Por el otro, la Cámara Penal resolvió que el caso por la desaparición de Cristina Siekavizza y el secuestro de sus hijos Roberto y María Mercedes, se ventile en un tribunal de mayor riesgo.
Si bien ambas noticias han caído prácticamente en una especie de limbo de normalidad, en realidad evidencian la manera en la cual se gestiona la justicia en este país. Cristina Siekavizza es una mujer y madre de familia cuya desaparición tiene claros indicios de deberse a su asesinato a manos de su esposo, Roberto Barreda de León. El hecho se agrava con la salida irregular del país -con pasaportes falsos-, de los hijos del matrimonio, en una acción que involucra al padre de los niños, a los abuelos y tíos paternos, así como a otras instancias del Estado.
Además de los probables vínculos de Barreda de León con estructuras criminales poseedoras de redes de impunidad en el sistema de migración, seguridad y justicia, destaca el tráfico de influencias de los padres de éste. Beatriz Ofelia de León y Roberto Barreda Valenzuela, padres del prófugo, ocuparon la presidencia del Organismo Judicial y una magistratura, respectivamente. De allí que el tratamiento del caso en un juzgado ordinario, sirviera para que constantemente se presentaran acciones que imposibilitaban avanzar en el juzgamiento de los encubridores y en acciones de investigación tendientes a dar con el cuerpo de Cristina Siekavizza y con el paradero de Roberto Barreda y los hijos del matrimonio.
En ese contexto, la resolución de la Sala Segunda de Apelaciones es otra muestra de los movimientos de cangrejo y tortuga con que se gestiona la justicia. Si los magistrados señalan tener evidente enemistad con la CICIG es porque ésta incluye los nombres de Artemio Tánchez Mérida, presidente; Fausto Corado Morán y Héctor Echeverría Méndez, vocales de la misma, en un informe sobre jueces y magistrados a quienes señala de apañar o resolver en favor de la impunidad.
Por muy positivo que parezca el hecho de que la Sala considere no juzgar procesos que podrían verse perjudicados por su disconformidad con la Comisión, en realidad es un mal precedente. Algo parecido a la decisión de la Corte Suprema de Justicia para crear los Tribunales de Mayor Riesgo a fin de evitar el torcimiento de los casos puesto que, la podredumbre es tal que los litigantes ven en esta instancia la única opción de que los casos caminen.
Y en este fenómeno estriba la trampa en la gestión de la justicia cuyo avance está directamente vinculado a un proceso muy profundo de depuración. El tráfico de influencias que pervierte la aplicación de justicia es hoy día una moneda corriente en el sistema. Razón por la cual, los progresos que ha habido en otras instancias, chocan con el muro de la ineficacia en el Organismo Judicial y vuelven tortuoso el acceso a la justicia.
Un camino que también demanda repensar y modificar el rol preponderante que el gremio de las y los abogados tiene en la toma de decisiones en el esquema. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) posee por mandato legal -oportunamente gestionado por abogados en la Constituyente-, facultades de un poder del Estado. El CANG, como ninguna otra profesión, interviene directamente en los destinos del país mediante decisión y voto en la designación de magistrados del Organismo Judicial, el Tribunal Supremo Electoral, así como la Fiscalía General y la Corte de Constitucionalidad. Desde las facultades de Derecho en las doce universidades que ofrecen la carrera, también intervienen en dichos procesos, razón por la cual tienen un poder por encima del poder. El envilecimiento en el ejercicio profesional, tan sólo comparable a la corrupción que corroe a las fuerzas de seguridad civiles y militares, es una de las raíces del fallo en el sistema de administración de justicia. Razón principal de los males que dan lugar a que los procesos se quieran llevar en tribunales de mayor riesgo y de que una sala entera, se vea señalada por su mal desempeño.
De manera que para limpiar la casa en el terreno del derecho, es menester cancelarle al gremio de abogados, la licencia de poder que han usado para prostituir y destruir el sistema de justicia.
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