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Nicaragua en la encrucijada
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Nicaragua en la encrucijada

La alianza entre el gobierno del FSLN de Ortega y el sector privado, que aseguraba estabilidad, ahora parece tambalearse.
La televisión controlada por la familia de Daniel Ortega y el empresario mexicano Ángel González, vinculado a casos de corrupción en Guatemala, difunde narrativas que mantienen al pueblo desinformado.
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¿Qué pasará ahora que el gobierno de Ortega se perfila cada vez más autoritario y violento?

El domingo 22 de abril apareció finalmente Daniel Ortega ante las cámaras de la televisión, y declaró que dejaría sin efecto las reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Esta reforma, lanzada por el gobierno unos días antes, fue el detonante de las protestas masivas que estallaron en Nicaragua el 18 de abril 2018. Hasta el momento se estima que el saldo de la represión policial a los manifestantes es al menos 25 personas asesinadas por la policía nacional. El gobierno de Daniel Ortega, sin embargo, había gozado hasta hace poco de una alta aprobación de parte de la población a su mandato y es uno de los presidentes más populares en América Latina, una región donde la figura del presidente es cada vez menos popular. ¿Qué pasará ahora que el gobierno de Ortega se perfila cada vez más autoritario y violento?

La economía y el factor geopolítico

La economía explica en parte la popularidad del gobierno nicaragüense. En 2007 Ortega recibió una economía en estado deplorable. La privatización de la educación y la salud además había excluido del ejercicio de tales derechos a los más pobres. Eso y una profunda corrupción fue el legado de los gobiernos liberales. Pero en los años que ha estado en el poder, el actual gobierno ha logrado mantener el crecimiento económico del país. La nicaragüense es la segunda economía que más crece en Centroamérica. Comparado con sus vecinos al norte y al sur, la tasa de homicidios y la de robos en Nicaragua son de las más bajas en América Latina. La estabilidad social, los bajos índices de criminalidad y la menor infiltración de redes criminales en el aparato estatal han permitido atraer una creciente inversión extranjera a Nicaragua.

El férreo control fiscal y la estabilidad macroeconómica han permitido al gobierno de Ortega enfocarse en una estrategia económica a largo plazo, en la que el combate a la pobreza ha sido central. La pobreza se redujo del 29.6 al 24.9 % entre 2014 y 2016 y la pobreza extrema disminuyó del 8.3 al 6.9% en el mismo periodo de tiempo. Aunque continúa siendo un problema, las cosas han mejorado para miles de nicaragüenses. El acceso a la educación y a la salud públicas, se ha garantizado a millones de nicaragüenses con la reversión de la privatización de los servicios impulsada por el gobierno de Ortega, aunque los servicios continúan siendo insuficientes. Centrales en los esfuerzos de combate a la pobreza han sido los programas sociales mantenidos en gran medida por dinero proveniente del programa ALBA, financiado por Venezuela. Con estos se ha subsidiado programas sociales (hambre cero, usura cero), la energía eléctrica, el seguro social y en parte los salarios de los empleados públicos.

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Los tres mayores socios comerciales de Nicaragua son Estados Unidos, México y Venezuela. La estabilidad económica nicaragüense y los avances en la lucha contra la desigualdad han sido quizás un dique que contiene el descontento popular con otros aspectos del gobierno de Ortega. Sin embargo, la crisis en Venezuela, que se había convertido en un mercado preferencial para Nicaragua, y la reducción del financiamiento a través del ALBA explican en parte por qué y por qué ahora surge la reforma al INSS.

La solidez en la alianza entre el gobierno del FSLN de Ortega con el sector privado también aseguraba estabilidad. Esta alianza ahora parece tambalearse. Como escribí hace algún tiempo, el balance de fuerzas construido sobre la alianza con la elite económica y la neutralización de la oposición política son fundamentales para mantener a Daniel Ortega en el poder. Pero su legitimidad también depende de cómo responda a la creciente movilización social, las demandas por más participación y más transparencia y también de la capacidad de organización de la oposición.

Paralelamente a este crecimiento económico, el gobierno ha ido concentrando el poder en la figura del presidente y la vicepresidenta, y con ello el espacio para los demás se ha reducido. Uno de los factores clave es y será el control del uso de la violencia. La politización de la policía puesta en marcha por los últimos cambios a la ley propuestos por Daniel Ortega y aprobados por la asamblea nacional, que explico abajo, podría indicar que la violencia que vimos en la segunda semana de abril, puede empeorar.

Las fuerzas públicas de seguridad

Desde el triunfo de la revolución sandinista, la policía nicaragüense se ha caracterizado por abstenerse de usar la fuerza en contra de la población civil. En Nicaragua la policía y el ejército han sido desde entonces dos de las instituciones que gozan de mayor credibilidad y respeto entre la población. Con los muertos de la última jornada de protestas, dicha confianza no solo se ha debilitado sino que costará reestablecerla.

Al final de la guerra, el ejército nicaragüense fue reformado drásticamente, reduciendo su personal y su presupuesto y una reforma a la constitución en los 90 aseguró la subordinación del Ejército al poder civil. En 2013 el ejecutivo inició una serie de reformas que debilitaron el poder del ministerio de la Defensa y aseguraron una relación directa entre el presidente y los altos mandos militares: antiguos sandinistas. La cúpula militar apoyó en 2013 los cambios a la constitución aprobados por la Asamblea Nacional, que permitirían que Daniel Ortega se volviera a reelegir de manera indefinida. Los cambios a la constitución y al código militar que el legislativo aprobó en 2014 no solo aseguraron el control de las decisiones sobre el ejército en manos del presidente, también abrían la posibilidad de que el jefe de las fuerzas armadas se mantenga en su puesto por tiempo indefinido, si así lo decide el presidente. Una de las cosas que ha preocupado a los militares jóvenes es que al código militar reformado se agrega como parte de las tareas del ejército la “Seguridad Nacional” y en consecuencia el ejército podría involucrarse en el control de movilizaciones ciudadanas. Además, los cambios otorgan al ejército la responsabilidad sobre las telecomunicaciones y las frecuencias de radio por considerarlas de interés para la seguridad nacional. Esto supone la posibilidad de mayor violencia, mayor control y mayor censura.

La policía nacional también fue profesionalizada después de la revolución sandinista asegurándose el control de la policía al ministerio de la defensa. Los bajos índices de criminalidad y homicidios son un legado de la revolución sandinista y del proceso de renovación y profesionalización de la policía iniciado entonces, con un modelo de policía comunitaria –menos cárcel, más prevención– que ha probado ser muy exitoso en la lucha contra el crimen.

Sin embargo, en 2014 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una nueva ley de la policía que transfiere el control de la fuerza policial al presidente. Con este cambio, la presidencia se convierte en la jefatura de la institución policial y sustituye al Ministerio de Gobernación como el responsable de la policía. El presidente está también facultado para ampliar la tenencia de los cargos de la dirección de la policía y con ello, impide que se renueve la institución de forma constante, lo que, pone en peligro la lucha contra la corrupción policial iniciada durante la revolución sandinista. Los cambios en el ejército y la policía nacional indican una mayor politización de las fuerzas públicas de seguridad y contribuyen a consolidar el poder de Daniel Ortega.

El incendio en Indio Maíz

El tres de abril el gobierno territorial Rama y Kriol que representa a nueve comunidades indígenas con derechos sobre la tierra en la reserva Indio Maíz alertaron de un incendio forestal que se extendía en el área protegida mejor conservada de Nicaragua, y una de las más grandes en Centro América. El gobierno tardó cuatro días en responder. Para entonces se habían quemado entre 3000 y 5000 hectáreas de bosque. Las autoridades indígenas responsabilizan del incendio a invasores que se han adueñado de la tierra en el área protegida de manera ilegal. Estas invasiones, aunque no han sido directamente promovidas por el gobierno, han sido toleradas dentro de una lógica para ganar control sobre los territorios indígenas nicaragüenses, una lógica que, por cierto, no ha sido exclusiva del actual gobierno. Estos territorios han resistido los ataques que disputan su autonomía por parte de gobiernos y empresas privadas a lo largo de la historia.

Una semana después, jóvenes estudiantes universitarios indignados por las explicaciones inverosímiles respecto al incendio ofrecidas por la vice-presidente, salieron a manifestar en las calles de Managua. El gobierno alegaba que el incendio había iniciado por causas naturales. La vice-presidente, Rosario Murillo, sostenía ante los medios que el ejército nicaragüense había controlado con apoyo internacional el incendio de manera pronta, mientras las autoridades indígenas continuaban reportando el avance de las llamas. Los jóvenes manifestantes exigían que se le proporcionara a la ciudadanía información confiable sobre la situación en el área protegida. Las protestas se extendieron a otras ciudades y departamentos. Al mismo tiempo, miembros de la juventud sandinista salían a las calles a manifestar su apoyo ante la eficiencia del gobierno para controlar el fuego en Indio Maíz. Periodistas y estudiantes denunciaron que la policía trataba de impedir el trabajo de la prensa y que los anti-motines dispersaban a los jóvenes que exigían información sobre lo que estaba sucediendo en el área protegida. Pero aún no se vislumbraba que la violencia se extendería de manera brutal tan solo unos días más tarde.

Que un incendio forestal haya detonado una de las protestas que antecedieron la movilización masiva que vendría más tarde es indicativo no solo de la preocupación por temas ambientales entre los jóvenes, sino de algo más. El movimiento social en Nicaragua ha sido débil las últimas décadas. En parte porque la asistencia para el desarrollo –principalmente la proveniente de Venezuela– se ha canalizado a través del gobierno y de programas clientelares que cooptan la participación ciudadana. Las pocas organizaciones que han mantenido un trabajo organizativo fuerte son las feministas. Pero recientemente se ha visto un florecimiento del movimiento ambiental que aglutina campesinos, académicos y estudiantes, desatado por el proyecto del gran canal interoceánico y los conflictos mineros. Aunque es un movimiento incipiente y poco organizado, está ganando cuando menos visibilidad.

Restricciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión

Mientras el resto de Centroamérica vio florecer medios independientes de periodismo crítico, durante el tiempo en que Ortega ha estado en el poder la libertad de prensa y la libertad de expresión han disminuido drásticamente en Nicaragua. Rosario Murillo ha llegado incluso a proponer que se regulen las redes sociales para “proteger” a los jóvenes de las noticias falsas argumentando que las redes sociales son una amenaza a los valores de la familia. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó recientemente su preocupación por la libertad de prensa en Nicaragua. La televisión está controlada por miembros de la familia de Daniel Ortega y por el empresario mexicano Ángel González, cuya supuesta participación en casos de corrupción en Guatemala ha sido sugerida por las investigaciones de la CICIG y el MP. En Nicaragua el control de la televisión por Ortega y sus aliados favorece la difusión de una narrativa que mantiene al pueblo prácticamente desinformado.

La indignación por la falta de información sobre lo que estaba sucediendo en Indio Maíz fue el catalizador que sacó a los jóvenes a las calles, pero su descontento e indignación tiene raíces más profundas. El bosque ardiendo en Indio Maíz no logró crear una cortina de humo que distrajera a la población sobre los cambios al INSS que estaban en marcha. Estos cambios al régimen del INSS afectarían a la patronal y a los trabajadores con incrementos en la tasa de contribución y un impuesto del 5% sobre las pensiones a los jubilados e incapacitados. Los cambios no fueron discutidos con los afectados sino aprobados de manera unilateral por la presidencia de Nicaragua.

Esta falta de apertura y participación de los ciudadanos en las decisiones del país es solo un ejemplo más de la secretividad con la que se manejan los asuntos públicos en Nicaragua. Las decisiones en el país se negocian y se toman a puerta cerrada. El sector privado aglutinado en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) tiene garantizado un lugar en los espacios en los que se toman las decisiones, no así la sociedad civil. La información sobre los procesos y sobre las premisas de las negociaciones entre el gobierno y el sector privado permanecen en secreto. Daniel Ortega rara vez da conferencias de prensa, y los funcionarios públicos no están autorizados a hablar con la prensa. La información oficial es solamente proporcionada por los medios afines a la pareja presidencial. Esta falta de transparencia es otra de las causas de descontento entre los ciudadanos nicaragüenses.

La solución de la crisis no está cerca

El 22 de abril 2018 ante la presión ciudadana Daniel Ortega anuló los cambios al INSS. Este es un punto de inflexión. Rara vez antes había Ortega cedido ante las protestas populares. El gobierno llamó a un diálogo, pero solo invitó al sector privado. COSEP, que había convocado a una huelga general el lunes 23 de abril expresó que el diálogo solo sería posible con la participación de los estudiantes y tutelado por la Iglesia católica y la comunidad internacional. Ortega ha dicho que no aceptará condiciones. Los estudiantes siguen atrincherados en la universidad y dicen que COSEP no los representa.

La sociedad civil en Nicaragua está debilitada y dispersa tras años de embates políticos y la cooptación de los espacios de participación ciudadana por parte del gobierno que los ha convertido en mecanismos clientelares que benefician selectivamente a quienes se afilien al partido.

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La crisis parece no resolverse por el momento. El proceso en Nicaragua será largo y doloroso. Daniel Ortega acaba de dar apenas una muestra de que el rumbo de su gobierno está cambiando en una dirección más autoritaria. Sin embargo, el haberse retractado de las reformas ante el descontento popular podría indicar un nuevo giro, una nueva época.

El gobierno actual del FSLN de Daniel Ortega cuenta con los recursos ideológicos, materiales y de la violencia para contener la resistencia popular. La rapidez de esa contención puede garantizar la continuidad del régimen, más no su legitimidad en el largo plazo.

Qué surgirá de estas protestas depende de varios factores. Por un lado, que la resistencia articule además de a los jóvenes y el rechazo a los cambios al ISSN, a otros sectores y otras demandas estructurales más profundas. Está claro que la relación con el sector privado ya no será la misma, cómo renegocien su alianza tendrá efectos importantes en la forma en que el gobierno enfrente la protesta y las reformas políticas. Ante la debilidad del movimiento social y de la oposición, un elemento clave, sin embargo, sería que exista un rompimiento público con el presidente por parte de cuadros centrales dentro del gobierno, incluido el ejército, la policía, los diputados y miembros del gabinete. La Iglesia ya dejó muy clara su posición, no hay vuelta atrás.

Epílogo

Sergio Ramírez recibió el lunes 23 de abril del 2018 el premio Cervantes en España. Es el primer escritor centroamericano en recibir dicha distinción. Sergio Ramírez fue miembro del grupo de los doce –intelectuales, curas, empresarios y miembros de la sociedad civil– que públicamente expresaron su apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1977. Fue parte de la junta del gobierno de reconstrucción nacional y electo vicepresidente de Nicaragua en 1984. Se mantuvo como líder del bloque sandinista en la Asamblea Nacional hasta 1995, cuando rompió con la facción del FSLN controlada por Daniel Ortega y fundó el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). En su discurso de aceptación del premio Cervantes en 2018 dedicó el premio a la memoria de los nicaragüenses que han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia y a los miles de jóvenes que siguen luchando por Nicaragua. También hizo alusión a la tarea de encontrar la esencia de las cosas perdidas. Y en eso andan los nicas, buscando la esencia de los valores y los ideales de esa revolución que Daniel Ortega parece haber olvidado completamente.

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