Dice la cancillería, y debo reconocer el trabajo que hace el vicecanciller Erick Maldonado comprometido por esclarecer la muerte del connacional, que Julio Fernando llegó el pasado 5 de agosto a la Embajada de Guatemala a pedir una partida de nacimiento con la cual pediría al Gobierno de México que le regulara su situación de migrante. Tenía una cita el 8 de agosto para recoger los documentos y otra al día siguiente con las autoridades mexicanas para finalizar su trámite. Julio iba a ser un trabajador legal en ese país.
Pero no llegó a las citas. El lunes 8, en la madrugada, encontraron su frío cadáver a la par de los rieles del tren que pasa por Tultitlán, del Estado de México. Lo más triste es que Julio se sintió identificado y se sumó a la Caravana Paso a Paso, que buscaba llamar la atención por los abusos, ataques y muertes de las que son víctimas a manos de criminales y de autoridades mexicanas los migrantes.
Julio vivía hacía ya un tiempo en México, era un trabajador migrante, que con solo 19 años se buscaba la vida y fue allí donde encontró su muerte.
Su asesinato fue en una de las formas más crueles de morir: Julio fue lapidado.
A mí, en lo personal, una de las cosas que más estruja el corazón y me conmueve es el abuso y la muerte de niños y niñas y las de los jóvenes. Matar a un niño o niña o a una persona joven es ir contra el futuro, contra las esperanzas, contra la subsistencia.
La historia de Julio me conmovió. Sobre todo, porque se cree que, además de ser tan joven, tenía una pareja y un bebé en camino. La Cancillería intenta establecer con certeza si esto es cierto. Lo que sí han comprobado es que a Julio le sobreviven sus ancianos padres.
Las autoridades mexicanas ya ha detenido a dos policías municipales de dicho Estado. Según los testigos protegidos, seis en total, incluida una guatemalteca, Julio habría sido detenido por los policías y entregado a sus ejecutores. Lo que hasta hoy se sabe es que en la noche del domingo 7 de agosto los policías lo apresaron mientras se bebía un refresco. Dicen los testigos que lo entregaron a varios hombres. Una de las hipótesis es que los victimarios lo habrían confundido con alguien que les había robado antes y querían ajustar cuentas.
Según la cancillería guatemalteca se han entrevistado varios testigos e incluso líderes de la Caravana Paso a Paso que habrían dado muy buenas referencias de la calidad humana del joven. Si resultase lo contrario, la suerte de Julio debió al menos ser dictada por un juez y no por criminales.
El caso de Julio ya se ha convertido en un asunto diplomático entre el Estado mexicano y el Estado guatemalteco, así como el de Feliciano Tagual Ovalle, que en su ruta buscando el Sueño Americano unos criminales lo mataron y lo dejaron en una fosa común en San Fernando, Tamaulipas, en abril de este año.
México debe responder cómo espera que se le responda por los mexicanos que son asesinados en otros países, especialmente porque agentes del Estado mexicano están vinculados a estos crímenes. Y las autoridades guatemaltecas deben exigir una pronta investigación, que las autoridades encuentre, apresen, juzguen y condenen a los asesinos de los migrantes. Las autoridades guatemaltecas no se deben permitir tibiezas ante tanto abuso y deben mostrar que están para defendernos a toda la población guatemalteca, independientemente de donde se encuentre.
Los mexicanos constantemente hacen alarde de su patriotismo. No dejen que unos cuantos criminales nos hagan creer que el país que nos hizo el favor de abrirle la puerta a tantos guatemaltecos exiliados de la guerra, el país de Frida, de Octavio Paz, de tantos grandes que ha aportado humanidad al mundo, le permite a sus autoridades y a sus ciudadanos abusar, matar, destruir hogares, ensañarse con hombres y mujeres que solo iban en busca de una vida mejor.
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