Las declaraciones del presidente Giammattei denunciando que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) realizó compras de alimentos a precios excesivos han reavivado el enojo y la indignación de la ciudadanía por los abusos y despilfarros de Jimmy Morales y de su gente. Sin embargo, el problema no es nuevo ni se limita a compras sobrevaloradas de pan francés.
En su estudio del fenómeno de la corrupción, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) documenta que gran parte de los casos de corrupción que se han perseguido penalmente están relacionados con abusos en adquisiciones públicas, de manera aguda en la contratación de obra pública y en la compra de medicamentos e insumos para el sector salud.
La respuesta lógica a un problema tan profundo, amplio y complejo es la imposición de controles y medidas de transparencia y prevención, de la mano con la persecución penal de los delitos cometidos. Sin embargo, tal como lo demostró la aplicación de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado aprobadas en 2015, justamente con el propósito de imponer ese tipo de controles, luchar contra la corrupción en las adquisiciones públicas genera problemas, principalmente falta de agilidad en la gestión pública y, con ello, pérdida de efectividad en las intervenciones del Estado.
Los problemas auténticos y legítimos se mezclan con las astucias de los corruptos. Así, luego del endurecimiento de los controles en las reformas de 2015, en 2016 empezaron los lloriqueos de los funcionarios públicos, encabezados por el mismo Jimmy Morales, seguido de cientos de alcaldes y de varios ministros quejosos. Pero al mismo tiempo funcionarios honestos manifestaron temor de asumir la responsabilidad de aprobar una compra o contratación, ya que, en caso de ir amañada, el ilícito lo cometían otros, pero sobre ellos caía el peso del castigo establecido en la ley, lo cual generaba atrasos en la ejecución del presupuesto estatal y mermaba la calidad y la efectividad del gasto público.
[frasepzp1]
También desnudó la precariedad del Estado guatemalteco, por ejemplo del servicio civil: abundaron las quejas por la restricción a la modalidad de compra directa, un nicho de corrupción porque no empleaba mecanismos transparentes ni competitivos. Y más de algún alcalde se quejó en el Congreso en contra de los controles, ya que lo único que su personal sabía hacer eran compras directas, pues ignoraba el resto de la ley. Tampoco faltaron corruptos criminales que, con el propósito de alimentar la queda de Jimmy Morales por los controles de la ley, fueron negligentes y no compraron oportunamente insumos críticos como medicamentos o abastos hospitalarios para luego generar desabastecimiento y echarles la culpa a los controles anticorrupción.
Tras los escandalosos hallazgos en la SAAS, el presidente Giammattei anunció que analizan cambios en el sistema de compras. En principio, es correcto, pero ¿a qué cambios se refiere? Giammattei no habló de endurecer los controles anticorrupción, sino de relajar la compra directa para atender las quejas de los alcaldes.
Reformar el sistema de adquisiciones es una tarea compleja, en la cual, se haga lo que se haga, siempre habrá un sector afectado con una queja legítima. Es un dilema entre más controles y más agilidad para el cual no existe equilibrio perfecto, ya que es un área en la que se manejan negocios cuantiosos y, con ellos, intereses poderosísimos.
Nadie discute que hay que agilizar la compra de medicamentos o la construcción del libramiento de Chimaltenango. Pero tampoco nadie puede negar que ambos son ejemplos de los negocios más golpeados por la corrupción en Guatemala.
Más de este autor