Dictamen del presupuesto 2024: «un carro que no vale la pena arreglar»
Dictamen del presupuesto 2024: «un carro que no vale la pena arreglar»
El Congreso podrá definir esta semana si aprueba o no el presupuesto que regirá para el próximo año. Lo hará con base en un dictamen de la Comisión de Finanzas del Congreso que, según representantes del gobierno electo y distintos tanques de pensamiento, contiene modificaciones que podrían paralizar la inversión pública en infraestructura, salud, seguridad, y gasto social.
El Congreso avanza en su ruta para aprobar el presupuesto 2024 con base en un dictamen que emitió la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM). El proyecto es cuestionado por diputados de oposición y tanques de pensamiento, quienes consideran que hay graves riesgos de corrupción y normas que impedirían al próximo gobierno atender las necesidades del país.
La ruta para su aprobación inició el 2 de septiembre, cuando el Ejecutivo envió a los diputados una propuesta inicial de ingresos y egresos que ascendía a 124 mil 880 millones de quetzales.
Los montos en el presupuesto enviado por el Ejecutivo parte de los criterios técnicos de cada institución. En cambio, las modificaciones hechas por la CFPM, así como en el Pleno cuando es sometido a aprobación por votación, parten más bien de criterios políticos.
En un inicio, las recomendaciones de la bancada Semilla se centraban, principalmente, en aumentar el techo presupuestario, argumentaban que subestimaron los ingresos tributarios del próximo año por 1,800 millones de quetzales. Esta propuesta fue improbada.
Las alertas vinieron con el dictamen favorable de la CFPM el pasado 23 de octubre.
La Comisión del Congreso disminuyó techos presupuestarios de entidades como el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Gobernación, mientras se le aumentan recursos a la Universidad San Carlos (USAC), el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ).
Expertos en temas de presupuesto de organizaciones como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (Atal) y el Instituto de Investigaciones Socio Humanísticas (Icesh) de la Universidad Rafael Landívar recomendaron que el proyecto no se apruebe.
«Es una propuesta inconstitucional»
«Nos encontramos con un dictamen atípico. Contiene normas al Ejecutivo que no tienen precedentes. Me hace pensar que, más que priorizar las necesidades del Estado y bienestar del país, responde a intereses políticos para intentar amarrar de manos al próximo gobierno y dejarlo sin capacidad de maniobra», explicó Michelle Molina, analista económica del Icesh.
Molina comentó que es preferible que el proyecto no se apruebe y se mantenga vigente el presupuesto de 2023, ya que no dará tiempo de enmendar las fallas antes del 30 de noviembre, fecha límite para decidir si se aprueba o no.
«Para un gobierno, ninguno de estos dos escenarios es ideal. Pero es preferible que se mantenga el presupuesto de este año, aunque en el camino se requiera de un gran trabajo técnico por parte del próximo gobierno. El presupuesto ―con los cambios que introdujo el dictamen― es como un carro arruinado que no vale la pena arreglar», comentó la economista.
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El pasado 23 de noviembre el pleno pasó en primera lectura el proyecto de presupuesto que se identifica con la iniciativa de ley 6279. El diputado de Movimiento Semilla, Samuel Pérez, quien fue el único voto en contra del dictamen en la CFPM, aseguró que como bancada buscarán impedir su aprobación.
«Creo que lograrán pasar el presupuesto con 81 votos. Es un presupuesto inconstitucional, ilegal y terrible», dijo el diputado.
Por su parte, Cándido Leal, presidente de la CFPM, defendió el dictamen y dijo que 20 de los 21 integrantes de la sala de trabajo votaron a favor del mismo. Por otra parte, pese a que la SAT estimó que la recaudación podría ser 2,000 millones de quetzales más a lo que proyectó la CFMP, Leal sostuvo que no aumentaron este rubro por «falta de argumentos técnicos».
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«Trabajamos conscientes en el presupuesto de la República. No movimos el techo presupuestario. La propuesta de elevarlo en 1,800 millones de quetzales carecía de argumentos técnicos (...). ¿Qué falta de transparencia puede haber? Es la primera vez que en la Comisión de Finanzas votan 20 diputados a favor y uno en contra», justificó Leal.
Plaza Pública recopiló las razones por las que tanques de pensamiento recomendaron no aprobar el proyecto de presupuesto con las modificaciones de la CFPM. Este es un resumen de las principales falencias.
1. Ingresos subestimados
El dictamen proyecta que los ingresos tributarios ascenderían a 98,533 millones de quetzales en 2024. Sin embargo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y tanques de pensamiento como el Icefi calculan que la cifra está subestimada. La primera estima que esta diferencia podría sumar 1,800 millones a lo proyectado, y la segunda considera que estaría entre 1,795 millones y 2,638 millones de quetzales más.
Incluso, la misma CFPM reconoció en el dictamen que la recaudación podría estar subvalorada por 5 mil millones de quetzales, pero omitió elevar la proyección.
Ricardo Barrientos, del Icefi, explica que el dinero recaudado que no se planifica en el presupuesto queda como saldo de caja para el Estado. En los últimos años, el Congreso utilizó estos recursos para aprobar ampliaciones presupuestarias y financiar obras que no fueron planificadas por los ministerios. Un ejemplo son los 3,191 millones de quetzales adicionales que se aprobaron en 2022 por medio de la Ley de Infraestructura Estratégica, y que resultó en la llamada «Piñata electoral», cuestionada porque inyectaba recursos sin criterios territoriales precisamente en el año que se celebraba el proceso electoral.
2. Criterios políticos, no técnicos
La CFPM disminuyó 377.5 millones de quetzales al Ministerio de Salud; 328.50 al Ministerio de Desarrollo (Mides); 272 millones al Ministerio de Gobernación (Mingob) y 274 millones a la SAT. Por el contrario, incrementa presupuesto a la USAC, por 200 millones de quetzales; al MP, por 370 millones; al OJ por 400 millones; al Renap por 200 millones; y 22 millones de quetzales a la Oficina de Prevención de la Tortura.
En consecuencia, programas de salud y seguridad se verán afectados. Por ejemplo, recortan 102 millones de quetzales a los servicios de seguridad a las personas y su patrimonio; 150 millones al programa de transferencias condicionadas en salud y educación (ejecutados por el Mides), y se elimina el presupuesto para servicios inteligencia civil orientados a combatir la criminalidad a cargo del Mingob.
3. Proyectos de obra pública improvisados
En los artículos 117 y 130 del dictamen del presupuesto, la CFPM estableció que el Ejecutivo debe hacer reasignaciones presupuestarias para financiar específicamente un listado de 49 proyectos de infraestructura a cargo del Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, las obras aquí contempladas no están planificadas ni tienen código asignados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Esto evidencia que estas obras no fueron previstas por el Ministerio en su plan de trabajo. Por otra parte, aunque algunas de ellas figuran en el listado con un Número de Operación de Guatecompras (NOG), al ingresarlos en este portal de transparencia simplemente no existen.
El presidente de la CFPM dijo que analizan suprimir estos artículos ante las críticas que ha recibido.
4. Dificultades para financiar programas
Los artículos 56 y 69 dicen que el Ministerio de Finanzas podrá emitir, negociar y colocar Bonos del Tesoro «previa aprobación por el Congreso de la República». Sin embargo, diversas organizaciones como Atal e Icefi advierten que esta norma ―nunca antes incluida en un dictamen de presupuesto― podría paralizar la inversión pública en infraestructura y provocar que el Estado quede desfinanciado para cumplir con sus obligaciones.
En el dictamen se contempla que alrededor de 10,587 millones de quetzales, equivalentes al 8.5% del presupuesto, se financien con bonos. Algunos programas que se verían afectados son los aportes monetarios al adulto mayor, obras de infraestructura vial, incentivos forestales y otros aportes al sector justicia.
5. Orden para readecuar el presupuesto
Los artículos 119, 130 y 131 instruyen al gobierno a readecuar el presupuesto que no ejecute para financiar otro listado específico de programas y obras, mismas que estarían a cargo de varios ministerios.
Los diputados de la comisión incluyeron en el dictamen este listado que no fue previsto por los ministerios en el anteproyecto de presupuesto. Entre estos se encuentran mejoramientos de caminos rurales, mantenimientos de carreteras, estudios de ingeniería, mejoras salariales a trabajadores del MSPAS, y aportes a Fidemuni de hasta 90 millones de quetzales.
Estas normas podrían ser inconstitucionales porque limitan la facultad del Ejecutivo de ejecutar su presupuesto, según el análisis del Icefi.
6. Preferencias en la asignación de pauta
El dictamen asigna 70 millones de quetzales a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, cuya función es formular y ejecutar la política de comunicación del gobierno. Sin embargo, el artículo 125 establece que «no podrá contratar los servicios de medios de comunicación que no tengan cobertura nacional y gratuita». Esto excluye la participación de medios locales, impresos, digitales, entre otros, en la competencia por la pauta gubernamental.
7. Desembolsos millonarios a oenegés
El proyecto de presupuesto incluye 5,191 millones de quetzales para organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin fines de lucro, alrededor de 341 millones más que el 2022. El Icefi advierte que parte de estos recursos podrían servir para financiar obras con criterios políticos.
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