Y ello implica tomarse el tiempo para superar varios juicios a la ligera. Uno es criticar de ingenuo el reportaje, por considerar como factores poco relevantes la cultura de las familias o la situación socioeconómica que las impulsa a depender del trabajo de sus hijos menores de edad. Otro es argumentar que es posible eliminar de tajo todo el trabajo infantil con un Ministerio de Trabajo con “más dientes”. Un último juicio a la ligera es el considerar que todo el problema del trabajo infantil se logrará resolver si todos los empresarios guatemaltecos creen en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
La importancia de superar este tipo de juicios es que se puede sentar uno a hablar seriamente sobre las soluciones que se pueden implementar para reducir el problema del trabajo infantil y su impacto en la salud e ingresos futuros de las familias. De lo contrario, se cae en absurdos como creer que es suficiente con un Ministerio de Trabajo fuerte para eliminar el trabajo infantil, o creer que todo se logra con la buena voluntad de los empresarios y su RSE.
En el trabajo infantil hay varios involucrados que deben responder.
Resulta que no todo trabajo infantil está prohibido. Como señala Bernardo López en su columna reciente, “la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva…”. Por lo mismo, se necesitaría de un trabajo importante del Ministerio de Trabajo el establecer criterios que permita delimitar adecuadamente bajo qué condiciones, si es que existen, un infante puede trabajar de cortador de caña. Pero el Ministerio de Trabajo no puede hacer esto a la perfección. Tiene otras funciones y no tiene todo el presupuesto necesario. Además, resulta que la mayoría de las empresas guatemaltecas son pequeñas, lo cual dificulta el detectarlas para ser evaluadas. Por lo mismo, la tarea de reducir el trabajo infantil no depende solo de este Ministerio.
También están los empresarios, quienes pueden decidir si emplean a los menores de edad, las condiciones bajo las cuales lo hacen, y si deciden seguir los procesos que establecen la ley y las autoridades. Aquí no se vale decir que es suficiente con tener programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para decir que las cosas funcionan bien. O decir que, porque se ofrece empleo se están reduciendo los problemas de pobreza. Estos argumentos necesitan evidencia dura de que están logrando dar marcha atrás al problema, porque es la única forma en que los mismos podrán sobrevivir las cortes de justicia o una demanda laboral en contra del sector azucarero por incumplir con el DR-CAFTA. No creo que sea suficiente con que la industria guatemalteca comunique y explique lo que ha hecho. Tiene que evaluar lo que ha hecho, pues es posible que no esté logrando los resultados esperados.
También están las familias.
También está el rol de otras entidades del Estado. Aquí es donde el rol del Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura y el nuevo Ministerio de Desarrollo Social pueden llegar a ejercer un rol importante, al ofrecerles a las familias oportunidades para que no dependan del trabajo de sus hijos menores. ¿Será que en este caso tiene un rol Mi familia Progresa? ¿O lo tiene Bolsas Solidarias? ¿O será que lo tiene una campaña de capacitación para que los padres puedan usar herramientas que le permiten ser más productivos y no depender de sus hijos? Quizás lo que tiene que hacerse es que el Ministerio de Educación mejore la calidad de la educación para así lograr que los hijos de los cortadores de caña realmente puedan independizarse de dicho destino.
También está el rol del resto de la sociedad. ¿Queremos discutir este tema abiertamente? ¿Queremos hacernos los locos? ¿Le tenemos miedo a este tema? ¿Creemos que es algo normal? ¿Queremos seguir siendo indiferentes? ¿Queremos identificar medios de solucionar el problema de forma confrontativa? ¿Queremos identificar formas colaborativas para solucionarlo?
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