Un proceso viciado

Una de las sindicaciones contra Porras Argueta, profusamente documentada es la de haber plagiado la tesis con la cual obtuvo el doctorado. Ni los argumentos de la FG ni los criterios para aceptarle la excusa, resuelven el fondo del problema: se trata de una persona que cometió un delito para obtener un título con el cual ha ejercido una función constitucional. No obstante esa situación, los integrantes de la postuladora le otorgaron el mayor punteo al expediente y, de hecho, le dieron el puntaje total a las calidades académicas, mismas que estaban plenamente cuestionadas por el plagio. 

Pero las debilidades de la CP no se limitan al apaño de ilegalidades como la señalada. La CP ha violado su propia normativa al evaluar los expedientes. La CP estableció que  para poder ser considerada en la elección de integrantes de la nómina de seis, las personas aspirantes debían obtener un mínimo de 75 de los 100 puntos posibles de alcanzar en la calificación de su currículum.

Del total de aspirantes únicamente dos superaron esa nota. Una de ellos, como se dijo, cuestionada con fundamento. El solo hecho de que no era posible contar con un mínimo de opciones para integrar la lista de seis, debió llamar a la Comisión Postuladora a suspender el proceso y plantear una nueva fase de inscripción. 

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Sin embargo, en lugar de enmendar la carencia de calidades, optaron por ensalzar la mediocridad y rebajaron la nota mínima a 60 puntos. Bajaron la nota para rascar del fondo del tonel los expedientes entre los cuales integrar la nómina de seis. Así logró colarse José Luis Donado, actual Procurador General de la Nación quien, con una nota inferior a 75, había quedado fuera del proceso. 

Esa decisión, cómoda para la CP pero nefasta para la sociedad, significa como se indicó, que se ha priorizado la mediocridad. Lo cual empata con el haber premiado la corrupción al calificar con la nota máxima a la plagiadora de la tesis de doctorado. 

La nueva fase del vicio procesal de la CP se ha producido con la elección de la nómina. Tuvieron más de dónde escoger al bajar la nota a 60 y empezaron a votar por las y los aspirantes. En el camino a duras penas alcanzaron a designar a cinco y el proceso se entrampó. Varias rondas de votación y la Fiscal General seguía quedando fuera pese a que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdez, insistera abiertamente en votar en favor de Porras Argueta. 

La Comisión de Postulación le ha fallado a la sociedad de Guatemala. Ha llevado a cabo un proceso ilegítimo y viciado. Ha sido tolerante con acciones delincuenciales, en particular de la aspirante mejor calificada y ha hecho caso omiso de las obvias incapacidades que reflejan los expedientes.

Quienes integran la CP han realizado un proceso que no responde a las exigencias y requisitos que la Constitución de la República marca para la designación de quien dirija el MP. Quien esté al frente de la entidad responsable de la persecución penal ha de ser una persona intachable, con altos niveles de capacidad y con un perfil profesional de alto nivel. 

Si a estos hechos se añade que la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), al servicio de la corrupción, dejó fuera a jueces de carrera porque en su absurda mirada, dirigir un tribunal no es ejercer la profesión de abogacía y notariado, estamos ante la imposición de la mediocridad y no de la excelencia.

En ese sentido y en vista de que la CP no detuvo un proceso a todas luces viciado, corresponde impulsar las acciones necesarias para que se corrija el rumbo. Si bien el nivel de cooptación del sistema hace predecir que la corrrupción será protegida, es necesario dejar el precedente planteado. ¿Habrá quien se atreva a ponerle el cascabael al gato?