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“Nos fortalecimos gracias a la persecución”

"Cuando uno quiere hacer una denuncia del servicio debe hacerla en la empresa. Si a la empresa le parece, pasa esa denuncia a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). Es como que si uno quisiera acusar a un ladrón tuviera que presentar ante él la denuncia y el decidiría si pasársela o no a la autoridad."
"Pensaron que con mi captura y el proceso en mi contra iban a asustar a la gente, pero no lo lograron."
Mauro Vay [Simone Dalmasso]
Mauro Vay [Simone Dalmasso]
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“Nos fortalecimos gracias a la persecución”

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Su detención fue declarada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que supervisa el tema, y fue uno de los líderes del paro nacional que organizaciones campesinas convocaron el pasado 11 de mayo. Mauro Vay Gonón, fundador del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), organizado para defender derechos de los pueblos indígenas y los trabajadores del agro, se defiende de las acusaciones que señalan que su organización se dedica a robar energía y explica la manera en que se dio el proceso penal en su contra, que el entrevistado califica como una persecución política.

Redes-lateral

El 15 de marzo Mauro Vay  y dos dirigentes más de la organización fueron sentenciados por un juzgado de Huehuetenango a dos años de prisión por estafa en grado de tentativa. Sin embargo, cuando la sentencia se debía notificar, la pena fue suspendida por el mismo juez. En todo el proceso pasó un año y cinco meses en prisión domiciliar y tres meses y tres días en la cárcel.

El pasado 27 de junio el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas emitió una opinión en la que declara que "La privación de libertad de Mauro Vay Gonón… Mariano García Carrillo...  (y) Blanca Julia Ajtun Mejía es arbitraria”. Se fundamenta en que es imposible justificar legalmente la privación de la libertad, en que la detención se dio por el ejercicio de derechos humanos como manifestarse, organizarse y participar políticamente, y porque la inobservancia de los protocolos de detención le confiere un carácter arbitrario a la captura. La medida también indica que las víctimas tienen derecho a obtener reparaciones del Estado.

El Gobierno de Guatemala se rehusó a responder a las comunicaciones del Grupo de Trabajo y defender su proceder. En casos anteriores la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) ha sido la responsable de justificar el actuar estatal.

Ahora, Mauro Vay a seguimiento a las demandas que Codeca hizo en el paro del 11 de mayo: la nacionalización de la distribución de la energía eléctrica, la sanción a las empresas que desvían y contaminan ríos, y la derogación de la Ley Emergente para la Conservación de Empleo. Como coordinador general de la organización, Vay Gonón explica por qué está convencido de que Codeca ha sido objeto de persecución ideológica desde el gobierno de Otto Pérez Molina. “Yo sufrí en carne propia esa persecución. Lo que sufrí no fue una captura sino secuestro”, denuncia.

Según Vay, el 26 de junio de 2014, junto a Blanca Ajtún y Mariano García fue detenido por Ernesto García y otros tres miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la aldea La Capellanía en Chiantla, Huehuetenango, y por tres alcaldes auxiliares del mismo lugar. Dos horas después, fueron entregados a agentes de la Policía.

Según los captores, la detención se dio porque encontraron a los miembros de Codeca reuniendo a vecinos del lugar con la intención de pedir dinero a cambio de reducir los precios de energía que ofrecía Energuate y hacer conexiones directas desde los postes de la infraestructura de electricidad de la empresa.

Vay denuncia que después de que la Policía los trasladara a la subestación, un abogado de Energuate, la empresa distribuidora de energía eléctrica que opera en la región, les recitó las acusaciones en su contra. No se le tomó declaración en las primeras 24 horas de su captura y  se le dictó prisión preventiva por atentado contra la seguridad interna de la nación y caso especial de estafa. También fue procesado por coacción, amenazas, sedición e instigación a delinquir.  La fianza se estableció en Q1 millón.

“A pesar de cómo se dieron las cosas, el Poder Judicial no consideró improcedente la manera en que nos detuvieron”, denuncia Vay, quien afirma que presentaron denuncias ante el (Ministerio Público) MP, sin que éstas prosperaran. Según el dirigente campesino, en el juicio, el juez José Estuardo Talavera dio valor a las declaraciones de testigos que  se contradecían al decir que una o varias personas lo habían capturado; además de que nadie había visto los supuestos hechos ni había sido víctima de detención arbitraria. “Contaban que ‘se dice que hacen esto o lo otro’ pero por suposición no va a la ley. O se dio o no. Y aún con eso dictaminaron sentencia en mi contra”, se queja Vay.

Los señalamientos entre miembros de Codeca y Energuate son constantes. Los primeros señalan a la compañía de prestar un mal servicio, hacer cobros que sobrepasan el consumo y estafar a las municipalidades, con la porción del cobro que se les debería de dar y con el cobro se hacía por  alumbrado público.  Energuate, por su parte, ha denunciado a miembros de Codeca por instigar al robo de electricidad y por montar un negocio  bajo la fachada de  una organización que se autodenomina “en resistencia”.

Según Mynor Amézquita, vocero de Energuate, la empresa ha presentado al menos 600 denuncias en contra de miembros de la organización campesina por participar en el robo de energía eléctrica. “Activistas que dicen  ser de Codeca le platican a los comités de desarrollo comunitario para que formen parte de este negocio, cobran a los pobladores por la energía. Impiden el ingreso de trabajadores de Energuate para dar mantenimiento o para leer los contadores. Se desconectan del contador, le hacen un bypass y en vez de que el flujo pase por el contador, se conectan de forma directa, sin registrar el consumo”, explica el vocero de la empresa encargada de la distribución de energía en 294 municipios de 20 departamentos de Guatemala.

Vay rechaza las acusaciones de la empresay afirma que sólo llaman a una resistencia. También señala que el MP creó “a medida” la Fiscalía Especial contra el hurto de energía eléctrica para llevar a cabo la persecución en contra de Codeca y sus miembros, y  que en dicha fiscalía existen expedientes sobre miembros de la organización como Telma Cabrera, la representante legal de Codeca, pero también de él y sus hijos.

 

¿Cuál fue el resultado de todo ese proceso?

La sentencia dictamina que no somos responsables de las actividades de atentado contra los bienes de la nación pero que sí somos responsables del caso especial de estafa en grado de tentativa. O sea que no se demostró la estafa pero que a lo mejor existió una intención de hacerla. Según nuestra interpretación de la ley, en el caso especial de estafa no hay grado de tentativa. Por el dinero que llevaba conmigo, el juez dice que a lo mejor sucedió, tentativamente. Primero me acusaron de desconectar a las personas del sistema de energía, pero en los tribunales no se me acusa de esto sino de atentado e instigación a delinquir. Buscaban que se asocie mi nombre con esos delitos en la opinión pública, aunque no procedió legalmente.   Estuve encarcelado tres meses y tres días. La sanción eran tres años de cárcel (conmutables por Q10 diarios); eso se rebajó y quedó en dos años. Además de Q3 mil de multa y cuatro años durante los cuales tendría que quedar sin goce de mis derechos políticos. Eso no estaba en la acusación sino que fue  decisión del juez. Pero cuando notificaron por escrito había cambiado. Debido a la honorabilidad de los acusados, se nos suspende la pena: de la multa, la cárcel y los cuatro años sin derechos políticos. Quedé libre.

Según el abogado de Vay, Francisco Sandoval, está pendiente que se resuelva una apelación especial a dicha sentencia. Desde 2014 han presentado un recurso de apelación (denegado), un recurso de exhibición personal ante el juzgado (improcedente) y otro ante la Corte de Constitucionalidad (improcedente). El proceso judicial se contradice ya que primero, los tres miembros de Codeca fueron procesados por estar cometiendo el hecho punible en el momento (flagrancia), pero luego se modificó el delito a estafa en grado de tentativa, o sea que el delito no habría sido cometido sino que tenían la intención de hacerlo, lo cual desvirtúa la flagrancia por la que se les señaló al principio y la hace inexistente. La flagrancia nunca se probó, según la defensa de Vay.

Durante el juicio, ¿Qué señalamientos había en su contra?

La acusación era contra mía, pero solo mencionaban a Codeca. La investigación debía ser sobre acciones puntuales delictivas que yo había hecho, pero no se manejó así. Los peritos del MP solo hablaban sobre Codeca como organización, el fiscal mandó a investigar sobre Codeca y no sobre lo que supuestamente yo cometí. 

Codeca aboga por la nacionalización de la energía eléctrica como un bien estatal. ¿Cuáles son los problemas que Codeca denuncia sobre la manera en que se gestiona este servicio?

El costo de la energía es un tema latente en el interior del país porque la empresa cobra mucho. Por ejemplo, a casas que tienen sólo dos focos les llegan a cobrar incluso Q200. Según lo que investigamos, una casa con seis focos gasta 50 kwh y eso costaría Q35 nada más. Pero les cobran de Q100 a Q200. Nos dimos cuenta que era un abuso sistémico. Empezamos a investigar porque no sabíamos qué pasaba. En 2007 la empresa todavía cobraba la tasa municipal y de alumbrado público. A partir de nuestra denuncia pública cambiaron la dinámica para esconderlo, ahora el desplegado de cobro va sin tasa municipal. Empezamos a descubrir toda una mafia, ni los alcaldes sabían que los estaban estafando. El alcalde de Santo Domingo Suchitepéquez nos contó que a su municipalidad no le habían pagado, pero que con nuestros señalamientos, le fueron a dar Q30 mil “por esa chingadera que ustedes armaron”. A él Deocsa/Deorsa (el nombre de la compañía en ese entonces) le dio su mordida. El alcalde de Champerico nos dijo que le daban Q17 mil al año y nos enseñó la boleta del depósito. Hay corrupción desde los contratos que se hacen con las empresas. Pero desgraciadamente los tres poderes del Estado se prestan para este abuso. Por eso, a partir de 2010 apoyamos a algunas comunidades de sur y noroccidente que se declararon en resistencia y se niegan a pagar la energía eléctrica.

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A las comunidades que se unen a ustedes se les acusa de no pagar la energía; es decir  robarla para mantenerse conectados al sistema de distribución. Y a Codeca se le señala de cobrarle a las personas por llevar a cabo esa conexión.

Es parte de una estrategia en nuestra contra. Los medios de comunicación se prestan a esto y en las redes sociales la gente se deja llevar por el trabajo de los medios.  Hay que entender que Codeca está apoyando la nacionalización de la energía y la resistencia de las comunidades organizadas. En medio de todo lo que está pasando, hay una mayoría en el país que no está organizada y que está robando energía, pero esos no somos nosotros y a esta gente no la contactan. Yo calculo que el 60% de la gente que no paga no está organizada. Es la mayoría, pero a ellos no los persiguen. Por eso creo que la persecución contra nosotros es ideológica. Yo he repetido en muchas ocasiones que nosotros como organización tenemos nuestra estructura para la resistencia y aparte de eso, hay personas que se están aprovechando para cometer actos ilícitos. A ellos deberían de perseguirlos. Entonces la representante de Energuate me dijo en un evento, “mire don Mauro, usted debería señalarlos”, pero el MP también debe hacer su trabajo y sobretodo investigar.

¿Cómo opera la resistencia? ¿No  consume energía?

Sí usan electricidad, solo que no le pagan a la empresa. Las comunidades buscan a alguien con habilidades, a veces la misma persona que instaló los contadores de energía, para que los desconecten y  no quede el registro del consumo. Nuestra única orientación para los miembros de Codeca ha sido que coloquen una calcomanía en sus puertas que los señala como miembros del comité y describe los derechos de manifestación y organización que amparan a la resistencia. 

¿Y la empresa no  corta el servicio por falta de pago?

A veces no. A veces sí. Se han dado conflictos con algunas alcaldías debido a esto, porque la gente dice que no va a pagar y conoce los artículos de ley que los amparan para hacerlo. La gente se levanta y dice que tiene derecho a hacer una resistencia. En algunas comunidades, las personas aportan un dinero para tener reserva para ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos nada que ver con las decisiones comunitarias. Si Energuate les va a cortar, ellos mismos se las arreglan para obtener energía a pesar de ese corte contratando a alguien que les haga la conexión. La mayoría de los que están en resistencia tienen esa idea de obtener energía haciendo conexiones directas a los postes de electricidad o haciendo un bypass en el contador de su residencia para que no se registre el consumo.

 Según Energuate, personas que dicen pertenecer a Codeca son los principales incentivadores del robo de electricidad en Alta Verapaz, Suchitepéquez y Huehuetenango, además, cobran entre Q20 y Q30 por el uso de electricidad que no generan ni transportan, sino que toman la electricidad de la distribuidora, de manera clandestina. En el proceso en contra de Vay y los otros detenidos en Chiantla, Energuate presentó las repercusiones que las conexiones directas tienen para el sistema nacional de energía, y debido a que se le condenó, afirman contar con un precedente que le da validez jurídica a sus señalamientos.  “Me sorprende que la organización no acepte abiertamente que tras el discurso de abusos por cobros indebidos esconden un negocio del cual salen beneficiados y con el cual estafan a los comunitarios”, indicó Amézquita respecto a las denuncias presentadas por el comité. Hasta el momento, según la empresa, 16 personas han sido condenadas por la fiscalía que persigue el hurto de energía. Dicha fiscalía también persigue los delitos de atentado contra los servicios de utilidad pública, cobro ilegal de servicios, estafa, defraudación tributaria e instigación a delinquir.

Aparte del cobro  excesivo a los usuarios de las áreas rurales, ¿Qué otro problema señalan en el manejo de la energía?

Cuando uno quiere hacer una denuncia del servicio debe hacerla en la empresa. Si a la empresa le parece, pasa esa denuncia a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). Es como que si uno quisiera acusar a un ladrón tuviera que presentar ante él la denuncia y el decidiría si pasársela o no a la autoridad. Esa dinámica es totalmente corrupta.  No hay un razonamiento que justifique los costos porque el INDE le vende a las empresas a un costo de Q0.70 por kwh. Y está pensado que la empresa venda a Q2.00 el kwh. Además de eso le dan Q1,600 millones al año para subsidiar el costo de la energía, que se supone que contribuiría a bajar a 35 centavos el precio por el que venden. Eso debería reflejarse en un precio más bajo al consumidor. Pero ellos cobran más y encima se apropian del subsidio. Sería mejor quitar el subsidio y usar ese dinero para salud y seguridad alimentaria porque es una mafia y nos están robando.

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Según la CNEE, las empresas tienen la oportunidad de solventar cualquier reclamo de un usuario por los primeros siete días hábiles. Si se agota este proceso, se genera una denuncia ante la comisión. La comisión está integrada por tres  miembros que nombra el Ejecutivo. Cada uno proviene de ternas propuestas por tres sectores: el Ministerio de Energía y Minas, los rectores de las universidades del país y los agentes del mercado mayorista de la electricidad. El departamento de reclamos de la CNEE recibe a diario al menos tres denuncias. Energuate es la empresa más señalada (ellos distribuyen energía en el 86% del país) y los departamentos que más denuncian son Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu y San Marcos. En lo que va del año la CNEE ha recibido 84 denuncias.

En el estudio “La privatización del derecho a la energía eléctrica”, Codeca describe que la CNEE es la segunda instancia en el proceso de atención a usuarios inconformes. La empresa distribuidora recibe la queja, la documenta y extiende constancia de ella. Este documento habilita que un usuario pueda presentar su denuncia a la CNEE. Codeca advierte que muchos usuarios analfabetas salen de las oficinas de la distribuidora sin comprobantes de sus quejas, por lo cual no pueden pedir nada ante la CNEE. La empresa acusada es el primer filtro en este proceso.

Sobre la nacionalización de la energía, ¿ve factible que el Estado y sus instituciones se ocupen de toda la infraestructura, personal y logística que implica distribuir energía en el país?

Creemos que es la salida del problema. Es difícil que todo se solucione así, pero es un proceso. Para lograr la nacionalización también necesitamos la Asamblea Constituyente para refundar el Estado. Con el dinero del subsidio al costo de la energía eléctrica se tiene más que suficiente para para contratar técnicos en la distribución de la energía y en la relación con el cliente. Consistiría en fortalecer al INDE para que ejecute la distribución también.

Vivimos en un Estado que no puede hacerse cargo de hospitales, con problemas de infraestructura y mala gestión de lo público ¿Por qué sumarle a las responsabilidades de ese Estado el manejo de la energía eléctrica?

La incapacidad de administración del Estado es una estrategia para lucrar a través de la privatización. Pretenden la privatización y haciendo al Estado ineficiente y corrupto, logran que la población rechace la administración estatal.  Además, la población no tiene una educación eficiente que la oriente a fiscalizar y auditar socialmente a las entidades públicas, que se organice para hacerlo. Eso sería fortalecer al Estado. La ley permite la revocatoria de mandatos por ineficiencia. Las instituciones están para  trabajar y la población debe vigilar su labor. Actualmente, la generación de electricidad está siendo privatizada

 y así van reduciendo la cuota que el INDE producía. Antes, Unión Fenosa (la compañía matriz del manejo de electricidad) tenía capital israelí. Ya en 2011, con el nombre de Energuate fue adquirida por Actis, de Inglaterra. Y en 2016 Actis vendió a I.C Power Ltd, de capital israelí-estadounidense.

¿Es por eso que en una de las manifestaciones de Codeca, los señalamientos contra las compañías de capital israelí se extendieron hacia los judíos en general con consignas que se podían leer como antisemitas?

La gente está enojada con una empresa judía. Los compañeros hacían sus pancartas. Y nosotros decíamos que era la empresa, no todos los judíos. La indignación de la población es evidente. La gente está enojada. Allí la consigna era que los judíos mataron a Jesús y nos matan a nosotros con la luz. Son tantas personas por lo que es difícil controlar todo. Hay cosas que podemos evitar, pero hay cosas que la gente decide por sí misma hacer. Hay un apropiamiento de Codeca que lleva a que las personas y todas las facciones de la organización se organicen por sí mismas y tomen sus decisiones.

¿Cómo se organiza Codeca para mantener sus ideas entre tantas comunidades y a lo largo del país?

Primero, las comunidades nos hacen una solicitud para que vayamos a contarles sobre nuestras demandas sobre el tema de la energía eléctrica y las acciones que hemos tomado ante el Congreso y otros entes del Estado. Nos manejamos en una estructura en la que cada comunidad forma un comité que delega a dos personas para reuniones más generales, mayores. Algunos departamentos cuentan con dos o tres reuniones de este tipo debido a nuestra presencia en la zona. Luego, allí se eligen representantes para lo nacional y nos mantenemos en comunicación. Estamos planeando otra marcha, pero para ponernos de acuerdo en el día en que la realizaremos, la decisión debe platicarse con toda la organización.

Otro de los señalamientos en contra de Codeca es a poca transparencia de sus financistas. ¿Cómo se sostiene Codeca?

Recibimos apoyo del País Vasco (Las Comisiones Obreras de Euskadi) y de una instancia religiosa en Austria (DKA, la agencia de cooperación de Katholische Jungschar, el movimiento de los niños católicos de Austria). Nuestro financiamiento externo ha disminuido. Teníamos apoyo de la cooperación Noruega y Suiza, pero ya no. Por eso surgió el aporte de los miembros de Q2 cada uno mensualmente para el sostenimiento de la organización. Así se logra recaudar un aproximado de Q40 mil mensuales (20 mil aportes, aproximadamente).

¿Cuántas personas conforman Codeca?

En general, diría que 400 mil. Pero ya no podemos controlar cuántos somos. Cien mil personas sí podemos movilizarnos y estar en comunicación en las áreas en las que estamos presentes, los muy activos son como 50 mil.

Usted ha denunciado que hay persecución en contra de Codeca y en contra suya. ¿Cuáles son los principales motivos de esa persecución?

A que descubrimos esta mafia del cobro de la energía eléctrica. Pero no se dice sobre los otros temas en los que trabajamos, las investigaciones sobre las condiciones de trabajo en el agro. A través de los medios se dice que nosotros cobramos energía eléctrica, pero no. Nosotros pedimos la nacionalización de la energía, esa es nuestra lucha.

¿De qué manera ha cambiado la organización a partir de que la empezaron a señalar como un ente delictivo?

Hay gente que no estaba en la resistencia y al ver lo que nos hacían se sumó. Nos fortalecimos gracias a la persecución. La gente se indignó y no es ninguna casaca (mentira). La gente se indigna y lo que hace es levantarse. Pensaron que con mi captura y el proceso en mi contra iban a asustar a la gente, pero no lo lograron.

En cuanto a los plantones y manifestaciones, ¿Qué rol juegan en el balance de poderes de Guatemala? Si tuviera que evaluar a Codeca ¿cuáles serían sus  autocríticas?

Nosotros creemos que nos falta tener una representación en el Congreso. Por eso hacemos manifestaciones y llegamos a exigir, nos toca ir a pelear. No estamos representados, es algo que hace falta. Para definir la estrategia sobre la Asamblea Constituyente que queremos lograr se sabe que hay una necesidad de representación política. Somos una fuerza social, pero políticamente no tenemos incidencia porque no tenemos una persona que esté expresando las demandas de nuestra gente en el Congreso.

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