Jimmy Morales se ha constituido en el principal lacayo de quienes se sienten afectados por la lucha contra la corrupción y la impunidad. Días atrás quedó desenmascarado también el amo y maestro de los corruptos de ayer y hoy: Álvaro Arzú. Estos dos personajes, uno maestro y el otro servil rastrero, personifican la estabilidad en medio de la inmundicia de la corrupción institucionalizada, que busca perpetuarse vía el sistema electoral actual.
Entre otros grupos que los apoyan figuran, por un lado, algunos alcaldes liderados por Edwin Escobar, urgidos de lograr cuotas de impunidad para cubrir sus fechorías, y, por otro, empresarios que parece que no aprendieron la lección cuando apoyaron a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti, insensatos miembros de algunas cámaras empresariales (ojo, que no todas) que insisten en la torpeza y en la casi suicida idea de apoyar a un presidente corrupto, de modo que fuerzan las cosas para sostenerlo en el poder hasta el final del mandato y creyéndose la tontera esa de la institucionalidad (sí, ¡pero de la corrupción!).
Peores aún son quienes se tragan la descomunal perorata esa de que el esfuerzo contra la corrupción y la impunidad es una lucha ideológica de un grupúsculo de comunistas liderados por el comisionado Velásquez para hacerse con el poder en Guatemala. Sería una ridícula y soberana pantomima si no existiesen quienes no solo se lo creen, sino que además tiemblan de miedo y pánico al sentirse al borde de que Guatemala se vuelva otra Venezuela.
Que la sacrosanta estabilidad se haya visto perturbada no necesariamente es malo: atacar la corrupción, un problema estructural y profundamente enraizado en nuestra sociedad, no puede ser un proceso inocuo. Si ha de ser legítimo, debe transformar la distribución actual de cuotas de poder para igualar ante la ley a los poderosos de hoy con cualquier ciudadano. Lograr que Arzú entienda que no es superior a nadie y que debe ser juzgado por los crímenes de los que se lo acusa inevitablemente altera la estabilidad del statu quo.
Así que, si tanta es la preocupación por recuperar la estabilidad en Guatemala, una ruta legítima para lograrlo debe empezar obligadamente por retirarles la inmunidad (el antejuicio) a Jimmy Morales, a Álvaro Arzú y a un buen número de diputados a fin de que se pueda investigarlos. Luego, con estricto apego a sus derechos de defensa y presunción de inocencia, hay que removerlos de los cargos para que enfrenten juicio por los crímenes de los cuales se los acusa. Simultáneamente, bajo respeto estricto a su independencia, los entes investigadores, principalmente el MP y la Cicig, deben presentar las evidencias con las que sustentan las acusaciones. Este sería solo el inicio de un proceso largo, firme y sostenido de depuración de todas las entidades del Estado.
Paralelo al proceso de depuración, el Tribunal Supremo Electoral debería conducir un proceso extraordinario para abrir y transparentar el cambio de autoridades del Ejecutivo, de las corporaciones municipales y de las 158 diputaciones. Una vez elegida una legislatura posdepuración, se deben discutir las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y otras de carácter estructural, incluyendo reformas constitucionales.
Solo condiciones como las descritas permitirían volver a la estabilidad rompiendo con el marco actual de corrupción e impunidad.
Es decir, no puede haber diálogos ni agendas legítimas para recuperar la estabilidad con personajes como Jimmy Morales o Álvaro Arzú en sus cargos, sintiéndose superiores a la ley y con derecho a impunidad. Tampoco con más atentados contra la independencia y el trabajo del MP y la Cicig.
Más de este autor