Cerrar

Ir

Méndez Ruiz: un secuestro político, una demanda política

“La querella que yo presenté es simple y sencillamente el inicio de la contraofensiva militar a la tercera etapa de la guerra que ya inició, la contraofensiva a la ofensiva que lanzó la guerrilla con la captura de los generales”, asegura.
“Es probable que la llamada haya sido generada por el mismo ejército –agrega-, para forzar la captura de Hurtado y a su vez la negociación. Algo típico de la inteligencia militar”.
Tipo de Nota: 
Información

Méndez Ruiz: un secuestro político, una demanda política

Read time: 12 mins
Historia completa Temas clave

Ricardo Méndez Ruiz fue secuestrado por la guerrilla el 23 de junio de 1982. Casi tres décadas más tarde, en medio de una pequeña ola de juicios contra militares acusados de masacrar a la población civil, el dos de noviembre de 2011 Méndez Ruiz se querelló en contra de 26 personas a las que acusa de haber participado en aquella operación que lo tuvo cautivo durante 51 días. Algunos de los acusados eran apenas niños en ese momento. Tres meses después, cuando Ríos Montt, el jefe de su padre en aquel tiempo, afronta un juicio por genocidio, su demanda está casi olvidada, sin avances.

Redes-lateral

Su denuncia causó turbulencias que aparentemente ya se han disipado. Era, lo admite, una acción política contra sus enemigos ideológicos, casi una revancha. ¿Cuál es, cuál fue su historia?

 El secuestro

Ricardo Méndez Ruiz es sargento de reservas, paracaidista e hijo de un coronel que también se llama Ricardo Méndez Ruiz.

Allá por junio de 1982, el coronel Méndez Ruiz tenía tres meses de haber sido nombrado Ministro de Gobernación por el entonces jefe de estado, Efraín Ríos Montt y su hijo estaba a punto de ser secuestrado por un grupo guerrillero.

Con apenas 22 años, el joven estudiante de veterinaria en la Universidad de San Carlos se convirtió en una moneda de cambio en una negociación entre el gobierno militar y la guerrilla.

El 24 de junio, el titular “Secuestran al hijo del ministro de gobernación” se publicaba al lado izquierdo, en un recuadro de la portada de Prensa Libre, el diario de mayor circulación en ese momento. La nota periodística de ese día evita dar detalles sobre el contexto en que se dio el secuestro. Informa que hombres armados en dos carros secuestraron al muchacho y cita al viceministro del interior Haroldo Cabrera Enríquez, expresando su lamento, y pidiendo que se respetara la integridad física del secuestrado.

Ese mismo día (aparece en la publicación del 25 de junio), la Policía Nacional efectuó “amplios operativos” en todo el departamento de Escuintla, con motivo de dar con el paradero de Méndez Ruiz. De nuevo, no menciona quién o por qué el joven habría sido raptado.

Al costado de esa nota de Prensa Libre, aparece otra noticia en la que se informa que cuatro mujeres de San Martín Jilotepeque, “cansadas de servir como instrumento para que el país viva bajo una constante zozobra” se entregaron al Ejército para acogerse a la amnistía que Ríos Montt ofreció a la guerrilla pocos días después de haber llegado al poder luego del golpe de estado del 23 de marzo de 1983.

El país estaba sumido en una guerra civil y, de la mano de la amnistía, el gobierno militar desarrollaba una estrategia contrainsurgente que habría de desembocar en cientos de miles de civiles masacrados y decenas de miles de personas desaparecidas.

La “captura” de Juan José Hurtado Vega

Un día después de que comenzasen los operativos para dar con el paradero de Ricardo Méndez Ruiz, fuerzas de seguridad del Estado detuvieron al médico y antropólogo Juan José Hurtado Vega, quien era secretario de la facultad de medicina de la universidad Francisco Marroquín. Varias personas vestidas de civil, sin identificación ni orden de captura, se lo llevaron de su clínica ubicada en la zona 9.

La noticia de ese día indicó apenas que “sujetos armados le interceptaron el paso, amenazándolo con armas de fuego y se lo llevaron con rumbo ignorado”.

Ante el hecho, amigos del médico, así como campesinos de San Juan Sacatepéquez que eran atendidos por Hurtado, se reunieron en la vivienda del antropólogo para que se agilizaran investigaciones sobre el caso.

Cuatro hijos de Juan José Hurtado Vega militaban en el EGP. Dos de ellos, Margarita y Laura Hurtado Paz y Paz, están incluidas en la querella presentada. La primera de las hermanas acusadas falleció el 5 de enero de 2010. 

El Partido Guatemalteco de los Trabajadores –PGT- posterior a la captura , reivindicó el secuestro y de inmediato plantó las exigencias.

El PGT, entre 1978 y 1979, sufrió una separación interna debido a la “falta de coordinación en cuanto a la lucha armada”, explica Gustavo Meoño, quien fuera miembro de la dirección nacional del Ejercito Guerrillero de los Pobres –EGP. El partido se dividió en el Núcleo de Dirección Nacional del PGT y Comité Central del PGT. Fue el segundo grupo que asumió la responsabilidad de secuestrar a Méndez Ruiz.

Entre sus exigencias, se demandaba la liberación de varios de sus militantes. Entre ellos, Emil Bustamante, que también era estudiante de veterinaria de la USAC. Su captura fue el 13 de febrero de 1982. De Emil, sin embargo, no se sabe de su paradero hasta la fecha.

La segunda exigencia del PGT era la publicación de varios comunicados de prensa. El primero vio la luz el 29 de junio en Prensa Libre.

El comunicado, titulado “¡No! A la demagogia de la dictadura. Adelante a la guerra revolucionaria popular”, manifestaba su rechazo hacia el Decreto de amnistía, tachándola de “demagógica y contrainsurgente”. Además, el texto, firmado por el Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo, expresa que el decreto es “el llamado de los asesinos del pueblo para que éste deponga las armas y sus luchas justas, y quede indefenso frente a quienes durante tantos años han gozado del uso exclusivo de armas del país, en defensa de un puñado de ricos explotadores y vende patrias”.

El grupo guerrillero asegura que no renunciará a las armas y la lucha organizada. Y culmina haciendo un llamado “al pueblo a estrechar filas, incorporarse y seguir prestando su decidido apoyo a la lucha de las organizaciones revolucionarias y populares”.

El 4 de julio de ese año, Ríos Montt anunció la captura de Hurtado Vega en uno de sus discursos televisados. La esposa del secuestrado, Elena Paz y Paz, se enteró en ese momento que la detención era gubernamental, algo ignorado por la familia los días previos.

Ríos Montt, en una noticia de portada del 5 de julio en Prensa Libre, despejó la incógnita diciendo que “el doctor Hurtado está preso, se los digo. El doctor está preso por comunista, no lo niego”. Agregó en su mensaje dominical “está preso ¿se da cuenta? Eso es derecho, eso es justica y eso es verdad. Para que un gobierno tenga credibilidad tiene que actuar en la ley y nosotros estamos actuando en la ley, no tenemos miedo, no tenemos compromisos con nadie”.

La liberación

El 3 de julio, la familia de Méndez Ruiz publicó en Prensa Libre el ducumento y la grabación magnetofónica habían sido publicados en los medios, emisiones y fechas exigidas.

“Estuve metido en un espacio muy reducido por casi dos meses, encadenado a una cama, sin aire fresco y sin luz natural. Sometido a tortura psicológica continua, en dos oportunidades se me dijo que había sido sometido a un juicio revolucionario y que iba a ser ejecutado”, aseguró Méndez Ruiz.

De por qué accedieron a publicar los campos pagados, Méndez Ruiz defiende a su padre. “Podía haber renunciado a su cargo”, dice y asegura que no se cumplieron con las demás exigencias, como la liberación de los capturados. Su padre “no confiaba en ellos, los terroristas.. no podía anteponer (intereses) personales a los del Estado”.

Hurtado Vega fue liberado el 29 de julio, gracias a la presión de familiares, académicos y activistas de derechos humanos. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de Naciones Unidas, Hurtado fue torturado durante su cautiverio. Él y su esposa salieron exiliados a Estados Unidos el 3 de agosto de 1982.

Nueve días más tarde Méndez Ruiz fue liberado en la colonia Las Charcas, zona 11, gracias al cumplimiento de algunas de las exigencias impuestas por el PGT. Méndez Ruiz abandonó el país, temeroso, y vivió en Sudamérica por un tiempo.

Tras volver, Méndez Ruiz se involucró en política. Anteriormente, fue candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala y, en las últimas elecciones, a diputado. Ambas candidaturas con el FRG. Su fidelidad al partido es parte de su permanente y “grande admiración por el general Ríos Montt”.

Una respuesta típica de la inteligencia militar

Gustavo Meoño, también antiguo responsable de la comisión del trabajo del partido del EGP, explicó el porqué de la captura del médico Hurtado en represalia por el secuestro de Méndez Ruiz, atribuída por el ejército al EGP: “Fue una operación realizada con características de guerrilla urbana: rapidez, efectividad y sigilo”. Dichas peculiaridades eran atribuidas al EGP. “Además –agrega- una llamada anónima dijo que los responsables eran miembros del EGP” –en referencia a un artículo de Prensa Libre publicado en los días posteriores al secuestro, que especulaba sobre los responsables de la detención de Méndez Ruiz.

“Es probable que la llamada haya sido generada por el mismo ejército –agrega-, para forzar la captura de Hurtado y a su vez la negociación. Algo típico de la inteligencia militar”.

Meoño comenta que la captura de Juan José Hurtado Vega, se debió a que cuatro de sus hijos militaban en el EGP.

Hoy, casi 30 años más tarde, Méndez Ruiz aplica la misma estrategia que el ejército empleó entonces. Si en esa epoca le pegaron al EGP para que el PGT dejara ir al hijo del ministro, ahora Méndez Ruiz quiere pagarle con la misma moneda a la fiscal Claudia Paz y Paz (sobrina de Elena Paz y Paz de Hurtado, esposa de Juan José Hurtado Vega) y a otras personas que él vincula con la ex guerrilla después de la sentencia a más de 6 mil años de cárcel para cuatro kaibiles que participaron en la masacre de la aldea Dos Erres, en Petén, en 1982.

Méndez Ruiz entiende que si la justicia guatemalteca capturó a tres especialistas kaibiles, Daniel Martínez, Manuel Pop, Reyes Collin y el general Carlos Carías, y los declaró culpables por asesinato de las 201 víctimas de la masacre de la parcela Dos Erres, por la misma lógica habrá de capturar a la cúpula directiva de las organizaciones guerrilleras como consecuencia de su secuestro.

“La guerrilla puso los tiempos en la guerra, y en esta oportunidad hizo lo mismo”, razona Méndez Ruiz.

La fiscal general Claudia Paz y Paz, dice, “es definitivamente parte del entramado de la ex subversión, una pieza importante. Ella, la fiscal general, puso los tiempos con las capturas de los generales. Lo que se está dando ahora es nuestra respuesta, es la respuesta del ejército”.

De nuevo, bajo la lógica de la reciprocidad, dice que está tan seguro de que los 26 acusados en la demanda participaron en su secuestro como la que puede tener la guerrila de que los generales López Fuentes, Mejía Víctores, Rodríguez, por ejemplo, participaron en los hechos de sangre que ellos dicen.

“Lo que estoy haciendo yo es utilizar el mismo sistema que ellos han utilizado. Si a ellos les funcionó, y si la ley es imparcial y pareja, a mí me tiene que funcionar también. Si ellos se fueron al Alto Mando, yo también me tengo que ir con el Alto Mando del EGP y PGT”, agrega.

Y bajo la misma lógica, “si no me funciona a mí, entonces que liberen a los generales.”

Gustavo Meoño agrega que no es valedera la demanda al EGP. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG-, surgió en 1982 de la unión de 4 facciones guerrilleras: ORPA (Organización del Pueblo en Armas), FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes), EGP y PGT en su división del Núcleo de Dirección Nacional. Fue la otra parte, el Comité Central del PGT, quien se atribuyó del secuestro.

“La querella que yo presenté es simple y sencillamente el inicio de la contraofensiva militar a la tercera etapa de la guerra que ya inició, la contraofensiva a la ofensiva que lanzó la guerrilla con la captura de los generales”, asegura.

Pocos días después Theodor Plocharski denunció el 13 de diciembre a 52 supuestos guerrilleros por crímenes durante el conflicto.

Si no presentó la demanda antes es porque a partir de 1996 cuando se firmaron los acuerdos de paz, asegura, pensó en que el conflicto había teminado. “Nosotros creímos en esa paz. Ahora, ¿qué pasó? Hay gente que está haciendo dinero de la gran cantidad de plata de las donaciones que vienen del extranjero. (…) Esta gente está prostituyendo nuestra historia”.

“No soy militar de profesión, soy militar de corazón”

La estrategia comenzó a desarrollarse a principios de noviembre. El domingo 13 de ese mes, una marcha realizada por familiares y amigos de militares a para defender a “sus mártires de la libertad”.

Once días antes, Ricardo Méndez Ruiz ya había presentado una demanda contra las 26 personas, todas integrantes del EGP y PGT. Es un hecho político, admite, sin reservas en una entrevista con Plaza Pública.

“Lo que yo estoy haciendo es política, pero no política partidista. Esos generales son presos políticos. Esto se dio como producto de una coyuntura. Vamos a responder con la misma contundencia con la que se ha respondido siempre. De no haber justicia, la pregunta sería cuál sería la reacción de la opinión pública”, apunta.

En el transcurso de la entrevista atiende una llamada. Se lleva el celular a la oreja mientras traza puntos y rayas en una servilleta, como si se tratara de filas de soldados perfectamente alineados. “De acuerdo mano, vaya pues mano, un abrazo”, le dice a su intelocutor antes de colgar y volver a la entrevista.

Méndez Ruiz se queja que en los juicios contra militares se use el informe interdiocesano de Recuperación de Memoria Histórica (Remhi). “Son documentos que no son imparciales, tenemos que desmitificarlos, porque se toman como la verdad absoluta de y no es así. La verdad es un ente completo, es todo. Mi caso tampoco lo va a encontrar en el REHMI, no lo aceptaron”.

“¿Sabía usted que el 5 de septiembre de 1980, en el Parque Central, la guerrilla detonó una bomba en un carro? ¿Sabe en qué página del REMHI lo encuentra? En ninguna. No está ahí”, asegura Méndez Ruiz.

"El gobierno de Lucas estaba organizando una manifestación en apoyo del gobierno para dos días después. La bomba fue para amedrentar a la gente y no fuera a la manifestación. Esas son cosas que el pueblo tiene que conocer, y de ahí generar conclusiones”.

Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala –ODHAG-, explicó que el REHMI se elaboró con más de 6,000 testimonios, que fueron dados luego de una “invitación abierta” hacia la población, específicamente a quien sufriera algún acto de violencia durante los 36 años de Guerra Interna. Agrega que “no se puede equiparar a las fuerzas de seguridad. Los agentes del Estado contaban con privilegios de Estado".

A diferencia de lo que asegura Méndez Ruiz, los documentos que se han utilizado como pruebas en los casos contra militares, son los documentos oficiales como el Archivo de la Policia Nacional y el Diario Militar, usados en la detención de los expolicías acusados de desaparecer al esposo de Nineth Montenegro; y el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) de Naciones Unidas, utilizado para la sentencia del caso de las Dos Erres.

Autor
Ver Comentarios
Autor
a
a