También se entiende como el uso abusivo o la actuación ilegal de las instancias judiciales vistiendo o arropándose bajo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.
La guerra legal o judicial no es nueva; se ha utilizado en diferentes momentos, principalmente en América Latina, pero se ha multiplicado en los últimos años. Se han presentado casos emblemáticos como el caso de Lugo en Paraguay, el caso de Lula en Brasil y, posteriormente, el de Dilma Russef (bajo el esquema llamado Lava Jato), también en Brasil. Además, el caso de Castillo en Perú y, más recientemente, el caso del exvicepresidente Jorge Glas de Ecuador.
En todos los casos se utilizó una supuesta legalidad o una acción legal, pero en realidad lo que los determina se refiere a una guerra legal o una guerra judicial o lawfare. Pero vale la pena destacar que el caso del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas llegó al punto de romper con los estatutos del derecho internacional y de las relaciones diplomáticas, pues se irrumpió por la fuerza en la sede de la Embajada de México en Ecuador para detenerlo e iniciarle un proceso judicial, aun cuando «Un tribunal de Ecuador dictaminó el viernes 12 de abril que el arresto del exvicepresidente Jorge Glas en la embajada mexicana en Quito fue ilegal, pero dijo que debe permanecer en prisión debido a sus condenas anteriores» (France 24).
El lawfare incluso rebasa el ámbito legal para afectar la salud mental de las personas, lo que se conoce como la destrucción psicológica bajo asedio legal. Esto puede ocurrir tanto en casos de personas en prisión como en situaciones de embajadas, como el caso emblemático de Assange y ahora de Jorge Glas.
[frasepzp1]
Guatemala ha sido también un caso de aplicación del lawfare. El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad representan las tres instituciones que interactúan para propiciar esta guerra legal y psicológica con la generación de denuncias, la «estructuración» de casos, la potencial detención de la persona, la emisión de sentencias ad hoc para asegurar la detención de personas y la Corte de Constitucionalidad contribuye con resoluciones «supuestamente legales» para facilitar casos a favor de funcionarios corruptos o bien para consolidar el proceso del lawfare, en contra de personas que se consideran como opositores a regímenes corruptos (Pérez, Morales y Giammattei).
Las sentencias que cierran casos (Sinibaldi y Pérez, por ejemplo), las sentencias condenatorias contra personas (Laparra) o los procesos que se retardan maliciosamente (Zamora), son una muestra pequeña —porque hay más—, de los resultados de esta guerra legal y psicológica contra personas que se distinguen por haber sido opositores a los regímenes de corrupción o bien que iniciaron procesos contra acciones ilegales de funcionarios.
El lapso entre la primera y la segunda vuelta electoral puso en evidencia un montón de acciones «legales» para evitar que el partido Semilla llegara a la segunda vuelta, así como buscó procesos en contra de miembros del partido (Blanco) y, a partir de la segunda vuelta, la situación se enconó mayormente en contra del partido ganador y se iniciaron un conjunto de procesos para evitar que ganara.
La movilización de los pueblos originarios, la presión internacional de Europa y Estados Unidos, así como las movilizaciones sociales en la Ciudad de Guatemala y los departamentos evitó que se consiguiera sacar a la dupla ganadora de las elecciones generales y se llegó a asumir bajo presiones supuestamente legales.
Pero hoy vemos con mucha preocupación que el lawfare continúa. Las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia para seguir con el antejuicio contra la actual vicepresidenta de la república, las decisiones de la CC para evitar que Semilla actúe en el Congreso de la República como bancada, así como la otra para que el diputado Pérez pueda actuar en una comisión son una muestra de la continuidad de la guerra legal en contra del actual gobierno.
Más de este autor