Marcha de militares y el juicio de la historia

Sin embargo, esta sucedió el pasado fin de semana, casualmente, después de la segunda vuelta electoral que le dio la victoria a un General, veterano del conflicto armado, y después de que el hijo de otro militar y exministro de gobernación antepusiera una demanda contra 26 exguerrilleros por su secuestro, acaecido en 1982.

A pesar de que el informe de la memoria histórica publicado por la Iglesia católica y el mismo informe de la Comisión de la Verdad producto de la negociación de paz, no constituyeron en sí mismos recursos para perseguir judicialmente a los militares, en la práctica se han utilizado para ello en los procesos y ha sido material para miles de cartillas informativas, videos, películas, talleres, foros y demás. La respuesta ante ello, y eso hay que reconocer, es el silencio de parte de la misma institución. Dicho silencio no significaba ceder ante tales afirmaciones, sino como una forma de prevalencia del principio de obediencia. Ese no era el caso de los veteranos aglutinados en AVELMIGUA que con todo y todo no llegan a tener el mismo reconocimiento, nacional e internacional, que las asociaciones de víctimas y ONG que desarrollan el tema de la memoria histórica en el país.

No hay que obviar el hecho indiscutible, de que mucha de la exmilitancia de organizaciones político militares de izquierda logró asirse con el tema de derechos humanos en la era posconflicto, y no se puede obviar que esa visión ideológica de una u otra manera ha permeado el discurso de derechos humanos, lo que resulta muy obvio para esos veteranos y sus familias; por lo tanto tampoco es raro que asuman que los procesos judiciales sean una especie de ajuste de cuentas, lo cual es una simpleza.

El judicializar la lectura del pasado es una vía que fortalece al Estado, por lo tanto favorece la misma democracia, esa por la que supuestamente lucharon los militares. Pero para desagrado de los manifestantes, ese mismo argumento no se puede utilizar para los exguerrilleros, en principio porque eran organizaciones ilegales cuyos registros no van más allá de anécdotas y relatos que están plasmados en una veintena de libros autobiográficos. En Guatemala no se ha producido un caso donde un exguerrillero confiese haber cometido actos delictivos, porque los justifica en el tiempo y en discurso. Una extorsión, un secuestro tenían una justificación desafortunadamente del lado del Estado “opresor” también, por lo tanto, no le corresponde a los actores directos calificar sus propias acciones.

Hay un tremendo error en equiparar la muerte de un soldado con la de un civil, en el conteo del verdugo, o simplemente mostrar los actos de tortura que probablemente pudieron cometer guerrilleros en medio del conflicto, en principio porque el militar era un agente del Estado y por lo tanto tenía la prerrogativa de preservar la vida de los habitantes, y para ello se le pagaba. De hacerlo es objeto de aplicación de la ley, pero en el caso de los insurrectos no, y acá la primera gran controversia, ¿Qué poder tiene el Estado para perseguir los crímenes cometidos en nombre de la revolución? Y no me refiero a las muertes de soldados en combate, sino a las de población civil, simpatizante o no con el Ejército, autoridades municipales, empresarios, políticos, miembros de organizaciones contrarias al discurso de izquierda, eso para ponerlo en contexto del conflicto. Pero por otro lado están las decenas de vidas de niños que fueron destruidas por la militancia de sus padres, o la de los dirigentes populares que no encontraron en sus organizaciones el respaldo de seguridad, o la vida de miles de civiles que creyeron en el discurso guerrerista y sucumbieron ante la acción criminal del Estado y su ejército, claro la responsabilidad recae en él, como debe ser, pero hay ahí una responsabilidad que no se puede obviar.

No es suficiente, ahora, justificarse en la “defensa del Estado contra el comunismo internacional” o la “lucha por la revolución por los intereses del pueblo”. Por eso no veo cómo personas como Miguel Angel Albizures tenga que justificar a partir de su versión de la historia, por grotesca que sea, su propia responsabilidad. Claro, no se puede equiparar con la de un militar que vivía y vive de los impuestos pagados por el pueblo, y se me hace justo, si no en tribunales o en las urnas, que haya un juicio histórico para quienes influyeron en miles de vidas humanas, como en la lógica cristiana, una constricción de conciencia, o como ha sucedido en Sudáfrica o en Ruanda, que asuman públicamente, frente a los familiares de los muertos, a la sociedad y los jóvenes de hoy, su responsabilidad. Ya no más relatos heroicos, ni victimicistas, la reconciliación no pasa por la autojustificación. Si no hay arrepentimiento en las partes eso nos ubica nuevamente en el conflicto. ¿Quién va a poner los muertos ahora?