Ellos proveen de servicios a la población y ejecutan las políticas nacionales y locales.Si queremos gobiernos eficaces, necesitamos empleados públicos eficaces.
Sobre esta noción existe inusual acuerdo entre los políticos, empresarios, sindicalistas e intelectuales de nuestro país. Ellos coinciden en que es necesario dotar al Gobierno de gente capaz. Algunos de estos grupos han puesto de lado sus diferencias y unido esfuerzos alrededor del asunto. Un ejemplo es el intento de reformar el empleo público liderado por Harris Whitbeck (2002-2007). En esa oportunidad, una docena de partidos políticos se comprometieron a empujar la reforma sin importar quien ganara la Presidencia.
Luego de las elecciones de 2003, el recién electo presidente Oscar Berger honró el compromiso. Nombró a Whitbeck comisionado presidencial, una posición privilegiada para promover la reforma. A través de una nueva ley de servicio civil se sentarían las bases de un mejor sistema, basado en la transparencia y el mérito en la contratación de funcionarios públicos. El sistema estimularía a los buenos empleados permitiéndoles desarrollar una carrera bien remunerada. Además, se haría cargo de los malos empleados, expulsándolos cuando fuera necesario.
La propuesta de ley fue discutida con empresarios, sindicalistas y la prensa. Todos apoyaban la idea. Hasta allí todo bien. Parecía que el proyecto de Whitbeck iba a tener éxito cuando su propuesta de ley entró al Congreso. Después de todo, muchos partidos políticos allí representados habían dado su apoyo a la reforma. Sin embargo, el Congreso cedió ante la oposición sindical y la propuesta fue engavetada. Whitbeck se quedó solo en el momento de la verdad y se perdieron años de esfuerzo y recursos, que difícilmente volverán a reunirse para el mismo fin.
A pesar del fracaso, el intento tuvo muchos elementos a su favor. Desde recursos financieros, pasando por el apoyo del Foro Permanente de Partidos Políticos, hasta el soporte presidencial de Berger. El intento tuvo también sus lados flacos, particularmente la vinculación con los sindicatos.Haciendo un balance, veo muy difícil que un nuevo intento de reforma al empleo público cuente con tantos elementos a su favor. Esto no es alentador porque señala cuán difícil es lograr estos cambios.
Uno de los principales obstáculos para una reforma al empleo público es el desinterés. Por más que se diga que la reforma es necesaria, la realidad es que pocos entienden de qué se trata y menos aún se consideran beneficiarios de ella. Pero hay otros obstáculosmás allá de aprobar una nueva ley. En el ciclo de vida de las políticas públicas la decisión de realizar cambios es solo un paso intermedio. El paso siguiente es la aplicación de las nuevas políticas. Allí hay obstáculos que tocan el corazón mismo de nuestro sistema político. Me refiero a la utilización del empleo público para distribuir poder discrecionalmente. O sea, el clientelismo.
Aun si la ley que proponía Whitbeck hubiese sido aprobada, cuesta pensar que habría hecho alguna diferencia. La reforma del empleo público implica la destrucción del carácter clientelar del sistema político actual. Es previsible que la oposición a la reforma fuera masiva, si conllevara la eliminación del sistema tradicional de distribución de poder. Ya no serían solamente los sindicatos y empleados públicos los que se opondrían. Intuyo que representantes de muchos sectores harían lo suyo para volver al sistema anterior. El caso de la reforma al servicio civil mexicano en el 2003 es ilustrativo. Cuando la aplicación de la nueva ley mexicana comenzó a dificultar la asignación discrecional de puestos, el partido político en el poder casi logra deshacer la reforma que había liderado pocos años antes.
Ante semejantes obstáculos es necesario plantearse una estrategia apropiada. Será muy difícil lograr una reforma exitosa si no se contemplan los mecanismos políticos para vencer la oposición. El punto de partida debería ser cómo evitar que los beneficiarios del sistema clientelar detengan la reforma. Al igual que sucede con las reformas judiciales o fiscales, este es un tema político: quién se queda con qué, cuándo y cómo. Esa es la discusión que debe informar futuros intentos de reforma. De allí debería salir una estrategia para vencer la oposición que generaría la destrucción del sistema clientelar. No parece haber un camino más fácil si se quieren lograr cambios perdurables.
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