Usurpadores en paquete

En lo que respecta a la USAC, Walter Mazariegos proveniente de la Facultad de Humanidades se impuso en el cargo de rector en una votación amañada. De hecho, Mazariegos consiguió un grupo de choque, estilo sicariato, para impedir el ingreso de los electores de las otras candidaturas. En manos de un sistema de persecución penal controlado por las mafias, las denuncias por este hecho no han prosperado.

A su imposición como rector, Mazariegos ha incorporado las prácticas represivas y uso indebido de las normas para eliminar las disidencias en el Consejo Superior Universitario (CSU). Aliado con el MP, Mazariegos ha puesto en marcha acciones de persecución penal y sanciones administrativas contra estudiantes, docentes y personal universitario. Las emplea como venganza por el tiempo que el campus estuvo cerrado en protesta por la imposición.

En el Ministerio Público, su jefa María Consuelo Porras ha utilizado su poder para criminalizar la defensa del estado de derecho y de los derechos humanos. En su papel como Fiscal General, Porras ha sido una figura crucial para que esta institución responda a la entente del pacto de corruptos.

Sin embargo, bajo la sombra de Porras aparece otro funcionario: Ángel Pineda, quien ha ocupado el cargo de Secretario General del MP desde junio de 2021. Su función principal es servir como auxiliar de la jefatura del MP en la implementación de las políticas institucionales. No obstante, en los últimos meses la figura de Pineda ha asumido prácticamente el liderazgo del MP. Esto ha llegado a tal punto que, según lo denunciado por la Secretaría General de la Presidencia, Pineda ha coordinado directamente con Alejandro Giammattei, antecesor de Bernardo Arévalo.

Pineda, argumentando seguir instrucciones de la Fiscal General, solicitó al ejecutivo de Giammattei el pago de una oficina de cabilderos en Washington, D.C. Dicho cabildeo serviría para aislar a exoperadores de justicia, principalmente Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval, exiliados en Estados Unidos.

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Más recientemente, se dio a conocer una misiva de Pineda hacia el Fiscal General del estado de Texas en Estados Unidos. En esta, Pineda toma ventaja de la preocupación en la seguridad estadounidense, como la migración de la niñez no acompañada. El texto aborda el tema de una red de trata de niñez que es trasladada a Estados Unidos y señala como responsable a cuatro organizaciones de apoyo a la niñez. Una de ellas, la centenaria Save The Children, con miembros en más de 30 países a nivel mundial. En el texto de marras, Pineda prácticamente acusa a estas organizaciones de manejar una red de trata infantil.

Si bien el MP tiene convenios de cooperación con entidades internacionales, la vía para la ejecución de estas es desde la propia Fiscal General y no de su secretario. Es decir, Porras debió firmar la carta y no su secretario general.

Esta misiva no es la única acción de Pineda funcionando como jefe del MP en lugar de Porras. De hecho, cuando el MP inició su obsesivo intento por anular las elecciones, el Secretario General afirmó que los comicios debían anularse. En otras palabras, no solo fungió con las competencias de su jefa, sino que lo hizo como juez, anticipando una condena.

Pineda y Mazariegos, asentados sin legitimidad en espacios de poder, los han usado como herramientas personales de venganza, apoyo a la corrupción y procura de impunidad. Ambos deben quedar fuera de los puestos que usurpan y del que sacan provecho criminal.