Demandan al periodista Miranda por hacer eco de las denuncias de 1,200 ciudadanos sobre las evidencias del mal manejo de desechos por parte del ingenio. Una nota periodística que cumple con los criterios de rigurosidad, de corroboración con las fuentes estatales y con la parte señalada; el representante respondió entonces que investigarían las denuncias.
Estas amenazas a la libertad de información son explicables por el sentimiento de impunidad que caracteriza a los grupos poderosos en sociedades como la de Guatemala. Grupos poderosos que sienten que pueden tener a niños trabajando y explotar a sus trabajadores sin pagarles salario mínimo mensual o seguridad social a pesar de sus ganancias exorbitantes. Es importante recordar que el ingenio El Pilar era la empresa azucarera que compraba la caña de la finca de Otto Kuhsiek que Plaza Pública descubrió que tenía niños trabajando a principios de 2012.
Delitos, la trata de personas en sus modalidades de trabajo infantil y explotación laboral, por cierto, que quedaron en la impunidad. Y el ingenio El Pilar es el último responsable de esta violación, porque haciendo eco de la iniciativa Global Compact, liderada por las Naciones Unidas para la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial, no se debe distinguir para el cumplimiento de estándares mundiales entre productores y proveedores: “Si quienes proveen de insumos a una industria determinada presentan dudas de manera persistente respecto de su cumplimiento de los estándares declarados, el compromiso de esa industria con la ciudadanía y la Ley se verá seriamente desacreditado”.
Las amenazas contra la fiscalización de estos comportamientos ilegales y antiéticos por parte de poderosos son muy peligrosas para la democracia y para el Estado de Derecho, en el que todos deberíamos ser iguales ante la ley, con derechos y obligaciones. La obligación de no contaminar el medio ambiente –que acarrea muerte para los más débiles que no pueden comprar agua privada ni filtros de aire–, de pagar todos los impuestos que deben y no hacer deducciones negligentes, de no contratar a niños, de pagar todas las prestaciones a los trabajadores y de asumir los errores y enmendarlos en vez de demandar a los más débiles.
Esta denuncia, del movimiento de ríos, de contaminación, de abuso contra las comunidades de vecinos no es algo nuevo. Es uno de los sellos de una parte de la industria durante el siglo XX.
Porque el ingenio El Pilar no demandó a Prensa Libre sino al eslabón más débil, el corresponsal, quien cuenta con el respaldo de la casa editora, y debería también contar con todas las prestaciones legales y el respaldo del resto de periodistas y medios, de los relatores por la libertad de expresión de la ONU y la OEA, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Defensa Público Penal.
Los dueños del ingenio podrían sentir vergüenza pública del accionar de su empresa y corregir el rumbo.
Esto, además, toca otra fibra sensible en nuestra sociedad. Basta ya de pensar que en los departamentos del país es algo normal que no exista libertad para hacer periodismo por las presiones de los caciques políticos, el crimen organizado y los empresarios; además de la precariedad laboral de los colegas periodistas. No podemos seguir con esa práctica, que censura por la vía de la violencia o las amenazas a los periodistas departamentales que quieren informar sobre la realidad de todo el país. Y es que sin periodismo, no hay democracia.
