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La tarde que Giammattei desató la furia

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La tarde que Giammattei desató la furia

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La esquina de la séptima avenida y octava calle de la zona 1 fue la línea divisoria de los dos escenarios de la manifestación del 21 de noviembre. Uno, tranquilo, el otro, de choque con la policía. Desde la esquina entre la Catedral y del Portal del Comercio, varias veces entró el gas lacrimógeno a la Plaza de la Constitución; el de las bombas que lanzaron los antimotines de la PNC contra manifestantes que querían llegar al Congreso, pero que llegó a los ojos de personas mayores y niños que no causaban daños. Minutos antes de las 15:00 horas, una pequeña parte de ese edificio había ardido. Queda una pregunta en una ciudad que parecía dormida: ¿de dónde salió tanta furia?

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Horas después de la manifestación desatada por la aprobación del presupuesto 2021, aún es difícil explicar lo ocurrido. Esta fotogalería describe qué pasó, pero no es tan sencillo contar por qué.

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En la plaza había miles de personas desde horas previas a la programada para iniciar la protesta. Hasta antes de las 14:00 horas, la manifestación era muy parecida a las del 2015. Mucha gente con banderas, vuvuzelas, pitos, matracas y carteles y mantas en las que expresaban su repudio contra los políticos y la corrupción. En apariencia, la diferencia entre ayer y hace cinco años era que todos usaban mascarillas: el resto era bastante similar.

Desde una tarima colocada frente al Palacio Nacional de la Cultura, el mismo que utilizó el presidente Alejandro Giammattei para defender el cuestionado presupuesto, hablaban líderes sociales y particulares que hicieron fila hasta 45 minutos para expresar su oposición al Gobierno, al Congreso y, algunos, a la élite económica. El distanciamiento social parecía por momentos el mismo que en 2015. Desde allí también habló el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Cuando empezó su discurso algunos intentaron callarlo, pero tras la reprimenda de uno de los oradores, concluyó su mensaje. Había que manifestar en paz, dijo Rodas, respetando la propiedad pública y privada.

En ese instante ya era notable el enojo entre los presentes. Era una manifestación muy parecida a las de 2015, pero acá no solo había indignación. Además había una gran irritación, el hartazgo por el rumbo del país, una ebullición.

«Hoy somos historia viva. Los estudiantes tenemos un compromiso con nuestro futuro», decía, desde otra tarima, sobre la palangana de un pickup, Camila Samayoa, una de las líderes estudiantiles universitarias. «Rechazamos un sistema que nos tiene viviendo en la miseria. Que la indignación no nos dure solo una semana». 

Luego habló otro estudiante. Dijo que en la esquina de la Catedral y el Portal del Comercio, había un grupo de estudiantes retenidos por los antimotines. Llamó a estudiantes y padres de familia a liberarlos. Abrieron paso entre la multitud sentada en ese momento en el suelo de la Plaza de la Constitución para reiterarle a los antimotines que la suya era una manifestación pacífica.

¿Quién incendió el Congreso?

El enojo se percibía con más fuerza después de la esquina de la Catedral y el Portal del Comercio. Desde ese punto y sobre la novena calle, entre octava y sexta avenida, la furia se desató, o más bien, se contagió. Sí, quizás esa es la mejor palabra para describir lo que ocurrió ayer, porque un contagio significa que todo cambió a partir de estar en contacto con un detonante, en este caso: Un Congreso en llamas.

Era un ir y venir entre manifestantes y los antimotines. Una disputa por el espacio ganado en las calles.

¿Qué ocurrió en el Congreso? Las transmisiones en vivo lo muestran claro. Personas con rostros cubiertos subieron a las ventanas, las quebraron y utilizaron una bandera gigante de Guatemala como mechero de bomba molotov. Así empezó el fuego dentro del mismo edificio donde aprobaron el presupuesto que provocó la protesta.

Hubo algo extraño en este acto, o varias cosas poco usuales.

Horas antes, a las 10:30 horas aproximadamente, manifestantes que empapelaban muros repartieron volantes a los pocos policías que custodiaban el Congreso.

«Ay, sí, que los saquen», respondió la agente mientras recibía un dibujo en el que ratas ocupaban las curules.

Esta policía era mayor, evidentemente sin condición física para enfrentar una turba, ni equipo especializado para hacerlo. La cantidad de agentes que custodiaba el edificio apenas era suficiente para cubrir en fila toda la puerta. Días antes, cuando aprobaron el presupuesto de 2021, el Ministerio de Gobernación asignó suficientes agentes como para tapar varias calles a la redonda. Ayer, a la seguridad del Organismo Legislativo le asignaron unos cuantos policías.

Fotografías que circulaban en redes sociales muestran un pasillo dentro del Congreso con extintores y toneles con agua. A diferencia de ocasiones anteriores, los diputados no estaban dentro, y en redes sociales habían circulado, reales o figurados, mensajes de que había que quemar el Congreso.

¿Fue realmente una turba entera la que lo incendió? Los videos lo demuestran: no.

Los mismos que subieron a las ventanas del edificio para quebrar las ventanas e iniciar el incendio, bailaron sobre la cornisa mientras el humo funcionaba como fondo de una coreografía que gritaba rebelión. Se desconocen los autores del incendio que desató, de inmediato, la represión del Gobierno tanto en el lugar específico como en otras áreas de la protesta. Eso, y el hecho de que muchos asistentes creyeron advertir espías dentro de la manifestación, despertó recelos acerca de la posibilidad de que hubiera sido provocado por infiltrados.

Plaza Pública habló con media docena de personas que vivieron esos momentos. No tienen ninguna certeza, pero se inclinan a pensar que se trató de un arranque de furia de un grupo de protestantes que bailaron orgullosos en sobre la cornisa de un Congreso en llamas. El incendio, además, fue recibido con agrado por muchos de los allí presentes e incluso celebrado con júbilo en las protestas de Antigua Guatemala.

Plaza Pública constató que, al menos desde la 13:28 horas (poco antes que incendiaran el Congreso), entre los manifestantes caminaban personas con bates.

Desde la cuenta oficial de la Bancada Une, el diputado Orlando Blanco lanzó una acusación directa, aunque hasta el cierre de esta edición sin pruebas concretas más que su palabra. Con mascarilla puesta y acompañado del diputado Jairo Flores, cuestionó por qué las «fuerzas de seguridad prácticamente dejaron que los hechos vandálicos se realizaran sin que ellos intervinieran en su momento… Creemos que hubo posible participación de miembros del Congreso en los hechos», dijo.

Lluvia de gas y detenciones al azar

Minutos después de iniciadas las llamas, llegaron los bomberos para apagar el fuego, luego los antimotines para dispersar a quienes intentaban entrar al Congreso o solo participaban en la manifestación. La gente se contagió de furia.

A veces los manifestantes (había jóvenes, adultos, hombres y mujeres) avanzaban un poco más y llegaban hasta la octava avenida, sobre la novena calle. Luego los antimotines eran los que ganaban terreno. Su avance era antecedido por los gases lacrimógenos. Entonces los manifestantes corrían, despavoridos, huyendo de la furia y de la detención, algunos con los ojos llorosos y con dificultad para respirar por el efecto del gas. En su cuenta oficial, la PNC también reportó policías heridos.

Ese escenario de la manifestación también parecía un viaje a otro tiempo. A la década de 1980 o 1990, cuando los aparatos represivos del Estado actuaban abiertamente contra la población. O también un viaje fuera de la ciudad de Guatemala, a una de las zonas rurales e indígenas en donde el Ejército y la PNC disuelve las manifestaciones campesinas. Como en la Cumbre de Alaska en 2012 durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

A media tarde, la novena calle era de otro color. El piso estaba rosado y había piedras y pedazos de concreto por todos lados. Los vidrios de la estación del Transmetro cerca del Pasaje Aycinena eran añicos. En la esquina, mientras un grupo de manifestantes celebraba que le había quitado un escudo a los antimotines, varias personas buscaban el socorro de los delegados de la Cruz Roja, que atendía a los afectados por el gas lacrimógeno.

Los antimotines aguardaban. Parecían impávidos ante las consignas y los gritos de los manifestantes. Pero de repente, como si los activaran con un botón de encendido, decidían recuperar terreno y avanzaban. Y entonces, en el camino, aprovechaban para dar palo (también a periodistas) y capturar a personas (incluida la documentalista Melissa Mencos y gente que estaba ahí haciendo su trabajo).

Las acciones de los agentes respondían a una estrategia, pero lo que vino después fueron detenciones al azar.

Una tanqueta de la PNC avanzó sobre la sexta avenida, un área dedicada a los peatones y que utiliza la gente para llegar a su casa después de trabajar, o como paseo.

Cerca de las 19:00 horas, en medio del caos de las calles cercanas al Congreso, Plaza Pública grabó un video en el que un camión con el logotipo de la Cervecería Gallo atravesaba la turba que se enfrentaba a la PNC. Los manifestantes golpearon el vehículo, este avanzó y, con una actitud muy distinta a los inconformes, los antimotines rompieron filas para dejarlo pasar.

Según el Ministerio de Gobernación durante toda la jornada detuvieron a 30 personas, la mayoría entre 20 y 30 años. Cristian Orozco es uno de ellos, desde Torre de Tribunales narró a Plaza Pública cómo la PNC lo golpeó y detuvo. Afirmó que él manifestaba pacíficamente y un policía lo arrestó después de intentar defender a una mujer.

«Manifestarse sin armas es un derecho constitucional», dijo el recién nombrado ministro de Gobernación, Gendri Reyes. El funcionario calificó como actos terroristas el incendio en el edificio del Congreso y fue la justificación para el despliegue policial, uno como no se había visto en décadas en la ciudad. 

Hoy, después de pasar la noche en la carceleta de Torre de Tribunales, llevaron a la sala de audiencias a 26 hombres y 6 mujeres detenidas por la manifestación. El Ministerio Público los acusó por los delitos de atentado, reuniones y manifestaciones ilícitas, depredación de bienes culturales y desorden público.

En la primera audiencia entraron nueve acusados. Por recomendación de sus abogados, los siete hombres se abstuvieron de declarar. Las dos mujeres, entre ellas Mencos, también por recomendación de sus asesores legales, sí dieron su testimonio. Para el medio día el juez Mario Godoy otorgó falta de mérito.

Hasta el cierre de este reportaje el Ejecutivo no había emitido una respuesta respecto a lo ocurrido. El vicepresidente Guillermo Castillo, bajo la misma línea de mostrar distanciamiento de Alejandro Giammattei, emitió un comunicado en el que pedía una investigación a fondo. Una publicación de Plaza Pública revela cómo, de forma muy discreta, el presidente presentó hace unos meses una iniciativa de ley para tipificar como terrorismo una protesta pacífica.

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