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El ex jefe de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, Francisco Sandoval, recién removido de su cargo, durante la conferencia de prensa ofrecida en la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Simone Dalmasso

Porras trata de rematar la lucha contra la impunidad con un procedimiento ilegal

Sandoval dejó entrever que tenían información de reuniones entre ciudadanos rusos y el presidente Giammattei
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Porras trata de rematar la lucha contra la impunidad con un procedimiento ilegal

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La fiscal general Consuelo Porras destituyó al fiscal Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Lo sacó del MP. Con ello, satisface uno de los últimos y mayores anhelos de los grupos que han buscado reestablecer la calma en el régimen de corrupción y de la impunidad. Sandoval calificó la decisión como ilegal, dijo que la impugnará porque no se respetó la carrera fiscal, y dejó entrever que investigaba el fracaso en la compra de las vacunas Sputnik y tenía información sobre conversaciones entre el presidente del Gobierno y ciudadanos rusos.

Redes-lateral

A Juan Francisco Sandoval le segaron una carrera fiscal de casi dos décadas por “negarse a acatar” una orden de su jefa, Consuelo Porras. En un comunicado, la fiscal general se presentó como víctima de “vejámenes”, de ataques contra ella y la institucionalidad del MP, y argumentó que, sumado a la falta de confianza entre ambos, eran justificantes para la destitución de Sandoval.

En el acuerdo de destitución usaron otro argumento y lo ataron a su interpretación de la Ley Orgánica del MP. El jueves 22 de julio, Sandoval cuestionó por escrito el nombramiento de Cinthia Monterroso como titular de los casos que se gestionan ante la jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán.

A Sandoval, como jefe de la FECI,  esta decisión le pareció inadecuada porque no confiaba en el trabajo de Monterroso y temía que obstruyera procesos que vinculan a exfuncionarios como José Luis Benito, Alejandro Sinibaldi los empresarios Jaime Aparicio y Gustavo Alejos. La jueza Aifán había denunciado a Monterroso por hacer investigaciones ilegales.

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Porras obvió este antecedente cuando la designó para sustituir a Carlos Vides, a quien retiró de la FECI de repente para ascenderlo a jefe de la Fiscalía de Ejecución.

En el acuerdo con el que destituyeron a Sandoval, la dirección de recursos humanos del MP escribió que él no podía objetar una instrucción verbal de la Fiscal General, porque el artículo 68 de la Ley Orgánica del MP, en el que se habla de las objeciones, no aplica a la máxima autoridad de la institución.

A Sandoval no le sorprendió su despido, pero asegura que es “ilegal” y “viola” sus derechos laborales. El artículo referido para despedirlo no contiene una excepción que libere a la fiscal general de ser cuestionada por sus instrucciones. En cambio, queda claro que no son admisibles las órdenes verbales, porque de todo debe quedar “constancia” por escrito.

Además, el régimen disciplinario indica que nadie puede ser sancionado ni privado de sus derechos “sin haber sido citado, oído y vencido en el sistema disciplinario de la carrera profesional”.

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A Sandoval no le dieron oportunidad de defenderse. Un día después de manifestar su oposición a Monterroso lo echaron. “Sabía que era algo planeado desde hace muchos meses. Aunque en los últimos días las precisiones, la planificación para la ejecución de los detalles (para sacarlo de la FECI) se aceleró por lo que estábamos trabajando”, dijo el exfiscal en conferencia de prensa.

Aunque no dio muchos detalles, dejó entrever que tenían información de reuniones entre ciudadanos rusos y el presidente Alejandro Giammattei, algo que podría referir a la adquisición fallida de vacunas contra el COVID19 por lo que se pagó USD$79 millones de dólares.

La exfiscal Claudia Paz y Paz, exiliada desde el fin de su mandato, en el que logró una condena por genocidio contra Efraín Ríos Montt, anulada poco después tras la presión pública de la patronal Cacif, afirma que la destitución de Sandoval es “extremadamente grave”. No solo porque Porras vulnera la Ley del MP, que dicta cómo debe funcionar la fiscalía, sino que envía un mensaje “sobre el nivel de ilegalidad y arbitrariedad” de la máxima autoridad en la fiscalía.

La destitución de Juan Francisco Sandoval golpea uno de los últimos rescoldos antiimpunidad en el sistema judicial del país. Tras la abrupta salida de la Cicig, en agosto de 2019, la FECI mantuvo a flote investigaciones en contra de exfuncionarios de la más alta jerarquía gubernamental, y pudo desvelar a los participantes en la red que busca cooptar por enésima vez las cortes de justicia. Una hazaña en medio de un constante bloqueo que, según el mismo Sandoval, fue dirigido por Consuelo Porras y su círculo de confianza.

Pocas horas después de salir del MP, Sandoval ofreció una conferencia de prensa con el acompañamiento de Jordán Rodas, el procurador de los Derechos Humanos. El sábado por la mañana salió del país, al igual que otros operadores de justicia como las exfiscales generales Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana. Estuvo con él el embajador sueco Hans Magnusson y personal de la PDH.

Casos de mucho peso

La FECI se creó para que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pudiera perseguir y desarticular a los grupos clandestinos que se habían incrustado en el Estado. Y también para fortalecer las capacidades del MP, porque la propuesta era un empujón para la institución, una sacudida, un proceso de aprendizaje para que hiciera bien su trabajo. Porque la impunidad reinaba (y reina) en Guatemala.

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Pero durante su gestión el expresidente Jimmy Morales decidió no renovar el mandato de la Cicig. Antes, intentó golpearla para que cesara las investigaciones contra sus familiares y contra sus aliados. Declaró no grato al excomisionado Iván Velásquez y trató de impedir la entrada al país de investigadores que manejaban información de grandes casos de corrupción. Llevó al Palacio Nacional de la Cultura a personas involucradas en delitos que investigaba la Cicig. Los presentó como víctimas de lo que se calificó como persecución política, parcializada, ideologizada.

Entonces, en 2019, Juan Francisco Sandoval se quedó prácticamente solo. El excomisionado Velásquez no pudo regresar al país para terminar con su mandato. La Cicig empacó y se marchó. Y el fiscal encargado de la FECI ya no tenía el respaldo del ente internacional. Solo, y con una jefa designada por el presidente que se consagró como el principal operador político contra la Cicig.

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El trabajo de Sandoval es valorado y goza de múltiples reconocimientos internacionales. La exfiscal general, Claudia Paz y Paz, dijo que “es profesional y valiente”. “Se ha distinguido por cumplir pulcramente con la ley en todas sus investigaciones. Todos sus casos han sido fundamentados. Actuó conforme a las pruebas y su destitución responde a los intereses de una persona coludida con la impunidad, como es Consuelo Porras”, afirmó.

Sandoval soportó una buena parte de la nueva gestión en el MP. En septiembre de 2019 la fiscal general, Consuelo Porras, aprobó el acuerdo que dio vida a la FECI como una fiscalía más de sección. Siguió con el mandato de desarticular los aparatos clandestinos y cuerpos de seguridad (Ciacs), pero también, en específico, de perseguir a funcionarios, personas y grupos que procuran impunidad. Sandoval quedó a cargo.

El apoyo solo era aparente. Tal como lo mencionó Juan Francisco Sandoval en la conferencia que ofreció anoche en la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), debió enfrentarse a las presiones, arbitrariedades y control de la fiscal general Consuelo Porras. Hasta que el momento oportuno para ella llegó y lo destituyó. “En este MP se retrasa lo que no conviene y se agiliza lo que conviene”, dijo Sandoval. Además mencionó que desde octubre del año pasado debía solicitar autorización para pedir órdenes de captura.

Afirmó que lo esperaba. “La decisión de la fiscal general no me toma por sorpresa. Fue algo que venía desde hace muchos meses. Soy uno de los fiscales que ha sufrido las consecuencias de pelear por la búsqueda de la verdad y la justicia”, aseguró Sandoval.

Y entonces dio ejemplos. Contó que pidieron autorización para ir contra Sandra Torres, para procesarla antes de que adquiriera inmunidad por su participación como candidata presidencial de la UNE. Pero la fiscal general les dijo a los de la FECI que eran unos exagerados. Finalmente la acusaron de ocultar millones de quetzales para su campaña electoral de 2015, pero el atraso le permitió correr en las elecciones de 2019.

O en el caso Comisiones Paralelas en que se descubrió una estructura para influir en la conformación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones. El principal operador político era Gustavo Alejos, pero hay otras figuras importantes involucradas, como los exrectores de la Usac Murphy Paiz y Estuardo Gálvez. Sandoval dijo que la fiscal presionó para, aún sin las pruebas suficientes, se solicitara la captura de Gálvez.

Lo contrario ocurrió contra el actual magistrado de la CC Néster Gálvez. Con él, la intención era retrasar las investigaciones.

Y hay más. Según Sandoval, se sintió la molestia de la fiscal general cuando se continuó la investigación por los Q122 millones que se encontraron en Antigua Guatemala y por la cual se busca al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito. El exfiscal dijo que se solicitó la declaración de Giorgio Bruni, exsecretario Privado de Alejandro Giammattei, porque había indicios de relación con el partido oficial Vamos. Sandoval explicó que a partir de ahí se incrementaron los ataques de netcenter en su contra. “Del despacho general salía la información”, aseguró Sandoval.

"El hallazgo de los Q122 millones vinculados al exministro José Luis Benito lo tuvimos que trabajar, primero, caso en silencio, porque teníamos información de que uno de los secretarios de la fiscal general trasladaba la información", fueron las declaraciones de prensa de Sandoval en la conferencia de prensa de ayer. "En este caso, por virtud de la investigación, se obtuvo una información de una declaración de una persona cercana a la agrupación política oficial, que explicó la posible relación de ese dinero con el partido de gobierno", agregó.

“La planificación de los detalles se aceleró por lo que estamos trabajando”, reiteró Sandoval. “Soy el último de una cadena de fiscales. No soy el primero y lastimosamente no seré el último”, afirmó.

Hay sectores que comparten esa perspectiva. No solo es contra Juan Francisco Sandoval, sino contra fiscales independientes. Las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán también se manifestaron ayer. Martín Toc, el presidente de la organización, le dijo a la fiscal general que reconsidere su decisión. Que lo haga, le pidieron, antes de que la población salga a manifestar y paralicen el país.

El Consejo Nacional Empresarial también rechazó la destitución, que considera que carece de "razones fundamentadas". Los resultados de Sandoval son "indiscutibles y evidentes", dijo en un comunicado. "La impunidad y la corrupción son el más grande desincentivo de la actividad empresarial competitiva y ahuyentan la inversión sana y transparente".

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“Esta acción de Consuelo Porras vulnera la autonomía de los fiscales”, dijo la exfiscal general Claudia Paz y Paz. “Es un mensaje terrible para todo el resto de integrantes del MP sobre el nivel de ilegalidad y arbitrariedad de Consuelo Porras”.

¿Quién es la nueva jefa de la FECI?

El comunicado del MP anunció el relevo de Sandoval: Claudia Valenzuela, una fiscal con más de 20 años dentro de la institución. Durante el periodo de Claudia Paz y Paz, Valenzuela fungió como Fiscal de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, puesto desde el que solicitó aclaraciones ante la Corte de Constitucionalidad por casos como el juicio por genodicio contra Efraín Ríos Montt.

Valenzuela pasó a dirigir la Unidad de Métodos Especiales (UME) a inicios de 2019. Esta es una de las áreas más importantes para la investigación criminal. Su función más conocida es la de intervenir los teléfonos de pandillas, narcotraficantes o cualquier persona que sea sujeto de una investigación. El trabajo de esta unidad fue clave para acusar al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

El nombramiento de Valenzuela llegó después de dos destituciones. Primero, la de la fiscal Wendy Ordóñez, sustituida por Vilma Perdomo, aunque esta última duró pocos días en el cargo. Consuelo Porras la eligió sin oposición, pero la destituyó tras la presión que generaron las publicaciones en las redes sociales de Perdomo, que demostraban apoyo al entonces presidente Jimmy Morales.

La UME es una unidad que ha sido apoyada constantemente por el gobierno de Estados Unidos. Las exfiscales generales Paz y Paz y Thelma Aldana mostraban confianza en Valenzuela. Ambas la incluían en su listado de “fiscales sustituto”, una figura creada por requerimiento de la Ley Orgánica del MP y que exige hayan fiscales que puedan asumir el cargo en el caso que la Fiscal General esté fuera del país. Al final de su comunicado, Consuelo Porras quiso insinuar que cuenta por lo tanto con el aval de Estados Unidos.

Estados Unidos reprueba inmediatamente la destitución

Tras conocer la destitución, varios funcionarios de aquel país emitieron comentarios que desaprueban la decisión. Entre estos destaca la publicación de Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. En su cuenta oficial publicó: "No sé a qué está jugando el MP y la fiscal (Consuelo) Porras, pero cada día es más obvio que no es el Estado de Derecho".

González visitó recientemente Guatemala, junto a la vicepresidenta Kamala Harris y Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, sostuvieron reuniones oficiales con distintos funcionarios guatemaltecos, entre ellos el presidente Alejandro Giammattei y la misma Fiscal General. Según fuentes cercanas a EEUU, trazaron muy pocas líneas rojas: la más clara, mantener a Sandoval en su cargo.

El apoyo se lo habían demostrado de mil maneras obvias no solo para el lenguaje diplomático, sino para cualquiera medianamente informado. Una de las más explícitas sucedió en febrero de este año, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos entregó a Sandoval, y a otras 11 personas alrededor del mundo, el premio “Campeones Internacionales Anticorrupción”, un galardón que “reconoce a las personas que han trabajado incansablemente, a menudo frente a la adversidad, para defender la transparencia, combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas en sus propios países”.

Este fiscal que les resultaba clave.

El congresista Albio Sires, representante del distrito de New Jersey, aseguró que “el acto de remover a Juan Francisco Sandoval de #FECI es un golpe letal a la lucha contra la corrupción en #Guatemala. Si no se retira la decisión, los Estados Unidos debe designar a Porras bajo nuestra ley por haber interferido con las investigaciones de corrupción”. La Subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, criticó la remoción y la tachó como un “revés significativo para el Estado de Derecho”.

En el último año EE.UU. publicó listados de centroamericanos designados por estar involucrados en actos de corrupción o favorecer acciones que violan los derechos humanos. Las sanciones entre uno y otro varían, aunque la mayoría se limitan a la remoción de visas. La Lista Engel y la Lista de Norma Torres incluyeron guatemaltecos como Gustavo Alejos, Alejandro Sinibaldi o Mario Estrada, figuras políticas que ya están en prisión desde al menos un año.

El exembajador de EE.UU. en Guatemala, Stephen McFarland, opina que la decisión de Porras responde a “la lógica de los sectores que han favorecido la corrupción” y que quieren “sacar” a varios jueces y magistrados y “desmontar” los casos que han logrado judicializar.

Aunque Porras trató de salir bien librada con la designación de la fiscal Valenzuela, a quien acreditó ser respaldada por “las agencias de investigación de Estados Unidos”, para McFarland el mensaje de fondo es que han destituido a un fiscal comprometido con la lucha contra la corrupción. Además, esto dará pie a cuestionar la “sinceridad del gobierno de Guatemala de luchar contra el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas”.

Y desde un punto de vista geopolítico, Guatemala queda con mala reputación ante la inversión extranjera y demuestra que en lugar de alejarse del modelo corrompido de los gobiernos de Honduras y Nicaragua, se acerca más a ellos, explica el exdiplomático.  “Era el gobierno con el que mejor se podía dialogar, comparado con Juan Orlando Herández y (Nayib) Bukele. EE.UU. tiene que reevaluar, no solo los objetivos, sino que el nivel de cooperación que puede esperar de Guatemala”, concluyó.

Los grupos a favor de la corrupción y de la impunidad no ganaron con la destitución del fiscal Sandoval. Están ganando porque, tal como asegura la exfiscal general, Claudia Paz y Paz, “el nivel de retroceso no tiene fondo y la arbitrariedad y la ilegalidad de la fiscal general Consuelo Porras no sé hasta dónde pueda llegar. Hay otros muchos fiscales, hombres y mujeres valientes que han luchado a favor de la justicia y la lucha contra la impunidad”.

La destitución sucede tres días después de que Guatemala recibiera un donativo de tres millones de vacunas contra el COVID19 por parte de Estados Unidos, un donativo que aliviaba tempralmente la crisis sanitaria y lanzaba un flotador al presidente Giammattei, cuya popularidad ya andaba por lo suelos (la última encuesta, de mayo, la situaba rozando el 20%, solo mejor que el colombiano Iván Duque) incluso antes de que se revelaran detalles del contrato de la fracasada compra de la vacuna rusa Sputnik. La tensión sigue creciendo.

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