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La nueva estrategia del MP contra Rodríguez Sánchez
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La nueva estrategia del MP contra Rodríguez Sánchez

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Antes de la llegada de los pelotones al territorio ixil. Antes del cerco militar a la población civil, de las muertes y de que el terror inundara la montaña, estuvieron los informes de inteligencia militar. Decenas de páginas mecanografiadas que, según el Ministerio Público (MP) y los querellantes en el juicio por genocidio, describían cómo combatir al enemigo. Detrás de esos informes, asegura la parte acusadora, hay un nombre: José Mauricio Rodríguez Sánchez, director de Inteligencia Militar, G2. El mismo al que un Tribunal absolvió de toda culpa en 2013.

Ahora que el juicio por genocidio se reactivó, y se lleva a cabo en dos versiones, una a puerta cerrada y en ausencia del general Efraín Ríos Montt, el acusado; y otra pública en donde el general José Mauricio Rodríguez Sánchez está presente, se han podido conocer más detalles de la acusación del Ministerio Público en contra de este último, quien fungió como el jefe de inteligencia militar (G2) en 1982.

Aunque Rodríguez Sánchez salió bien librado en el primer juicio realizado en 2013, porque el tribunal determinó que no figuraba en la cadena de mando –a diferencia de Efraín Ríos Montt, que fue hallado responsable de genocidio y crímenes contra la humanidad y fue condenado a 80 años de prisión–, ahora, en la repetición del debate, la fiscalía de Derechos Humanos intenta probar su culpabilidad.

Los fiscales aceptan que el militar no giró órdenes de abrir fuego ni tuvo el control de las tropas que cometieron abusos en diferentes comunidades indígenas de la zona ixil, sin embargo, aseguran que sí tuvo una participación importante y vital: proveer información de la población y del enemigo.

En este punto la fiscalía y la defensa manejan versiones distintas. Mientras el MP asevera que los reportes de inteligencia militar fueron el fundamento para planificar las incursiones de combate; la defensa asegura que no hay pruebas de que Rodríguez Sánchez haya trasladado información del área ixil a sus superiores. Tampoco que haya participado como autor de los planes militares que constan en el juicio. Lo que evidencian esos documentos, aseguran, es que el Ejército buscaba proteger a la población.

 

A esos documentos se les conoce como el Plan Victoria 82, el Plan Sofía y el Plan de Campaña Firmeza 83. Papeles escritos a máquina que detallan resultados de los operativos militares, cómo el Ejército debía combatir a los guerrilleros, cómo se manejaba la fuerza operativa, de qué manera debían ser las relaciones interpersonales con la población y, entre otras cosas, cómo se hacía la distribución de los pertrechos de guerra y de la tropa.  En el contexto en que se presentan los documentos, el epicentro de esas operaciones eran las áreas indígenas no controladas por el Ejército, en donde había sospecha de la incursión guerrillera.

Plan Sofía

San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul, los tres municipios ixiles de Quiché, fueron áreas en donde se pusieron en marcha actividades psicológicas y de fuerza operativa para combatir a los guerrilleros.

En la versión del MP y los querellantes, esas operaciones llevaron a la muerte de cientos de indígenas ixiles civiles, incluidos niños.

Dos versiones sobre los mismos hechos

¿Cómo contrarrestar los testimonios de los sobrevivientes que han relatado ante el Tribunal las agresiones, los asesinatos, la destrucción de sus medios de vida y el desplazamiento obligado a las montañas?

Para comenzar, la defensa de Rodríguez Sánchez asegura que los testimonios que se han escuchado en la sala de debates, han sido manipulados.

“Hay gente que relata cosas terribles, que uno no puede dejar de sentirse indignado (y pensar) si realmente esas cosas pasaron, lo que no sabemos es quién las realizó. Algunos dicen que vieron cuando masacraron a tantas personas en una aldea, pero ellos estaban en unos cerros que quedan a tres horas de la aldea y entonces es imposible, es una mentira. O testigos que tenían tres años y que se acuerdan exactamente de las cosas que relatan, eso también es imposible. Hay informes que establecen que la guerrilla llegaba y a quienes no querían apoyarlos les quemaban las casas. O sea, hay dos versiones de los hechos”, asegura la abogada Ester Guerrero Gálvez, quien representa a Rodríguez Sánchez.

Guerrero, con sus legajos del caso remarcados, va de un archivo a otro para exponer algunos puntos de su defensa. “Se ha querido perder de vista el contexto histórico y social, donde la guerrilla también combatió. El Plan Sofía dice que ellos también hacían ese tipo de cosas (quemar casas y siembras)” afirma, en una entrevista que concedió en su oficina.

La abogada se plantea demostrar, a partir de los mismos medios de prueba que usa el MP, dos puntos clave: que el general Rodríguez Sánchez no coordinó, planificó ni supervisó las acciones dirigidas en contra de comunidades civiles, maya ixil. “Eso no pudo ser así, porque jamás estuvo en ningún destacamento militar, no tuvo facultad de mando ni subalternos, y su actividad era de asesoría, elaboraba informes y trabajaba en una oficinita”, describe.

Para respaldar este argumento se basa en un peritaje del militar peruano Rodolfo Robles y una carta del ministro de la Defensa Ulises Anzueto, que en abril de 2013 escribió al Tribunal B de Mayor Riesgo, que dirigió el primer juicio, que: “La Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional se constituye como un ente asesor… por lo tanto no tiene cadena de mando”.

El otro punto a destacar es que no hubo genocidio. Para ello se basan en que ningún informe o testimonio reporta la intención del Ejército de aniquilar a toda la población.

La abogada detalla que los planes militares no se limitan a instruir despliegues operativos de ataque, también reglamentan el comportamiento del soldado ante la población, sus propiedades y costumbres. Asegura que hay reportes del rescate de personas en la montaña, a los cuales se reunificó con sus familias y en sus aldeas. “¿Si la consigna era matarlos a todos, por qué no lo hicieron (cuando los capturaban)?”, cuestiona. Guerrero asume como manipulación que ahora los testigos relaten sus historias y concluyan con una petición de resarcimiento.

En contraposición, el MP y los querellantes señalan que en los documentos hay evidencia del crimen a la población ixil. Defienden también la veracidad de los testimonios. Quienes declaran son adultos que vieron morir a sus hermanos, abuelos y sufrieron las repercusiones del acoso, señala la fiscalía.

Por esa razón, durante las audiencias que se desarrollan desde octubre de 2017, la fiscalía ha incurrido en una nueva estrategia. Lee extractos de los tres planes y de otros escritos militares y reafirma su argumento con la versión de los testigos. Vecinos del área ixil que no se limitan a hablar de lo que vivieron en 1982 y 1983, sino que se extienden a las repercusiones que vivieron luego del ataque contrainsurgente, hasta la firma de los Acuerdos de Paz.

El planteamiento de la parte acusadora es que el Ejército se planteó aniquilar al enemigo sin diferenciar de esa clasificación a la población civil. Para evitar que las personas colaboraran con la guerrilla, que en aquella zona estaba representada por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), fueron creadas zonas modelo controladas por las tropas militares. Quienes se oponían al sometimiento, estaban obligados a huir a lugares inhóspitos y a morir de hambre o enfermedades.

Aunque en los textos se habla de un manual de comportamiento del soldado, en donde se le pedía indemnizar por los daños causados y respetar la propiedad de los vecinos, los testimonios refieren la destrucción de cosechas, casas y muerte de animales que nunca fueron resarcidos. Así como un trato violento cuando los soldados llegaban a sus comunidades.

En los mismos reportes militares hay informes de la destrucción de siembras para ubicar buzones de la insurgencia. De cómo mataban hasta a los perros que advertían la presencia militar en las comunidades. También de cómo se debían organizar las Patrullas de Autodefensa Civil, en las cuales la población fue obligada a participar para señalar y combatir a sus iguales por sospecha de subversión.

A decir de Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), hay evidencia para demostrar el genocidio y los crímenes a la humanidad. Rodríguez Sánchez, asegura, estuvo en una posición de poder para evitar las masacres a la población civil. Pudo orientar a sus jefes para que no confundieran a la población con el enemigo. Al no hacerlo, selló su participación en el genocidio. Por esa razón, a sus casi 71 años, este general está en el banquillo de los acusados.

En 2013, en la primera ocasión en que se juzgó el genocidio ixil, la celeridad del caso no permitió que los planes fueran leídos a viva voz, ni que los testigos pudieran ser tan detallistas en sus relatos. Los fiscales y querellantes tuvieron que conformarse con “ponerlos a la vista” del tribunal que presidió Yazmín Barrios y a reducir el interrogatorio a las víctimas, porque el juicio iba rápido.

Esta vez el MP espera revertir la absolución de hace cinco años, mientras Rodríguez Sánchez y su equipo de defensa legal esperan comprobar, de nuevo, su inocencia.

Otra cúpula militar sin juicio

Rodríguez Sánchez no es el único que debería estar sentado ante el tribunal que preside María Eugenia Castellanos, el MP asegura que había una cúpula militar arriba de Rodríguez Sánchez y debajo de Ríos Montt, que tuvo participación en el genocidio ixil.

Ese círculo de poder que se libró del juicio está conformado por Héctor Mario López Fuentes, ya fallecido y que fungió como Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Se sabe, a partir de un dato proporcionado por los fiscales durante una audiencia en octubre de 2017, que su firma aparecía en uno de los planes contrainsurgentes.

También Luis Enrique Mendoza, encargado de operaciones militares, quien tiene vigente la orden de captura y se encuentra prófugo de la justicia, y Óscar Humberto Mejía Víctores quien ya murió y ocupó el cargo como Ministro de la Defensa. Todos estaban sujetos a Efraín Ríos Montt, jefe de Estado de marzo de 1982 a agosto de 1983, quien fue declarado incapacitado para someterse a un nuevo debate.

Los testigos

Julián Vicente Pastor viajó desde Santa María Nebaj hasta la capital para relatar su historia, otra vez. En 2013 lo hizo ante el Tribunal B de Mayor Riesgo y el 4 de enero de 2018 lo hizo ante el Tribunal A de Mayor Riesgo.

Con ayuda de una intérprete juró decir la verdad ante los tres jueces. Vivió en la aldea Chiatuj, hasta que los obligaron a huir.

—Nos corrieron, teníamos nuestros animales, nuestros chivos, herramientas; azadón y machete, telares para chamarras y todo eso lo quemaron. No estamos pensando en los meses, pero fue en el año 82. Mataron a tres hombres y una mujer con pistola—, declaró.

—¿Quién los mató fue el Ejército? —preguntó el fiscal.

—Eso fue el mandato de las autoridades —respondió Julián. Así empezó una conversación entre tres, el fiscal, la repetición de la intérprete y Julián.

—¿Sabe por qué los mataron a ellos?

—Lo que decían es que había personas en las montañas y los zacates y ese era su delito.

—¿En dónde enterraron a estas personas?

—En donde las mataron las enterraron, porque fue cerca de la aldea.

Muchos murieron, pero el testigo dijo recordar solo algunos nombres: Pascual Ajanel, Polonia Ajanel Alvarado y Pedro Pastor.

—Hasta hoy, estos asesinatos siguen impunes. Los sobrevivientes iniciaron la huida a la montaña y ahí sufrieron la miseria.

—Lo único que comíamos fueron hierbas, no podíamos comer tortillas porque no teníamos maíz. Ni animales, porque tampoco teníamos chivos. Un mi hermano, Augusto Vicente Pastor murió por falta de comida y medicina y también Felipe, mi hijo de dos años murió porque ya no había para darle de mamar.  

—¿A ustedes los acusaban de ser guerrilleros?

—Eso es lo que ellos decían, porque por eso es que las autoridades nos querían matar.

—¿Eran ustedes guerrilleros?

—Eso es lo que decían de nosotros, pero nosotros solo éramos ciudadanos, somos personas.

—¿Recuerda si hubo gente que regresó a la aldea Chuatuj, para ver si conseguían comida?

— No ya no bajábamos porque teníamos miedo.

—¿Qué siente su corazón y qué les pide a los jueces?

—Lo que yo quiero pedirles a las autoridades, lo que necesito y siente mi corazón, si pudieran hacer un favor si nos pudieran indemnizar o pagar por el dolor que nos hicieron pasar. De nuestras casas que se quemaron, de nuestros animales que los mataron. Y aunque sea un poquito que nos ayuden, porque como dice Dios, el daño ya está hecho y no se puede reparar. Pues si ustedes como autoridades nos pudieran ayudar.

El relato de Julián Vicente es uno de 100 aproximadamente que se presentarán ante el Tribunal y en partida doble. Julián Vicente y todos los demás testigos tendrán que relatar dos veces su historia y los jueces escuchar igualmente el testimonio. Una vez para el juicio a puerta cerrada en contra de Ríos Montt y una más para el juicio público contra Rodríguez Sánchez.

La fiscalía de Derechos Humanos organiza el orden en que se presentan los testimonios. Tres o cuatro por jornada, porque el Tribunal solo dispone cuatro horas y media para el juicio de Ríos Montt y tres horas, aproximadamente para el de Rodríguez Sánchez.

El Tribunal dispuso, a partir de octubre de 2017, cuando se reinició el juicio, que sesionaría los viernes de cada semana. En la mañana a puerta cerrada y en la tarde, de forma pública. No pueden más. La presidenta, María Eugenia Castellanos es la única que pertenece al Tribunal. Los otros dos jueces, Sara Yoc y Jaime Delmar González han sido nombrados en otros puestos. Yoc es ahora presidenta del Tribunal D de Mayor Riesgo y González es ahora juez de Sentencia en otro Tribunal Penal. A pesar que en cada puesto tienen obligaciones, están obligados por resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) a seguir en el juicio por genocidio. Ellos lo iniciaron y tendrán que emitir sentencia.

En diciembre, durante las vacaciones del Tribunal A de Mayor Riesgo, la jueza Castellanos dispuso programar tres sesiones por semana, para avanzar. Al iniciar el año, de nuevo volvieron a la programación habitual de una sesión por semana. A este paso, el juicio podría extenderse hasta mediados de año, avizoran los querellantes.

El MP notó que los testigos resentían el contar su historia dos veces el mismo día. Es usual que lloren de tristeza al recordar las escenas de dolor. Para no victimizarlos más dispusieron que una vez asistirán al juicio de Ríos Montt (en donde el acusado no acude sino es representado por sus abogados, por orden judicial) y en otra ocasión acudirán para exponer contra Rodríguez Sánchez.

De los 133 testigos inscritos, el MP no ha podido localizar a 30. No es para menos, los relatos de cientos de víctimas empezaron a recolectarse a finales de los 90, para el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) y la fiscalía tomó varias declaraciones en 2011, para fundamentar la acusación formal. El paso del tiempo deja huella y puede borrar la historia. Cinco de los testigos han fallecido por edad avanzada y enfermedades y quedan aún 30 por rendir testimonio. Hace falta leer más extractos de los planes militares y escuchar a varios peritos que expondrán el contexto histórico, social y político.

Ante el panorama poco claro de cuándo y cómo concluirá el juicio, querellantes como Caldh insisten en el que el proceso actual es ilegal y que la sentencia de 80 años de prisión por genocidio y delitos contra la humanidad a Ríos Montt sigue vigente. Beneficio para Rodríguez Sánchez, que bajo este argumento sostiene su inocencia. No obstante, la resolución de la CC es inapelable. El juicio se repite. Se juzgan los mismos hechos, con los mismos actores de 2013, pero aún no hay fecha para un final.

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