En Guatemala es imposible llegar al fondo de los problemas y consensuar agendas que saquen al país del marasmo político en que se encuentra desde la aurora de la era democrática. Sabemos que las rupturas institucionales que han debilitado al Estado y que han destruido el tejido social —particularmente como resultado de la guerra, de la represión militar y de políticas económicas privatizadoras de la posguerra— han tenido efectos multigeneracionales, en los que otros actores, más poderosos, mejor organizados y asociados con redes criminales, han convertido la gobernanza del país en una quimera. A estas alturas, ya pocos acontecimientos asombran al pueblo guatemalteco, colmado por problemas sempiternos, ahora exacerbados por la pandemia de covid-19 y cada vez más por el cambio climático, que sigue desplazando a miles en el interior del país o expulsándolos en ese angustiante e incierto viacrucis al Norte.
Como si la situación no fuera ya crítica con la incapacidad del gobierno de Alejandro Giammattei de coordinar un plan eficiente y transparente de distribución de la vacuna contra la covid-19, la deleznable destitución del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Francisco Sandoval, sigue asfixiando a un país que hasta hace seis años había liderado la lucha contra la corrupción a nivel regional. El movimiento ciudadano que en 2015 tumbó al binomio presidencial, que se sentía intocable, le dio alas a la esperanza. La lucha contra la corrupción parecía haber unido a tirios y troyanos en un propósito común para estabilizar el país y ofrecer condiciones de gobernabilidad mínimas garantizando un sistema de justicia independiente y condiciones de desarrollo necesarias.
Todo iba bien con despotricar y enjuiciar a los políticos. Pero cuidado con tratar de tocar los intereses de miembros de la cúpula empresarial y con cuestionar el modus operandi corrupto de estos. A partir de allí, según cuentan actores entrevistados por la antropóloga Alejandra Colom en su libro Disidencia y disciplina, se habría gestado una campaña de desprestigio, amenazas, castigos y represalias contra empresarios emergentes anticorrupción, con lo cual se habrían sepultado esfuerzos más decididos por delinear una visión del nuevo empresariado, más consciente y consecuente con el desarrollo social del país. Lo anterior también repercutió en el ímpetu ciudadano, que no ha visto cambios sustanciales en el tema, sino una continuidad cada vez más perversa con los gobiernos de Jimmy Morales y de Giammattei.
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Y si el 2015 fue un parteaguas en el despertar ciudadano contra la corrupción, el 2021 es uno en la viabilidad política del país. Con Sandoval presenciamos la salida al exilio de otro fiscal antiimpunidad. Los señalamientos contra la fiscal general Consuelo Porras y el presidente Giammattei son realmente serios a juzgar por la entrevista que Sandoval concedió de forma más detallada a El Faro en San Salvador en la madrugada siguiente a la conferencia de prensa en la cual denunció la manera ilegal en que fue despedido por Porras. Entre otros, el exfiscal Sandoval investigaba la existencia de plazas fantasmas y la supuesta vinculación del presidente Giammattei con el hallazgo de 122 millones de quetzales en una casa de Antigua Guatemala.
De esta forma, la inestabilidad política y jurídica propiciada por esta administración parece estar conminando a esos inversionistas que el Gobierno guatemalteco tanto quiere atraer al país a que no vengan a Guatemala. No vengan porque invertir representa demasiados riesgos. A pesar de sus indicadores macroeconómicos relativamente sanos y de las promesas gubernamentales, Guatemala es cada vez más un país que puede llegar a implosionar al estilo haitiano al seguir resquebrajándose sus instituciones.
Si no se puede brindar un mínimo marco legal y una mínima seguridad a los fiscales, a funcionarios públicos y a líderes de la sociedad civil que están ejerciendo su labor, ¿qué condiciones existen para atraer nuevas inversiones a un país donde la crisis es lo normal? Además, si la vacuna no ha sido debidamente distribuida y aplicada a un buen porcentaje de la población debido a la corrupción, ¿qué garantías hay de promover y atraer turismo o viajes para establecer negocios o de convertir el país en un destino preciado para personas en edad de jubilación provenientes de países de altos ingresos?
Como bien dijera Sandoval al referirse a la lucha quizá perdida de Claudia Paz y Paz, de Thelma Aldana y de él mismo: «Más que nosotros, pierde el pueblo de Guatemala».
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