Necesidad de un ministerio de seguridad y de uno de justicia

En el modelo basado en la doctrina de seguridad nacional, desarrollado en nuestro país en un período aproximado de 40 años, el bien jurídico que había que proteger era el Estado, de modo que sus mismos habitantes podían significar una amenaza a este y, por tanto, exigía un modelo concentrado de control sobre las personas. Implica esto concentración institucional, unificación de la política de seguridad con la criminal y, finalmente, construcción legal del otro, es decir, del sujeto enemigo.

Con la instalación de la doctrina de seguridad democrática se han encontrado diferencias sustantivas entre política de seguridad y política criminal, lo cual ha dado paso a un modelo separado que encuentra límites en principios constitucionales y de derechos humanos. Asimismo, el bien jurídico que se debe proteger es la persona, y ya no el Estado.

Ahora bien, ¿qué no ha cambiado? La concentración institucional y la construcción legal del otro. En el primero de los casos, hasta en el año 2016, con la aprobación del Código de Migración, que crea un instituto desvinculado del Mingob, puede decirse que se ha abandonado una primera rama de los mecanismos de control concentrados. Se rompe con el parámetro meramente administrativo y se les da vida al derecho a migrar y a los derechos de los migrantes, entre otros, con lo cual se le otorga una dimensión nueva al quehacer del Estado. Pero la policía y el sistema penitenciario siguen allí como direcciones.

Tampoco se ha salido de la idea de construcción del otro. Se ha mantenido una permanente criminalización de los adolescentes pertenecientes a las pandillas como justificación de acciones desmedidas de la seguridad pública y de la política criminal. Habrá cambiado todo el día que el político ofrezca y logre que no haya ningún adolescente detenido. De lo contrario, seguimos construyendo a partir de la doctrina del enemigo interno.

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Pero entre ambos pasos me centro en el título de esta columna. Un ministerio de seguridad a cargo de la PNC puede representar un verdadero cambio al modelo policial, incluso al de investigación criminal, puesto que los factores doctrinarios, normativos, operativos y de disciplina podrían ser desarrollados en un marco de mayor profesionalidad. Asimismo, es necesario un ministerio de justicia que se encargue de la ejecución de todo aquello que los jueces disponen y, entre ello, del sistema penitenciario, de tal modo que permita un desarrollo de las cárceles ajeno al exclusivo entendimiento de estas como un aspecto de seguridad, así como su abordaje desde la dimensión social.

¿Estamos listos como sociedad para realizar estos cambios? Parece que no mientras subsista la idea de un sistema basado en control y seguridad. Pero podemos estar listos si se encuentra un camino político de honestidad y de compromiso incondicional con la democracia y la protección de la dignidad.

También surge acá, en este planteamiento, el grave problema que tenemos con mantener un sistema de empresas de seguridad privada. Vivimos en un panóptico en cada colonia, residencia o condominio, controlados por el guardia sin darnos cuenta. Vivimos en una doble tributación, pagando seguridad al Estado y a una agencia privada.

Creo que un modelo de ministerio de seguridad y su ampliación sobre bases democráticas nos evita los modelos privados y nos lleva a consolidar un sistema de seguridad pública propio de un país en paz y democrático. En igual sentido, con un ministerio de justicia tendríamos la posibilidad de evitar la reincidencia.