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Un arma de fuego es incautada cada dos horas en Guatemala
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Un arma de fuego es incautada cada dos horas en Guatemala

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Desde 2014 a la fecha, se han registrado más armas de fuego incautadas que homicidios cometidos por arma de fuego por cada 100 mil habitantes. Pero Guatemala sigue siendo un país armado. La Policía Nacional Civil ha identificado algunas rutas de traslado dentro del país, pero sus investigadores carecen de información respecto a quiénes las proveen y cómo las facilitan a los traficantes.

Guatemala es un país armado. Para agosto del año pasado unas 574 mil armas de fuego estaban registradas oficialmente, pero según cálculos de organizaciones especializadas, al menos un millón más circulan en las calles de manera ilegal. Entre enero de 2007 y octubre de 2017, la Policía Nacional Civil (PNC) incautó 47,340 armas de fuego a nivel nacional: un promedio de 364 por mes, 12 por día, una cada dos horas. Las autoridades todavía carecen de un mapa de rutas que permita identificar el origen de las armas, y las rutas por las cuales los traficantes las ingresan al país, aunque para 2010 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) había identificado 45 puntos en las fronteras del país por donde ocurría el ingreso ilegal de armas, municiones y explosivos. Lo que sí está claro, es que por lo menos ocho de cada diez muertes violentas que reporta la PNC son causadas con un arma de fuego.

Francisco Jiménez Irungaray, exministro de Gobernación (2008-2009), y analista del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (Cien), señala que la PNC se ha concentrado en incautar las armas, pero no tiene capacidad investigativa para rastrear el origen y detener el trasiego. “No se está trabajando el tráfico de armas; no es una prioridad”, dice. En parte, porque Guatemala es utilizado como puente para el traslado de armas entre México y el resto de Centroamérica. “La lógica no es investigar el tráfico de armas, porque el tráfico no es para armas que se usan aquí en Guatemala, sino es el paso de armas para otro lado”, agrega.

Sin embargo, algunas investigaciones periodísticas y estudios de las autoridades revelan que Guatemala es lugar de paso como de compra de armas de fuego. El Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública en México y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicaron en 2014 y 2015 que por Centroamérica pasan embarques de armas ilícitas que son enviadas desde la región andina en Sudamérica hacia México. El otro origen, en sentido norte a sur, es EE.UU. Los puntos de paso, en ambos casos, están en la frontera que México comparte con Guatemala y Belice. Según el Woodrow Wilson Center de EE.UU., las armas con destino al sur de México pasaban por Guatemala, y algunos de los embarques llegaban al istmo después de hacer escala en el Caribe.

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En 2012, el semanario Proceso de México y la periodista Magda Coss Nogueda publicaron una investigación que identificaba a una estructura denominada “Los Árabes” que surtía de armas a los grupos de narcotráfico en el sur de ese país, así como al norte de Centroamérica. Las armas eran presuntamente enviadas de contrabando desde Asia hasta el norte del continente. En 2011, las autoridades de Honduras capturaron y extraditaron a EE.UU. a un ciudadano de origen libanés por intentar vender armas estadounidenses (supuestamente robadas a contratistas estadounidenses en Irak) y a un miembro de la guerrilla colombiana que resultó ser un agente encubierto de la DEA (Oficina Antidrogas de EE.UU.). El sujeto afirmaba que ocultaba las armas en Belice mientras las trasladaba a Honduras.

En Guatemala las autoridades presumen que la mayoría de las armas ilegales es ingresada al país por pasos no autorizados en las fronteras terrestres, aunque también ocurren ingresos de contrabando por vía marítima. También son trasegadas desarmadas, en piezas, para evitar su identificación si la carga es revisada. Algunas de las rutas de traslado interno sí han sido identificadas.

Casos y tendencias

En abril del año pasado, el subdirector de Investigación Criminal de la PNC, Stu Velasco, dijo que se analizaba la fabricación, el país de procedencia, y las rutas del tráfico de 18 armas que la Pandilla Barrio 18 supuestamente obtuvo en Petén (y pretendía usar en el departamento de Guatemala), según una investigación de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) de la PNC. El lugar de obtención de las armas surgió en la declaración de un pandillero, según un reporte de prensa.

Datos policiales reflejan que la incautación de armas de fuego en 2017, así como de los diez años anteriores, ocurrió principalmente en el departamento de Guatemala, por lo menos el 50%. La mayor parte del resto se incautó en Escuintla y Petén y, en algunos años, en Jutiapa. Un investigador de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), de la PNC, afirma que al menos una pandilla utiliza la costa sur y el suroriente para movilizar las armas que utilizan. “Las clicas más fuertes de la Pandilla Barrio 18, Solo Para Locos y los Crazy Gangster, operan desde el sur de la ciudad o el Cenma (Central de Mayoreo en Villa Nueva), como punto de referencia, hasta el suroccidente de Guatemala y toda la costa sur”, dice el investigador. “Aprovechan esa ruta para el traslado de armas, desde México hacia Guatemala, y de Guatemala hacia México; asimismo, trasiegan las armas en la ruta hacia El Salvador”.  El dato coincide con los departamentos donde se registra una mayor incautación, según la PNC. En 2015, un pandillero salvadoreño reveló, bajo condición de anonimato, que la Mara Salvatrucha compraba armas de fuego en el departamento de Guatemala, mientras que los pandilleros en Honduras las compraban en Petén o el oriente del país.

PNC

La PNC no puede estimar qué porcentaje de las armas en el mercado negro es utilizado por las pandillas y cuáles por otros grupos criminales. Sin embargo, con base en las incautaciones, las autoridades pueden estimar que la mayor parte de las armas traficadas y/o en uso son armas cortas que, en 2017, fueron el 75% de las incautadas. La incautación de armas cortas también se concentra en el departamento de Guatemala, Petén, el nororiente y la costa sur, incluidos Alta Verapaz y Suchitepéquez. En contraste, los fusiles de asalto (de uso legal sólo para militares y miembros de la PNC) no superan el 1.5% de las incautaciones, lo que no quiere decir que no haya más fusiles en circulación. La mayoría son incautados en el norte y nororiente del país, además de Escuintla y el departamento de Guatemala.

La diferencia en los precios es una de las razones para la mayor circulación de armas cortas en contraste con las de alto calibre. Los precios de las armas en el mercado negro varían según el lugar de venta, el lugar de fabricación y las condiciones de las armas. Un fusil de asalto en buenas condiciones o nuevo puede costar entre US$1,200 y US$3 mil, o mucho menos si no es nuevo ni está en óptimas condiciones, según datos extraoficiales. El precio de una pistola ronda los Q3 mil. Puede ser más bajo o alto según las condiciones de compra-venta y del arma.

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En 2017, la PNC incautó varios fusiles y munición a pandillas que pretendían utilizarlos en atentados contra agentes de la PNC. En un caso, las autoridades sorprendieron en Villa Nueva a dos niñas de 13 años que transportaban un fusil AK-47 dentro de un costal. En diciembre de 2017, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reportó el hallazgo de embarques no declarados de 14 fusiles, 10 rifles y tres armas más, en contenedores de encomiendas sometidos a revisión en la aduana de Puerto Barrios, en Izabal, un hecho que ubicó a este departamento como el segundo con más incautaciones de fusiles después de Guatemala el año pasado. El hallazgo no era común, aunque en 2016 la SAT también descubrió diversas armas de fuego, o piezas de armas, y municiones no declaradas, en diez ocasiones en contenedores provenientes de EE.UU., Panamá y México, desembarcados en el Puerto Santo Tomás de Castilla, en Izabal.

El Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EE.UU. (ATF, por sus siglas en inglés) estableció que el 40% de las armas incautadas en Guatemala entre 2006 y 2009 provenían de EE.UU. El rastreo se realizó por medio de e-Trace, un sistema para rastrear la manufactura de un arma cuando su compra ocurrió en ese país. Este sistema, por ejemplo, permitió descubrir que dos pistolas 9mm incautadas en marzo de 2008 a un grupo de narcotraficantes mexicanos conocidos como los Zetas, fueron compradas en diciembre de 2007 en McAllen, Texas. Las armas fueron incautadas después que el grupo acribilló al narcotraficante Juan León (alias “Juancho”) en Zacapa. Pero hace siete años el uso de este sistema se interrumpió y luego pasó a manos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), y desde entonces la PNC no tiene acceso a los datos, según una fuente policial.

El control de armas

Jiménez afirma que el problema de Guatemala es el control de armas.  Cifras de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), muestran que para enero de 2017 había 537,747 armas de fuego registradas, y para agosto, según una nota de prensa se había incrementado a 547 mil. La Digecam también reporta 60,658 licencias de portación vigentes en 2017 (permisos para portarla en la calle), aunque entre 2009 y 2016 reportaba 267,029, y otras 553,028 licencias de tenencia.

En 2011, las autoridades, y organizaciones como el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo (Iepades), estimaban que cerca de 1.5 millones de armas ilegales circulaban en el país, casi el triple de las registradas. Actualmente el estimado es más conservador y suma cerca del millón, no obstante el número de armas incautadas en 2011 es similar al de las incautaciones de 2017 (rondando las 4,500), la mayoría, ilegales.

 

Un investigador de la PNC afirma que diversos grupos criminales se rotan las armas, y las mueven de una región a otra del país, para evitar su rastreo cuando han alcanzado un alto volumen de uso. El director de la PNC, Nery Ramos, estima que un 92% de los asesinatos ocurren con armas de fuego ilegales, y el resto, con armas legales. Datos del Inacif refieren que la mayoría de muertes por arma de fuego son perpetradas con arma corta, aunque la entidad no tiene datos públicos de muertes por tipo de calibre.

Incautaciones; homicidios y narcotráfico

Desde 2014, y con un par de excepciones en años anteriores, el número de incautaciones de armas de fuego, así como la tasa de incautaciones por cada 100 mil habitantes comenzó a superar el número y la tasa de homicidios anuales. Por ejemplo, en 2017 hubo 3,883 muertes por arma de fuego y 4,315 armas incautadas (cifra que excluye diciembre). En 2016, el segundo año de mayor incautación después de 2009 en el último decenio, hubo 4,007 muertes y 4,940 incautaciones. La diferencia es relativa porque una sola arma de fuego podría haber sido utilizada en docenas de muertes violentas, y otra arma, en una sola. Además, el descenso en la tasa de homicidios nacional, que inició en 2010, no empezó de forma paralela el mismo año que la tasa de incautaciones comenzó a subir, aunque en 2017 muestran tendencias similares.

Entre los doce departamentos con el mayor número de incautaciones, figura Quiché con 1,527, que tiene una de las tres tasas departamentales de homicidio más bajas desde 2010 (oscila entre 2 y 8), pero también Escuintla con 4,014, que está entre las tres tasas de homicidios departamentales más altas desde hace ocho años (oscila entre 65 y 85). Es decir, la incautación a nivel departamental no necesariamente está relacionada con una tasa alta de homicidios o cifras altas de muertes por arma de fuego.

En Guatemala, varios casos por tráfico de armas están vinculados al narcotráfico porque son armas que incautan a los traficantes. Por lo menos hasta 2014, el narcotraficante guatemalteco José “Che” Manuel López Morales supuestamente traficaba armas para los hermanos Valle Valle en Honduras, además de trasladar sus embarques de cocaína hacia México y llevar dinero de la venta de la droga desde ese país hacia Copán, Honduras, vía Guatemala. Los Valle Valle fueron capturados en octubre de ese año y López Morales, en agosto pasado, y fueron extraditados a EE.UU. por narcotráfico.

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En otro caso de narcotráfico, del guatemalteco Otto Herrera García (detenido en Colombia en 2007, extraditado a EE.UU. y excarcelado en 2013), un expediente en una corte de Washington, D.C., revela que Herrera compraba armas para traficantes colombianos y las enviaba con fajos de millones de dólares hacia Sudamérica entre 2002 y 2003.

Para 2012, una fuente del Ministerio Público afirmaba que las armas pasaban de manos de pandillas a narcotraficantes o al revés, sin que las estructuras tuvieran contacto, porque se valían de diversas redes de intermediarios. Algunos de estos intermediarios podían ser desde tramitadores de permisos de portación, que también prestaban otros servicios en el mercado negro, hasta cambistas en la frontera, según un investigador del Grupo Dipanda.

Mientras que entre 2009 y 2012, parte del trasiego de armas de fuego fue relacionado directamente a los Zetas, así como el robo de armas en depósitos de la PNC y del Ejército, no hay registros de hechos recientes que apunten hacia casos similares. El Iepades señala que una parte de las armas ilegales en circulación son robadas a personas particulares o guardias de seguridad, aunque en porcentajes bajos.

En los últimos diez años, el mayor volumen de incautación anual que se registró en 2009, se atribuye a los operativos contra los Zetas que permitieron decomisos de cientos de armas en Quiché y Amatitlán, en marzo y abril de ese año. Esos decomisos ubicaron a Quiché en el lugar número 12 de más decomisos entre 2007 y 2017.

PNC

Sin embargo, en 2009, otros narcotraficantes ingresaron armas al país de una forma menos evidente. Ese año, la policía, fiscalía y el ATF en Nashville, Tennessee, en EE.UU., procesaron a cuatro guatemaltecos y un policía local por facilitar entre junio y julio la compra en esa ciudad de 23 armas de fuego y su envío a las familias Lorenzana y Mendoza, a quienes identificaban como narcotraficantes. Las autoridades sólo lograron confiscar cinco. Otras 18 sí fueron enviadas a Guatemala. En julio de ese mismo año, las autoridades guatemaltecas intentaron capturar a varios miembros de la familia Lorenzana para cumplir con un pedido de EE.UU. de captura y extradición por narcotráfico. No lograron las detenciones ese año, pero encontraron un arsenal de armas cortas en una residencia de los Lorenzana en Zacapa. Todas estaban registradas.

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Para finales de 2017, el Secretario de Política Criminal del MP, Rootman Pérez, señaló que las armas de fuego, más que ser objeto de tráfico ilegal internacional, se habían convertido en una moneda de cambio, o una forma de trasladar ganancias de narcotráfico, una explicación de por qué los casos se relacionan más con narcotráfico. Pérez dijo que es común el pago de traslados de droga con armas, en lugar de dinero, porque son menos difíciles de trasladar y pueden ser vendidas en su destino final, o en el trayecto. Así, para recuperar el dinero, los traficantes las venden a otros grupos delictivos con los que no están relacionados, como las pandillas. Un investigador de Dipanda atribuyó por lo menos la mitad de las muertes por arma de fuego a estos grupos delictivos.

También son trasegadas desarmadas, en piezas, para evitar su identificación si la carga es revisada
En los últimos diez años, el mayor volumen de incautación anual que se registró en 2009
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