El abordaje de la conflictividad social y el modelo de desarrollo del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en su primer tercio del período presidencial podría resumirse de la siguiente manera:
1) laxitud en la aplicación de la ley para proyectos extractivos o energéticos; y ausencia total de intervención para atender las preocupaciones de los ciudadanos y las comunidades aledañas a los proyectos;
2) aceptación de regalías voluntarias de porcentajes ridículos; y renuncia a reformar las leyes sobre industrias extractivas o las leyes tributarias; y
3) aplicación de estados de excepción, en una versión de la mano dura contra los delitos cometidos por la resistencia social, a la que constantemente se criminaliza y se le equipara con el crimen organizado y el narcotráfico. Otto Pérez, cuando era candidato, en julio de 2011, respondió a este medio que mano dura no era limpieza social, sino que era aplicación de la ley. Esa aplicación de la ley ha sido hasta ahora selectiva.
Ejemplos para esta fórmula de laxitud, descaro y mano dura hay varios.
La laxitud en la aplicación de la ley se da con las empresas extractivas. Dos reportajes comprueban los 16 favores ambientales a Goldcorp en Oriente o la entrega en menos de 24 horas de certificados de que proyectos mineros y energéticos no tienen impactos ambientales. ¿Es eso una garantía para el futuro de los guatemaltecos? ¿Es eso la aplicación de la ley con mano dura?
El descaro en los porcentajes de regalías, de 1 por ciento según la ley, y hasta 5 por ciento según el acuerdo voluntario de las mineras, es ínfimo en comparación con sus ganancias. Karen Ponciano, columnista de Plaza Pública, citaba un cálculo esta semana. “Según datos del Preliminary Economic Assesment preparado para Tahoe (de Goldcorp, la segunda empresa minera del mundo), la inversión estimada para la operación del proyecto “El Escobal” es de entre US$372.8 millones y US$405.4 millones. El valor estimado de los yacimientos minerales después de los impuestos es de US$2.99 mil millones”.
Esto deja en entredicho lo afirmado por el presidente Otto Pérez la semana pasada en el Palacio de la Cultura, cuando dijo que los Q625 millones entre regalías e impuestos eran “el equivalente al 35 por ciento de las ventas de la empresa”. Nada más alejado de la realidad.
40 por ciento de impuestos y regalías es lo que países prósperos, como Noruega, cobran a las empresas que explotan sus recursos naturales no renovables y lo regresan a la sociedad por medio de educación, salud, seguridad social y otros bienes públicos que aseguran que no sólo las empresas se beneficiarán de esta explotación.
Finalmente, la mano dura. El problema mayor no es la laxitud a la hora de aplicar la ley o la candidez (o descaro) al considerar que la ciudadanía y la opinión pública deben aceptar de buena gana un acuerdo voluntario de regalías simbólicas, sino la criminalización de los ciudadanos y las comunidades quienes legítima y lógicamente se oponen al reparto de esta baraja. Este modelo de mano dura con estados de excepción que reducen garantías bajo el argumento de aplicar la ley. Estados de excepción que en esta ocasión de Santa Rosa y Jalapa el Congreso no ha ratificado y cuya validez legal está ahora cuestionada.
La oposición social no es atendida antes del inicio de la explotación minera. Sus rechazos populares –civilizados, por medio de consultas que deben ajustarse a estándares más rigurosos, con la participación más activa del TSE– son ignorados y su dirigencia y liderazgos, siempre criminalizados. Si bien en ocasiones cometen delitos que deben ser perseguidos, hay un trecho de esa persecución a la equiparación con el crimen organizado. Equiparación que se hace por parte del presidente y del ministro de Gobernación aunque sea una resistencia democrática y muy moderada, como en el caso del presidente del Parlamento Xinca, que en esta entrevista a Plaza Pública se desligaba de los opositores radicales.
Vaya mensaje al pueblo: no se organicen para reclamar derechos porque irán a la cárcel.
El gobierno de Pérez Molina y Baldetti tiene un camino largo, tortuoso y directo al fracaso para el país si quiere seguir esta ruta de su primer tercio de gobierno.
