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La plenaria del Congreso, el 23 de junio. Congreso

Sin tecnicismos: El problema legal entre la CC y el Congreso

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Sin tecnicismos: El problema legal entre la CC y el Congreso

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La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones es el centro de una disputa por el orden constitucional. Esta recopilación cronológica explica, sin muchos términos jurídicos, qué sucede, quiénes son los actores y las consecuencias de sus actos.

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Para entender el conflicto entre estos dos actores, hay que tener claro que la Corte de Constitucionalidad es un tribunal independiente del poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.  Su función esencial es defender el orden constitucional. En mayo, esta Corte emitió una resolución que obliga a que el Congreso realice la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, y que excluya a los candidatos que no son honorables para ocupar el cargo. Ese es el origen del conflicto.

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Estos son los 7 hechos más relevantes:

  1. Todo inicia con una nueva investigación contra Gustavo Alejos, por sostener comunicación y tener reuniones con diputados y candidatos a las cortes. El Ministerio Público le pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC), que parara y anulara la elección. La CC resolvió que el proceso debía seguir, pero que los diputados debían excluir a los candidatos con la «honorabilidad comprometida», a causa del vínculo con Alejos.
  2. La mayoría de diputados está en desacuerdo con la orden que les dio la CC y prefieren postergar la elección de magistrados.
  3. Un abogado le pidió a la Corte Suprema de Justicia quitarle la inmunidad a cuatro magistrados de la CC, para que puedan ser procesados penalmente, porque dice que la orden que le dieron al Congreso es ilegal.
  4. La Corte Suprema de Justicia se integró con suplentes, le dio trámite a la petición del abogado y la trasladó al Congreso porque a los diputados les corresponde decidir si los magistrados pueden ser investigados como cualquier persona.
  5. La Comisión Permanente del Congreso aceleró la cración de un grupo de diputados para investigar los hechos, este es un requisito previo para que el Pleno del Congreso vote por quitar o mantener la inmunidad a los cuatro magistrados de la CC.
  6. Los representantes de la PDH, la Fundación Mack y Acción Ciudadana presentaron amparos ante la CC para que detuviera al Congreso, y la CC, integrada con tres de los magistrados señalados por el Congreso, ordenó frenar el antejuicio en su contra.
  7. La CC le pidió al Congreso que le devolviera el expediente original del antejuicio, porque temían que el Congreso se revelara y siguiera el trámite, como ocurrió. Le fijó plazos al Congreso para que entregara el documento y el Congreso no lo hizo. Eso llevó a que la CC pidiera al Ministerio Público que investigue a los diputados por desobedecer una orden judicial.

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1. Todo empieza y termina en el MP:

A inicios de este año, el Congreso debía elegir a 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a 135 magistrados para las Salas de Apelaciones.

En febrero, mientras las Comisiones de Postulación definían los candidatos para que el Congreso pudiera elegir magistrados, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del MP, evidenció que el empresario y exfuncionario Gustavo Alejos, negociaba la incorporación de varias personas en los listados de elegibles.

Con fotografías, videos y desplegados telefónicos, la fiscalía señaló nombres y fechas de las visitas que recibió Alejos, eso mientras estaba en prisión preventiva en un sanatorio. La investigación señala que hay conflicto de interés y tráfico de influencias entre Alejos y los 15 candidatos, uno de ellos también fue postulador, y 10 diputados.

A pesar de las revelaciones, las postuladoras siguieron con su trabajo y entregaron los listados al Congreso. Esta legislatura, en especial la alianza de Vamos con Todos, FCN, UCN, Prosperidad Ciudadana, Viva, Valor, Unionista, CREO y algunos diputados de Humanista, PAN, Bien y UNE (que son mayoría), no tenían intenciones de apurar la elección de magistrados ni excluir a los señalados. Aquí fue donde intervino el Ministerio Público, que pidió a la CC frenar la elección en el Congreso, o más bien, hacer borrón y cuenta nueva.

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La CC resolvió que el MP debía entregarle al Congreso un informe con los hallazgos de su investigación, y que el Congreso debía tomarlo en cuenta para excluir a los candidatos con la honorabilidad comprometida, por haberse reunido con Gustavo Alejos, y que cada diputado debía justificar a viva voz si la persona por la que votaba era idónea.

2. El Congreso no obedece y arremete contra la CC

En la sesión del 23 de junio, la elección de los magistrados no fue una prioridad. La reunión empezó a las 14:30 horas y fue hasta cerca de la medianoche que abordaron el tema.

La alianza de partidos que lidera Vamos, argumentó en el Pleno que no obedecerían resoluciones ilegales, criticaron a la magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras, y dijeron que no podían sacar a nadie del proceso porque respetaban el derecho de defensa de cada persona. El partido Semilla propuso tomar en cuenta el informe del MP y excluir a los 15 candidatos, como lo indicó la CC, y solo 10 diputados votaron a favor.

En cambio, 92 diputados apoyaron un método poco claro para elegir, no fija fecha para hacer la elección y no excluye a nadie. Lo único que sí aceptaron es realizar una votación a viva voz por cada candidato, algo que podría tomar meses. Dijeron que lo único que tomarían al pie de la letra, es que la CC pide que primero hagan la elección de Corte de Apelaciones y luego el de Corte Suprema de Justicia.

Para Apelaciones hay 270 candidatos y deben elegir a 135. Si asisten los 160 diputados, y cada uno toma seis segundos en decir su voto, habrá 43,200 intervenciones y eso implica 79 horas de sesión.

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3. Retrasar la elección tiene un beneficio

Debido a que el Congreso está en receso (del 16 de mayo al 31 de julio), actualmente lo dirige una Comisión Permanente. Esta se conforma con siete diputados que integran la Junta Directiva del Congreso. Quien la preside es Alan Rodríguez, de Vamos, quien llegó al puesto en enero pasado al reunir el apoyo los partidos que se aliaron para apoyar a Jimmy Morales para sacar a la Cicig del país.

Existen alternativas para acelerar la elección, por ejemplo, José González de Impunity Wach sugiere que solo apliquen un proceso especial a los 15 candidatos señalados. Pero algo es evidente, la alianza en el Congreso no quiere elegir magistrados, quiere retrasar la elección, en especial la de Corte Suprema de Justicia.

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El Movimiento Pro Justicia señala que, en el Congreso, quieren ganar tiempo para que la actual y cuestionada Corte Suprema de Justicia pueda nombrar a un candidato titular, y uno suplente a la CC. Esta elección tendría que ocurrir a inicios de 2021. El mantener a la actual Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, los diputados se aseguran impunidad. agregan.

Sin presiones, los diputados pueden armar cortes  que les beneficien a ellos o a sus amigos, como Gustavo Alejos. A partir de esta situación se creó un movimiento en redes sociales, promovido por diferentes grupos sociales, con el hashtag #CortesNoMafias.

4. La denuncia que desató todo

La segunda fase de este conflicto empezó el viernes 26 de junio cuando un abogado, José Roberto Hernández Guzmán, pidió que le quitaran la inmunidad a 4 magistrados de la CC por emitir una resolución que violaba la Constitución y, específicamente, el principio de presunción de inocencia. El argumento es que no pueden pedirle al Congreso que excluya del proceso de elección a quienes se reunieron con Gustavo Alejos.

Ante esta denuncia, todos los magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia (13 en total) se inhibieron, es decir, se hicieron a un lado porque ellos formaron parte de la comisión que postuló candidatos a la Corte de Apelaciones. En su lugar, integraron magistrados de Apelaciones en un proceso que ya fue denunciado por la Fundación Myrna Mack.

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Esto es importante: El antejuicio es una protección legal que tienen algunos funcionarios, y que los resguarda de ser investigados por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo.

Los 13 magistrados de apelaciones dieron trámite al antejuicio y trasladaron el expediente al Congreso. La Ley de Antejuicio indica que a los diputados son los designados para evaluar si un magistrado de la CC, un Presidente o un Vicepresidente pierde o mantiene su inmunidad.

5. La agilidad del Congreso

Ese viernes 26 de junio, los diputados estaban reunidos en plenaria. La sesión terminó antes de las 13:00 horas, pero la Comisión Permanente permaneció en el lugar hasta pasadas las 15:00 horas, momento en el que llegó la notificación del trámite de antejuicio de la Corte Suprema de Justicia. Con una velocidad poco usual en estos temas, la Comisión Permanente nombró a la comisión pesquisidora.

Como estamos en un tiempo de receso parlamentario, los diputados no tenían que convocar al Pleno para elegir a esa comisión pesquisidora, sino que nombraron a tres de sus integrantes: el diputado Luis Rosales, de Viva; Douglas Rivero, del Partido Humanista y Santiago Nájera, que recientemente fue expulsado de la UNE.

Este es un grupo integrado para indagar los hechos, y tiene potestad para citar a funcionarios, a los mismos magistrados, para escucharlos e interrogarlos. El trabajo de esa comisión es rendir un informe en el que sugieren al resto de diputados que los antejuiciados -en este caso los magistrados de la CC- deben mantener o perder la inmunidad para ser investigados.

Los magistrados que están en el ojo del Congreso son: Gloria Porras, presidenta de la CC; Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftalí Aldana, porque emitieron esa resolución que ordenaba nuevas reglas para la elección de las cortes.

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6. La CC decide anular todo, pero el Congreso desobedece

Sábado 27 de mayo, el Procurador de Derechos Humanos, Hellen Mack, de la Fundación Myrna Mack, y Eddie Cux, presidente de Acción Ciudadana, presentaron una solicitud para anular la denuncia en contra de la CC. Esta petición se llama amparo.

La CC convocó a reunión de pleno analizar esa solicitud. Tres de los magistrados bajo ataque integraron el pleno que resolvió dejar sin efecto el trámite de antejuicio, es decir, ese pedido que buscaba retirarles la inmunidad a ellos mismos.

La decisión la fundamentaron en la misma ley que utilizó la Corte Suprema de Justicia para trasladar la denuncia al Congreso, ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad, aunque en esta ocasión, en el artículo 167, el cual establece que los magistrados de la CC «…no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo». Para poner fin a cualquier procedimiento, solicitó que el expediente original de ese antejuicio fuera trasladado a la CC

Al anular el proceso en contra de ellos mismos, también solicitaron que el Congreso les trasladara el expediente original del antejuicio. Fuentes en la CC indican que esa petición se hizo para evitar que el Congreso siguiera trabajando, como ha ocurrido, pues legalmente la pesquisidora perdió su razón de existir.

La Comisión Permanente incumplió con el pedido de la CC y, en lugar de mandar el documento original, enviaron una copia certificada. De nuevo, el PDH, Hellen Mack y Eddi Cux pidieron a la CC que obligara al Congreso a cumplir la orden de entregar el expediente.

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La CC se reunió dos veces para atender el tema. Primero, el domingo por la noche, cuando fijó ocho horas para que el Congreso cumpliera, luego el lunes por la mañana, para dar otras tres horas de gracia. En ambas ocasiones la Comisión Permanente se excusó al insistir en que ya les habían dado una copia legalizada, y en un documento de varias páginas se extendieron en recordarles su postura: que sus resoluciones son ilegales, que quieren ser superiores a la misma ley, y que se oponen a que les imponen plazos cuando, según ellos, es un procedimiento que no se aplica ni siquiera cuando se encuentra en peligro la vida de las personas.

A propósito, el Congreso denunció a los magistrados el domingo, ante el MP, por cinco delitos: prevaricato, obstrucción a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.

La desobediencia de la Comisión Permanente llevó a la Corte a certificar lo conducente la noche del lunes 29 de junio. Este es un término 100% jurídico, y significa que se denuncia la desobediencia ante el MP para que abran un expediente e inicien la persecución penal. El 30 de junio el MP envió la denuncia a la fiscalía de Delitos Administrativos, en donde, seguirán el proceso tradicional de iniciar pesquisas y, en caso lo consideren, solicitarán el antejuicio de los denunciados.

Hay abogados que dicen que en la desobediencia hay flagrancia, que el MP debería actuar de inmediato, y proceder contra los siete diputados de la Comisión Permanente. Otros, dicen que el MP debe dar prioridad a la denuncia que presentaron los diputados contra tres magistrados de la CC: Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela. En todo caso, esto volvería a la misma Corte Suprema de Justicia que ya resolvió que sí procedía retirar la inmunidad a los magistrados de la CC.

Esta es la primera vez que una resolución de la Corte se cuestiona hasta denunciar a quienes la emitieron. Ni cuando se invalidó la sentencia por genocidio contra Ríos Montt, ni cuando anuló la elección de un Fiscal General que ya estaba en el cargo, ni cuando la CC ha frenado las operaciones mineras, se presentó una acción legal en contra de quienes resolvían. Sin embargo, los ataques a la Corte no son nuevos, datan de la gestión de Jimmy Morales, el presidente que los confrontó porque le impidieron expulsar a Iván Velásquez y a la Cicig.

En contraposición, organizaciones locales y entes internacionales como Corte Interamericana de Derechos Humanos, han manifestado su apoyo a los magistrados y externan preocupación porque se pone en riesgo la independencia judicial. Otros, incluso reclaman que esto que pasa puede socavar la institucionalidad del país. Lo llaman un golpe de estado técnico.

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