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Un paquete de reactivación económica con ideas previas a la pandemia

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Un paquete de reactivación económica con ideas previas a la pandemia

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El oficialismo busca aprobar un paquete de leyes con el que pretende dinamizar la economía después de la crisis causada por el COVID19. Pero la mayoría fueron presentadas en legislaturas anteriores y, por ello, adaptadas a condiciones previas a la pandemia. Hay pocas novedades y algunas voces críticas temen que su impacto genere mayor déficit en la recaudación tributaria.

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En agosto, el Ministerio de Economía, presentó un paquete de leyes para reactivar la economía nacional ante la crisis.  El jefe de bloque de VAMOS, Mynor Mejía, confirmó que son estas las que el partido oficial tiene como prioridad discutir y aprobar en el Pleno del Congreso. Todas estas propuestas coinciden con el plan impulsado por CACIF.

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Muchos de estos proyectos tienen su origen en pasadas legislaturas, y solo una surge en el contexto de la pandemia. Sin embargo, son la prioridad el partido oficial y parecen contar con la tracción necesaria: en la sesión de jefes de bloque del lunes 25 de agosto agendaron la Ley de Leasing, pendiente únicamente de aprobación por artículos.

Plaza Pública preguntó al diputado Mejía por qué buscaban aprobar un paquete de leyes creado previo a la pandemia, ofreciéndolas como catalizadores de la reactivación económica. A ello respondió que no sólo es la reactivación de la pandemia sino «la reactivación económica general, que servirá para superar de una vez por todas esta etapa.  Ya aprendimos a cuidarnos (de salud) y tenemos que seguir avanzando» expuso.

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Un plan creado antes de la pandemia

Carlos Barreda, jefe del bloque UNE, hace énfasis en el origen de las propuestas de ley. «Dicen que es una agenda de reactivación económica pero no lo es: venía de antes del coronavirus».

Del paquete considera valioso el proyecto de bancos y grupos financieros, que busca estabilidad en el sistema bancario, pero tiene sus reservas sobre la ley de trabajo a tiempo parcial, pues sabe que hay «una enmienda que pretende desnaturalizarla». Por eso pedirán que regrese a la comisión para que se vuelva a pactar entre empleados y sindicatos. «En la práctica esto se está dando. Se debe transitar a la movilidad que exige el sistema capitalista garantizando derechos y obligaciones. La posición del sindicalismo sin fundamento no se comparte, pero tampoco que haya goriladas del sector privado».

Bernardo Arévalo, de Semilla, coincide con esta idea: «es necesario reconocer nuevas formas de trabajo» en el marco de la pandemia, pero la iniciativa tiene «problemas de desprotección» laboral. Su bancada «no va a adoptar una actitud de no apoyar por el origen de la iniciativa, pero se analizará a detalle de cada proyecto», indica. La iniciativa fue presentada en 2018 por la exdiputada Alejandra Carrillo, de PODEMOS.

Rodolfo Neutze, Jefe de Bancada del partido CREO, valida los proyectos como parte de una agenda de reactivación: buena parte de las iniciativas nacieron en su partido. A este paquete suma la eliminación el impuesto de solidaridad (ISO), que según él daña a las pymes porque les obliga a pagar impuestos «aunque no tengan utilidades.»

Luis San José, analista económico de ASIES, prevé efectos positivos de algunas iniciativas en el paquete. Valida el concepto de las alianzas público-privadas, pues la inversión física «genera insumos productivos para el país. Con una inversión en una carretera, se genera apoyos para el comercio y turismo». Sobre lo propuesto en leasing opina que «siempre es mejor regular una actividad que no tiene marco legal» y no descarta que haya beneficios con la Ley de Zonas Francas, toda vez haya «transparencia, reglas claras, y un balance positivo sobre la cantidad de empleos y consumo generado respecto a retiro de obligaciones fiscales».

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En contraste, Ricardo Barrientos, economista senior de ICEFI, ve esta agenda como un «calco» de lo propuesto por el sector privado empresarial, y le parece inquietante porque «el actual ministro (Antonio Malouf) fue presidente de CACIF y la Agexport» algo que podría implicar un conflicto de interés­, considera.

 Y es que todas las iniciativas presentadas por el ejecutivo también forman parte del «Plan de Reactivación para el Desarrollo» presentado por CACIF el 10 de agosto. Este plan incluye la eliminación del ISO, señalada por Neutze.

Según Barrientos, la agenda del Gobierno, planteada sin estimar cuánta recaudación fiscal se perderá, es «un salto al vacío, técnicamente débil, un acto de fe­­».

Lo anterior adquiere singular relevancia pues en un contexto de pandemia, las proyecciones del Superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, estiman que el Estado recaudará 6.9 millardos menos que lo proyectado para el año, es decir, habrá una reducción del 11%.

Por eso preocupa la idea de eliminar el ISO, indica Barrientos: aunque sea una «muleta para la recaudación», se aprobó porque «según la misma SAT, la evasión del ISR en el régimen corporativo es del 80%». Si se plantea eliminar el ISO, también debe indicarse «cuál será el mecanismo para corregir los niveles altos de evasión del sector corporativo». En contraste, propone que el Congreso se enfoque en leyes como la de aguas, desarrollo rural, y después promover una iniciativa de ley «que apoye los ingresos de los hogares a la gente» como prioridad.

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Pero de momento no se observan proyectos de ese tipo en la agenda de prioridades del Organismo Legislativo. El enfoque de recuperación post-pandemia camina de la mano con las ideas y leyes impulsadas desde el sector empresarial.

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