Con su ya acostumbrada manera de hacer de las víctimas sus victimarios, este columnista, que en el gobierno de Ramiro de León fue efímero ministro de Gobernación -cosechando demandas penales por atropellos y asesinato de dirigentes sociales y comunitarios, así como acusaciones por corrupción (el negocio de las radiopatrullas Lada)-, insiste en afirmar que “la violencia está a la vuelta de la esquina en Guatemala” porque los europeos han financiado “el regreso de los señores de Xibalbá”. Como se sabe, en la mitología maya señores como Cuchumaquic y Xiquiripat eran los encargados de causar los derrames de sangre entre los seres humanos.
Afirma el autor, quien en 1981 apoyó activamente la candidatura de Gustavo Anzueto por su partido aranista, ya para entonces denominado CAN, que en Guatemala “ya vivíamos sin violencia política”, por lo que poner el verbo en tiempo pasado nos afirma que esa violencia ha retornado, acusando de ello al financiamiento europeo. Aceptando, sin conceder, que la cooperación internacional ha dado algún soporte al movimiento social, así como la AID/USAID financia activa y abiertamente a FUNDESA, CIEN y otras agencias pro empresariales, las movilizaciones sociales no se han apoyado con acciones armadas o de sabotaje, sino todo lo contrario: son ya varios, si no decenas, los dirigentes sociales, comunitarios y activistas de derechos humanos que han sido asesinados, desaparecidos y encarcelados sin contar con justicia rápida y adecuada.
La guerra, entendida como la violencia política, ha sido declarada por los que él defiende en contra de quienes cínica y falazmente acusa. Su guerra es de una sola vía: de los neo contrainsurgentes (ex MLN/CAO/CAN/ESA) contra los que no piensan ni actuan como ellos.
Pero si en algo ha madurado el movimiento social y la sociedad civil guatemalteca es en su comprensión de que todas las demandas y luchas deben hacerse dentro del marco de la ley, aún aceptando que evidentemente este marco ha sido concebido y redactado por constituyentes que, como el columunista –electo por el MLN/CAN en 1984- se centró en proteger los intereses y beneficios de la élite económica, en detrimiento de los demás ciudadanos.
Todo lo dicho y hecho alrededor de la acusación contra el militar por él defendido ha sido planteado dentro de los marcos límitados, excluyentes y racistas de las normas legales del país. Tres miembros de la Corte de Constitucionalidad han anulado la sentencia y, a pesar de la desazón y frustración de todos aquellos que creímos que la justicia finalmente resplandecería plenamente, no ha habido amenazas, mucho menos acciones violentas contra quienes durante más de 50 años han hecho de ellas su forma de hacer política. La guerra pues, sí existe, y está siendo hecha en contra de la sociedad civil y no lo contrario.
Y si se habla de esa guerra, hay que decir que ésta ha sido desigual y desproporcionada, ejecutada a través de una diversidad de medios y grandes cantidades de recursos, por quienes no logran comprender que el país finalmente ha estado cambiando, siendo incapaces de aceptar que sus doctrinas, creencias y discursos no sólo han perdido actualidad sino que ha sido demostrada su falsedad.
Es urgente, en consecuencia, que quienes administran actualmente el Estado se muestren pública y efectivamente protectores de la integridad física y moral de todos y cada uno de los que no piensen ni opinen como ellos pues ésta es una de sus responsabilidades, impidiendo que los amantes del retroceso y el estancamiento ideológico continúen justificando y ejerciendo la violencia. Ya si las élites económicas les siguen financiando, dejándose asustar con “el petate del muerto” del anticomunismo es cosa de ellos, siempre y cuando no les financien grupos paramilitares ni escuadrones de la muerte, pues por haberlo hecho en décadas pasadas es que el país está como está.
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