Politización de la justicia

Desde el inicio de su período, esta CC ha demostrado que está compuesta por dos juristas y tres políticos, articuladores y representantes del poder económico. Sus vínculos con los empresarios y los sectores más conservadores del poder económico son evidentes, estando sus resoluciones más polémicas siempre precedidas de declaraciones y posicionamientos de las cámaras empresariales y los más evidentes voceros de sus intereses y, desde hace algunos años, apegadas a los intereses de quienes defienden y se parapetan detrás del terrorismo de Estado.

Fue así cuando negaron la inscripción electoral a Sandra Torres. Fue así con la anulación de la sentencia por genocidio a Ríos Montt. Y lo es ahora, cuando quedó más que demostrado que los intereses del partido en el gobierno y su principal opositor han quedado a buen resguardo al nombrarse a todos los magistrados sin cumplirse las más mínimas reglas que la legislación impone.

Era sabido, también, que la magistrada Porras, siempre en minoría, había decidido sentar un precedente al otorgar el amparo provisional cuando de manera transitoria había logrado constituir mayoría, dada la ausencia temporal del Presidente de ese órgano. Pero la decisión no podría prosperar porque el magistrado Molina Barreto –actual Presidente– desde el inicio del proceso de postulación se manifestó contrario a que la elección se basara en los méritos y ejecutorias judiciales de los candidatos. Electo durante el gobierno de Oscar Berger, de quien era su Procurador General, no necesitó demostrar poseer mayor especialización en derecho constitucional, habiendo dicho a voz en cuello, en el ya lejano mes de mayo de este año, que eso de calificar de 1 a 100 los méritos profesionales, académicos y laborales de un candidato a miembro de cualquier tribunal superior “afecta en su honor y su honra” a los candidatos. Es más, para ejemplificar cínicamente se citó a sí mismo, pues llegó, dijo, sin necesidad de esas engorrosas formas de calificación. Su sabio contratista (Berger) conocía de sus habilidades políticas, pues para eso se le puso en el puesto: para representar sus intereses y los de su grupo, y no para que defendiera la Constitución. Y sus amigos y sabios colegas de la anterior CSJ también lo vislumbraron de ese modo, y lo sentaron por cinco años más en la poltrona. De esa cuenta, si él favorece de manera tan burda a los que ahora llegarán a la CSJ, quien quita y se gane de premio otros cinco años, con lo que no tendría porque pelearse con “su cocinera” defendiendo la legalidad constitucional.

Así como él, sus dos guardaespaldas tienen iguales intereses. Maldonado Aguirre también está en su segundo período y, como de todos es sabido, su ya larga carrera pública ha sido política y no jurídica, desde que siendo jovenzuelo soñó con ser presidente por el MLN y Sandoval Alarcón le quitó la sopa de la boca. Peleó con Álvaro Arzú, quiso competir contra él armando su propio partido pero, derrotado, regreso con la cola entre las piernas para ser diputado del unionismo y así, ganarse una jubilación que ya lleva casi diez años en la CC.

Pérez Aguilera, por su parte, no deja nada que desear en estas lides, pues es, como se recordará, quien vivió el inexplicable incidente de la cuenta en dólares en Panamá de la que, según él mismo confusamente declaró, la CICIG ha decidido no hablar y él tampoco lo ha hecho.

La decisión de mantener el acuerdo PP/Lider, es pues, una decisión política, basada en los intereses más que particulares de los tres abogados en cuestión, de donde se desprende que la evaluación por méritos, la constitución de una carrera judicial completa, de jueces a magistrados, deberá esperar a nuevas autoridades, aunque ellos de manera cínica y burlona sugieran en su resolución que es urgente establecerla, proponiendo al Congreso y a la sociedad civil avanzar en una reforma.

Los políticos, que hoy actúan como magistrados constitucionalistas no son, para nada, autoridades en el tema, mucho menos ciudadanos comprometidos con el espíritu de las normas legales. Todo lo contrario; para ellos el ejercicio de juez es un acto simple y llanamente político, donde los intereses de los poderosos son los que hay que defender. No tienen en su mirada la defensa de las instituciones, pues sus acciones siempre han estado orientadas al corto plazo y la satisfacción de sus intereses particulares. No pueden ir contra los grupos de interés pues ellos representan a uno de ellos, al más pesado, al más acaudalado.

Así las cosas, no es para nada honesto ni responsable decir que la resolución no debe discutirse sino simplemente acatarse. NO. Los ciudadanos debemos denunciar este horrendo y macabro acto, pues está poniendo en serio peligro toda la institucionalidad del país.

Debemos avanzar rápidamente en la construcción de amplios frentes ciudadanos que, coincidiendo en la defensa de la independencia clara y total de poderes, logren la creación de una CC constituida por expertos, y no por delegados de distintos grupos de interés, pues esa Corte no es una plaza de negociaciones políticas y económicas, mucho menos un mostrador donde se venden y regatean resoluciones.