Mediante campos pagados, la organización de militares retirados convocó tomando como base el lema de: “Ante la agresión, unión”. Frase que sintetiza su percepción del significado de los procesos judiciales por las graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno.
Las discusiones en el encuentro de la AVEMILGUA giraron en torno a los elementos contenidos en un documento titulado “Aspectos a considerar en la defensa”, redactado en un estilo de análisis de escenarios, típico de servicios de inteligencia militar, y desarrollado con base en el discurso tradicional de la contrainsurgencia. “El oponente ha mantenido –desde antes de la firma de los Acuerdos de Paz–, una campaña permanente de preparación, para ablandar la mentalidad de los ciudadanos, fiscales y sector justicia en general, que no conocen las intimidades del enfrentamiento armado”, dice el texto de marras.
“Es una realidad –continúa el anónimo–, que mientras los integrantes del Ejército sentimos y disfrutamos la satisfacción del deber cumplido, las diferentes personas, instituciones y grupos que ven en la posguerra una brillante oportunidad para salir del anonimato político y económico y de la mediocridad intelectual, optan por el ataque a la institución militar en primera instancia, como método para debilitarla económica, moral y profesionalmente. Para luego encaminar el esfuerzo a la denuncia de sus integrantes, como personas individuales, pretendiendo llevarlos a la justicia con toda una larga lista de acusaciones”. Avanza el texto y en relación con el ejército, afirma que: “En ambos casos, las actividades del oponente, buscan acabar con el único liderazgo cultivado cuidadosamente en el Estado de Guatemala, tanto institucional como individualmente”.
Según el panfleto, en los procesos judiciales puede identificarse tanto la presión pública como la ligereza de los jueces que dan valor probatorio a lo que califican de infamias. Cuestionan las debilidades de la defensa de los procesados y consideran como falla estructural del sistema creada “por el oponente”, en el sentido de que según su criterio, los casos contra militares deben ser conocidos por “militares en Tribunales Militares”. El resaltado es del texto.
El análisis en los términos ya descritos, sustenta la propuesta de integrar una estructura de defensa legal sobre grupos tales como, el grupo director, equipo jurídico, equipo militar de apoyo legal, equipo de organización, equipo de enlace, equipo de logística y equipo de finanzas. De acuerdo con el documento, los grupos se integran con abogados (el director, jurídico de defensa) y militares (director, militar de apoyo legal, y el resto). Se propone tener militares de enlace con los comandos, escuelas o servicios del Ejército y sus asociaciones, así como el proceso de “reclutamiento” de apoyo en todos los departamentos del país.
El grupo director tendría, además, las responsabilidades de contactos con los medios de comunicación, así como elaborar los elementos esenciales de inteligencia (EEI), es decir la obtención de información y elaboración de inteligencia, cuya captación concluyen, “estará a cargo de todos los involucrados”.
Doce días después de la reunión en la cual se conoció el texto, Ricardo Méndez Ruiz hijo, presentó una querella por el secuestro del cual fue víctima en 1982. Méndez se aquerelló contra 26 personas quienes, según indica, pertenecían a dos organizaciones revolucionarias –el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)–, a las cuales sindica de haberlo retenido. Los periódicos de la época no aluden al EGP y según las notas de prensa, dicha organización sería ajena al secuestro en cuestión. Sin embargo, en la querella contra dicha entidad, Méndez incluye a dos familiares de la fiscal general Claudia Paz y Paz, una ya fallecida y otra que ha respondido ser ajena al hecho. Cuando presentó la denuncia, Méndez aseveró: “Emplazo a la fiscal Claudia Paz y Paz, para ver si es capaz de procesar a dos primas suyas y a la hermana del Presidente”.
Una semana después de aquerellarse ante el Organismo Judicial y no ante el Ministerio Público, el hijo del exministro de gobernación, acude a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) a solicitar protección pues dice temer por su vida por haberse pronunciado contra familiares de la Fiscal General. Según el diario Prensa Libre, Méndez considera que puede ser víctima de algún atentado y por eso se queja ante la PDH en contra de la fiscal general.
Simultáneamente, desde páginas electrónicas como la del periodista Luis Figueroa, se colocan documentos como “Los crímenes de la guerrilla” (no apto para todo público), en el cual se muestran imágenes de acciones atribuidas a la guerrilla. Sin demeritar la posibilidad de que tales hechos se produjeran, cabe señalar que el método y el estilo gráfico es coincidente en su totalidad con el juego propagandístico del anticomunismo de los líderes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), quienes antes de convertirse en partido político, formaron parte de la campaña mediática y de guerra sicológica contra el gobierno constitucional de Jacobo Árbenz Guzmán. Sobre este particular, es sumamente amplio el informe contenido en los documentos de la operación PB Success, nombre del operativo contra el gobierno guatemalteco. Dichos textos forman parte de materiales desclasificados del gobierno de Estados Unidos y que documentan plenamente el estilo de aplicación de las llamadas OPSICS (operaciones de guerra sicológicas).
En síntesis, desde la reunión de AVEMILGUA y la integración de la Familia (nombre dado a la reunión de los grupos de asociaciones militares, familiares y amigos de estos), se han sucedido varios hechos. Como parte del programa han avanzado: la querella de Méndez y su siguiente denuncia a la PDH, la campaña mediática y, en el camino, la elección en segunda vuelta electoral de un militar retirado, compañero de armas de muchos de los líderes de la AVEMILGUA. Así las cosas, por mucha razón que pueda caber en una víctima como Méndez, para presentar una demanda judicial, llama a suspicacia que esté integrada a un proceso que más que buscar justicia pretende revertirla, cuando no, aniquilarla.
Más de este autor