrucijada entre el crecimiento económico y la preservación ambiental, se hace evidente la necesidad de desmantelar las fuerzas impulsoras que alimentan la deforestación. Esto requiere una mirada crítica hacia nuestro modelo de bienestar, que prioriza el productivismo a expensas de la sostenibilidad ambiental y el bienestar social. Para abordar estas complejidades, es esencial fortalecer nuestras políticas públicas, dotándolas de los recursos humanos y financieros necesarios para regular eficazmente el mercado y proteger nuestros recursos naturales. Solo a través de un enfoque integral que aborde tanto la pobreza como la degradación ambiental podremos construir un futuro más justo y sostenible para todos.

¿Estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias para garantizar la supervivencia de nuestros bosques y su papel crucial en la mitigación de las amenazas globales que enfrentamos hoy en día?

Referencias

^[1] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 2020. Evaluación de los recursos mundiales 2020. https://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/es

^[2] Bosques. Serie del Perfil Ambiental, 2022. https://biblioteca.url.edu.gt/iarna/bosques/

^[3] La cobertura forestal en el año 2016 para Guatemala era de 3,574,244 hectáreas. http://www.sifgua.org.gt/SIFGUAData/PaginasEstadisticas/Recursos-forestales/Cobertura.aspx

^[4] 0.10 ha/habitante al año es una señal de escasez. Lund, G. (1999). Definition of low forest cover (LFC). Report prepared for IUFRO. Forest Information Services.

^[5] Equivalentes a un aproximado de 337 campos de futbol/día.

^[6] Se hace hincapié en la deforestación bruta porque es aquella en donde se pierden los bosques naturales, así como los servicios ambientales que se derivan de estos.

^[7] Ver referencias originales de la bibliográfica en el Capítulo de Bosques del Perfam 2022 en https://www.url.edu.gt/publicacionesurl/pPublicacion.aspx?pb=986

^[8]Los frentes de deforestación son áreas mayores a doscientos cincuenta kilómetros cuadrados, donde la remoción boscosa es masiva y a gran escala; por otro lado, los focos de deforestación (áreas entre veintiséis y doscientos cincuenta kilómetros cuadrados), donde la pérdida es atomizada y menos intensa y perceptible. Tiene su origen en el urbanismo, la recolección de leña, la agricultura en minifundio, la tala en fincas cafetaleras y cañeras, el «maderero» ilegal –en gran medida impulsado por los propietarios de aserraderos–, incendios forestales y las respectivas combinaciones entre algunas de estas causas (Iarna, 2012; Gálvez, 2011).

^[9] Este es un ejercicio académico que realiza la Unidad de Datos e Información Estratégica (UIE) de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la URL a partir de los estudios de cambio de cobertura y cobertura boscosa 1991-2001; 2001-2006; 2006-2010; 20102016. Análisis de referencia con datos no oficiales del Grupo Interinstitucional de Mapeo de Bosques y Uso de la Tierra (Gimbut) al 2014.

^[10] Definidos ya en este estudio.

^[11] Equivalente a 10 millones de metros cúbicos o lo que es igual a 12.8 millones de tareas de leña.

^[12] Es el ciclo forestal que va de la «semilla a la tumba» o sea del productor al consumidor final. Dicho de otra forma, conjunto de actividades económicas, estrechamente interrelacionadas, que participan directamente en la producción, en la transformación, traslado y el mercadeo de un mismo producto.

^[13] Comunicación personal con Mirna Romero, directora del Foro de Justicia Ambiental (18 de agosto de 2021).

^[14] Aprobados bajo licencia forestal y exentos (plantaciones voluntarias y sistemas agroforestales) Sifgua (IANB).

^[15] Este programa dio seguimiento al Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) que incentivó el establecimiento de 139,915.31 hectáreas y manejo de bosque natural de 243,652.96 hectáreas (Boletín Estadístico 1998-2019. Departamento de Incentivos Forestales, Instituto Nacional de Bosques (2019)).

^[16] Se tomó como base 250.5 días laborados/año (descontando asuetos y fines de semana). No se consideran los empleos indirectos por ser un dato poco confiable.