Entre 2015 y 2018 los miembros más poderosos de la élite económica en Guatemala decidieron detener la persecución judicial a la que se habían hecho acreedores por corruptos. Eso exigía desechar a la Cicig y las capacidades de investigación policial y justicia que en la última década había desarrollado el Estado con su ayuda.[1]
Decidieron que valía la pena descarrilar el sueño, expresado por la multitud en las protestas de 2015, de que los guatemaltecos merecen vivir en un régimen de justicia y derecho. Por supuesto que no lo merecemos —dirían— si el precio es admitir que entre los ricos y poderosos hay auténticos canallas y criminales.
Felipe Bosch, Guillermo Castillo, Ramiro Castillo, Herbert Gonzalez, Stefano Olivero, Salvador Paiz, José Miguel Torrebiarte y Fraterno Vila —lo más encumbrado de la masculina élite empresarial— financiaron mafiosamente la campaña de Jimmy Morales, un mequetrefe, un muñeco de ventrílocuo de exmilitares. Mientras tanto otros (¿los mismos?) gestionaron la aquiescencia del gobierno republicano de Donald Trump a la expulsión de la Cicig que fraguaron. El precio: instalar la embajada de Guatemala en Jerusalén y dar palo a los migrantes que van al norte.
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La apuesta salió bien y consiguieron lo que querían. Mientras izquierda, centro, indígenas, campesinos, profesionales y migrantes de Guatemala somos una inmensa muchedumbre de ineficaces, lo que el Cacif quiere, el Cacif consigue. Triunfó Morales, echó a la Cicig, deshizo la justicia y salió indemne. Y tras él, por largos 33 meses hemos soportado ya lo más parecido a Jimmy reloaded: Alejandro Giammattei —aupado por el mismo combinado de élite corruptora, corruptos mafiosos y mafia violenta— poseedor del más demostrado desprecio al interés general, tolerante de la más grande incompetencia y con las mismas amistades narco-militares de su antecesor.
Sirve el repaso como antecedente a lo que, de lo contrario, arriesgamos reducir a incidentes de corrupción menuda, aunque trágica. Sin duda los socavones en Villa Nueva encuentran causa inmediata en la incompetencia del alcalde del municipio y su caterva de adláteres vividores. Pero no nos perdamos: ellos son apenas alimañas que, sin quién las persiga y aprovechando la oportunidad, encuentran cobijo en la húmeda axila de la complaciente élite económica y en la fétida entrepierna del poder gubernamental corrupto.
Es obvio que la municipalidad de Villa Nueva es una pústula infecta de mal gobierno. Pero no nos detengamos allí. La pregunta por responder es por qué no ha hecho nada al respecto el Ministerio Público de la atroz Consuelo Porras, siempre tan urgida de perseguir a sus propios fiscales y a cualquier juez o magistrado que desempeñe su trabajo con justicia y valentía.
La respuesta, claro, es que ella no está para eso. La única razón de su rastrera existencia institucional es librar de la justicia a funcionarios corruptos y exmilitares narco-ladrones, el precio cobrado por librar también a los nenes ricos de apellido fino y manos asquerosas. Todo lo demás está de más: 56 niñas quemadas (41 de ellas muertas) en un «no-hogar no-seguro»; seguir en el noveno lugar —de abajo para arriba— entre 53 países y territorios del continente en vacunación contra COVID-19, sin llegar siquiera a 4 de cada 10 guatemaltecos plenamente inmunizados… por ella, ¡que se caiga el puto mundo!
Que todos los días se derrumbe una ladera o se desfonde una calle, que las víctimas desaparezcan sin señal ni consuelo en un agujero infernal, que un presidente venda la patria envuelta en una alfombra, nada mueve al Ministerio Público a actuar, nada mueve a la amorosa presidencia del Congreso de la República a fiscalizar. Nada impulsa al acomodaticio nuevo Procurador de los Derechos Humanos a condenar. («Se solidariza con las víctimas», dice. Hágame el favor, ahora sí da razón a quienes pensaban que «los derechos humanos son solo para los criminales»). A ninguno de ellos importa la realidad lacerante que combina cambio climático con descuido de la infraestructura, ante el mandato de liberar corruptos que les dieron sus amos, esos que desde cámaras empresariales y cuarteles tiran de su correa, esos que apretarán su insolente pescuezo si no saltan a la orden, aunque teman su dentadura amenazante.
No se engañe: la sangre de las víctimas de las lluvias seguramente mancha las manos del alcalde de Villa Nueva. Pero salpica —¡asombrosa e imparable!— hasta el Ministerio Público, a la casa presidencial y a los salones de consejo de quienes no quieren darse por enterados, esos que encima cínicamente exigen que escuchemos sus recomendaciones de política en infraestructura. Por vida suya, ¡enójese, actúe!
[1] Los pocos sabios y los muchos ignorantes estamos de acuerdo. Escrita la columna me topé con este vídeo del diputado Samuel Pérez, de Movimiento Semilla. No deje de verlo si quiere una explicación breve y concreta que empata con lo que comento aquí.
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