Guatemala es uno de los pocos países latinoamericanos que no cuentan con este tipo de legislación. La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la Republica ha avalado una iniciativa de ley que contiene graves fallas de diseño.
Recientemente se celebró en San Salvador la Semana de la Competencia. Este fue un evento organizado por la Superintendencia de Competencia salvadoreña que contribuye a la construcción de una cultura de competencia que promueva, proteja y garantice la libre competencia en los mercados. Destaca del evento la presentación pública del Manual de Competencia y Contratación Pública y dos informes sobre el estado de la competencia en los sectores del arroz y el azúcar. La Superintendencia de Competencia salvadoreña fue creada para velar por el cumplimiento de la ley de competencia cuyo objeto es prevenir y eliminar prácticas anticompetitivas.
Las políticas de competencia son relativamente recientes en El Salvador. En el resto de Latinoamérica, casi todos los países cuentan ya con leyes y autoridades de competencia. Una de las pocas excepciones es Guatemala, en donde no existe Ley de Competencia ni una autoridad responsable por hacerla cumplir. Sin embargo, de nuevo hay interés dentro del Congreso de la República por aprobar una iniciativa de Ley de Competencia (iniciativa 4426). No es la primera vez que esto sucede, desde hace años circulan por el Congreso propuestas similares que no han llegado a convertirse en ley.
Pero la iniciativa en cuestión no deja de ser peculiar. Llama mucho la atención que se pretende crear una institución desde la cual los regulados ejerzan el rol de reguladores. En otras palabras, una institución capturada desde su concepción por los propios sujetos a quienes debería regular. Esto se refleja en la conformación del Directorio de la Comisión, la más alta autoridad de competencia, que se propone en la iniciativa. Este Directorio, entre cuyas funciones se encuentra resolver y sancionar las infracciones a la ley, estaría integrado por cinco miembros. Dos de ellos serían electos por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura. No se requiere mucho análisis para darse cuenta de que algo anda mal cuando se propone que los regulados se sienten en las sillas de los reguladores.
En contraste, el Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia salvadoreña está conformado por un superintendente y dos directores nombrados por el presidente de la República. En Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá, los órganos superiores de competencia no incluyen a representantes de los empresarios. Uno se pregunta entonces cómo la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República emitió un dictamen favorable a la iniciativa (dictamen no. 2-2012). Sobre todo tomando en cuenta que en ese dictamen los diputados dicen haber comparado la iniciativa con los marcos legales de los países mencionados. ¿Qué justificación puede tener establecer en una ley nombramientos con evidentes conflictos de interés? ¿Qué justifica convertir a regulados en reguladores?
Este es un tema que debería ser debatido con seriedad en Guatemala. Las barreras a la competencia y prácticas anticompetitivas en los mercados son un tema fundamental de política económica. Establecer un marco regulatorio y una institucionalidad adecuada desde un inicio puede hacer la diferencia entre una buena o mala política. A falta de debate, pareciera que quienes no quieren una verdadera política de competencia se han adelantado con una iniciativa que institucionalizaría la inefectividad de la ley. Una buena política de competencia tiene el potencial de impulsar el espíritu emprendedor, la innovación, y el crecimiento económico del país. Quienes creen en las bondades del libre mercado y la libre competencia tienen aquí un llamado a la acción.
* El autor tiene un doctorado en estudios políticos por la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda y un máster en administración pública por la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido. Es licenciado en economía por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Ha publicado análisis sobre políticas de competencia, comercio exterior y reformas al servicio civil. Actualmente colabora con centros de investigación para políticas públicas en varios países de Centro y Sur América.
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