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La política, los conflictos de interés y los errores en la elección del Contralor General de Cuentas

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La política, los conflictos de interés y los errores en la elección del Contralor General de Cuentas

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La elección del auditor del Estado vuelve a quedar en medio de cuestionamientos: la integración de la Comisión de Postulación, que nominará a seis aspirantes a dirigir la Contraloría General de Cuentas, se politizó; más de la mitad de sus integrantes tuvo o tiene vínculos laborales con el Estado e incluso en la misma institución. Y, de nuevo, el proceso va atrasado y se han aplicado métodos de dudosa confianza en la evaluación de los aspirantes

Redes-lateral

En un salón de la Universidad Mesoamericana se decide el futuro de la Contraloría General de Cuentas, la institución encargada de fiscalizar y dar las alarmas por hechos de corrupción en el uso de los recursos del Estado. En ese lugar se reúnen, desde mediados de octubre pasado, las 23 personas que deben postular a seis profesionales entre los que el Congreso deberá elegir al jefe de la institución para el periodo 2018-2022.

El grupo representa a la academia y al gremio de economistas, administradores de empresas, contadores y auditores públicos que se han graduado de las universidades del país. El delegado de los rectores y los decanos de las 11 universidades en donde se imparten esas carreras, están obligados a participar, porque la Constitución Política de la República así lo exige. La ley establece que una cantidad igual a los decanos debe tener espacio en la postuladora. Solo que esta designación no es a dedo, sino que de manera democrática, por medio del voto.

Este año hubo mucho interés en obtener un espacio en la Comisión de Postulación. Solo en el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, que por la cantidad de agremiados tiene derecho a cuatro de los 11 asientos en la postuladora, hubo siete planillas en disputa. Los grupos usaron diferentes estrategias para atraer el voto. Algunos hicieron seminarios-desayunos, otros organizaron conciertos de cumbia, comidas en restaurantes y obsequiaron vales de comida rápida a quienes emitieron el sufragio. Una fiesta electoral que nadie fiscalizó.

El modelo es un símil de lo que ocurre a nivel nacional cuando se elige a alcaldes, diputados y presidente del país. El formato no es nuevo, se observa con estas características desde principios del año 2000 y se ha mantenido a través del tiempo. A pesar de las exigencias ciudadanas de tener más transparencia y mejores elecciones, el proceso de elección de Contralor, al igual que el de Fiscal General y de las autoridades del sistema de justicia, parece más un botín, que un proceso en el que se busca elegir al mejor profesional del ramo.

Las planillas se organizan sin dar a conocer a detalle su propuesta para mejorar la elección del Contralor. Y ni siquiera publican con detalle la hoja de vida de sus integrantes. No se eligen personas, se eligen grupos que persiguen intereses específicos: empleo en la institución, evitar auditorías que terminen en denuncias penales, reducción o eliminación de multas por mal manejo de fondos —un requisito indispensable para obtener el finiquito para optar a un cargo de elección popular—. Pero, ¿cómo puede pasar esto cuando se elige al o la jefa de un órgano de control del Estado, que fiscaliza y audita millones en recursos públicos cada año? 

La organización Guatemala Visible, que surgió en 2009 con apoyo empresarial, para monitorear los procesos de elección del sector justicia, ha observado que el fin último de “la cooptación” de las Comisiones de Postulación es “evitar la lucha contra la corrupción”, señala Mónica Marroquín, analista de esa agrupación.

“La forma en que eligen en los colegios es, a pequeña escala, lo que se ve en una campaña política”, explica Marroquín, a pesar de que después de 2015 hubo jueces y fiscales que mostraron acciones encaminadas a combatir la corrupción y la impunidad. Pero esto no pasó en la Contraloría.

“Cuando se reportan indicios de corrupción (por otras fuentes ajenas a la Contraloría) decimos, ¿por qué no está ahí la Contraloría atacando?”, se cuestiona la analista.

Elvyn Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, otra organización que sigue el proceso de elección actual, responde a la pregunta de Marroquín. “La institución, a pesar de ser el órgano de control contable del Estado, no es una institución que se haya manejado con independencia. Ha sido incapaz de identificar medidas administrativas contables para prevenir actos de corrupción o sancionarlos a través de las auditorías que practican. No hemos visto una institución con independencia sino con interés de responder a grupos”.

Y esos grupos pueden ser políticos y gremiales. Se habla de la injerencia del contralor saliente, Carlos Enrique Mencos Morales y de su antecesora, Nora Segura de Delcompare, pero no hay forma de corroborarlo. Los rumores, sin embargo, son frecuentes y crecen en este ambiente de elección. Estos dos exfuncionarios aparecen citados en los informes de análisis de diferentes agrupaciones, porque ellos han dominado la institución en los últimos 12 años. Mencos en dos períodos —no consecutivos—, y Segura en uno.

Por eso resulta importante hablar de cómo se integra la Comisión Postuladora. En la más reciente elección de los Colegios de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y el de Contadores Públicos y Auditores (CAP) —sí, se trata de dos grupos que se disputan la colegiación de los egresados de las universidades del país— se observó una amplia disputa. El primer colegio tenía derecho a ocupar cuatro de las 11 plazas en juego para integrar la postuladora y esos espacios se los pelearon siete grupos. La segunda organización gremial tuvo cuatro planillas inscritas. Entre ellos destacó la participación de los auditores del Estado.

El peso de los auditores estatales en la elección del Contralor

Quince de los 23 electores del Contralor General de Cuentas  (seis representantes de los colegios profesionales y cinco decanos de las universidades) saben lo que significa ser fiscalizado por esa institución. Han prestado sus servicios profesionales en municipalidades, en la Superintendencia de Administración Tributaria, en el Ministerio de Finanzas, la misma Contraloría y otras entidades de Estado.

Dos de ellos, Mónica Ivana Rojas Zacarías y Sergio Waldemar Max Moya, trabajaron para el anterior contralor, Mencos Morales, y sus contratos fueron firmados por el subcontralor de Probidad (y actual contralor en funciones), Fernando Fernández Chavarría.

Rojas, electa por el grupo Integridad y Desarrollo del Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA), ha facturado al Estado por auditorías y asesorías, 2.3 millones de quetzales en siete años. En tanto que Max Moya, quien labora en la Contraloría con un salario de 13,000 quetzales mensuales, fue electo por el grupo Movimiento de Amigos Profesionales Agremiados del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores.

Los otros siete representantes de los colegios profesionales se han desempeñado en diversas actividades de gobierno. Erick Orlando Hernández, electo por Plataforma Académica Universitaria, laboró 23 años en la Superintendencia de Bancos. Rubén Alfonso Franco y Óscar Eduardo Solórzano, del grupo Innovación Profesional, tienen contratos vigentes con el Estado. Alfonso Franco es auditor interno en tres municipalidades de Santa Rosa y una de Chimaltenango. Solórzano Castillo factura para la Inspección General de Cooperativas, del Ministerio de Economía.

Rony Iván Ayala Dardón es auditor de varias municipalidades de Suchitepéquez. Jeovanni Ulises Navarro Velásquez es auditor en la Superintendencia de Administración Tributaria, y Doménica Gabriola Mathamba Fuentes es asesora en el Ministerio de Finanzas. Los tres, junto a Rojas Zacarías, fueron electos por Integridad y Desarrollo, que consiguió cuatro de los siete espacios que se disputaba el colegio profesional en la Comisión de Postulación.

Jorge Luis Ríos Villatoro, del Movimiento de Amigos Profesionales Agremiados del Colegio de Economistas, también fue auditor tributario para la Superintendencia de Administración Tributaria.

De los nueve, Rojas Zacarías es la única con experiencia en este tipo de elecciones. En 2010 también fue comisionada.

De los 11 representantes de los colegios, solo a Eleazar Pinzón García Salas y a Marco Tulio Bautista Stewart no les aparecen contratos gubernamentales. Entre los decanos, seis han facturado para el gobierno.

Los decanos Luis Antonio Suárez, de la Universidad de San Carlos; Arlindo Antonio Velásquez, de la Universidad de Occidente; Enmer Saúl Luch Estrada de la Universidad Rural; Ronaldo Antonio Girón, de la Universidad Panamericana; Enrique Dajnel Cajbón Pacheco, de la Universidad Regional y Marco Livio Díaz Reyes, de la Universidad Internaciones, también tienen vínculo laboral con el Estado. Suárez prestó servicios en 2014 y 2015 a la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia y al Ministerio de Energía y Minas.

Velásquez, el que menos ha facturado (42,000 quetzales), prestó servicios una vez en 2015 y otra en 2017 como capacitador en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad. Luch es asesor de compras en la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos y también ha laborado para la Secretaría de la Paz y el Ministerio de la Defensa.

El decano Girón laboró en 2011 y 2011 en el Organismo Judicial. Cajbón fue jefe administrativo del Ministerio Público en 2014 y Díaz Reyes prestó servicios en 2017 al Ministerio de Economía.

No debería extrañar que sean los trabajadores estatales los más interesados en nombrar al encargado de la Contraloría. Pero esta elección, como otras en las que designan personas para puestos públicos, está plagada de desconfianzas. Entre los mismos comisionados hay sospechas de que se organizan para apoyar a un candidato a fin de obtener beneficios posteriores. Esos comentarios surgen cada vez que hay una nueva elección.

La organización Red Ciudadana, que desarrolla la iniciativa Elecciones Abiertas, emprendió un proyecto de investigación de las relaciones laborales de los comisionados y candidatos. Identificó sus conexiones con el Estado y determinó que, aunque no son ilegales, sí constituyen “un conflicto de interés”.

“La mayoría tiene o tuvo contratos con el Estado, y uno no puede ser juez y parte en un proceso”, indica Ronald Ochaeta, analista de esa agrupación. Ochaeta es el autor de la investigación en la que señalan las injerencias en la elección de Contralor a través de los grupos partidarios en los colegios profesionales. Plaza Pública tuvo acceso a ese reporte, en el que mencionan que “actores clave entrevistados” señalan la influencia de los excontralores Nora Segura y Mencos Morales en diferentes agrupaciones gremiales.

El decano Velásquez, de la Universidad de Occidente, considera que la ley ha permitido que los colegios se organicen como partidos políticos para ganar uno de los 11 espacios disponibles en la postuladora. 

“El inconveniente es que no existe restricción en la ley y legalmente no se puede hacer nada, es un vacío que existe”, expone Velásquez. Ni hay regulación para las campañas electorales en los colegios ni se ha establecido un perfil de los que pueden participar.

Según Velásquez, la ley de Comisiones de Postulación “tendría que reformarse mucho”, porque además de comisionados que laboran en la Contraloría y que participan en la elección hay candidatos que trabajan en la institución y también se están postulando. “La ley no prevé esos asuntos”, precisa el decano.

El comisionado Marco Tulio Bautista Steward, quien logró la única representación del grupo Fortaleza por el Colegio Contadores Públicos y Auditores, se jacta de ser el único delegado del gremio que no llegó a la postuladora para hacer ganar a un candidato específico. Denuncia que la integración de la comisión de postulación, con profesionales vinculados al Estado y a la misma Contraloría, demuestra un evidente conflicto de intereses. “¿Cómo va a ser objetivo alguien (cuando) su jefe es el que está participando?”, cuestiona. “Nadie que tenga conflicto de intereses debería estar sentado ahí”, responde.

Ochaeta dice que lo ideal es que se modificara la legislación para impedir que los contratistas del Estado participen en las comisiones de postulación. Pero esto último es “complejo”, porque “se tocan intereses poderosos”.

En nueve años de vigencia de la ley que rige las postuladoras se ha repetido este conflicto, en el que un elector concede su voto a cambio de beneficios posteriores, pero hasta ahora no ha habido forma de solucionarlo.

Max Moya accedió a una breve entrevista con Plaza Pública durante una sesión de la postuladora, pero pidió que no se grabara. Cuando se le consultó cómo y por qué había participado en un proceso electoral para convertirse en comisionado, dijo que se involucró porque lo invitaron, sin especificar quién lo hizo, y que se aventuró por el “interés de servir”.

Una respuesta similar ofreció Roberto Alfonso Franco, representante de la organización Innovación Profesional, del Colegio de Economistas. Óscar Solórzano, de esa misma agrupación, pidió que se le enviaran las consultas por correo electrónico, pero no respondió.

El historial de los postuladores

Red Ciudadana se encontró con que varios postuladores son poco transparentes. Para el estudio que elaboraron, ni siquiera les quisieron compartir el currículo vitae. Ochaeta sospecha que no querían que se conocieran sus vínculos laborales.

La penúltima semana de noviembre Plaza Pública buscó una entrevista con varios postuladores. Mónica Ivana Rojas Zacarías refirió que no podía dar entrevistas y que la única persona autorizada para dar declaraciones por la comisión era el rector de la universidad Mesoamericana, Félix Serrano Ursúa.

Estas pocas palabras las dijo mientras avanzaba sin detener el paso en uno de los corrillos de la Universidad Mesoamericana. Cuando se le pidió acceso a su hoja de vida, justificó que estaba pública a en Guatemala Visible. Esta organización ha monitoreado todos los procesos de elección de funcionarios y difunde en su página de internet y en sus redes sociales las actas de las reuniones, transmite en vivo las sesiones y ha divulgado un sucinto reporte de la actividad académica y laboral de los comisionados. Esa información la obtuvieron través de búsquedas de internet y en algunos casos a través de consultas directas a algunos comisionados.

Debido a que no es un requisito legal, en el portal de internet de la comisión no se publican las hojas de vida de los comisionados, solo aparecen sus nombres. 

 

Una elección fuera de tiempo y las quejas al proceso de elección

La elección de un nuevo jefe o jefa de la Contraloría está fuera de tiempo por casi dos meses y es casi seguro que se postergará hasta inicios de 2019. El primer tropiezo del proceso lo causó el Congreso, porque no incluyó al Colegio de Economistas en la convocatoria para integrar la Comisión Postuladora.

El error se corrigió a la fuerza, a través de un amparo de la Corte de Constitucionalidad.

Después de las elecciones de los colegios profesionales, la comisión inició sus labores a mediados de octubre. De acuerdo con el cronograma de actividades, el proceso aspira a terminar el 5 de diciembre, cuando se entregue el listado de seis candidatos al Congreso.

Para preparar la nómina, los comisionados han tenido que definir el perfil del contralor y una tabla de gradación para calificar los aspectos académicos, profesionales y de proyección humana de los 28 aspirantes que se postularon y fueron admitidos al proceso. La Comisión de Postulación hará pruebas psicométricas a los candidatos y concederá un tiempo a los elegibles para una entrevista en la que podrán exponer sus planes de trabajo.

El comisionado Bautista, al igual que el Movimiento Pro Justicia, la organización que ha monitoreado procesos de elección desde antes de la creación de la Ley de Comisiones de Postulación, han manifestado “la opacidad” en la revisión de los expedientes.

Señalan que los expedientes no fueron conocidos por el pleno de la comisión postuladora, sino que se organizaron cinco grupos de cuatro personas para evaluarlos. Bautista quedó fuera de los grupos, porque la comisión está integrada por un número dispar. “No los pude calificar”, con lo que le han “vedado” su derecho a formarse un juicio y un criterio de cada aspirante, se queja.

El Movimiento Pro Justicia también ha señalado las deficiencias en la tabla de gradación. Su propuesta era ponderar 12 puntos a los méritos académicos, 74 a los profesionales, 12 a las actividades de proyección humana y 10 puntos a la entrevista. La comisión decidió dar 35 puntos a los títulos, 55 a la actividad profesional y 10 a los diplomas de actividades humanas de servicio social.

Pro Justicia critica que se hayan concedido los mismos puntos a una licenciatura, una maestría o un doctorado (cada uno tiene cinco puntos) y que se otorgue una nota por la licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría, a pesar que es un requisito obligatorio para participar.

El 22 de noviembre, después de tres días de evaluación en los que cada grupo pudo conocer todos los expedientes, se definieron los punteos. Solo 14 sobrepasaron la nota de 55 puntos y se convirtieron en los “elegibles”. Entre ellos se definirá la nómina de seis candidatos que se entregará al Congreso. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales interpuso un amparo contra la tabla de gradación y el mecanismo utilizado para establecer la ponderación de cada profesional.

“Si bien ya se comprobó que la Comisión es un órgano temporal que ya está cooptado, la sociedad puede monitorear y ganar un espacio para presionar y que no se logre todo lo pactado previamente, pero creo que hay poca atención a la comisión de contralor”, señala Mónica Marroquín de Guatemala Visible. La poca presencia de medios de comunicación y grupos de observación se percibe y eso, añade la analista, contribuye a que la Comisión tome este tipo de decisiones.

 

Los elegibles
Carlos Humberto Echeverría Guzmán        79.4 puntos
Amélida Pineda Yumán        74.60 puntos
Alejandro González Portocarrero        71.00 puntos
Walter Osmar Argueta         67.80 puntos
César Armando Elías Ajcá         67.79 puntos
Edwin Humberto Salazar Jerez          66.10 puntos
Jorge Enrique Dávila Martínez        65.80 puntos
Rovelio Isabel Gómez Herrera       64.85 puntos
Antonio Pú Tuzul       64.21 puntos
Telma Leticia Girón Alvarado       63.42 puntos
Vilma del Rosario Xicará Tahay       60.55 puntos
Edgar René Casasola Casasola       56.70 puntos
Marco Vinicio Godoy Sandoval       55.45 puntos
Marco Antonio Vélez González      60.30 puntos

Tres mujeres; 11 hombres.

 

El comisionado Bautista se queja del proceso. Hubiera querido hacer una elección más detenida y detallada. Le hubiera gustado que se hiciera una prueba de polígrafo a los aspirantes a Contralor General de Cuentas y que hubiera más tiempo para conocer a los candidatos, en fin, “hacer un proceso innovador”.

En la Comisión se toman decisiones con el voto de las dos terceras partes de los asistentes y así fue como se determinó que la nómina de seis candidatos se entregaría después de 45 días de trabajo, que concluyen la primera semana de diciembre. Aunque no se descarta que el Congreso haga la elección hasta el próximo año, como ocurrió cuando nombraron a Carlos Mencos en enero de 2015. Tres meses después de la fecha en que debía tomar posesión del cargo.

Cuando la lista salga de la Comisión Postuladora, el juego de poderes se trasladará al Congreso. Ahí está la mayor apuesta, porque es sabido que los diputados están interesados en asegurar que ellos y los integrantes de sus agrupaciones políticas tengan acceso al finiquito.

El Congreso, al final de cuentas, sigue siendo el gran elector. Y también el gran decisor de lo que ocurre en la Contraloría. En ese escenario se discuten las reformas a la ley, con la intención de fortalecer a la entidad. La propuesta plantea crear dos subcontralorías más. Una que audite específicamente la infraestructura pública y otra que se encargue de las municipalidades y consejos de desarrollo. Aunque con esto todavía queda pendiente una gran tarea para el legislativo: impulsar una verdadera supervisión al trabajo de la Contraloría y afinar el proceso de elección de la persona que tiene la responsabilidad de auditar un promedio de 70 millardos de quetzales anuales.

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