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Las elecciones. Lado B
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Las elecciones. Lado B

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En algo, no obstante, se le daba la razón al CACIF y a elPeriódico: había muchos negocios en juego en el Registro de Personas. En algo también se les negaba: no sólo eran del gobierno, no sólo de Gregorio Valdés. También eran de ellos.
Mientras toda la polarización ocurría, los bancos compraban deuda pública y el Gobierno de los Pobres de la UNE era el que más desalojos llevaba a cabo.
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Resulta que algo salió mal; y al parecer fue la realidad. Desde hace más de un año, el 11 de septiembre se venía anunciando como un pequeño apocalipsis: habrían de ocurrir grandes desgracias, asesinatos incontables, fraudes inauditos operados por las instituciones. Nada de eso se abatió sobre las elecciones.

Ni crecieron las desgracias, ni creció la violencia política, ni Renap estuvo implicado en fraudes, ni hubo Jueves Negro por parte de la Unidad Nacional de la Esperanza, ni cayó en Guatemala ninguna de las diez plagas de Egipto.

Renap y la frustración de las profecías

Cuando en octubre de 2010 el presidente Álvaro Colom reculó y anunció que no impondría una junta interventora al Registro Nacional de las Personas (Renap), hubo cierto alboroto y en algunos sectores poderosos una cierta sensación de derrota. Durante su mandato, Colom se había interpuesto varias veces entre el empresariado y sus intereses.

Aquel anuncio constituía una más: no cedía a las presiones que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) había impulsado para lograr la intervención. Esas presiones, multiplicadas por la prensa, partían de la idea de que, sin una intervención, se podían desencadenar graves problemas de gobernabilidad y la legitimidad de las elecciones quedaría en entredicho.

Antes y después del anuncio, algunos medios repetían aquellas ideas del Cacif y las asumían en sus editoriales como propias. ElPeriódico por ejemplo defendió que si el presidente Álvaro Colom le daba largas a la intervención técnica del Renap se debía sólo a que el oficialismo “estaba interesado en que el desorden y el despropósito” siguieran “reinando en la emisión del Documento Personal de Identificación”. Y luego añadía: “¿Qué se traerán entre manos los gobiernistas? ¿Sólo negocios? ¡Piensa mal y acertarás!, dice el refrán.”

Mientras tanto, en los ámbitos técnicos, en las organizaciones de observación electoral, y en los círculos de la comunidad internacional, muchos no daban crédito a los argumentos que divulgaban los intervencionistas.

El Renap (como le dijeron, por ejemplo, varios miembros de Mirador Electoral al Presidente poco antes de que este renunciara a la intervención) era una institución vital para el país, pero su importancia para las elecciones era menor. Los comicios dependían del padrón electoral, y ese, hasta donde se sabía, era bastante fiable. Se descartaba que un fraude pudiera venir del Registro de las Personas. Como mucho, se mencionaba, habría quien no pudiera inscribirse en el padrón por no estar documentado.

En algo, no obstante, se le daba la razón al Cacif y a elPeriódico: había muchos negocios en juego en el Renap. En algo también se les suponía equivocados: no sólo eran del gobierno, no sólo de Gregorio Valdés, uno de los financistas de campaña de la UNE y quien, dada su relación con la firma EasyMarket, fue uno de los ganadores de la licitación del DPI frente a otros empresarios. Por eso entre los posibles interventores de Renap, entre los “ciudadanos notables” llamados a dotarlo de transparencia, no sólo figuraban académicos y ex funcionarios: había también representantes del sector privado.

Lo explicaron algunos columnistas como Juan Luis Font, el director elPeriódico, o como Gustavo Berganza, miembro de Mirador Electoral. A su entender, la solicitud de intervenir la institución no era exactamente una expresión de buena voluntad empresarial: era más bien la continuación de la disputa que existía entre distintas facciones empresariales por hacerse con el control de un gran negocio del que emanaban otros muchos. Una disputa que había ganado notoriedad antes, con las averiguaciones que siguieron a la muerte de Rodrigo Rosenberg, quien acusó a Valdés de amenazarlo de muerte. (El abogado que provocó el escándalo de mayo de 2009 con su auto-asesinato, se descubrió, era una de las partes interesadas en la licitación del DPI, y además una empresa suya y de Luis Mendizábal se estaba disputando la licitación de los pasaportes con el propio Valdés.)

Un año después, las previsiones catastrofistas parecen no haberse cumplido.

A estas alturas se desconoce cuántos nuevos votantes participaron, pero se sabe que cuatro meses antes de las elecciones, el 11 de junio de 2011, el día en que se cerró el padrón, Renap había documentado a un millón 137 mil 913 personas de entre 18 y 23 años. Según información que proporcionó Jorge Matheu, el director del registro, dos terceras partes de ellas, el 64 por ciento, aparecían el 11 de agosto registrados en el padrón electoral. Además, hay algo claro: en la semana posterior a las elecciones, nadie –ni el Cacif, ni los partidos, ni mucho menos los observadores electorales–, nadie aludió seriamente al trabajo de Renap como posible fuente de fraude electoral.

Polarizar la nada

La disputa por los negocios desde el Estado entre dos sectores de la economía –para simplificar, tradicionales y emergentes– llegó casi durante este gobierno a convertirse en una reyerta, y en buena medida contribuye a explicar lo que muchos han llamado “polarización”.

La polarización del proceso electoral.

Dos años de especial algarabía, de ruido, de acusaciones mutuas, de vociferantes análisis y de rumores subterráneos, que pavimentaron de connotaciones exaltadas, extremas, el camino de los partidos hacia las elecciones. Que los situaron en los extremos del espectro ideológico. Que los distanciaron indeciblemente.

Probablemente desde el gobierno de Alfonso Portillo no se tenía una impresión tan generalizada de que existieran antagonismos políticos así de sólidos, así de indiscutibles, así de maniqueos. Como si sus lógicas profundas en verdad fueran distintas. Una muestra. El FRG y el PAN de Arzú y los empresarios tradicionales estuvieron a punto de aliarse en los años 90. Y el FRG y la Gana de Berger y los empresarios tradicionales hicieron alianza legislativa en el Congreso entre 2004 y 2006. Otro más reciente: la UNE y Líder, que durante la última legistatura mantuvieron puntos de vista encontradísimos, ahora están aliados.Otro más: CREO, al que se identifica con la derecha Bergeísta y el sector azucarero, alojando a los alfiles de Roberto López Villatoro, uno de los principales actores de poder emergente.

En ese fenómeno de polarización, todos pusieron de su parte.

El gobierno de Colom –el partido oficial– enarbolando la retórica de la defensa de los derechos de los pobres, de la transformación social, de la lucha de clases; y condecorando a Fidel Castro con la Orden del Quetzal.

El principal partido de la oposición, el Partido Patriota, con su gesto aspaventoso de fiscalizar los programas sociales para defender la transparencia, de oponerse a los impuestos en representación de los guatemaltecos trabajadores, de comprender mejor que nadie cómo se estaba hipotecando el futuro de Guatemala al incrementar la deuda.

El sector privado organizado –el Cacif y sus seguidores y sus superiores– cuestionando la corrupción, criticando el tráfico de influencias, oponiéndose con furia al endeudamiento (al endeudamiento externo únicamente) y sacando a pasear el fantasma del chavismo.

Y una pléyade de bancadas que se ponían de un lado o de otro según el momento o la negociación.

Pero en realidad, al mismo tiempo que eso sucedía:

1- El sector privado organizado aprovechaba su fuerza para expulsar de la Junta Monetaria a los representantes de las cooperativas; exigía estar presente en la junta directiva que decidiría qué empresas serían beneficiadas con proyectos público-privados; peleaba por Renap y los pasaportes; quitaba los obstáculos para que el Estado adquiriera más endeudamiento interno que favorecía a sus tres principales bancos, que ganaron más dinero de lo que se invirtió en Mi Familia Progresa; y mantenía dos representantes en uno de los fideicomisos más proclives a la corrupción: COVIAL.

2- Los escándalos denunciados por el Partido Patriota se disolvían en su propia pobreza investigativa, en su falta de fundamento o de profundidad, en su concepción publicitaria y en sus deficiencias técnicas: no tener pruebas de lo que se afirma (y a veces ni siquiera interés en tenerlas), estar más pendiente de las cámaras que de los interpelados durante una interpelación, desconocer los supuestos más básicos del impuesto que se impugna. Y también en su silencio, por ejemplo, en su sometimiento, en su forma de plegarse, ante la reducción de impuestos a uno de sus financistas sólo declarados ante la Embajada de los Estados Unidos: el empresario televisivo Ángel González.

3- Y simultáneamente, el Gobierno de los Pobres se iba convirtiendo en el que más desalojos forzados llevaba a cabo contra los pobres -sus pobres-, en el que incumplía las medidas cautelares respecto de su alimentación, su salud y su seguridad, en el que desoía las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de suspender actividades en la mina Marlin, en el que ampliaba contra sus propios dictámenes internos el contrato a la petrolera Perenco, en el que perdonaba impuestos a las telefónicas a cambio de contribuciones a la campaña y en el que repetía, una y otra vez, que el Partido Patriota -el único además del Unionista que había incluido las transferencias monetarias en su campaña de 2007- quería acabar con ellas.

Mercadear la nada

Si la disputa de negocios y la presencia de Sandra Torres sirven para explicar una parte de la polarización, la otra se puede abordar desde la mercadotecnia electoral: sólo es primordial subrayar, insistir, recalcar las diferencias cuando son pequeñas o no existen, porque sólo así al votante no le dará igual votar por uno o por el otro.

En ciencia política a veces se traza una correlación entre cómo se componen los partidos y los rasgos que caracterizarán su funcionamiento interno. Se habla de partidos de membresía estable de masas y de partidos de armadura.

Los primeros trabajan de forma constante para llegar a la campaña electoral con unas buenas bases y disponen de candidatos un tanto grises pero surgidos en su seno, de sus filas.

Los partidos de armadura se forjan con miras a las elecciones; contratan a profesionales del marketing y de la organización política; son fugaces, porque se desarticulan tras las elecciones; y sobre todo, dependen sobremanera de la imagen de sus candidatos, gente carismática que a menudo lanza proclamas rimbombantes y alardea de sus cualidades personales.

Estos últimos, los de armadura, son según los politólogos las agrupaciones que en Guatemala abundan. Muchos de los investigadores que han estudiado el sistema guatemalteco de partidos han hecho hincapié en varios de sus elementos: la indefinición ideológica de las agrupaciones, su falta de convicciones políticas, su carencia de sustento filosófico, su heterogeneidad interna que niega la cohesión, su volatilidad, su nula o casi nula representatividad, su escasa labor formativa, su calidad de vehículo electoral, su dependencia del financiamiento privado, su olvido del interés general, su nula capacidad de propuesta.

En definitiva, han subrayado que todos los partidos se parecen en su imprecisión, en su falta de identidad y, a ojos de los una parte de los ciudadanos, en su defensa de intereses privados.

Durante la campaña, los planes de gobierno  –en el caso de quienes los tenían– han sido explicados de una manera tan vaga que en sus vertientes estratégicas todos parecían similares, y en sus áreas operativas –en el caso de quienes las tenían–, apenas diferentes. Se ha ocultado explícitamente el nombre de los financistas. Y el debate se ha centrado en gran medida en los candidatos presidenciales: su pasado, su talante, su capacidad de mando, su color de ojos y su corte de pelo.

Y se han exagerado algunas amenazas, grandes por sí mismas sin necesidad de inflarlas.

Pájaros de mal agüero

Las malas noticias, el vaticinio de tiempos crueles, de unas elecciones sangrientas, habían sido tan persistentes, tan repetidas desde finales de 2010, la sensación general era de tanto pesimismo, que el 6 de noviembre del año pasado, aun cuando ya se conocía que había menguado la violencia política en un 53 por ciento con respecto a la de 2007 según Civismo Electoral, el diario español El País publicó, por inercia o por falta de contraste, lo siguiente: “Como ocurre siempre en años electorales, aumenta la violencia, que en Guatemala alcanza índices considerados como "epidemia" por la ONU (47 asesinatos por cada 100.000 habitantes). Hasta el 30 de junio, 35 personas han sido asesinadas en hechos directamente vinculados a la política.”

En realidad, no sólo había menguado el número de crímenes políticos. También la cifra de homicidios en general, según datos oficiales analizados por el economista y politólogo Carlos Mendoza, del Central American Business Intelligence y columnista de Plaza Pública. “En los ocho primeros meses del año”, dice Mendoza en su blog, “tenemos una tasa mensual (no anual) promedio de 3.3, que es la más baja en los últimos siete años. Si esta tendencia se mantiene (escenario optimista, menos de 500 homicidios mensuales de septiembre a diciembre), podríamos llegar a la tasa anual de 39 por 100 mil”.

En agosto, un mes antes de las elecciones y el mismo para el que se vaticinaban disturbios por la resolución de la Corte de Constitucionalidad de prohibir la candidatura presidencial de Sandra Torres, hubo 440 homicidios, 14 diarios, una tasa mensual de 3 por cien mil habitantes, según Mendoza, casi 25 por ciento menos de los que significa al mes la cifra publicada por El País.

La vergüenza de los encuestadores

En una época en la que tanto las instituciones con los delincuentes, apaciguados, se dedicaban a desmentir los malos augurios, los votantes también se mostraron iconoclastas: despedazaron la sacrosanta imagen que de ellos daban las encuestas.

Ninguna de las encuestas publicadas la misma semana de las elecciones por los medios nacionales permitió saber, dentro de sus márgenes de error, el porcentaje de votos que obtendría cada uno de los candidatos presidenciales. ElPeriódico, afligido porque después de su relativo éxito en las elecciones de 2007 tuvo en estas los resultados más errados (le atribuyó un 54.2 por ciento de votos válidos a Otto Pérez, frente al 36 que obtuvo), le ha dedicado varios artículos a analizar las encuestas y a buscar explicaciones de los encuestadores. El domingo publicó un ilustrativo reportaje en el que las empresas encargadas defendían sus diseños técnicos y aducían dos argumentos para justificar los resultados: la mayoría le atribuía sus errores a un cambio fulminante en las preferencias de la población durante los días previos a la votación, mientras dos, Manfredo Pachecho y Emilio Arroyave, apuntan que sus resultados eran óptimos pero no tuvieron en cuenta la corrupción del sistema ni el fraude que, según el primero, se llevó a cabo en el escrutinio y la transmisión de los votos.

Días antes, Manfredo Pacheco se había mostrado sorprendido por otra variable: los votos en blanco y los votos nulos.

Más guatemaltecos no votaron por ninguno que por uno en concreto

Los guatemaltecos no sólo despedazaron las encuestas, sino que además, a falta de escrutar todos los votos, están a punto de batir un récord, el de participación, que se mantiene vigente desde 1985, cuando se celebraban las primeras elecciones democráticas. El domingo 11 los guatemaltecos votaron en masa, más que nunca y más que en casi toda Centroamérica. Y muchos de ellos lo hicieron nulo. Y más aún, en blanco.

Si en la primera vuelta de las elecciones de 1985 la abstención secundaria, la de los empadronados, ascendió al 30.7 por ciento, con el 99.49 por ciento de las mesas totalizadas se puede decir que el 11 de septiembre de 2011 esa cifra fue mejorada en cuatro centésimas: votaron 69.34 de cada cien guatemaltecos empadronados.

Es decir, 5 millones 90 mil 466 electores de 7 millones 340 mil 841 posibles de un padrón electoral que en los últimos cuatro años creció un 22.65 por ciento (en 2007 tenía, según Funcede, 5 millones 984 mil 991 personas).

La abstención primaria, la que tiene en cuenta todas las personas en edad de votar, estén o no empadronadas, es difícil de calcular por una razón: se desconoce el número de personas que hay en Guatemala en ese rango de edad, y las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) parecen no encajar demasiado bien con los datos del padrón y de Renap.

Según los cálculos aproximados del INE, hay 7 millones 647 mil 74 personas en edad de votar. Si se compara con el padrón, la idea que queda es que poco más de 306 mil guatemaltecos no están empadronados. Sin embargo, datos del Registro de Ciudadanos contradicen esta cantidad. En uno de sus documentos se cifra el número de personas identificadas con el Documento Personal de Identidad en caso 5 millones 300 mil, pero se añade que de ellas 829 mil 996 no están empadronadas. Al sumar las personas inscritas en el padrón a las que se sabe que existen porque tienen DPI pero no están empadronadas, se obtiene la cantidad de 8 millones 170 mil 837 mayores de edad.

Si el porcentaje de abstención fue el más bajo de la democracia, el de votos nulos y en blanco superó lo visto anteriormente. La suma de ambos en las elecciones presidenciales supera el 12 por ciento de los electores y se situaría entre el tercer y cuarto lugar (Suger y Mario Estrada). Eso significa que hubo más gente que no votó por ningún candidato que gente que votara por uno de ellos en concreto.

En las del listado nacional de diputados, la suma de los nulos y los blancos crece aún más y alcanza el 13,53 por ciento.

La participación fue la más amplia de la historia. Pero, si a falta de mejores datos así podemos entender los blancos y los nulos, también lo fue el rechazo.

"La transición agotada"

Dos días antes de las elecciones, Mirador Electoral emitió probablemente el comunicado de significado más profundo y radical de todos los que ha elaborado desde que se creó. Se sintetizaba en una sola idea: el modelo político y electoral vigente está gastado, agotado, y no sirve.

Daba cuatro razones.

Que desde 1985 la democracia, amenazada por intentonas golpistas y conspiraciones, y cercenada por “la resistencia de poderosos sectores a aceptar las reglas y contrapesos”, ha sido una democracia precaria.

Que durante la última campaña los partidos han actuado con mayor impunidad que nunca en la historia y que el Tribunal Supremo Electoral está cada vez más débil, más desmantelado, y depende cada vez más de lo que decidan otras instancias como la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad.

Que persiste la exclusión en los partidos políticos y que no incorporan en sus programas las propuestas de la población.

Que, dado lo pasajero de los partidos que llegan al poder, es evidente que los guatemaltecos votan, pero no eligen.

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