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El juicio por genocidio llega a las conclusiones: el MP y querellantes presentan a Rodríguez Sánchez como el artífice del genocidio
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Imagen de archivo, del anterior juicio por genocidio

El juicio por genocidio llega a las conclusiones: el MP y querellantes presentan a Rodríguez Sánchez como el artífice del genocidio

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Tiempo aproximado de lectura - 12 mins

El jefe de inteligencia militar (G2) en tiempos en los que Efraín Ríos Montt comandaba el país, está solo en el banquillo de los acusados. Es el único que rinde cuentas por el genocidio ixil a inicios de los años 80. La fiscalía y los querellantes lo señalan de ser el autor y supervisor de los planes que condujeron al Ejército a cometer las masacres, violaciones sexuales, desplazamientos, pillaje y otros delitos contra la población civil indígena.

Rodríguez Sánchez, el único alto mando militar que enfrenta juicio por el genocidio ixil, ha escuchado con apariencia de serenidad toda la acusación en su contra. El pasado 31 de agosto, luego de 11 meses de audiencias, el anciano militar de 71 años, presenció el monólogo de casi tres horas del fiscal Erick de León, quien lo señaló como el responsable de haber identificado a la población civil no combatiente como un aliado de la guerrilla y enemigo al que el Ejército de Guatemala debía aniquilar. En la audiencia del 7 de septiembre debió escuchar a los representantes de los supervivientes.

Si bien Rodríguez Sánchez no disparó, no violó, y ni siquiera estuvo en el terreno cuando ocurrieron las masacres, fue el encargado de elaborar, dirigir y supervisar los planes militares contrasubversivos. Sin estos documentos de inteligencia, “ninguna operación (armada) se hubiera ejecutado en el área ixil (San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul, municipios del departamento de Quiché)” aseguró de León.

Lo más “aberrante” resaltó el fiscal, es que entre esa población había niños, niñas, hombres, mujeres, embarazadas y ancianos indefensos e inocentes.

El fiscal insistió en varias partes de su exposición en que Rodríguez Sánchez supo y pudo evitar el exterminio ixil, pero no lo hizo.

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Por esa razón pidió al tribunal que por la gravedad de los hechos y para mandar un mensaje al mundo de que estos crímenes serían castigados, se le impusiera la pena máxima: 50 años por genocidio y 30 años de prisión por los delitos de deberes contra la humanidad.

El fiscal pidió también que el Tribunal viera más allá de la imagen pasiva y normal que evoca Rodríguez Sánchez. Para esta reflexión se basó en varios párrafos del libro Eichmann en Jerusalen. Un estudio sobre la banalidad del mal, de la filósofa alemana de ascendencia judía, Hannah Arend. El fiscal eligió un par de párrafos en los que se describe que entre los delincuentes más atroces, como Adolf Eichman, el nazi que contribuyó al genocidio judío, había hombres normales que “no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron y siguen siendo terroríficamente normales”.

También leyó otro extracto del texto, en el que se describe que en delitos en los que participan tantos actores “el grado de responsabilidad aumenta a medida que nos alejamos del hombre que sostiene en su mano el instrumento fatal”.

Rodríguez Sánchez: el hombre detrás de la inteligencia militar

La fiscalía estableció que Rodríguez Sánchez no llegó a ser jefe de la G2 sin previa experiencia. En los años 70 fue oficial de inteligencia en la zona militar de Huehuetenango, así que conocía los procesos de recopilación de información que servían para combatir al enemigo.

En esa época, señaló la parte acusadora, la inteligencia militar empezó a estudiar al pueblo ixil. El Manual de Guerra Contrasubversiva que aparece en el Plan Victoria 82 sirve para comprobar esta afirmación. De acuerdo con la fiscalía, en el documento se lee que uno de sus objetivos era “identificar qué pueblos eran amigos o enemigos”.

Para inicios de los años 80, los reportes militares indicaban que el 98% de la población eran “potenciales colaboradores de la subversión”, en este caso el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). En esos documentos, argumenta la fiscalía, aparece como verbo rector la palabra “aniquilar”.

“Esto significa que los pueblos no fueron masacrados al azar, no fue un exceso de tropa, sino que todo fue planificado a través del procedimiento científico (de la inteligencia militar)” destacó el fiscal ante el Tribunal.

A los ixiles los atacaron con alevosía, asegura la fiscalía. Los sacaron de sus casas, que era un lugar seguro para ellos. Los masacraron en las iglesias, en los lugares sagrados, los llevaron prisioneros a los destacamentos militares, los castigaban frente a sus compañeros. Separaron a las familias, a los niños los tomaron como botín de guerra, lo mismo que a las mujeres para violarlas y obligarlas a trabajar en los destacamentos militares. A los que huían los bombardeaban. Los obligaron a ocultarse en la montaña, “querían que murieran de hambre y frío” relata de León.

Era eso o aceptar concentrarse en áreas controladas por el Ejército. Esto queda sustentado, dice la fiscalía, con los planes y manuales militares, los estudios antropológicos, los testimonios de supervivientes, de periodistas, forenses, sociólogos y expertos de la estructura militar, así como el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico.

Rodríguez Sánchez fue el responsable de permitir que todo esto sucediera, asegura la fiscalía. Porque además de cumplir con los planes previamente elaborados por sus antecesores, ayudó a elaborar otros como el Firmeza 83 y Sofía. La fiscalía asegura que el militar no puede alegar ignorancia de lo que ocurría en el área de destrucción. Recibía información cada seis horas, y otros reportes más elaborados cada 15 días.

Su fuerte era la información, así que poseía gran cantidad de reportes todo el tiempo, sin descanso. Sabía quiénes eran “los orejas” que filtraban información desde adentro de la organización guerrillera o los poblados atacados.

Tenía conocimiento de quiénes eran capturados e interrogados. Tenía el detalle de quiénes formaban parte de las Patrullas de Autodefensa y a quienes se les nombraba Comisionados Militares. Esa fue la cadena de información que utilizaba la inteligencia militar, y que sin duda llegaba hasta Rodríguez Sánchez y de él hasta el jefe del Estado Mayor del Ejército, aseguró el fiscal de León.

Lo que Rodríguez Sánchez decía o reportaba, permitía establecer el movimiento de las tropas en el área de combate.

Lo que el fiscal calificó como “aberrante” es que el Ejército continuara con el ataque a las comunidades a pesar de que el EGP ya no estaba en el área.

La intención, repetía el acusador, era “exterminar al 30% de la población ixil”. Entre los casi 100 testimonios que se presentaron ante el Tribunal, el fiscal mencionó el de un hombre que de niño fue utilizado como intérprete y que vio cuando le cortaban las orejas a las personas y las trasladaban en camiones a lugares donde los masacraban.

Rodríguez Sánchez, aseguró la fiscalía, elaboraba la “lista negra” con nombres de personas que debían ser ejecutadas. El militar, que incluso tomó fotografías a varias imágenes de la presentación del fiscal, podrá presentar su defensa a través de sus abogados y también tiene derecho de hablar ante el Tribunal antes que dicte la sentencia. Su turno está fijado para el miércoles 12 de septiembre.

El genocidio inició con el racismo y la discriminación

Los abogados de las víctimas, Edgar Pérez (del bufete Asociación Justicia y Reconciliación) y Héctor Reyes (del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos) presentaron sus conclusiones ante el tribunal el 7 de septiembre. Pérez destacó que el genocidio es catalogado como “el crimen de crímenes” y para instalarlo se requiere de algo simple: las semillas de la discriminación.

Ese argumento se basa en los análisis del jurista y criminólogo argentino Raúl Antonio Zaffaroni. “Y yo le agregaría que (para el genocidio) también se necesita de un racismo profundo como lo dijo (en su peritaje) Marta Cassaus” añadió Pérez.

Además de reforzar las ideas planteadas por el fiscal, Pérez se refirió a los patrones que sufrió la población ixil y que debían ser considerados como patrones del genocidio. Entre ellos mencionó la tortura, la desaparición forzada, la servidumbre, la violación sexual y el pillaje.

Para reforzar esa idea se basó en los testimonios de los supervivientes. Primero leyó el de una mujer, cuya identidad fue reservada al público. “Ella dijo –el Ejército violó mi vida y a mi mamá también enfrente de mí. No preguntaban nada, solo reían y otros tenían agarradas mis manos y me tenían como si fuera un perro–. Era una niña de 12 años que tuvo que tolerar esto y seguramente su madre vio cómo violaban a su hija”.

También citó a Miguel Raymundo Cobo, otro testigo, cuando dijo “Si no patrullábamos nos decían que nos iban a matar, también nos hacían cargar una llanta grande y nos quitaban la ropa y rodaban en el suelo. Dieron una orden en el pueblo que solo teníamos que comprar una libra de azúcar porque si comprábamos otra, era para los guerrilleros”.

Y el relato del superviviente Tiburcio Tuy, cuando dijo “como no les decía nada (al Ejército) me pusieron un lazo en el cuello y me colgaron. No supe cuánto tiempo había pasado. Un tizón de fuego me lo pusieron en el estómago y abrió mi barriga, se me salió parte del intestino, hasta en los testículos me quemaron, con un palo me quemaron en la cara y quebraron todo mis dientes, me dejaron tirado bajo la lluvia toda la noche. Ese cuarto de la iglesia lo tenían  como cuarto de torturas y para morir ahí. Me amarraron de las manos y me colgaron de la viga y después llegaron los soldados de la G2 y me golpeaban en la cara, en la espalda en las costillas y me dejaron casi muerto”.

El abogado insistió en que el Ejército quería destruir en 1982 a la población ixil, no solo matándolos, sino destruyendo su forma de vida colectiva. “Se les perseguía, se les destruía la milpa, sus chozas, no tenían comida, medicina, se les bombardeaba. Si vemos los patrones, hubo gente que murió de hambre, por bala, de susto, o bebés que murieron porque les taparon la boca (para que no lloraran). No podían cocinar sus alimentos porque era señal para que los bombardearan. Hubo gente que murió infectada de su abdomen por lo que comían, por falta de atención médica, por frío, o que se cayó de un precipicio por estar huyendo”.

En su presentación el abogado Héctor Reyes se enfocó en hablar de cómo esos patrones criminales que constituyeron el genocidio, fueron posibles debido a las acciones y omisiones de Rodríguez Sánchez.

Además de mencionar que el acusado había sido premiado por cumplir al pie de la letra con el plan Victoria 82, puntualizó en que incumplió en su labor de garantizar el goce de los derechos de todos los guatemaltecos. Porque así estaba estipulado en el normativo de gobierno de 1982 a 1984 y los tratados internacionales de derechos humanos y derecho humanitario que Guatemala había suscrito antes de esa época.

La aniquilación de los ixiles, dijo el jurista, queda evidenciada en cifras con los datos de los censos de 1973, 1981 y 1994.

El primer año citado, la población ascendía a 27, 259 solo en el municipio de Nebaj. Para 1981, la cantidad de personas no incrementó sino disminuyó a 18, 134. “Hay una diferencia de 9,125 personas. ¿En dónde están esas personas?, me pregunto. Si aquí lo que debe haber es un crecimiento no un decrecimiento de la población. Esas personas estaban en la montaña. Es la única respuesta que debemos tener” argumentó Reyes. Para el censo de 1994, ya había 33,000 habitantes en el municipio.

Un juicio esperado durante 18 años

El abogado Héctor Reyes presentó una breve línea del tiempo del caso por genocidio. En menos de 10 minutos hizo una relación de 18 años de búsqueda de justicia. Las primeras acciones de las víctimas supervivientes y sus abogados empezó en 2001, cuando presentaron las primeras denuncias contra el mando militar de 1982, encabezado por Benedicto Lucas y contra quienes dieron el golpe de Estado el 23 de mayo de ese año: con Efraín Ríos Montt a la cabeza, seguido por José Humberto Mejía Víctores, Alejandro Maldonadl Schaad, Francisco Luis Gordillo y Héctor Mario López Fuentes.

La denuncia original documentaba las masacres cometidas en las cinco regiones del país en contra de población civil e indígena. Ninguna de esas denuncias tuvo éxito. Quedaron varadas por los múltiples amparos e inconstitucionalidades.

En 2007 inició la desclasificación de los planes militares, pero fue hasta 2009 que el Ministerio de la Defensa acepta entregar los planes de campaña Firmeza 83 y Sofía. El plan Victoria 82 se obtuvo por otra vía.

El análisis de esos archivos permitió replantear el caso. “Nos dimos cuenta de que había que hacer una investigación para ampliar el caso” recordó Reyes. “El Licenciado Edgar Pérez nos decía que en el mundo había muchos genocidios, pero que Guatemala debía tener el propio. Tomando esas palabras comenzamos a analizar el caso como tal y…comenzamos una revisión de expedientes de exhumaciones de la Fafg (Fundación de Antropología Forense) en la región ixil”.

Los querellantes se encontraron con más de 500 expedientes en la fiscalía de Nebaj, con denuncias por las muertes. Las víctimas supervivientes hablaban por los huesos de sus parientes, pero no narraban lo que ellas habían sufrido.

En 2010 inició la ampliación de las declaraciones testimoniales, para documentar los patrones del genocidio: desaparición forzada, servidumbre, tortura, violaciones sexuales, desplazamiento forzado, concentración obligatoria en zonas controladas por el Ejército. La vida y la muerte en la montaña. La historia de cientos de civiles indefensos que fueron tratados como subversivos por un Ejército equipado y profesionalizado en el arte de la guerra de guerrillas.

En 2011 el caso fue trasladado a un juzgado de mayor riesgo luego de que el juez de Nebaj se negó a conocerlo. Ese año se dictó la orden de captura de varios militares. Héctor Mario López Fuentes, jefe del Estado Mayor del Ejército, fue el primer procesado por genocidio. El militar no llegó nunca a juicio porque fue declarado incapacitado física y mentalmente. Murió en 2015. Lo mismo ocurrió con Óscar Humberto Mejía Víctores, creador de los tribunales de fuero especial y sucesor como jefe de facto de Efraín Ríos Montt. Este fue declarado incapaz de enfrentar proceso penal en 2011 y falleció en 2016.

En octubre de 2011 se dictó la detención de Luis Enrique Mendoza, exviceministro de la Defensa en 1982 y de Rodríguez Sánchez. Un error en la orden de captura de Mendoza impidió que fuera trasladado a tribunales. Su abogado ofreció presentarlo ante juez, recordó Reyes, “todavía lo están esperando porque jamás se presentó a tribunales”.

A Ríos Montt no hubo necesidad de detenerlo con agentes policiales. Él se presentó por su propia voluntad, pero salió con medida sustitutiva del tribunal. Aunque fue el único condenado por genocidio en un juicio realizado de marzo a mayo de 2013, la sentencia quedo sin efecto porque la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el debate por errores de procedimiento.

La repetición del juicio fue toda una batalla legal. Ríos Montt argumentó amnistía, más de 60 magistrados se negaron a resolver su petición. Finalmente quedó libre el camino para que en 2015 se reiniciara el juicio, pero la defensa del exjefe de facto de 1982 a 1983 presentó recursos para impedirlo. Recusaron a la jueza presidenta y lograron quitarla del proceso.

Se conformó nuevo tribunal, pero para entonces Ríos Montt ya no era el mismo de 2013. La vejez le ocasionó demencia senil, además de otros males y fue declarado incapaz de enfrentar un proceso penal.

Desde octubre de 2017 el juicio se partió en dos, para que Ríos Montt fuera representado por sus abogados y Rodríguez Sánchez tuviera un debate oral y público. Con la muerte de Ríos Montt en abril pasado, el único que queda para rendir cuentas es el exjefe de la inteligencia militar. Ahora es el único objetivo de la fiscalía, que está decidida a demostrar su responsabilidad.

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