En Guatemala, desde la colonia y luego desde la creación del Estado nacional hace ya dos siglos, las clases dominantes se movieron con la más absoluta impunidad. Después de masacrar pueblos originarios y someterlos en condiciones de semi-esclavitud sin los más mínimos derechos elementales como trabajadores y/o ciudadanos, a través de los años las cosas no cambiaron sustancialmente. Esa situación de despojo monumental fue la que dio como resultado una oligarquía riquísima, que pudo acumular fortunas inconmensurables, siempre ligadas a la propiedad agraria. Esas familias, de linaje cuasi aristocrático, jamás mezcladas con «la indiada», se entrelazaron luego, como clase dominante, con nuevos grupos económicos que hicieron sus fortunas con un espíritu capitalista modernizante, industrial y enfocados en los servicios.
Pero hubo un cambio importante en la segunda mitad del siglo XX. A partir del fin de la «primavera democrática», con la cruenta contrarrevolución de 1954, el país entró en una guerra interna que duró décadas. La misma enfrentó a esas élites dominantes con una gran masa de desposeídos, enfrentamiento que se sintetizó en la lucha entre movimiento guerrillero y ejército. Sucede que las fuerzas castrenses, a diferencia de otros procesos desarrollados en Latinoamérica, tomaron un papel preponderante, siempre con el aval de las clases hegemónicas y de la Embajada estadounidense. Después de largas décadas de manejo del Estado, esas fuerzas armadas se hicieron de grandes tajadas de poder económico. El Estado contrainsurgente sirvió así para generar una novedosa clase de «nuevos ricos», que además de acumular fortunas, obtuvo importantes cuotas de poder político.
Hoy, siglo XXI, existe un pacto entre todos esos sectores, donde todos se benefician: empresarios que aprovechan el Estado para hacer negocios, grupos ligados a la narcoactividad, al crimen organizado, contrabando, el negocio de la «seguridad»... Economía hot, como se la ha llamado.
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Esa amalgama de negocios non sanctos se ampara en la corrupción e impunidad dominantes. Los grandes empresarios no pagan impuestos con el beneplácito del Estado (Guatemala tiene la carga fiscal más baja del continente, luego de Haití: apenas un 10 % del PBI), la narcoactividad mueve hasta un 10 % de ese PBI, el lavado de activos está a la orden del día. Es sorprendente, que existan alrededor de 62 centros comerciales solo en el departamento de Guatemala, para dar un ejemplo. Los contratos leoninos (bochornosos) hechos a la sombra del Estado son ofensivos para la población; el Congreso sanciona leyes que solo benefician a esos sectores acomodados, con el agravante de regalar el patrimonio nacional a los grandes grupos económicos nacionales o a las empresas extractivistas internacionales (minería, hidroeléctricas, cultivos extensivos para agrocombustibles).
Todos estos sectores económicos (se podría agregar aquí un largo listado de negocios: tráfico de personas, trasiego de armas, contrabando de maderas finas en las selvas peteneras, obras de infraestructura nunca terminadas y sobrefacturadas, venta de pasaportes, etcétera), si bien pueden presentar contradicciones entre sí, finalmente están unidos para evitar que se combata la corrupción y la impunidad en que se asientan.
De esa cuenta, con el aval de una corrupta casta de políticos, magistrados y jueces que trabaja para mantener ese estado de cosas, ese empresariado estableció un contubernio que no cambia con ninguna administración política. Como cualquier delincuente acorralado, reacciona y miente. «Me detuvieron del aire, yo no hice nada», vocifera cualquier ladrón de celulares cuando se le aprehende. Los delincuentes hoy enseñoreados que manejan el Estado lo dicen de otro modo: disponen de los medios para cortarle el paso a cualquier investigación que pueda demostrar su culpabilidad, de ahí que copan todas las instituciones del Estado. En zona 18 o en «carretera», la sustancia es la misma.
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