Por dicha acción recuperaron su libertad los exintegrantes de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Los favorecidos son Juan de Dios Rodríguez López, expresidente del IGSS; Julio Roberto Suárez Guerra, expresidente del Banco de Guatemala; Julia Amparo Lotán Garzona, exrepresentante del sector laboral; Max Erwin Quirin Schoder, exrepresentante del sector patronal, y Álvaro Manolo Dubón González, exsubgerente del IGSS. También quedó en libertad Otto Fernando Molina Stalling, hijo de Blanca Stalling, magistrada separada de su cargo en la Corte Suprema de Justicia.
Pero ¿de qué trata el caso por el que dicha sala libera a los sentenciados en primera instancia? Pues ni más ni menos que del negocio con la vida de personas beneficiarias del seguro social y con padecimiento de enfermedad renal. Los ligados a proceso por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) decidieron otorgar a la empresa Pisa un contrato millonario para proveer diálisis peritoneal ambulatoria. Sin embargo, dicha empresa no reunía las cualidades requeridas para cumplir con el servicio contratado.
Producto de dicha disposición, las personas atendidas enfermaron de peritonitis (infección en la cavidad abdominal) y empezaron a morir. Debido a ello presentaron denuncia al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), que investigó y determinó que el IGSS y sus autoridades violaban el derecho a la vida de los pacientes e incurrían en homicidio culposo. El PDH resolvió «declarar la violación al derecho humano a la vida y salud de los afiliados y beneficiarios del IGSS que requieren el servicio de diálisis peritoneal continua ambulatoria». Por tanto, se inició la acción penal, que derivó en el proceso que involucró a los directivos y al hijo de la magistrada Stalling, quien habría sido el intermediario entre la empresa y el seguro social.
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Juan de Dios Rodríguez, entonces presidente de la Junta Directiva del IGSS, también fue identificado como el negociador de las magistraturas ante las comisiones de postulación que designaron candidaturas para las altas cortes en 2015. Para ello, Rodríguez habría utilizado también fondos del ente que presidía a fin de garantizar integración de cortes favorables al aparato de corrupción gubernamental.
La sala tercera, integrada por Jaime Amílcar González Dávila, presidente; Beyla Estrada, vocal primera —esposa del secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito—, y Zonia de la Paz Santizo, vocal segunda, ha sido cuestionada por sus continuas resoluciones en favor de la impunidad, por ejemplo en el caso Caja de Pandora, en el que se benefició a Álvaro Arzú Irigoyen, o en el caso en contra del hijo y el hermano de Jimmy Morales, a quienes dejó libres con medida sustitutiva. También anuló resoluciones en contra del exministro de Defensa Williams Mansilla en el caso del bono extraordinario de Q50,000 para el presidente. De igual forma, dicha sala favoreció al ruso que huyó para no pagar una deuda en su país, Igor Bitkov, y a su familia a pesar de que estos incurrieron en la compra continuada de documentos falsos de identidad como guatemaltecos.
Dicha sala también presentó una denuncia en contra de la jueza titular del Tribunal de Primera Instancia de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán. Mediante la denuncia, los integrantes de la sala pretendían que la jueza, reconocida por sus resoluciones contra la impunidad, quedara fuera de los casos que conoce y a la vez enfrentara proceso disciplinario.
Hasta la fecha, desde que se inició el proceso IGGS-Pisa, han muerto 70 personas como resultado del mal procedimiento de la empresa, beneficiada por la junta directiva de la entidad estatal. Son 70 vidas que no les han importado a los integrantes de la sala de la impunidad, de quienes ni duda cabe de que responden a un pacto y a un grupo de actores que pretenden hacernos retroceder. Además de servir a la impunidad, el magistrado González Dávila y las magistradas Estrada de Brito y De la Paz son también corresponsables de la muerte de 70 personas afectadas por la corrupción.
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